Pilar Lizárraga Aranibar
Miembro Comité Directivo CLACSO
Carlos Vacaflores R.
Director Académico JAINA
Miembro del GT Estudios Críticos del Desarrollo Rural CLACSO
La historia de la lucha social en Bolivia no se inicia con las movilizaciones que hoy sacuden los cimientos de un frágil pacto social, pero sí tienen antecedentes recientes que explican el desborde de la convivencia pacífica en la sociedad boliviana. El golpe de Estado de 2019, que derrocó al gobierno electo de Evo Morales, constituye un hecho relevante en la memoria reciente, pues trastocó la grafía del poder en la Bolivia Plurinacional e impuso un tiempo marcado por el retorno de la violencia colonial y por una crisis política, económica y social que ha conducido al quiebre de las bases del Estado y de la sociedad. Como continuidad de este desfalco institucional, se encuentra el gobierno de Luis Arce que, desde el momento en que asumió la presidencia en 2020, generó una fractura con la estructura política del bloque popular comunitario e inició un camino orientado a proscribirlo y a anclar su representación mediante estructuras prebendales. Sus acciones configuraron un campo minado que imposibilita el ejercicio de los derechos políticos de las representaciones propias del MAS-IPSP con la candidatura de Evo Morales. De este modo, se materializó el asalto al instrumento político MAS-IPSP mediante la apropiación de su estructura a través de un golpe institucional, concretado por medio del manejo de la burocracia estatal y de la manipulación de los órganos del Estado para proscribir del campo político al bloque popular.
En los siete años transcurridos desde el golpe de Estado de 2019, se ha configurado una nueva grafía del poder, resultado de la proscripción premeditada del bloque popular y de la apertura de canales para el retorno de grupos fascistas a las arenas políticas. Esto se ha materializado en representaciones dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, las asambleas departamentales y diversos cargos de las estructuras ejecutivas en los niveles nacional y subnacional de gobierno. Todo ello ocurre en un contexto de policrisis que se expresa en el deterioro de la institucionalidad democrática, la corrupción estatal, el deterioro de la economía y la vulneración de los derechos de las y los bolivianos.
En este contexto, las elecciones generales de 2025 abren un tercer ciclo reciente de despojo y violencia colonial contra el núcleo de lo comunitario. El bloque popular, proscrito de las elecciones nacionales, visualizó en Edman Lara, candidato a la vicepresidencia de Rodrigo Paz, una posibilidad para instalar un gobierno de transición que respetara la Constitución Política del Estado y las conquistas sociales logradas en los últimos 20 años. Rodrigo Paz, quien era el candidato “nuevo” a la presidencia, vio en la proscripción del candidato del bloque popular una oportunidad histórica para canalizar el respaldo popular que le permitiera avanzar un peldaño más en su carrera política de varias décadas. La articulación del voto popular se materializó a partir de la oposición a la agenda del candidato conservador, mediante una campaña de a pie que construyó una identidad vinculada a las estructuras comunitarias que le brindaron respaldo popular. Al mismo tiempo, mantuvo encubiertos los acuerdos subterráneos con el gobierno de Trump para subastar Bolivia y convertirla en el epicentro de las operaciones del Escudo de las Américas. De esta manera, se configuró un fraude electoral que encumbraría a un régimen entreguista y servil al imperio, cuyo único obstáculo era el tejido comunitario que sustenta la transformación radical de la sociedad y del Estado colonial. Con estos sujetos había establecido un pacto político para ganar las elecciones de 2025, al que traicionó inmediatamente después de asumir la Presidencia.
La gestión del gobierno de Paz se caracteriza por un giro hacia la derecha, así como por alianzas y estrategias de articulación con el denominado Escudo de las Américas, que desata una feroz ola de agresión contra los gobiernos populares del continente, expresada en hechos como el secuestro de Maduro y la criminalización de Castro y Evo Morales. A nivel nacional, ha primado un pacto con los grupos fascistas de 2019, los cuales se han beneficiado de la parcelación de los espacios de representación dentro del poder ejecutivo. Esto ha permitido el establecimiento de una hegemonía de grupos empresariales del Oriente en dichas instancias, abriendo las vías para el despojo de las riquezas estratégicas del territorio.
Durante el inicio del conflicto, la injerencia extranjera en Bolivia se hizo pública a través de la tutela política ejercida por el asesor argentino Fernando Cerimedo sobre el presidente Paz y del sospechoso envío de supuesta “ayuda humanitaria” por vía aérea por parte del gobierno de Javier Milei, así como de posteriores ayudas provenientes de Paraguay, Chile y del gobierno de Trump. Estas acciones “solidarias” despertaron alarmas inmediatas ante el riesgo inminente de que dichos vuelos encubrieran material bélico y gases lacrimógenos destinados a la represión, repitiendo el nefasto antecedente de 2019, cuando se camufló armamento extranjero para consolidar masacres contra el pueblo. Asimismo, se temía que estos dispositivos fueran utilizados para el secuestro y asesinato de Evo Morales, quien se encuentra en el trópico de Cochabamba. Ante este atropello al pacto político y a la soberanía nacional, autoridades electas y organizaciones sociales repudiaron enérgicamente esta intromisión colonialista, exigiendo total transparencia sobre los cargamentos y el cese inmediato de la tutela y la injerencia internacional.
Con una narrativa basada en el “Estado tranca”, una “Bolivia del futuro” y el “narcoterrorismo”, Rodrigo Paz instala una estrategia de criminalización del bloque popular y de desmantelamiento del Estado Plurinacional, mediante alianzas con sectores empresariales del Oriente para impulsar acciones orientadas a reducir la capacidad de acción del tejido comunitario y de la institucionalidad estatal. Avanza, además, con una maquinaria mediática que va instalando en la sociedad la noción del narcoterrorismo y la criminalización de Evo Morales, así como de un movimiento campesino, indígena y popular que se encuentra en resistencia. Durante su gestión gubernamental se ha recortado la representación vicepresidencial y se ha gobernado mediante decretos presidenciales, prescindiendo de la Asamblea Plurinacional. Estas acciones han acumulado un creciente malestar en la población, exacerbado por los inaceptables niveles de corrupción, como los casos de las narco-maletas y la gasolina basura; por una crisis económica cuya resolución no es clara, y por la polarización y exclusión de los sectores populares y comunitarios.
En este esquema de poder, la restitución del poder oligárquico del Oriente del país se sustenta en el tratamiento de los derechos agrarios para garantizar la rearticulación material de los latifundios ‒afectados durante el ciclo de gobierno de Evo Morales‒ e intentar nuevamente anclar la proyección de un nuevo ciclo de despojo de la tierra contra lo comunitario. Asimismo, se apoya en el retorno de las élites a la estructura del poder ejecutivo para implementar la agenda de la denominada Nueva Bolivia.
La promulgación del Decreto 5503, en diciembre de 2025, desencadenó una protesta encabezada por la COB que obligó al gobierno a abrogarlo. Posteriormente, esta orientación se expresó en un conjunto de decretos y leyes en el mismo sentido, generando nuevos escenarios de movilización que exigían el respeto a la CPE y a los acuerdos suscritos con las organizaciones.
La promulgación de la Ley 1720, en abril de 2026, desató una profunda polémica y movilización en el seno del movimiento campesino e indígena, dando paso a la Marcha Campesina Indígena, que partió el 8 de abril desde Porvenir, Pando, recorriendo más de 1.000 kilómetros hasta llegar a La Paz. En el trayecto se fueron sumando diversos actores que respaldaban la demanda de abrogación de la Ley 1720, así como la atención de reivindicaciones sectoriales y sociales que terminaron confluyendo en una exigencia generalizada del campo nacional-popular: la renuncia del presidente Paz. Inicialmente, esta demanda se justificó por la incapacidad del gobierno para resolver la problemática social y económica, así como por la traición a la base electoral con la que había establecido un pacto político. Sin embargo, con la agudización de la violencia derivada de las medidas represivas empleadas para desbloquear las rutas y afrontar la crisis, el conflicto podría transformarse en una confrontación de naturaleza más clasista o incluso racista.
La movilización social, en un contexto de violencia estatal contra el pueblo, va desplegando una diversidad de dispositivos de resistencia, como las marchas, los bloqueos y los cabildos. Las marchas son organizadas por los sectores sociales movilizados, como la denominada Por la Vida para Salvar Bolivia, que parte de Caracollo el 12 de mayo con destino a la ciudad de La Paz para sumarse a los sectores que realizan movilizaciones entre las ciudades de El Alto y La Paz, llegando a esta última con una agenda en defensa de Bolivia. A ello se agregan marchas cotidianas protagonizadas por diversos sectores, como el magisterio, los gremiales, el transporte y los campesinos, que van expresando la inviabilidad del ejercicio político del gobierno de Paz, el cual, ante la ausencia de estructuras sociales que lo respalden, se ve reducido a recurrir a la fuerza represiva para poder gobernar. Asimismo, marchas campesinas provenientes de las entrañas de los valles andinos altos y bajos se dirigen hacia la ciudad, siendo violentamente reprimidas por las fuerzas policiales.
Los medios de comunicación oficialistas van tejiendo explicaciones políticas orientadas a descalificar estas movilizaciones. Inicialmente, afirman que se trata de minorías que tienen secuestrado a todo un país, a las que acusan de vandalismo y delincuencia, respondiendo supuestamente a una agenda del narcoterrorismo que busca destituir a un presidente electo. El propio presidente Paz declara que no negociará con “vándalos”, en alusión a los excesos cometidos durante las marchas, probablemente montados y ampliamente difundidos por la prensa oficialista. Con ello, justifica la emisión de órdenes de detención contra los dirigentes de los sectores movilizados, a quienes se intentó suplantar mediante la firma de acuerdos de entendimiento con supuestos representantes, desconocidos de manera inmediata por la población movilizada.
Con la experiencia de la frustrada movilización de diciembre de 2025, las organizaciones aplican estrategias internas de control de la dirigencia para impedir que firmen ningún acuerdo sin consulta y aprobación de los sectores movilizados, de manera que los dirigentes manifiestan en declaraciones públicas que han sido “sobrepasados” por las bases, y que se convierten solo en portavoces de las decisiones colectivas, con lo cual su capacidad de acordar algo con el gobierno queda supeditada a la consulta con las bases.
Asimismo, se activan los pactos y acuerdos entre las estructuras organizativas matrices, los cuales se dan a conocer en espacios ampliados y masivos, como los cabildos, que se constituyen en mecanismos de deliberación y presión social. En estos escenarios se rechaza el diálogo con el gobierno y se exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La estrategia operativa de las marchas por las calles paceñas es acompañada por la instalación de bloqueos de carreteras, de los cuales existen reportes diarios de agencias oficiales que registran más de 100 puntos de bloqueo en las principales rutas troncales, desde el Oriente hasta el Occidente del país. En algunos de estos puntos se acumulan más de 35 días de movilización continua para exigir la renuncia del presidente.
Desde el inicio de los bloqueos, el bloque oficialista aplica una medida judicial dictaminada por un juez y camuflada como una iniciativa ciudadana para obligar a los bloqueadores a levantar sus medidas. Esta disposición deriva en la criminalización de la protesta, el secuestro y la detención de dirigentes ‒que, según informes de derechos humanos, alcanza la cifra de 365 detenidos y 10 fallecidos‒, al personalizar en ellos la responsabilidad legal por la infracción tipificada en dicha medida. Lejos de amedrentar o desanimar a los movilizados, estas acciones provocan, por el contrario, una masificación e intensificación de la protesta. Como respuesta, el gobierno recurre al uso de la fuerza pública para retomar el control de un país que se encuentra deliberando y que ha definido que la única vía para alcanzar la pacificación es la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Este tema resultó ser un aspecto fundamental en el tratamiento del conflicto ante la ausencia de una voluntad clara de diálogo y la existencia de una agenda orientada hacia una salida violenta, liderada por los sectores de derecha con los que el gobierno había establecido una alianza. Estos sectores exigían airadamente que el presidente “gobierne” haciendo uso de la fuerza, mediante la declaración de un estado de excepción que facultara a las Fuerzas Armadas a salir de los cuarteles y apoyar a la Policía en el restablecimiento del orden. En un cálculo político bastante improvisado, la Asamblea, dominada por el bloque oficialista, abrogó el 26 de mayo la Ley 1341 por considerarla demasiado restrictiva para el accionar de la Policía y de los militares, sin advertir que, sin dicha ley, no era constitucionalmente posible decretar el estado de excepción. Como consecuencia, el gobierno de Paz se vio obligado a actuar bajo la normativa ordinaria mientras se elaboraba y aprobaba una nueva ley, la cual finalmente fue sancionada el 8 de junio, dos semanas después de la abrogación de la norma anterior. Durante ese lapso, el desarrollo de la conflictividad tomó derroteros imprevistos.
En casi toda la geografía nacional se han instalado puntos de bloqueo que se han masificado como respuesta a la violencia desplegada por el gobierno. En la ciudad de La Paz se han establecido bloqueos que han generado problemas de abastecimiento alimentario, situación que es utilizada por el gobierno para profundizar el conflicto y criminalizar a los sectores movilizados, construyendo el argumento de los corredores humanitarios como mecanismo para iniciar un proceso de desmantelamiento de la resistencia. En el departamento de Cochabamba se desarrollan movilizaciones que parten desde diversas regiones, como el Cono Sur, las mancomunidades y distintos distritos, donde se han realizado cabildos para sumarse a la resistencia y a la defensa del proceso. Se estima la existencia de al menos 27 puntos de bloqueo ubicados en los diferentes accesos a la ciudad, acompañados por un proceso continuo de movilización proveniente de diversas zonas del departamento.
El municipio de San Julián (departamento de Santa Cruz) se constituye en un campo de resistencia emblemático de esta confrontación debido a los intentos de desbloqueo desplegados por el gobierno nacional mediante el uso de la Policía y de grupos irregulares, los cuales fueron rechazados por la población que mantiene las carreteras bloqueadas. El municipio de San Julián se vio sorprendido en la madrugada del 5 de junio con la llegada de más de un centenar de vehículos que transportaban efectivos policiales. La caravana estaba encabezada por grupos civiles irregulares identificados como la Unión Juvenil Cruceñista, cuyos integrantes declararon públicamente que apoyaban a la Policía en las labores de desbloqueo y convocaron al uso de bazucas caseras para atacar a los pobladores de San Julián. Estas acciones contaron con el respaldo de efectivos policiales y militares, mientras civiles movilizados en vehículos particulares realizaron disparos contra la población.
Las acciones de “desbloqueo” son lideradas por grupos irregulares bajo resguardo policial, mientras los efectivos observan de manera complaciente los actos cometidos contra los pobladores de los municipios. Las imágenes y los testimonios muestran a estos civiles, presuntamente bajo los efectos de estupefacientes, actuando en primera línea, armados con bazucas caseras y armas blancas, como machetes, escoltados y respaldados por la Policía. Registros captados por medios alternativos en el lugar muestran acciones vandálicas atribuidas a esta facción paramilitar, entre ellas la quema de motocicletas, el asalto a viviendas y el robo de equipos y mercancías en establecimientos comerciales. Estos hechos derivaron en la detención de familias que intentaban defender sus bienes frente a tales agresiones, situación que fue denunciada por distintas autoridades.
Una situación similar se vive en la ruta que conecta La Paz con el municipio de Mecapaca, la cual fue objeto de una incursión de las fuerzas represivas del Estado con el propósito de retomar el control territorial, mediante el despliegue de armamento, la realización de arrestos y el secuestro de dirigentes con el fin de escarmentar al pueblo sublevado. Como consecuencia de este operativo, se produjo además el robo de cultivos pertenecientes a campesinos por parte de civiles que acompañaban la intervención, en una actitud que parecía responder a una lógica de venganza contra el indio sublevado.
Estas situaciones generan procesos de autoconvocatoria y de alerta frente a una estrategia conducida por grupos irregulares y resguardada por la Policía. En todas estas incursiones realizadas por el gobierno se han presentado denuncias por maltratos, abusos, uso excesivo de la fuerza, asesinatos y destrucción deliberada de bienes privados que, lejos de amedrentar a los sectores movilizados, rearticulan los tejidos de resistencia frente a las acciones represivas del Estado, ejecutadas a través de grupos irregulares como la Unión Juvenil Cruceñista.
En un escenario en el que el presidente Paz se ve sobrepasado por la realidad, convoca a través de redes sociales a la sociedad civil para que se sume a las movilizaciones en las calles y ayude a las fuerzas policiales y militares a resguardar la denominada Bolivia del futuro. Esta convocatoria, que posteriormente se intentó eliminar, resultó contraproducente, ya que promovía un enfrentamiento entre civiles, exacerbando los ánimos tanto de bloqueadores como de bloqueados y propiciando el afloramiento de viejas heridas vinculadas a la compleja formación social boliviana.
La criminalización del derecho a la protesta es utilizada por el gobierno para justificar el uso de una fuerza “ejemplarizadora” contra los movilizados, apostando a obtener la aprobación de la población urbana, presentada como una supuesta “gran mayoría” agredida por unos “cuantos delincuentes”. Bajo esta lógica, se han ejecutado diversos operativos policiales de desbloqueo que terminaron constituyendo sendas derrotas para el gobierno.
A más de 38 días del inicio de las movilizaciones, el 1 de mayo, los sectores movilizados continúan sumando adhesiones, masificando la protesta y manifestando que su lucha tiene como objetivo la defensa de las conquistas colectivas, las cuales no están dispuestos a ceder por considerar que ello representaría un grave retroceso en la construcción democrática del Estado Plurinacional de Bolivia.
En este escenario, el gobierno de Paz se atrinchera para mantenerse en el poder bajo el argumento de la “defensa de la democracia” y mediante una estrategia de desacreditación del sujeto comunitario y popular que se encuentra en franca rebelión frente a un sistema que considera depredador y violento.
Las demandas de esta rebelión sitúan en el centro el cuestionamiento al modelo capitalista a partir de una diversidad de perspectivas e intereses complejos, que abarcan desde el reclamo por aumentos salariales y el respeto a los derechos agrarios, hasta las denuncias relacionadas con la gasolina basura, el abastecimiento de carburantes en general, la extranjerización de los recursos naturales y el sometimiento a la agenda imperial estadounidense.
Sin embargo, ante la estrategia gubernamental de apostar al desgaste y al cansancio de la movilización social, en la que el diálogo es utilizado como un mecanismo de distracción y desmovilización, las distintas demandas terminan confluyendo en una agenda común de rechazo al diálogo, exigencia de renuncia del presidente Paz y convocatoria a nuevas elecciones generales. Esta agenda adquiere tal fuerza que incluso en sectores no movilizados de clase media y alta comienza a considerarse como una salida política real al conflicto social.
Lo cierto es que, a estas alturas, la incertidumbre política en el país, lejos de acercarse a una solución, es aún mayor. Con un gobierno golpeado por la corrupción, el descrédito, las acusaciones de fraude político y el desborde de los acontecimientos, y dotado, además, desde el 8 de junio, de un instrumento legal como la Ley de Excepción, que genera zozobra e indignación, la sociedad está en llamas. En este contexto, la polarización continúa intensificándose, mientras amplios sectores del mundo comunitario boliviano mantienen una firme determinación de defender las conquistas históricas y la dignidad colectiva, definiendo como demanda única la renuncia de Rodrigo Paz.