Por Julio C. Gambina

Existe un amplio debate en torno al endeudamiento público externo, que involucra a los propios adherentes de la política oficial.

No solo el viejo debate sobre pagar o no pagar, sino y muy especialmente que hacer más allá del endeudamiento. Es una polémica a derecha e izquierda del arco político.

Lo que sigue son apenas algunas ideas motivadas en debates informales recientes relativas al qué hacer con la deuda y más allá. No pretende ser un exhaustivo análisis de propuestas, siendo apenas un conjunto de ideas en general para discutir el presente y el futuro.

Pagar

Sobre la hipótesis de pagar, el problema remite a la capacidad de atender las inmensas necesidades insatisfechas de la población, lo que en las condiciones actuales supone terminar de definir el monto de deuda exigible, el costo de intereses y los vencimientos reprogramados.

Es una situación a pensar en un país con déficit fiscal y, por lo tanto, la generación de condiciones de pago supone al mismo tiempo la disminución del gasto público y/o el aumento de los ingresos fiscales genuinos, principalmente impuestos.

Todo parece sencillo, pero…, ¿cuáles son los gastos a disminuir? ¿Los subsidios a las empresas o el gasto público social de educación, salud u otros aspectos relativos a derechos?

En materia de impuestos, sobre qué sector recae la carga tributaria, siendo el IVA la principal fuente de recaudación tributaria, seguida por ganancias, con gran peso en este caso de los impuestos derivados del aporte de los trabajadores.

Como se ve, para poder pagar la deuda hay que hacer un ajuste y definir sobre qué sectores deberá caer el ajuste. Para quienes sostienen la posición de pagar la deuda, es necesario que expliciten quién pagará.

No pagar

Respecto del no pago de la deuda debe reconocerse el boicot que generarán los acreedores y su peso en el núcleo del poder mundial, sea el sistema financiero transnacional y las corporaciones transnacionales que hegemonizan el capitalismo mundial; los organismos internacionales y, por cierto, los principales gobiernos de los países capitalistas desarrollados, aquellos que parecen siempre dispuestos a “ayudar”.

Son una tríada de actores que más allá de formulaciones diplomáticas relativos a los problemas de la pobreza, la desigualdad o el endeudamiento, todos ellos bregan por los intereses del régimen del capital y la lógica de la ganancia, la acumulación y la dominación capitalista.

Al no pagar se liberan recursos existentes, en rigor escasos, para intentar atender inmensas necesidades socioeconómicas, especialmente terminar con la recesión y su impacto en el empleo y los ingresos populares.

No pagar tiene su costo, pero es el punto de partida para pensar en términos alternativos.

Investigar – auditar

No pagar requiere una investigación a fondo sobre la deuda, en primer lugar, la deuda con el FMI.

Hace falta auditar la deuda con participación popular, más allá de los montos y que permita identificar destinos de los recursos y responsabilidades de las autoridades involucradas.

Se trata de investigar y auditar no solo estos 4 años de gran endeudamiento, sino toda la deuda desde el origen en tiempos de la dictadura genocida.

Hay investigaciones en la Justicia, incluso con sentencia, caso de la denuncia de Alejandro Olmos relativa al endeudamiento público en tiempos de la dictadura (1976/1983) con sentencia judicial de junio del 2000 (Juez Ballesteros), con más de 400 fraudes explicitados que involucran a funcionarios de los gobiernos militares.

Existen denuncias judiciales de todos los canjes de deuda realizados desde 1983 en adelante, lo que suponen un valioso material, además de variados estudios de organizaciones sociales, políticas, religiosas y estudiosas/os, lo que constituye un activo de importancia para canalizar una amplia auditoria con participación popular.

Una auditoría integral del endeudamiento público facilitaría una discusión relativa al carácter ilegal, ilegitimo u odioso del mismo.

No solo es ilegitimo u odioso el endeudamiento comprometido en tiempos de dictadura, sino en correspondencia con la teoría de la deuda odiosa, poder confirmar que el pueblo no fue beneficiado por la deuda y que tanto acreedor como deudor eran conscientes de la imposibilidad de la devolución de los créditos.

El carácter odioso de la deuda resulta especialmente válido para el caso del FMI y su préstamo de 57.000 millones dólares y sus desembolsos por más de 44.000 millones de dólares. Fue un préstamo favorecido por EEUU, con voto privilegiado en el FMI para consolidar un gobierno amigo que intervenía en la lógica de la política internacional de EEUU en la región, especialmente en lo relativo a la agresión a Venezuela.

Mientras se investiga deben suspenderse los pagos y en simultáneo construir un nuevo orden económico social

Plan económico para revertir la dependencia

El previsible boicot internacional relativo a una política soberana exige discutir un plan económico social más allá de la coyuntura. Argentina acumula cuatro décadas de un modelo productivo que tuvo a la deuda pública como un condicionante importante. Por más de cuatro décadas desde 1975/76 se profundizó la dependencia y la inserción subordinada del país en el capitalismo global, más allá de los intentos de revertir esa situación en algunos periodos del ciclo comentado.

Esa es la base del despliegue del agro negocio de exportación y sumisión a la lógica financiera de las transnacionales de la alimentación y la biotecnología. Resultado de ello es la gran concentración de la tierra que explicita el Censo agropecuario 2018 (INDEC), donde apenas un puñado de poco más de 5.000 propietarios, el 2% del total de las Explotaciones Agropecuarias detentan el 52% de la tierra disponible. En ese mismo sentido debe pensarse las consecuencias de la mega minería a cielo abierto y la explotación de hidrocarburos, especialmente de no convencionales (Vaca Muerta y fractura hidráulica).

La reestructuración fabril responde a esa dinámica, desplegando armadurías asociadas a cadenas de valor transnacional dónde la decisión y soporte tecnológico es foráneo. El escaso desarrollo tecnológico nacional estuvo más asociado a la experiencia del Estado y a muy pocos emprendimientos privados locales. Es un proceso acompañado de un atraso tecnológico productivo de gran parte de la pequeña y mediana industria. La concentración industrial es el resultado que explicita la Encuesta de Grandes Empresas del INDEC desde hace tiempo.

Ni hablar del papel de las finanzas, con la vigencia de la ley de entidades financieras de 1977, que, según el Ministro de la dictadura, Alfredo Martínez de Hoz, fue el instrumento más revolucionario de su gestión.

Se trató de un mecanismo esencial para facilitar la privatización y extranjerización del sistema financiero, apoyado por políticas financieras que en este último tiempo convalidaron la concentración del crédito, donde el caso de la estafa de la empresa “Vicentín” es apenas una muestra elocuente.

Soberanía, integración y construcción de subjetividad

Lo primero es cambiar el modelo productivo, modificando la ecuación de beneficiarios y perjudicados.

Requiere discutir en términos de soberanía alimentaria para pensar la situación del agro, la agro-industria y todo el entramado de servicios asociado a la producción primaria.

Supone discutir un programa de soberanía energética, con énfasis en el derecho a la energía, para desarmar una lógica de estos tiempos asociada a la mercantilización y exportación energética.

Reestructurar el sector fabril vinculado a la satisfacción de las necesidades sociales del mercado interno y una integración al sistema mundial sobre bases de cooperación.

El financiamiento resulta clave y por eso se trata de disponer de los recursos financieros para una política pública con participación de la sociedad en función de los ejes comentados. La nacionalización y socialización del comercio exterior y la banca resulta imprescindible en este sentido.

Hay que ser consciente que esto requiere de cooperación internacional, y no estamos rodeados por regímenes que compartan la voluntad señalada. Sin embargo, no hay otro camino y deben buscarse las asociaciones internacionales convergentes con el rumbo soberano sugerido, de lo contrario, el rumbo será profundizar la dependencia del capitalismo global.

¿Facilitarán los sectores hegemónicos de la economía local y mundial un rumbo soberano? Desde luego que no, pero es necesario formular la propuesta de política soberana si es que se pretende superar los temas estructurales que frenan el desarrollo soberano de la Argentina.

Como señalamos al comienzo de este escrito, no alcanza con debatir el que hacer con la deuda, hay que proponerse ir más allá y discutir la organización económica de la sociedad.

En ese plano, hay que pensar las políticas estatales de ingresos, monetaria, fiscal, crediticia, productiva, de inserción internacional, de promoción del mercado interno, y, en definitiva, de todo aquello que apunte a resolver insatisfechas necesidades sociales.

Buenos Aires, 9 de febrero de 2020

Por: Julio C. Gambina

Argentina tiene nuevo gobierno desde el 10/12/2019 y muchos se (me) interrogan sobre las primeras medidas, el rumbo y que ocurrirá en el 2020 y en el tiempo de duración del gobierno hacia el 2023.

Es un ejercicio interesante porque se debate la herencia del gobierno Macri entre fines del 2015 y el 2019, tanto como el ciclo “neoliberal” iniciado en 1975/76, mediado por los intentos de contramarcha, y los cambios estructurales operados hasta nuestros días, sea la reestructuración de las relaciones laborales, los cambios en la función del Estado, como la profundización de la inserción subordinada del país en el sistema capitalista mundial.

Primeras medidas

Dos son los aspectos que sobresalen en el discurso y el accionar de política económica. Uno apunta a la emergencia de la pobreza y la distribución del ingreso. Otro apunta al tema del endeudamiento agravado en la gestión Macri, lo que incluye el acuerdo con el FMI de 2018.

El primero apunta en el sentido del voto. Si algo expresó la elección presidencial de octubre es el final de la política de redistribución regresiva del ingreso y la riqueza, que se manifiesta en mayor pobreza, caída de salarios y jubilaciones, desempleo y precariedad laboral, junto al enriquecimiento de muy pocos sectores de la economía y la población.

El segundo es el gran condicionante de la economía, la política y cualquier proyecto de distribución progresiva del ingreso y la riqueza en el país. La deuda pública es una hipoteca impagable, que debe ser rechazada, impugnada, investigada, desde una concepción de ejercicio soberano de política.

Un asunto a destacar es el tratamiento de la urgencia en el Parlamento, con la llamada “LEY DE SOLIDARIDAD SOCIAL Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVAEN EL MARCO DE LA EMERGENCIA PÚBLICA”^[1], que incluyó la mejora de la jubilación mínima para diciembre y febrero junto a la suspensión de la movilidad aprobada en diciembre del 2017. Esto motiva especulaciones que se develarán en marzo y junio próximo, cuando se conozca el ajuste de las jubilaciones, sus alcances concretos y si se afectan o no las impresentables e irracionales “jubilaciones de privilegio”, las que debieran eliminarse junto a una mejora de la mínima en torno a la canasta demandada por las organizaciones de jubilados, cercana a los 40.000 pesos mensuales.

Las medidas incluyeron actualizaciones relativas a “retenciones a las exportaciones”, rechazadas como era previsible por sectores vinculados al agro negocio y a la economía de exportación, en muchos casos incluso por razones ideológicas sembradas desde el poder mediático y los “influencers” “neoliberales”, fomentado por quienes pueblan los análisis económicos y políticos en la construcción de sentido común. Las medidas fiscales incluyeron actualizaciones que apuntan a mejorar los ingresos tributarios del Estado, tendientes a disminuir el déficit y generar condiciones para lograr el superávit de las cuentas públicas.

Claro que la legislación incluyó un mayor uso de los recursos del Fondo de Sustentabilidad que administra el ANSES para el financiamiento público, elevando el porcentaje desde el 50 al 70%. Con esto se agrava la situación de organismos nacionales involucrados en la lógica del endeudamiento público, que curiosamente facilita la decisión pública respecto de acreedores externos, pero compromete los usos de los recursos públicos en beneficio de la cancelación de una deuda odiosa.

La decisión de aprobar incrementos salariales de 4.000 pesos, en dos pagos, en enero y febrero apuntan en el sentido de la mencionada distribución del ingreso. La medida anunciada para privados alcanzará también a estatales nacionales, y habrá que demandar que se extienda al conjunto de los trabajadores, con los límites que tiene la existencia de 5 millones de trabajadores y trabajadoras en situación irregular y muchos otros aún no incluidos en la disposición anunciada a comienzos del 2020.

Más de 1.300 millones de dólares de las reservas internacionales se utilizaron para cancelar deuda, autorizados por la ley de “solidaridad social” que autoriza disponer un poco más de 4.500 millones de dólares de las reservas que administra el BCRA. Es más, en diciembre se canceló deuda pública por más de 500 millones de dólares, una cifra superior al costo fiscal de la mejora en dos pagos de 5.000 pesos a jubiladas y jubilados de la mínima.

Uso alternativo de las reservas internacionales

Solo para ejemplificar presento un ejercicio que realizamos con organizaciones territoriales involucradas en la autogestión del hábitat. En la experiencia de algunas organizaciones, el costo del m2 ronda los 770 dólares el m2, contra unos 2.000 dólares en el circuito comercial tradicional, que sirve para contrastar los beneficios de la eliminación del lucro en la resolución del problema de la vivienda en el país. Ese costo incluye pagos adecuados de la fuerza de trabajo calificada aplicada a la construcción, tanto como materiales de calidad superior a la media en el circuito comercial tradicional.

En el ejercicio que realizamos supusimos un costo superior del m2, no solo para facilitar el cálculo, sino previendo problemas de aprendizaje en la extensión de la propuesta a otros sectores no familiarizados con las técnicas de ejecución de obras que si tienen las organizaciones sobre las que pensamos el ejercicio. Digamos que la propuesta incluye el factor “aprendizaje”.

A un costo de 1.000 dólares el m2, con calidad de materiales y fuerza de trabajo de calidad superior a la media en las condiciones actuales, construir 100 viviendas de 65m2 cada una, aproximadamente unos 6.500m2 insumirían un costo de 6,5 millones de dólares. La experiencia ocuparía a unos 50 trabajadores directos (aplicados a la construcción, incluidos profesionales de asistencia) y 50 indirectos (afectados a la producción de materiales y herramientas de la construcción), un total de 100 trabajadores durante el tiempo de construcción estimado en 24 a 36 meses (según la disponibilidad de fondos, tierras y la destreza de los involucrados en el proyecto.

Si se utilizaran los más de 1.300 millones de dólares de reservas internacionales, afectados a cancelación de la deuda pública que se autorizó en estos días, a la construcción de viviendas bajo las condiciones y costos anteriormente identificados supone la construcción de 20.000 viviendas en 24 meses; involucrando a 20.000 trabajadores durante 24 meses, la mitad de manera directa (10.000 trabajadores de la construcción) y la otra mitad de manera indirecta (10.000 trabajadores en la producción de materiales, máquinas y herramientas necesaria para la construcción). Son 20.000 viviendas x 65 m2= 1.300.000 m2 x 1.000 dólares de costo el m2, entonces son 1.300.000.000 dólares. Valor de construcción de 20.000 viviendas por mecanismo de autogestión: 1.300 millones de dólares (similar a las reservas utilizadas para cancelar deuda en enero 2020).

Con el ejercicio anterior vale el interrogante del uso alternativo de más de 4.500 millones de dólares de reservas internacionales para cancelar deuda pública. ¿Cuál es la ventaja de destinar 4.500 millones de dólares a cancelar una deuda impagable, si alternativamente pueden usarse para construir 69.230 viviendas de 65 m2 c/u, las que se construirían en dos años? Unos 70.000 trabajadores se involucrarían en la actividad.

El ejercicio pretende mostrar usos alternativos de las reservas internacionales, que no debieran utilizarse para cancelar una deuda ilegitima y odiosa, tal como reclaman en estas horas la “Pastoral Social” en su documento “La deuda social es la gran deuda de los argentinos»^[2], o en sendas propuestas elevadas al Ministerio de Economía por ATTAC-Argentina en conjunto con el Comité de Anulación de las Deudas Ilegitimas, CADTM, por un lado, y el Servicio Paz y Justicia y Diálogo 2000 por el otro.^[3] En estos dos casos, las presentaciones se hicieron con fecha 3 de diciembre ante la invitación a los acreedores de la deuda pública para presentar propuestas de refinanciación por parte de las autoridades argentinas.

Las misivas de las organizaciones sociales demandan que no solo se escuche la voz y propuestas de los acreedores, sino también y muy especialmente la del pueblo, principal afectado por la política de endeudamiento recurrente.

¿Qué esperar del 2020 y más allá?

Todo dependerá de la organización social y el programa que se construya en el conflicto. Es una conclusión a propósito de los recientes acontecimientos en la Provincia de Mendoza.

En efecto, el sentido común de este tiempo, favorable al desarrollo del capitalismo, sugiere que todo debe derivarse de inversiones externas que dinamicen la actividad económica, que sin inversores no hay reactivación, ni empleo, ni salarios ni ganancias y mucho menos condiciones para sustentar el Estado y cumplir con las obligaciones contraídas, sean los derechos constitucionales o las acreencias externas. Desde ese consenso mayoritario la Provincia de Mendoza modificó la Ley de protección del agua a favor de las inversiones mineras, con aval parlamentario de los principales partidos que hoy gobiernan el país, sean oficialistas u opositores.

La respuesta social masiva desarmó el objetivo por la mega minería a cielo abierto y defendió el derecho a la defensa de los “comunes”, entre ellos el agua. Más allá del consenso mediático e ideológico de cómo salir de la situación económica actual, la sociedad movilizada se impuso, asentado su poder en una acumulación gestada por años de reuniones, asambleas, campañas y múltiples mecanismos de difusión contra-hegemónica de un programa, no solo de defensa del agua, sino de propuestas alternativas al modelo productivo y de desarrollo.

Por eso el ejercicio presentado anteriormente, a modo de ejemplo sobre lo que puede hacerse con recursos de reservas internacionales y que la recuperación de la economía no solo deviene de la iniciativa de inversores externos, sino que puede resultar de la “auto gestión” financiada por recursos públicos, o incluso del propio Estado, si es que se asume como un Estado a contramano de una lógica ideológica de que lo único posible es la norma impuesta por el Capital.

En definitiva, discernir por dónde transitará el 2020 y en perspectiva hacia el fin de la gestión gubernamental actual está más asociado a lo imponderable del accionar social en la lucha por satisfacer necesidades ampliadas de la población más afectada.

De lo contrario, el año y la gestión de los Fernández transitará más vinculado a las presiones del poder, entre ellos el complejo entramado del endeudamiento que pretende no solo cobrar a los vencimientos, o negociar en condiciones adecuadas, sino y sobre todo afirmar los reaccionarios condicionamientos establecidos en el acuerdo con el FMI, o sea, el ajuste antipopular y las reaccionarias reformas laborales y previsionales.

Buenos Aires, 5 de enero de 2020

^[1] Boletín Oficial, 23/12/2019, en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/330000-334999/333564/ley27541.pdf (consultado el 05/01/2020)

^[2] Vatican News, en: https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2020-01/comision-pastoral-social-argentina-deuda-social-deuda-externa.html (consultado el 05/01/2020)

^[3] Consultar en los sitios en internet de CADTM ABYA YALA, en: https://www.cadtm.org/ y el Blog de Dialogo 2000 en:  https://dialogo2000.blogspot.com/

Por Víctor Álvarez R.

16 diciembre, 2019

Hasta ahora, en el debate nacional los cambios políticos constituyen una condición para los cambios económicos que el país necesita. Pero en un año de cruciales elecciones parlamentarias, la secuencia es al revés: la probabilidad de un cambio económico crece con el escenario político-electoral del 2020. El oficialismo está determinado a cosechar electoralmente la impresión de mejoría económica que se está sintiendo en el país y con ese fin flexibilizará aún más los controles de cambio y de precios, y abrirá la economía a la inversión privada nacional y extranjera.

Con la eliminación del arancel de aduanas prácticamente ha liberado el comercio exterior. Ante la pulverización de la moneda nacional ha dejado que avance la dolarización para no trancar las transacciones de compra-venta por falta de bolívares. En este nuevo ambiente, el comercio refleja síntomas de mejoría y, de continuar la apertura y liberalización, es bastante probable que en el 2020 la economía venezolana se estabilice y comience a crecer.

Para continuar con la dolarización, seguramente el gobierno autorizará la apertura de cuentas en divisas en la banca nacional para que se puedan hacer a través de ella los pagos por transferencias que actualmente se hacen a través de cuentas en el exterior. Así se logrará que más divisas entren a la circulación nacional, en vez de pasar de una cuenta a otra en el sistema bancario internacional.

Una vez indexados los créditos comerciales a la evolución de la tasa de cambio oficial, el próximo paso será autorizar el otorgamiento de créditos en divisas, incluyendo las tarjetas de crédito. La libre circulación de divisas en el sistema bancario nacional permitirá a los residentes en Venezuela recibir depósitos, hacer transferencias, emitir cheques, hacer retiros por cajeros automáticos.

Incentivos a la inversión extranjera para aliviar las sanciones

El gobierno de Maduro quiere aprovechar la capacidad de lobby de las grandes compañías petroleras para flexibilizar las sanciones en contra de Pdvsa y así levantar la extracción de crudos. Los incentivos que ofrezca a los inversionistas extranjeros pueden traducirse en una creciente presión sobre la Administración Trump para que flexibilice y modere las sanciones financieras y comerciales.

Para aliviar el peso de la deuda pública, el gobierno puede estimular la conversión de deuda en inversión, entregando como parte de pago un porcentaje de las acciones que posee en empresas mixtas y públicas que serían gestionadas por el inversionista privado. A través de la Ley de Concesiones, también puede ceder a la inversión privada la operación de hoteles, puertos, aeropuertos, autopistas, etc.

En 2020, Venezuela puede entrar en un proceso de chinización de la economía en la que un gobierno que ratifica su carácter socialista, estimula la inversión privada con incentivos tributarios, cambiarios, arancelarios y de otra índole que contribuyan a la reactivación económica, la generación de nuevas fuentes de empleo e ingresos en divisas para el país. Esto ampliaría los espacios para una economía de mercado en la que se respetan los derechos de propiedad y las ganancias empresariales

Permitir mayoría privada en los proyectos de la FPO

Las compañías transnacionales socias de Pdvsa en las empresas mixtas de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) se han quejado del férreo control que ejerce Pdvsa sobre la operación de los campos, cuestión que se traduce en cuellos de botella que afectan la producción de crudos.

Operar adecuadamente los campos petroleros exige mucha eficiencia a la hora de tomar decisiones de exploración, perforación y extracción que exigen contratar proveedores, adquirir equipos, construir obras. Estas se ven obstaculizadas por el entramado de controles que rige a las empresas públicas, los cuales se convierten en un caldo de cultivo para el tráfico de influencias y la corrupción.

Al no contar con el personal calificado, asuntos clave quedan en manos inexpertas que toman decisiones equivocadas y afectan la buena marcha de la industria petrolera.

Por si fuera poco, debido a las sanciones, estas operaciones de compra de bienes y contratación de obras se complican todavía más. Un margen de maniobra para sortear tales obstáculos sería transferir el manejo de estas operaciones al socio privado, pero este tendría que ser el accionista mayoritario. En un contexto en el que las cuentas de Pdvsa están muy restringidas por las sanciones, al reducir la participación estatal, el socio privado tendría mayor flexibilidad para movilizar recursos en la banca internacional.

Por esta razón, el gobierno evalúa la conveniencia y viabilidad de adelantar una reforma del marco legal y regulatorio. Algunas propuestas se enfocan en reformar la Ley Orgánica de Hidrocarburos para permitir la participación mayoritaria del inversionista privado, mientras que para otras basta con modificar los términos y condiciones de los contratos de las empresas mixtas para eliminar la cláusula que impide a Pdvsa “transferir su función como operador” de las áreas petroleras.

El quid de la cuestión está en que los inversionistas exigen aprobar los contratos en la AN y no en la ANC, lo cual es una presión adicional para levantar la condición de desacato en la que se mantiene al parlamento venezolano.

En este contexto, hay un escenario favorable al logro de acuerdos políticos que refuercen el lobby internacional para flexibilizar las sanciones que pesan sobre Pdvsa. En el oficialismo hay viento a favor de esta apertura y liberalización. La motivación es que a finales de 2020 -justo en la antesala de las elecciones parlamentarias-, la recuperación de la producción petrolera, la reactivación económica, la superación de la escasez, la impresión de abundancia y el control de la hiperinflación sean las mejores credenciales de los candidatos oficialistas para aumentar su probabilidad de ganar la diputación en sus respectivos circuitos y así llevar al Gobierno a recuperar el control de la Asamblea Nacional.

Con una oposición desgastada y dividida por sus pugnas internas, cualquier espejismo de mejoría económica puede contribuir a aumentar la opción de los candidatos oficialistas para que Maduro recupere el control del Poder Legislativo. Esto sería el fin de Juan Guaidó como Presidente de la AN y de la estrategia que lo llevó a la Presidencia interina con el reconocimiento de más de 50 países. Sin lugar a dudas, un poderoso incentivo para que el gobierno de Maduro profundice la liberalización y apertura de la industria petrolera y de la economía nacional.

Por Enrique Elorza. Coordinador del Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz y Director de la Especialización en Estudios Socioeconómicos Latinoamericanos. Universidad nacional de San Luis.
29 de diciembre 2019

El origen, composición y plazos de vencimiento de capital e intereses de la actual deuda tiene sus particularidades. Solo basta mencionar que la Argentina nunca en su historia se endeudó en tan poco tiempo y de la magnitud que lo hizo. En los últimos 4 años la relación deuda externa con el producto interno bruto (riqueza generada en un año en el país) pasó de 53% en el año 2015 al el 98 % para el 2019.
Algunas particularidades de la historia reciente. En el año 2017 se colocó un bono a 100 años por US$2750 millones, devolviéndose el capital en los primeros 15 años, pagando intereses por 75 años. En suma se tendrá que devolver 7 veces el valor original. Tal decisión gubernamental lleva la firma del Ministro Luis Caputo de aquel momento.
Con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se firmó un acuerdo mediante el cual, de manera exprés se otorgó a la Argentina, un préstamo en el año 2018 por US$56.300 millones, habiéndose desembozado en un solo año US$44.300 millones.
Las discusiones sobre si está bien o mal endeudarse suele ser una discusión muy apegada al mundo técnico de especialistas, analistas financieros. Ámbitos estos en los cuales se hacen análisis específicos, estudios de costo y beneficio, ponderando diferentes variables macro y microeconómicas, que suelen aconsejar o no, tomar deuda de tal o cual modo. También forman parte de estas discusiones y análisis quienes gobiernan y diseñan las políticas a seguir.
El tema no es un fenómeno nuevo, es parte de la historia de nuestro país. Basta remitirnos al año 1824 con el préstamo de la Baring Brothers en adelante. En el caso de Argentina, más allá de la experiencia de otros países, el endeudamiento siempre estuvo asociado con la pérdida de soberanía y la dependencia hacia otros países. Es decir, no poder fijar políticas que sean útiles a quienes habitan el territorio nacional. Un antecedente que vale la pena tenerlo en cuenta. En el año 1982 Alejandro Olmos denunció la “ilegitimidad de la deuda externa” y el juez Federal Jorge Ballestero dictaminó que la “deuda externa argentina contraída entre 1976 y 1982 fue producto de mecanismos irregulares «. El tema quedó ahí.
Más allá de las diferentes teorías que prevalecen en la materia, como así también de las distintas posturas políticas al respecto, no cabe duda que la deuda actual, tal como fue concebida es impagable. Con el agravante de que quienes posibilitaron y habilitaron los créditos no podían ignorar de tal limitación. Pasa que quienes “prestan”, lo que verdaderamente les interesa es vender su mercancía que es el dinero, el cómo recuperar los préstamos, es un tema que se resuelve en el tiempo de múltiples formas. La historia da cuenta de ello.
Por ejemplo, es imposible pensar que un Organismo Internacional como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que cuenta con recursos, tecnología y profesionales de un gran conocimiento, egresados de los centros de estudios más importantes, no sean capaces de comprender tal limitación. El directorio y los técnicos del FMI no se equivocan. Aplican las políticas que son funcionales a sus objetivos. Con el agravante que para otorgarle el crédito a Argentina, el FMI tuvo que trasgredir las normativas
internas de dicha institución. Fue el país que tiene el mayor poder de veto en ese organismo, EE.UU, quien dio la aprobación, mediante la orden del Presidente Donald Trump.
Concluyo en estas líneas expresando que pagar la deuda externa significaría seguir viviendo en una sociedad con menos derechos, con indicadores sociales, económicos magros, con más exclusión social y precariedad laboral, entre otras consecuencias. Es decir, para pagar lo que se debe significaría destinar parte importante del presupuesto nacional y del conjunto de los presupuestos provinciales para el pago de los servicio de la deuda y del capital. Y por otra parte, el aparato productivo cada vez más reducido, se vería imposibilitado de generar los dólares para cancelar la deuda.

¿Qué hacer y cómo resolver este tema?

Es la sociedad mediante sus múltiples maneras de peticionar, expresarse, manifestarse y organizarse que se debe involucrar en este tema.
Argentina y su reciente endeudamiento es un buen ejercicio práctico, que nos debería dejar algunas enseñanzas. Pone en evidencia que la “economía” No es una “técnica”, tal como nuestras universidades la enseñan. Observar cómo actúa un Organismo Internacional como el FMI y cómo resuelve el problema, el Presidente de la mayor potencia del mundo, nos muestra que la economía tiene que ver con la política. Ellos, los banqueros, es decir el FMI, logran vender su mercancía, no en base a sus análisis macroeconómicos y microeconómico, ni utilizando técnicas de la econometría, sino mediante la política; y el gobierno norteamericano logra que un territorio más, muy importante dentro de la geopolítica mundial quede más dependiente y vulnerable.
Estos temas como otros, como es el caso del cambio climático, ponen en evidencia que las universidades en general, entre otras instituciones, no contribuyen mucho a la solución de los problemas de la sociedad. Esto suele ser así ya que la formación que brinda pone foco en el interés individual de las personas, en mejorar la rentabilidad de los mercados y en suponer que las personas son variables económicas. Asimismo la política profesionalizada, en la alternancia de gobierno, “saca fotocopia” de estas enseñanzas de la academia, y las va aplicando, no comprendiendo que la crisis civilizatoria que se está viviendo se encuentra a la vuelta de la esquina.

Vigencias de aquel 20 de diciembre.

Daniel Campione.

La revuelta del 19 y 20 de diciembre de 2001 fue la resultante del descontento frente a una década larga de políticas que llevaron al incremento de la pobreza y el desempleo y a la privatización generalizada de los bienes públicos, acompañado por el hartazgo hacia una dirigencia política, y en menor medida empresarial, periodística y hasta judicial, que aparecían como inescrupulosos beneficiarios del deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría de la población. Para entonces la economía argentina llevaba más de cuarenta meses de recesión y un ritmo creciente de destrucción de empleos. El gobierno había dispuesto incluso un recorte nominal de salarios y jubilaciones, mientras se confiscaban los depósitos bancarios. La suma de enormes disconformidades terminó corporizada en un estallido que depuso a un presidente y puso en situación de crisis a los cauces habituales del transcurrir social, político y cultural.

Un punto inicial para arribar a la comprensión de la rebelión argentina es que no se trató de un movimiento puramente espontáneo, de un estallido de un momento, que brotó de la nada para volver a hundirse en ella. La segunda mitad de la década del noventa fue un período signado por el aumento de la desocupación, la pérdida salarial, el consiguiente aumento de la pobreza, el empeoramiento de las condiciones de trabajo, el deterioro de los sistemas de salud y educación. Asimismo, y en medida creciente, por la gradual reorganización de los espacios sociales más variados, y una revalorización de la acción colectiva signada por la progresiva pérdida del miedo instaurado desde la dictadura. Al individuo aislado buscando su salvación, que se proponía desde el poder, le sucede la apuesta por el colectivo tratando de encontrar un camino común, tanto para enfrentar al poder en sus diversas facetas como para construir espacios de decisión propia, de productividad política y autonomía. Y emergieron grandes movilizaciones sobre el terreno arrasado que dejaban las políticas de privatizaciones y concentración del capital, como en Neuquén, Tartagal y Mosconi.

En el momento del estallido, los componentes de relativa espontaneidad pusieron de manifiesto lo que Gramsci llamaría elementos de dirección consciente, que anidaban en su interior. No hubo organización ostensible en el sentido tradicional de acción concertada y planificada, pero sí una presencia de los sectores dotados de organización previa y tuvo un peso la conciencia cimentada por las luchas anteriores. Se condensó cierta recomposición de las clases subalternas, junto con el progresivo hartazgo de la situación de empobrecimiento permanente que se sufría desde hace un cuarto de siglo, más la gradual disipación del opresivo clima ideológico que siguió al derrumbe del bloque del Este, y el ejemplo de otras protestas multitudinarias y en ocasiones triunfantes. Ese conjunto se puso en tensión para producir la marea humana que el 20 de diciembre no retrocedió frente a las balas policiales y sancionó en los hechos la salida del presidente de la Rúa.

Se inició un lapso de movilización permanente, de continua creación de nuevas formas de organización y expresión que convirtieron por un tiempo a Argentina en una especie de laboratorio social en movimiento. Lleno de experiencias innovadoras, y del rescate de otras viejas que volvieron al primer plano.

¡Qué se vayan todos! fue la consigna inmortalizada en las movilizaciones de entonces. Aunque tenía un vago contenido “antiestablishment” en general, el destinatario principal era la mal llamada “clase política”. Se atacaba también a los empresarios más ligados a la corrupción de los políticos, como los de empresas privatizadas, o a la especulación ruinosa para las capas medias (los bancos), junto con algunos medios de comunicación. Pero los políticos profesionales arrastraban el anatema principal. Sufrían marchas de repudio, cacerolazos, escraches, que indicaban la voluntad de librarse de una dirigencia que había perdido toda legitimidad, a la que se culpaba en conjunto por el calamitoso estado de cosas alcanzado. Un sector de la protesta privilegiaba el matiz “antipolítico”. Otro grupo, identificado con distintos partidos de izquierda, aplicaba un enfoque vanguardista, que privilegiaba elevar a la propia fuerza a un rol de dirección.

Entre esas puntas no logró avanzar con claridad un criterio horizontal y pluralista, pero al mismo tiempo con conciencia del compromiso político, que no soñara con “cambiar el mundo sin tomar el poder”, como circulaba en aquellos años, ni diera privilegio absoluto a “lo social” frente a “lo político”.So capa de buscar un máximo nivel de democracia y negar acatamiento a cualquier liderazgo preconstituido, la cuestión del poder terminaba preterida y los movimientos se replegaban sobre las realizaciones locales y la dinámica de la autoorganización

De todos modos el rasgo en común, y gran parte de su valor intrínseco, era lo creativo, el arribo de lo impensado, la aparición de una izquierda sin precedente directo en agrupaciones preexistentes. La intensa movilización de trabajadores desocupados hizo afirmar a Pierre Bourdieu que era un “milagro sociológico”. Un ámbito que en la tradición se identificaba con la desorganización y desmovilización, el de los desempleados, se convertía en fuente de pujantes organizaciones que convulsionaban el país entero.

Junto a la fuerza de los piquetes protagonizados por los desempleados, en una escala de menor masividad, las asambleas barriales ocuparon un lugar importante. Tuvieron el sello de la rebelión en los barrios, muchos de ellos considerados de “clase media”. La nota dominante fue el componente deliberativo, la intencionalidad orientada a una democracia de base. Nucleaba a generaciones diferentes, situaciones sociales diversas, culturas distintas. Esa heterogeneidad se agrupaba frente a la crisis e intentaba respuestas, no sólo hacia el propio sector social sino en dirección a los visualizados como más pobres. Los comedores populares, el apoyo a las acciones piqueteras, expresada en la consigna“piquete y cacerola la lucha es una sola”, los espacios de trueque de bienes y servicios, acompañaron a la mayoría de las asambleas. No había jerarquías preconstituidas, ni direcciones formales, ni mediaciones representativas. Se acercaban a la utopía de la democracia directa en estado puro. Diversas tendencias actuaban en su seno, en algunos casos en busca de hegemonizarlas, y el desgaste fue bastante rápido. Muchas comenzaron a languidecer pocos meses después de su creación. Su espíritu, sus modos de acción, tendrían en cambio una vigencia más prolongada.

También cabe destacar a las fábricas “recuperadas”, experiencias de autogestión nacidas como medida defensiva contra la amenaza del desempleo, pero proyectadas hacia experiencias de iniciativa y autoorganización que, siquiera en el plano simbólico, se oponían a la empresa capitalista. La “fábrica sin patrones” era un modelo que venía de antes pero tuvo un ciclo de lucha y avances en torno a 2001. En base a la solidaridad con esas empresas autogestionadas se tejió una vasta trama de emprendimientos. La confección “Brukman” y el hotal Bauen constituyeron ejemplos de núcleos en torno a los cuales se articuló una movilización entusiasta y variopinta.

El reflujo de los movimientos articulados en torno a la democracia directa y la acción callejera fue muy visible desde 2003. El gobierno de Néstor Kirchner tomó nota de las reivindicaciones que afloraban desde el conjunto de las clases subalternas, y realizó una inteligente política de retomar la dirección sobre la base de concesiones importantes. El “saneamiento” del Poder Judicial, la reivindicación de las Madres de Plaza de Mayo, la reapertura de los juicios por crímenes de la dictadura, la aceptación de los movimientos piqueteros como actor social legítimo, la ampliación de prestaciones sociales, fueron gestos que jugaron a favor de la reconstrucción de una legitimidad. Ello no implicó la vuelta al estadio anterior. Las organizaciones surgidas al calor del estallido continuaron su evolución, se sostuvieron, se diversificaron, constituyeron alianzas o se fusionaron. Nuevas identidades en formación siguieron su paso.

El inicio del siglo XXI en Argentina fortaleció una entonces incipiente tradición de horizontalidad, con amplio lugar para lo “espontáneo”. Basada en el pluralismo de opiniones y de organización y en una alta valoración de los mecanismos de toma de decisiones, más allá de las propuestas programáticas. También adquirieron fuerza los propósitos de enfrentar al capitalismo desde una perspectiva que objetara todas las opresiones, no sólo las de clase. La cuestión de género y la ambiental, entre otras, fueron tomando un protagonismo inédito. Hubo corrientes de pensamiento y acción que abrevaron en todo ese movimiento y avanzaron en la conformación de una izquierda independiente o “nueva nueva izquierda”. Con base en el espíritu de asamblea, el rechazo a las mediaciones institucionales y el énfasis en la autoorganización popular, se daba la disputa activa del espacio público con los aparatos orientados a la “institucionalización” y la cooptación. La encarnación más potente de la herencia de 2001, el movimiento piquetero, se convirtió en un actor permanente, con repercusión masiva y un crecimiento en el alcance y diversidad de sus organizaciones.

Las propuestas de construcción de una sociedad nueva se rearmaron desde su prefiguración en la sociedad existente. La apelación al colectivo se hizo más fuerte que la apuesta a una transformación orientada desde el estado. En algunos casos se propuso retomar la perspectiva revolucionaria y socialista del siglo XIX y XX, desde un abordaje crítico de puntos fundamentales de esa tradición, como la idea de partido de vanguardia. O el enriquecimiento de la perspectiva de clase más allá de los límites de la clase obrera tradicional. Los trabajadores precarios y los desocupados ingresaban de modo resonante en la reivindicación de su lugar como trabajadores y trabajadoras, mal que les pesara a las organizaciones sindicales predominantes y a los aparatos estatales involucrados en la administración de la relación capital/trabajo.

En los años sucesivos el avance del capitalismo en un sentido cada vez más destructivo y la ofensiva permanente sobre las condiciones de vida y de trabajo de las clases subalternas, hicieron día a día más imperiosa la alta valoración, no exenta de sentido crítico, de la experiencia de 2001. Se necesita la construcción de una memoria histórica fecunda sobre esos hechos, no sólo desde la mira del historiador sino desde el encuentro intergeneracional de la militancia que vivió los sucesos con la que hoy se desenvuelve en organizaciones que se fundaron en aquellos días o que encontraron nuevos cauces de acción y pensamiento al calor de esas luchas.

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Hoy nos encontramos frente a un nuevo rebrote de la política en las calles en diversos países de América Latina. Rechazo a políticas que promueven la concentración de la riqueza, la precarización del trabajo, la privatización de los bienes públicos. También rebelión contra todo un modo de entender la política como competencia y negociación entre elites reducidas, cada vez más alejadas de cualquier incidencia o control de la voluntad popular sobre sus decisiones. No hay que reducir estos hechos a reacciones frente a las políticas “neoliberales”, que lo son. Constituyen la impugnación a la asociación predatoria entre poder económico, político y cultural.

En el caso de Chile hay una recusación de la brutal mercantilización de todas las relaciones sociales y una clara demanda de terminar con la institucionalidad política y la regulación de derechos que contienen resabios del orden dictatorial de la época de Pinochet.

Hay resonancias del “que se vayan todos”, y de la virtual toma del espacio público, la irrupción de la “calle” contra el poder del “palacio”. La compatibilidad de la idea de “soberanía del pueblo” con niveles crecientes de desigualdad, es colocada en tela de juicio, mientras se recusa el bajo contenido democrático de las instituciones representativas en vigencia. La cuestión abierta es el potencial de organización popular, de coordinación entre instancias de base. Partidos políticos y grandes sindicatos no aparecen con protagonismo en estos movimientos. Hay mucho de “espontáneo” y desde el poder se los intenta domesticar tomando una parte de sus demandas y quitándole el componente de radicalidad democrática que éstas tienen. El escenario está abierto, pero más allá del incierto resultado final de la lucha en Ecuador, Colombia y Chile, ya puede decirse que América Latina ha vivido un momento nuevo, con una sacudida al poder existente a partir de unas clases subalternas lanzadas a una movilización creativa, persistente, con elevada vocación de enfrentar a la represión y al miedo.

En este tiempo de protestas contra el dominio desbocado del gran capital en varios países de América del Sur, cabe con más razón la reivindicación de la mejor herencia de 2001 en Argentina y su proyección hacia este presente de luchas y su integración a las mejores tradiciones combativas y anticapitalistas de nuestro país y del continente.