Por Julio C. Gambina

En ocasión de participar en Bolivia en un Seminario organizado por Grupos de Trabajo de Clacso, la Red de Estudios de la Economía Mundial, la REDEM y la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico, la SEPLA, pude entrevistarme con Pablo Ramos Sánchez, un gran intelectual asociado a la lucha del pueblo de Bolivia. Con la calidez habitual se dispuso a relatar sus vivencias con Pedro Paz, a quien homenajeamos en la Universidad Nacional de San Luis al identificar con el nombre del economista jujeño al “Centro de Pensamiento Crítico” con sede en Villa Mercedes. En conversaciones previas, Pablo me había relatado sus vínculos con Pedro, en Bolivia y en el exilio, y como Pedro vivió en la era pre Internet, no es mucho lo que puede recogerse de él, por lo que lo comprometí a una conversación de la que surgió el siguiente relato:
Julio C. Gambina (en adelante JCG): Muchas gracias por tu tiempo en la necesaria recuperación de la memoria de Pedro Paz. Para empezar, sería bueno que nos presentaras algunas consideraciones generales sobre cómo se conocieron con Pedro Paz, que recuerdos nos puedes comentar.

Pablo Ramos Sánchez (en adelante PRS): Debo señalar que mi relación de trabajo intelectual con Pedro Paz comenzó en el año 1966, cuando él era profesor en el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES); junto con Osvaldo Sunkel tenían la materia de Teorías del Desarrollo. Ahí nos hicimos amigos y pude conocer sus planteamientos que luego se tradujeron en el libro “El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo”, que escribieron con Osvaldo Sunkel. Es un buen libro, un valioso texto universitario. Comenzamos teniendo una relación académica, que luego fue política a través del intercambio de ideas y concepciones tanto sobre el Cono Sur como de América Latina en su conjunto.
Más tarde, en el año 1970, afianzamos este intercambio cuando yo ejercía la función de Rector de la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia, y se estaba elaborando por el Gobierno, a través del Ministerio de Planificación, la “Estrategia del Desarrollo Socio – Económico 1971 – 1990”. Era el primer gran intento de definir líneas maestras para el desarrollo a largo plazo, y en ese trabajo asesoró Pedro Paz, quien cumplió un papel destacado, en la elaboración de ese documento, que marco época, y pudo plasmar muchas de sus metodologías y concepciones respecto al problema de la dependencia. Es un importante documento. El aporte de Pedro Paz ha sido muy valioso. Luego, cuando se produjo el Golpe de Estado en 1971, yo tuve que salir a México y de allí a Chile, donde continuamos nuestro vínculo. Él trabajaba en la CEPAL ILPES y pudimos afianzar una relación de amistad, pero también de trabajo político e intelectual.

Más intelectual que político, porque él estaba como funcionario internacional y tenía que respetar algunas restricciones. Los temas centrales que trabajamos fueron los de la dependencia y el subdesarrollo. Más tarde en México, el contacto fue más esporádico ya que allí las distancias eran muy grandes. Entonces yo trabajaba en el Centro de Capacitación para el Desarrollo (CECADE) y no pudimos tener la misma relación como en Santiago o como aquí en Bolivia. Esos fueron los vínculos más importantes, en lo ideológico y en el trabajo político, pero sobre todo en la concepción teórica. Es decir, la amistad con Pedro Paz se inició en Chile, en los cursos del ILPES, se fortaleció en La Paz cuando asesoró en la elaboración de la Estrategia que preparaba el Ministerio de Planificación y apoyábamos desde la universidad. Luego nuevamente en Chile y finalmente en México.

JCG: El Plan Estratégico del Desarrollo Socioeconómico 1971 – 1990, ¿quién lo elaboraba y qué gobierno había en Bolivia?

PRS: En esa época ejercía la presidencia de la República el General Alfredo Ovando, justamente cuando se llevó a cabo la segunda nacionalización de los hidrocarburos, fue un momento de avance ideológico, pero muy corto. Luego ascendió el General Juan José Torres que continuó con la preparación del Plan Estratégico. En ese tiempo pudimos trabajar con Pedro en una buena relación, analizando la problemática boliviana y latinoamericana.

JCG: Y después del golpe…, ¿cómo fue la etapa que compartieron en Chile?

PRS: Pedro trabajaba en la CEPAL-ILPES de Naciones Unidas y yo en
ESCOLATINA de la Universidad de Chile, en los cursos de grado y postgrado.
Fue allí, cuando estaba dando clases, que me agarró el Golpe de Estado en 1973 en Chile. Fue una experiencia mucho más dura que la vivida en Bolivia. Si bien se veía venir el Golpe, el problema era saber cuándo. Parecía algo más distante de la fecha en que se produjo. En los días previos al Golpe, llevaron a cabo una movilización de la Fuerza Aérea, mientras el Ejército estaba en una actitud insurreccional muy manifiesta. El día martes 11 de septiembre mientras dictaba mi clase muy temprano se escucharon los vuelos rasantes de aviones de combate, el tableteo de ametralladoras y la explosión de bombas. En esas circunstancias dije a los alumnos que continuaríamos la clase el jueves, pero una muchacha uruguaya manifestó “probablemente nunca más nos veamos”. Y se cumplió. La matanza de chilenos, extranjeros y revolucionarios fue muy grande. Las calles fueron ensangrentadas, cubiertas de cadáveres y como era época de lluvias, con el agua se formaron verdaderos charcos mezclados con sangre. Yo estaba como profesor en la Universidad de Chile, no como funcionario internacional, en tanto que Pedro se desempeñaba como tal.

JCG: ¿Conoces a qué extranjero afectó directamente el golpe? ¿Qué ocurrió con Pedro en particular, qué es lo que le pasó?

PRS: Ese día después de mi retirada de la Universidad y a pesar del bombardeo que se lanzaba sobre La Moneda, yo pude llegar a mi casa. En la tarde de ese día 11 de septiembre los militares publicaron un boletín por las radios, donde citaban para que se presenten ante la autoridad pública, a ciudadanos que estaban bajo la denominación de extranjeros, extremistas y delincuentes. Y justamente entre ellos incluían el nombre de Pedro Paz, en esa lista estaban incluidas aproximadamente 25 personas.
Desde ese día perdí contacto porque tuve que refugiarme y actuar de manera clandestina completa durante tres meses. Recién en los primeros días de diciembre pude salir de Chile gracias a una invitación que venía de autoridades de México, a través del Maestro José Luis Ceceña, padre de Ana Esther. Con esa carta los compañeros de CEPAL pudieron conseguirme la visa para México, pero cuando los funcionarios de Naciones Unidas me estaban llevando al aeropuerto nos anunciaron que el viaje se cancelaba y que no podría salir. Entonces tuve que ir a un campo de refugiados con toda mi familia (esposa y cuatro hijos) durante tres días, después de los cuales autorizaron mi salida.

JCG: ¿Qué supiste luego de Pedro Paz?

PRS: No supe nada. Todo estaba controlado. Las viviendas de los compañeros conocidos estaban bajo rigurosa vigilancia. La mejor manera para estar seguro era tomar un colectivo e ir hasta la terminal y luego regresar, para hacer lo mismo con otro colectivo. En dos oportunidades los militares llegaron a mi vivienda, rodeando la manzana entera, afortunadamente no ingresaron a la mía. Traté de averiguar dónde estaba Pedro, pero sin resultados. Muchos de sus compañeros, que trabajaban muy cerca de él en la CEPAL fueron fusilados. Inicialmente los tomaban presos, los mostraban por televisión, pero a los pocos días aparecían en la lista de muertos.

JCG: ¿Qué podrías recuperar de la personalidad de Pedro Paz?

PRS: Lo primero, una persona muy sencilla, accesible. En las conversaciones te escuchaba, respetando tus opiniones. Era un verdadero docente. Como amigo te contaba aspectos de su vida y muchas veces tocó temas de su infancia.
Recuerdo que comentábamos sobre el Gobierno de Cámpora. Él decía “lo está haciendo bien Camporita”, demostrando confianza en el proceso argentino. Eran muy lindas las conversaciones sobre Argentina. En general puedo decir que era un hombre muy espontáneo, con mucho conocimiento, pero no petulante. Era un hombre que cuando conversaba contigo, daba a entender que siempre estaba aprendiendo. Incluso cuando hablábamos de la revolución no presumía conocimientos profundos, pero a medida que la plática se acentuaba te dabas cuenta de su dominio del tema. Por ejemplo, con respecto a la Teoría del Desarrollo y los modelos que están en su libro fue él quien los trabajó en su mayor parte, contando sin duda con la orientación e intercambio fructífero con Osvaldo Sunkel que era el responsable
principal de la catedra. Por eso Sunkel figura en primer término en la presentación del libro.
Yo guardo la imagen de un hombre sencillo, de hablar pausado, tranquilo y muy reflexivo; imagen que no es la del típico porteño.
Como amigos, alguna vez fuimos a pasear a la Vega Central (mercado) de Santiago, donde se preparaban los mejores mariscos. Llegamos, pero había una persona que había consumido mucho vino, estaba mareada, y de pronto no le caímos bien, no supimos por qué. Éramos cuatro los que ingresamos a la Vega, y esa persona sin motivo alguno vino a provocarnos. Entonces Pedro dijo “bueno pues, ¿qué quieres?” adoptando la típica pose de boxeador; no sabíamos que él era boxeador. Por suerte vinieron las personas que atendían y alejaron al provocador.

JCG: ¿Cuáles eran, según tu recuerdo, los principales temas que estaban en el pensamiento de Pedro Paz?

PRS: Primero, la transición política en Argentina. Consideraba al gobierno de Cámpora como un paso para el retorno de Perón. A su juicio las medidas de Cámpora eran justamente las que se esperaban, y estuvo en el poder 49 días, nada más. En cuanto a los temas de América Latina, profundizaba el análisis sobre las características específicas del subdesarrollo y la dependencia. Cuando estuvimos trabajando sobre la economía boliviana fue uno de los puntos de mayor debate y aparece en la mencionada Estrategia 1971 – 1990 como uno de los mejores
análisis sobre los nexos de la dependencia.

JCG: ¿Cuáles eran los aspectos esenciales que Pedro Paz consideraba que hacían a la dependencia?

PRS: En esos momentos se estaba trabajando en los aspectos financieros y los mecanismos sutiles que se utilizaban. Es decir, no solamente en los temas relevantes, como los aspectos productivos sobre los que se había trabajado mucho, sino en cuestiones de gran actualidad.

JCG: He leído un escrito tuyo sobre la dependencia política y económica de la renta petrolífera, donde aludís al famoso 18% contra el 82% de distribución y apropiación de la renta entre las transnacionales y el Estado; ¿podrías relatar el tema sintéticamente?

PRS: En el año 1954, en plena Revolución Nacional, los norteamericanos
impusieron al gobierno boliviano que aprobara el Código del Petróleo, escrito por
ellos en inglés, sin que inicialmente hubiera traducción. Estaba como Presidente el
Dr. Paz Estenssoro, don Juan Lechín como Ministro de Minas y Petróleo y don
Augusto Cuadros Sánchez era Ministro de Economía Nacional. Diez años
después, en 1963 yo trabajaba como Auditor Ayudante del Departamento de
Estudios Impositivos en el Ministerio de Hacienda, y en esa función teníamos que
hacer cálculos sobre el presupuesto de ingresos para la gestión siguiente. En el
momento en que los trabajos estuvieron concluidos, el Ministro de Hacienda nos
llamó para verificar nuestros cálculos. El Ministro ahora era don Augusto Cuadros
Sánchez quien se puso a realizar los cálculos personalmente, con su propia
lapicera. En el caso del petróleo utilizó el Código que él había firmado, traducido
ahora al español, para establecer los ingresos que lograría el Tesoro. Comenzó el
análisis de dichos ingresos petroleros, pero luego de efectuar todas las
deducciones concluyó que solo quedaba disponible el 18% para Bolivia. Pensó
que había un error, arrojó al canasto la hoja y comenzó de nuevo. Luego de
repetir el cálculo llegó al mismo resultado verificando que el 82% restante quedaba
en manos de las empresas extranjeras. Rompió el papel y comenzó por tercera
vez hasta que se convenció que solo el 18% quedaba para el país, el mismo que
se distribuía en un 11% para las regiones productoras, el 1% para Beni y Pando,
participación establecida por el Presidente Germán Bush, y solo el 6% para el
Tesoro Nacional. Así se convenció que el Código solo beneficiaba a las empresas
petroleras.
Al llegar a esta conclusión, se puso a meditar y dijo así: “Si yo hubiera sabido a
tiempo lo que decía el Código del Petróleo no lo hubiera firmado”. Miró a su
alrededor, dándose cuenta de que estábamos nosotros. Dio por terminada la
tarea del día y se fue meditabundo. Eso no se registró en ningún lado. Esa forma
de distribución de la renta petrolera estuvo vigente hasta el año 2006, cuando el Presidente Evo Morales la cambió, revirtiéndola de tal manera que alrededor del 82% quede para el Estado Plurinacional de Bolivia y solo el 18% para las empresas extranjeras. Así se manifestaba la dominación en el caso del petróleo.

JCG: Cómo protagonista de esa época, ¿qué más puedes agregar?

PRS: La CEPAL cobijó a muchos intelectuales. Conocí a varios que pasaron por
ese organismo internacional. El aporte intelectual que realizaron fue trascendente.
La Teoría de la Dependencia fue parte de la CEPAL e ILPES. Luego aparecieron
otros intelectuales como Theotonio dos Santos, Vania Bambirra y otros. También
se discutieron temas muy importantes como la industrialización, la integración
latinoamericana, la planificación y su metodología, con conclusiones de gran
influencia en el contexto de la época. Hoy ya no se mantiene el mismo nivel del
debate.

Del dialogo con PRS, más que en modo entrevista, ya más coloquial, surgen
los siguientes temas de interés, que nos permiten conocer más de cerca a nuestro compañero de la conversación.
En la vida académica fui Rector de la universidad más grande de Bolivia, por
primera vez, a los 33 años, era una época de mucha intensidad y notables
expectativas. El Presidente de Bolivia era el General Ovando, un militar
progresista, pero muy condicionado por las presiones externas. Fue un momento
de avances que continuó bajo la presidencia del General Torres; en esa época
estaba en Chile Salvador Allende, y en el Perú el General Velasco Alvarado. Se
percibía un clima de cambio. Fue un momento de gran expectativa.
En la actualidad debo ser uno de los pocos bolivianos sobrevivientes que tuvo
oportunidad de conversar con el Comandante Che Guevara. Esto ocurrió en el
año 1963, con motivo del 4to. Aniversario de la Revolución Cubana. Tenía 26 años
y estuve en Cuba como integrante del Grupo Espartaco, un centro de estudios que
nucleaba a jóvenes intelectuales. Estuvo presente en esa reunión con el Che el
compañero Andrés Solís Rada, quien fue Ministro de Hidrocarburos el 1° de mayo
de 2006 cuando el Presidente Evo Morales nacionalizó el petróleo.
El Che destacó que cuando los revolucionarios cubanos llegaron al gobierno, el
conocimiento de la realidad económica cubana era muy escaso; por eso tuvieron
que realizar un censo general que les permitió obtener información detallada sobre
la estructura productiva y su localización específica. Sostenía que las estadísticas
son muy importantes y por eso el Che se dedicó a estudiar matemáticas 1 . Lo lamentable es que no tomamos fotos de esa histórica reunión.
Con Fidel tuvimos una relación de mayor permanencia. Yo presidí durante muchos años el Movimiento Boliviano de Solidaridad con Cuba y pudimos organizar una apoteósica recepción cuando Fidel visitó Bolivia.
En 1985 escribí un libro sobre el neoliberalismo en Bolivia, bajo el título de “El
Neoliberalismo en Acción”, que fue el primero que calificó al modelo que se
implantaba en Bolivia en esa época, como neoliberal.
Mi lucha es ideológica, pero además de la economía dediqué mi tiempo a la
literatura, especialmente en la narrativa y la poesía.
En los años 80, en la universidad llevé adelante un curso que tuvo una duración
de tres años sobre EL CAPITAL de Marx, en el que participaron aproximadamente
45 alumnos, varios de los cuales llegaron a ser Ministros y Viceministros en el Gobierno del Presidente Evo Morales.
En la actualidad, con los avances logrados y también los retrocesos, veo que se vive un momento interesante. La lucha va a resurgir, claro que en un contexto en
el que el neoliberalismo logró exacerbar el individualismo; hay que luchar contra eso y la agresión imperial.
El modelo económico social que corresponde a Bolivia es el que se orienta a
construir una economía plural, en concordancia con el Estado Plurinacional. El
modelo económico se propone desarrollar simultáneamente varios tipos de
organización económica, como ser estatal, privada, cooperativa y social
comunitaria, sintetizando de este modo las características y posibilidades de
nuestra realidad. El Estado Plurinacional significa un nuevo poder sustentado en
los movimientos sociales de las clases trabajadoras, y supera al Estado Liberal
que sólo expresa los intereses de las clases propietarias, particularmente de la
burguesía.

Al poco tiempo de esta entrevista se produjo el Golpe de Estado en Bolivia y pese a la ofensiva contra varios funcionarios/as del Gobierno Plurinacional, a Pablo Ramos Sánchez, tras largas requisitorias, nada irregular pudieron encontrar, menos hacia la política monetaria de soberanía impulsada desde el Banco Centralde Bolivia, BCB.
¡¡¡Gracias compañero Pablo!!!

1 Al leer esta nota, Enrique Elorza, Coordinador del Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz me relata que estando en Cuba y entrevistando a Pulido, dirigente de la ANEC, Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, éste le relata que su papá fue quien asumió la enseñanza de las matemáticas al Che.

Al mismo tiempo, eso me hizo acordar de Anastasio Mansilla, niño español refugiado en la URSS durante de la Segunda Guerra Mundial, producto de la solidaridad soviética con los niños españoles ante la masacre del franquismo. Mansilla fue enviado a Cuba junto con otros profesores de habla hispana para la formación de cuadros luego del triunfo de la Revolución en 1959. Mansilla enseño El Capital y entre sus alumnos estuvieron Fidel y el Che. Muchos años después, en enero y febrero de 1984 tuve la suerte de estudiar la obra máxima de Carlos Marx con el gran Mansilla, quien falleció al poco tiempo, en 1997, luego de un corto viaje de conocimiento de la Argentina, muy ansiado por el profesor del Che y de Fidel.

Por Julio C. Gambina

Existe un amplio debate en torno al endeudamiento público externo, que involucra a los propios adherentes de la política oficial.

No solo el viejo debate sobre pagar o no pagar, sino y muy especialmente que hacer más allá del endeudamiento. Es una polémica a derecha e izquierda del arco político.

Lo que sigue son apenas algunas ideas motivadas en debates informales recientes relativas al qué hacer con la deuda y más allá. No pretende ser un exhaustivo análisis de propuestas, siendo apenas un conjunto de ideas en general para discutir el presente y el futuro.

Pagar

Sobre la hipótesis de pagar, el problema remite a la capacidad de atender las inmensas necesidades insatisfechas de la población, lo que en las condiciones actuales supone terminar de definir el monto de deuda exigible, el costo de intereses y los vencimientos reprogramados.

Es una situación a pensar en un país con déficit fiscal y, por lo tanto, la generación de condiciones de pago supone al mismo tiempo la disminución del gasto público y/o el aumento de los ingresos fiscales genuinos, principalmente impuestos.

Todo parece sencillo, pero…, ¿cuáles son los gastos a disminuir? ¿Los subsidios a las empresas o el gasto público social de educación, salud u otros aspectos relativos a derechos?

En materia de impuestos, sobre qué sector recae la carga tributaria, siendo el IVA la principal fuente de recaudación tributaria, seguida por ganancias, con gran peso en este caso de los impuestos derivados del aporte de los trabajadores.

Como se ve, para poder pagar la deuda hay que hacer un ajuste y definir sobre qué sectores deberá caer el ajuste. Para quienes sostienen la posición de pagar la deuda, es necesario que expliciten quién pagará.

No pagar

Respecto del no pago de la deuda debe reconocerse el boicot que generarán los acreedores y su peso en el núcleo del poder mundial, sea el sistema financiero transnacional y las corporaciones transnacionales que hegemonizan el capitalismo mundial; los organismos internacionales y, por cierto, los principales gobiernos de los países capitalistas desarrollados, aquellos que parecen siempre dispuestos a “ayudar”.

Son una tríada de actores que más allá de formulaciones diplomáticas relativos a los problemas de la pobreza, la desigualdad o el endeudamiento, todos ellos bregan por los intereses del régimen del capital y la lógica de la ganancia, la acumulación y la dominación capitalista.

Al no pagar se liberan recursos existentes, en rigor escasos, para intentar atender inmensas necesidades socioeconómicas, especialmente terminar con la recesión y su impacto en el empleo y los ingresos populares.

No pagar tiene su costo, pero es el punto de partida para pensar en términos alternativos.

Investigar – auditar

No pagar requiere una investigación a fondo sobre la deuda, en primer lugar, la deuda con el FMI.

Hace falta auditar la deuda con participación popular, más allá de los montos y que permita identificar destinos de los recursos y responsabilidades de las autoridades involucradas.

Se trata de investigar y auditar no solo estos 4 años de gran endeudamiento, sino toda la deuda desde el origen en tiempos de la dictadura genocida.

Hay investigaciones en la Justicia, incluso con sentencia, caso de la denuncia de Alejandro Olmos relativa al endeudamiento público en tiempos de la dictadura (1976/1983) con sentencia judicial de junio del 2000 (Juez Ballesteros), con más de 400 fraudes explicitados que involucran a funcionarios de los gobiernos militares.

Existen denuncias judiciales de todos los canjes de deuda realizados desde 1983 en adelante, lo que suponen un valioso material, además de variados estudios de organizaciones sociales, políticas, religiosas y estudiosas/os, lo que constituye un activo de importancia para canalizar una amplia auditoria con participación popular.

Una auditoría integral del endeudamiento público facilitaría una discusión relativa al carácter ilegal, ilegitimo u odioso del mismo.

No solo es ilegitimo u odioso el endeudamiento comprometido en tiempos de dictadura, sino en correspondencia con la teoría de la deuda odiosa, poder confirmar que el pueblo no fue beneficiado por la deuda y que tanto acreedor como deudor eran conscientes de la imposibilidad de la devolución de los créditos.

El carácter odioso de la deuda resulta especialmente válido para el caso del FMI y su préstamo de 57.000 millones dólares y sus desembolsos por más de 44.000 millones de dólares. Fue un préstamo favorecido por EEUU, con voto privilegiado en el FMI para consolidar un gobierno amigo que intervenía en la lógica de la política internacional de EEUU en la región, especialmente en lo relativo a la agresión a Venezuela.

Mientras se investiga deben suspenderse los pagos y en simultáneo construir un nuevo orden económico social

Plan económico para revertir la dependencia

El previsible boicot internacional relativo a una política soberana exige discutir un plan económico social más allá de la coyuntura. Argentina acumula cuatro décadas de un modelo productivo que tuvo a la deuda pública como un condicionante importante. Por más de cuatro décadas desde 1975/76 se profundizó la dependencia y la inserción subordinada del país en el capitalismo global, más allá de los intentos de revertir esa situación en algunos periodos del ciclo comentado.

Esa es la base del despliegue del agro negocio de exportación y sumisión a la lógica financiera de las transnacionales de la alimentación y la biotecnología. Resultado de ello es la gran concentración de la tierra que explicita el Censo agropecuario 2018 (INDEC), donde apenas un puñado de poco más de 5.000 propietarios, el 2% del total de las Explotaciones Agropecuarias detentan el 52% de la tierra disponible. En ese mismo sentido debe pensarse las consecuencias de la mega minería a cielo abierto y la explotación de hidrocarburos, especialmente de no convencionales (Vaca Muerta y fractura hidráulica).

La reestructuración fabril responde a esa dinámica, desplegando armadurías asociadas a cadenas de valor transnacional dónde la decisión y soporte tecnológico es foráneo. El escaso desarrollo tecnológico nacional estuvo más asociado a la experiencia del Estado y a muy pocos emprendimientos privados locales. Es un proceso acompañado de un atraso tecnológico productivo de gran parte de la pequeña y mediana industria. La concentración industrial es el resultado que explicita la Encuesta de Grandes Empresas del INDEC desde hace tiempo.

Ni hablar del papel de las finanzas, con la vigencia de la ley de entidades financieras de 1977, que, según el Ministro de la dictadura, Alfredo Martínez de Hoz, fue el instrumento más revolucionario de su gestión.

Se trató de un mecanismo esencial para facilitar la privatización y extranjerización del sistema financiero, apoyado por políticas financieras que en este último tiempo convalidaron la concentración del crédito, donde el caso de la estafa de la empresa “Vicentín” es apenas una muestra elocuente.

Soberanía, integración y construcción de subjetividad

Lo primero es cambiar el modelo productivo, modificando la ecuación de beneficiarios y perjudicados.

Requiere discutir en términos de soberanía alimentaria para pensar la situación del agro, la agro-industria y todo el entramado de servicios asociado a la producción primaria.

Supone discutir un programa de soberanía energética, con énfasis en el derecho a la energía, para desarmar una lógica de estos tiempos asociada a la mercantilización y exportación energética.

Reestructurar el sector fabril vinculado a la satisfacción de las necesidades sociales del mercado interno y una integración al sistema mundial sobre bases de cooperación.

El financiamiento resulta clave y por eso se trata de disponer de los recursos financieros para una política pública con participación de la sociedad en función de los ejes comentados. La nacionalización y socialización del comercio exterior y la banca resulta imprescindible en este sentido.

Hay que ser consciente que esto requiere de cooperación internacional, y no estamos rodeados por regímenes que compartan la voluntad señalada. Sin embargo, no hay otro camino y deben buscarse las asociaciones internacionales convergentes con el rumbo soberano sugerido, de lo contrario, el rumbo será profundizar la dependencia del capitalismo global.

¿Facilitarán los sectores hegemónicos de la economía local y mundial un rumbo soberano? Desde luego que no, pero es necesario formular la propuesta de política soberana si es que se pretende superar los temas estructurales que frenan el desarrollo soberano de la Argentina.

Como señalamos al comienzo de este escrito, no alcanza con debatir el que hacer con la deuda, hay que proponerse ir más allá y discutir la organización económica de la sociedad.

En ese plano, hay que pensar las políticas estatales de ingresos, monetaria, fiscal, crediticia, productiva, de inserción internacional, de promoción del mercado interno, y, en definitiva, de todo aquello que apunte a resolver insatisfechas necesidades sociales.

Buenos Aires, 9 de febrero de 2020

Por: Julio C. Gambina

Argentina tiene nuevo gobierno desde el 10/12/2019 y muchos se (me) interrogan sobre las primeras medidas, el rumbo y que ocurrirá en el 2020 y en el tiempo de duración del gobierno hacia el 2023.

Es un ejercicio interesante porque se debate la herencia del gobierno Macri entre fines del 2015 y el 2019, tanto como el ciclo “neoliberal” iniciado en 1975/76, mediado por los intentos de contramarcha, y los cambios estructurales operados hasta nuestros días, sea la reestructuración de las relaciones laborales, los cambios en la función del Estado, como la profundización de la inserción subordinada del país en el sistema capitalista mundial.

Primeras medidas

Dos son los aspectos que sobresalen en el discurso y el accionar de política económica. Uno apunta a la emergencia de la pobreza y la distribución del ingreso. Otro apunta al tema del endeudamiento agravado en la gestión Macri, lo que incluye el acuerdo con el FMI de 2018.

El primero apunta en el sentido del voto. Si algo expresó la elección presidencial de octubre es el final de la política de redistribución regresiva del ingreso y la riqueza, que se manifiesta en mayor pobreza, caída de salarios y jubilaciones, desempleo y precariedad laboral, junto al enriquecimiento de muy pocos sectores de la economía y la población.

El segundo es el gran condicionante de la economía, la política y cualquier proyecto de distribución progresiva del ingreso y la riqueza en el país. La deuda pública es una hipoteca impagable, que debe ser rechazada, impugnada, investigada, desde una concepción de ejercicio soberano de política.

Un asunto a destacar es el tratamiento de la urgencia en el Parlamento, con la llamada “LEY DE SOLIDARIDAD SOCIAL Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVAEN EL MARCO DE LA EMERGENCIA PÚBLICA”^[1], que incluyó la mejora de la jubilación mínima para diciembre y febrero junto a la suspensión de la movilidad aprobada en diciembre del 2017. Esto motiva especulaciones que se develarán en marzo y junio próximo, cuando se conozca el ajuste de las jubilaciones, sus alcances concretos y si se afectan o no las impresentables e irracionales “jubilaciones de privilegio”, las que debieran eliminarse junto a una mejora de la mínima en torno a la canasta demandada por las organizaciones de jubilados, cercana a los 40.000 pesos mensuales.

Las medidas incluyeron actualizaciones relativas a “retenciones a las exportaciones”, rechazadas como era previsible por sectores vinculados al agro negocio y a la economía de exportación, en muchos casos incluso por razones ideológicas sembradas desde el poder mediático y los “influencers” “neoliberales”, fomentado por quienes pueblan los análisis económicos y políticos en la construcción de sentido común. Las medidas fiscales incluyeron actualizaciones que apuntan a mejorar los ingresos tributarios del Estado, tendientes a disminuir el déficit y generar condiciones para lograr el superávit de las cuentas públicas.

Claro que la legislación incluyó un mayor uso de los recursos del Fondo de Sustentabilidad que administra el ANSES para el financiamiento público, elevando el porcentaje desde el 50 al 70%. Con esto se agrava la situación de organismos nacionales involucrados en la lógica del endeudamiento público, que curiosamente facilita la decisión pública respecto de acreedores externos, pero compromete los usos de los recursos públicos en beneficio de la cancelación de una deuda odiosa.

La decisión de aprobar incrementos salariales de 4.000 pesos, en dos pagos, en enero y febrero apuntan en el sentido de la mencionada distribución del ingreso. La medida anunciada para privados alcanzará también a estatales nacionales, y habrá que demandar que se extienda al conjunto de los trabajadores, con los límites que tiene la existencia de 5 millones de trabajadores y trabajadoras en situación irregular y muchos otros aún no incluidos en la disposición anunciada a comienzos del 2020.

Más de 1.300 millones de dólares de las reservas internacionales se utilizaron para cancelar deuda, autorizados por la ley de “solidaridad social” que autoriza disponer un poco más de 4.500 millones de dólares de las reservas que administra el BCRA. Es más, en diciembre se canceló deuda pública por más de 500 millones de dólares, una cifra superior al costo fiscal de la mejora en dos pagos de 5.000 pesos a jubiladas y jubilados de la mínima.

Uso alternativo de las reservas internacionales

Solo para ejemplificar presento un ejercicio que realizamos con organizaciones territoriales involucradas en la autogestión del hábitat. En la experiencia de algunas organizaciones, el costo del m2 ronda los 770 dólares el m2, contra unos 2.000 dólares en el circuito comercial tradicional, que sirve para contrastar los beneficios de la eliminación del lucro en la resolución del problema de la vivienda en el país. Ese costo incluye pagos adecuados de la fuerza de trabajo calificada aplicada a la construcción, tanto como materiales de calidad superior a la media en el circuito comercial tradicional.

En el ejercicio que realizamos supusimos un costo superior del m2, no solo para facilitar el cálculo, sino previendo problemas de aprendizaje en la extensión de la propuesta a otros sectores no familiarizados con las técnicas de ejecución de obras que si tienen las organizaciones sobre las que pensamos el ejercicio. Digamos que la propuesta incluye el factor “aprendizaje”.

A un costo de 1.000 dólares el m2, con calidad de materiales y fuerza de trabajo de calidad superior a la media en las condiciones actuales, construir 100 viviendas de 65m2 cada una, aproximadamente unos 6.500m2 insumirían un costo de 6,5 millones de dólares. La experiencia ocuparía a unos 50 trabajadores directos (aplicados a la construcción, incluidos profesionales de asistencia) y 50 indirectos (afectados a la producción de materiales y herramientas de la construcción), un total de 100 trabajadores durante el tiempo de construcción estimado en 24 a 36 meses (según la disponibilidad de fondos, tierras y la destreza de los involucrados en el proyecto.

Si se utilizaran los más de 1.300 millones de dólares de reservas internacionales, afectados a cancelación de la deuda pública que se autorizó en estos días, a la construcción de viviendas bajo las condiciones y costos anteriormente identificados supone la construcción de 20.000 viviendas en 24 meses; involucrando a 20.000 trabajadores durante 24 meses, la mitad de manera directa (10.000 trabajadores de la construcción) y la otra mitad de manera indirecta (10.000 trabajadores en la producción de materiales, máquinas y herramientas necesaria para la construcción). Son 20.000 viviendas x 65 m2= 1.300.000 m2 x 1.000 dólares de costo el m2, entonces son 1.300.000.000 dólares. Valor de construcción de 20.000 viviendas por mecanismo de autogestión: 1.300 millones de dólares (similar a las reservas utilizadas para cancelar deuda en enero 2020).

Con el ejercicio anterior vale el interrogante del uso alternativo de más de 4.500 millones de dólares de reservas internacionales para cancelar deuda pública. ¿Cuál es la ventaja de destinar 4.500 millones de dólares a cancelar una deuda impagable, si alternativamente pueden usarse para construir 69.230 viviendas de 65 m2 c/u, las que se construirían en dos años? Unos 70.000 trabajadores se involucrarían en la actividad.

El ejercicio pretende mostrar usos alternativos de las reservas internacionales, que no debieran utilizarse para cancelar una deuda ilegitima y odiosa, tal como reclaman en estas horas la “Pastoral Social” en su documento “La deuda social es la gran deuda de los argentinos»^[2], o en sendas propuestas elevadas al Ministerio de Economía por ATTAC-Argentina en conjunto con el Comité de Anulación de las Deudas Ilegitimas, CADTM, por un lado, y el Servicio Paz y Justicia y Diálogo 2000 por el otro.^[3] En estos dos casos, las presentaciones se hicieron con fecha 3 de diciembre ante la invitación a los acreedores de la deuda pública para presentar propuestas de refinanciación por parte de las autoridades argentinas.

Las misivas de las organizaciones sociales demandan que no solo se escuche la voz y propuestas de los acreedores, sino también y muy especialmente la del pueblo, principal afectado por la política de endeudamiento recurrente.

¿Qué esperar del 2020 y más allá?

Todo dependerá de la organización social y el programa que se construya en el conflicto. Es una conclusión a propósito de los recientes acontecimientos en la Provincia de Mendoza.

En efecto, el sentido común de este tiempo, favorable al desarrollo del capitalismo, sugiere que todo debe derivarse de inversiones externas que dinamicen la actividad económica, que sin inversores no hay reactivación, ni empleo, ni salarios ni ganancias y mucho menos condiciones para sustentar el Estado y cumplir con las obligaciones contraídas, sean los derechos constitucionales o las acreencias externas. Desde ese consenso mayoritario la Provincia de Mendoza modificó la Ley de protección del agua a favor de las inversiones mineras, con aval parlamentario de los principales partidos que hoy gobiernan el país, sean oficialistas u opositores.

La respuesta social masiva desarmó el objetivo por la mega minería a cielo abierto y defendió el derecho a la defensa de los “comunes”, entre ellos el agua. Más allá del consenso mediático e ideológico de cómo salir de la situación económica actual, la sociedad movilizada se impuso, asentado su poder en una acumulación gestada por años de reuniones, asambleas, campañas y múltiples mecanismos de difusión contra-hegemónica de un programa, no solo de defensa del agua, sino de propuestas alternativas al modelo productivo y de desarrollo.

Por eso el ejercicio presentado anteriormente, a modo de ejemplo sobre lo que puede hacerse con recursos de reservas internacionales y que la recuperación de la economía no solo deviene de la iniciativa de inversores externos, sino que puede resultar de la “auto gestión” financiada por recursos públicos, o incluso del propio Estado, si es que se asume como un Estado a contramano de una lógica ideológica de que lo único posible es la norma impuesta por el Capital.

En definitiva, discernir por dónde transitará el 2020 y en perspectiva hacia el fin de la gestión gubernamental actual está más asociado a lo imponderable del accionar social en la lucha por satisfacer necesidades ampliadas de la población más afectada.

De lo contrario, el año y la gestión de los Fernández transitará más vinculado a las presiones del poder, entre ellos el complejo entramado del endeudamiento que pretende no solo cobrar a los vencimientos, o negociar en condiciones adecuadas, sino y sobre todo afirmar los reaccionarios condicionamientos establecidos en el acuerdo con el FMI, o sea, el ajuste antipopular y las reaccionarias reformas laborales y previsionales.

Buenos Aires, 5 de enero de 2020

^[1] Boletín Oficial, 23/12/2019, en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/330000-334999/333564/ley27541.pdf (consultado el 05/01/2020)

^[2] Vatican News, en: https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2020-01/comision-pastoral-social-argentina-deuda-social-deuda-externa.html (consultado el 05/01/2020)

^[3] Consultar en los sitios en internet de CADTM ABYA YALA, en: https://www.cadtm.org/ y el Blog de Dialogo 2000 en:  https://dialogo2000.blogspot.com/

Por Víctor Álvarez R.

16 diciembre, 2019

Hasta ahora, en el debate nacional los cambios políticos constituyen una condición para los cambios económicos que el país necesita. Pero en un año de cruciales elecciones parlamentarias, la secuencia es al revés: la probabilidad de un cambio económico crece con el escenario político-electoral del 2020. El oficialismo está determinado a cosechar electoralmente la impresión de mejoría económica que se está sintiendo en el país y con ese fin flexibilizará aún más los controles de cambio y de precios, y abrirá la economía a la inversión privada nacional y extranjera.

Con la eliminación del arancel de aduanas prácticamente ha liberado el comercio exterior. Ante la pulverización de la moneda nacional ha dejado que avance la dolarización para no trancar las transacciones de compra-venta por falta de bolívares. En este nuevo ambiente, el comercio refleja síntomas de mejoría y, de continuar la apertura y liberalización, es bastante probable que en el 2020 la economía venezolana se estabilice y comience a crecer.

Para continuar con la dolarización, seguramente el gobierno autorizará la apertura de cuentas en divisas en la banca nacional para que se puedan hacer a través de ella los pagos por transferencias que actualmente se hacen a través de cuentas en el exterior. Así se logrará que más divisas entren a la circulación nacional, en vez de pasar de una cuenta a otra en el sistema bancario internacional.

Una vez indexados los créditos comerciales a la evolución de la tasa de cambio oficial, el próximo paso será autorizar el otorgamiento de créditos en divisas, incluyendo las tarjetas de crédito. La libre circulación de divisas en el sistema bancario nacional permitirá a los residentes en Venezuela recibir depósitos, hacer transferencias, emitir cheques, hacer retiros por cajeros automáticos.

Incentivos a la inversión extranjera para aliviar las sanciones

El gobierno de Maduro quiere aprovechar la capacidad de lobby de las grandes compañías petroleras para flexibilizar las sanciones en contra de Pdvsa y así levantar la extracción de crudos. Los incentivos que ofrezca a los inversionistas extranjeros pueden traducirse en una creciente presión sobre la Administración Trump para que flexibilice y modere las sanciones financieras y comerciales.

Para aliviar el peso de la deuda pública, el gobierno puede estimular la conversión de deuda en inversión, entregando como parte de pago un porcentaje de las acciones que posee en empresas mixtas y públicas que serían gestionadas por el inversionista privado. A través de la Ley de Concesiones, también puede ceder a la inversión privada la operación de hoteles, puertos, aeropuertos, autopistas, etc.

En 2020, Venezuela puede entrar en un proceso de chinización de la economía en la que un gobierno que ratifica su carácter socialista, estimula la inversión privada con incentivos tributarios, cambiarios, arancelarios y de otra índole que contribuyan a la reactivación económica, la generación de nuevas fuentes de empleo e ingresos en divisas para el país. Esto ampliaría los espacios para una economía de mercado en la que se respetan los derechos de propiedad y las ganancias empresariales

Permitir mayoría privada en los proyectos de la FPO

Las compañías transnacionales socias de Pdvsa en las empresas mixtas de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) se han quejado del férreo control que ejerce Pdvsa sobre la operación de los campos, cuestión que se traduce en cuellos de botella que afectan la producción de crudos.

Operar adecuadamente los campos petroleros exige mucha eficiencia a la hora de tomar decisiones de exploración, perforación y extracción que exigen contratar proveedores, adquirir equipos, construir obras. Estas se ven obstaculizadas por el entramado de controles que rige a las empresas públicas, los cuales se convierten en un caldo de cultivo para el tráfico de influencias y la corrupción.

Al no contar con el personal calificado, asuntos clave quedan en manos inexpertas que toman decisiones equivocadas y afectan la buena marcha de la industria petrolera.

Por si fuera poco, debido a las sanciones, estas operaciones de compra de bienes y contratación de obras se complican todavía más. Un margen de maniobra para sortear tales obstáculos sería transferir el manejo de estas operaciones al socio privado, pero este tendría que ser el accionista mayoritario. En un contexto en el que las cuentas de Pdvsa están muy restringidas por las sanciones, al reducir la participación estatal, el socio privado tendría mayor flexibilidad para movilizar recursos en la banca internacional.

Por esta razón, el gobierno evalúa la conveniencia y viabilidad de adelantar una reforma del marco legal y regulatorio. Algunas propuestas se enfocan en reformar la Ley Orgánica de Hidrocarburos para permitir la participación mayoritaria del inversionista privado, mientras que para otras basta con modificar los términos y condiciones de los contratos de las empresas mixtas para eliminar la cláusula que impide a Pdvsa “transferir su función como operador” de las áreas petroleras.

El quid de la cuestión está en que los inversionistas exigen aprobar los contratos en la AN y no en la ANC, lo cual es una presión adicional para levantar la condición de desacato en la que se mantiene al parlamento venezolano.

En este contexto, hay un escenario favorable al logro de acuerdos políticos que refuercen el lobby internacional para flexibilizar las sanciones que pesan sobre Pdvsa. En el oficialismo hay viento a favor de esta apertura y liberalización. La motivación es que a finales de 2020 -justo en la antesala de las elecciones parlamentarias-, la recuperación de la producción petrolera, la reactivación económica, la superación de la escasez, la impresión de abundancia y el control de la hiperinflación sean las mejores credenciales de los candidatos oficialistas para aumentar su probabilidad de ganar la diputación en sus respectivos circuitos y así llevar al Gobierno a recuperar el control de la Asamblea Nacional.

Con una oposición desgastada y dividida por sus pugnas internas, cualquier espejismo de mejoría económica puede contribuir a aumentar la opción de los candidatos oficialistas para que Maduro recupere el control del Poder Legislativo. Esto sería el fin de Juan Guaidó como Presidente de la AN y de la estrategia que lo llevó a la Presidencia interina con el reconocimiento de más de 50 países. Sin lugar a dudas, un poderoso incentivo para que el gobierno de Maduro profundice la liberalización y apertura de la industria petrolera y de la economía nacional.