La flamante ministra de Seguridad ha dado a publicidad hace días un conjunto de amenazas sin siquiera apariencia de legalidad. Hasta la más remota “complicidad” con movilizaciones públicas podrá ser penada y objeto de las pulsiones desenfrenadas a la violencia de las “fuerzas federales”.
Días después de la emisión de su protocolo, y ante la marcha convocada para el 20 de diciembre por las organizaciones sociales y otras fuerzas con vocación de resistencia, Patricia Bullrich reforzó su apuesta. Conminó a los potenciales manifestantes a no ir a la marcha, quedándose en su casa o dedicándose a otras actividades de carácter laboral. “Vagos, vayan a trabajar”, fue la diatriba apenas implícita.
Repudio indispensable, apoyos variados.
Quizás no haya que limitarse al imprescindible rechazo a los dichos de la ministra, sino incorporar algunas otras dimensiones.
En primer lugar, hay que considerar que el discurso “antipiquetero” cuenta con cierto consenso social. Son muchísimxs les habitantes de Buenos Aires que manifiestan su hartazgo ante los cortes de calles y avenidas, porque les hacen perder tiempo y a menudo los fuerzan a postergar o perder actividades con horario fijo. Quien les prometa liberar el tránsito urbano contará, al menos al principio, con su simpatía.
Además, no se trata sólo de “antipiqueterismo”: Abundan quienes repudian cualquier tipo de actividad callejera o manifestación social o política colectiva. Cierto que con la muy probable excepción de las que defienden sus intereses, sus creencias, o incluso las que reflejan algún capricho. A comenzar por la propia ministra. A ella misma se le ha recordado las repetidas veces en las que participó en cortes de ruta “del campo”, cacerolazos antikirchneristas o manifestaciones negadoras de la pandemia.
Debe recordarse también que basta transitar las proximidades de una manifestación para escuchar frases del tipo “por qué no van a trabajar” o, con más precisión “si trabajaran como nosotros no tendrían tiempo para molestar en la calle”. Cabe remarcar, no se trata sólo de la monserga “antichoriplanera”, con claro sesgo clasista, sino de antipatía ante cualquier militancia cuestionadora. Y en algunos casos, a casi cualquier acción pública y colectiva, con las implícitas excepciones que ya señalamos. Y a menudo se expresan así trabajadores y empobrecidos.
Asimismo pueden sumarse al consenso hacia la represión ciertos fóbicos hacia toda manifestación ostensible de pobreza. Son les que sueñan con “limpiar las calles” de cualquier sujeto empobrecido que las frecuente. No quieren la “molestia” de quienes están “en situación de calle”. Y por añadidura tampoco la de un muy heterogéneo conjunto formado por cartoneros, vendedores ambulantes o “manteros”, personas que piden limosna en las veredas, etc.
Hasta caen en la volteada quienes están en la vía pública no necesariamente por sufrir pobreza: Hasta talentosos músicos callejeros o hábiles acróbatas que realizan su actividad en los semáforos padecen intentos de desplazamiento o alaridos de repudio, proferidos por “vecinos de bien.”
Escrito lo anterior, valga la advertencia de que no se debe imaginar a una amplia mayoría social más que predispuesta a rechazar el tipo de políticas represivas que nos ocupa. Ni proyectar acciones que descansen sobre ese supuesto.
Y que si se pretende convocar con éxito a quienes realmente no comulgan con el “protocolo”, quizás haya que enfatizar en una cadena de responsabilidades mucho más amplia que la de la ministra de Seguridad, sus colaboradores inmediatos y las fuerzas “de seguridad” que les responden.
El nuevo presidente se ha encargado de difundir frases intimidatorias como “dentro de la ley todo fuera de la ley nada” y otra mucho más concreta en su propósito de amedrentamiento como “el que corta no cobra”. Puede resultar muy obvio, pero vale reiterarlo. Y el ministro de Economía del anuncio de que el Potenciar Trabajo y planes similares quedan con sus importes congelados. Alerga a que los precarizados se organicen y se hagan visibles.
No estamos ante la política de una ministra aislada, sino frente a un conjunto de acciones planeadas y propiciadas por un gobierno entero. Y como sustento en la violencia física de un paquete de medidas económicas dotado de un desmesurado contenido de violencia social y simbólica. Eso con respaldo implícito o explícito de connotados representantes de las clases dominantes. Y no se trata solamente de Cristiano Rattazzi, de la Fiat, apenas el más conspicuo de los antipiqueteros millonarios.
La negativa al avasallamiento.
El otro capítulo, por supuesto, es el rechazo social, político, jurídico y cultural insoslayable a los anuncios de Patricia Bullrich, preñados de ensañamiento. Baste para mostrar la saña la amenaza de sanciones contra los migrantes que participen de acciones públicas o el propósito de reprimir incluso cuando se dejen carriles libres o esté a disposición una vía alternativa.
Bullrich en su flamante rol de ministra.
Por fortuna, ya menudean los pronunciamientos que asumen el sostén del derecho a la protesta pacífica, de raigambre constitucional y alcance internacional. Que es asimismo basamento de otros derechos humanos básicos, en primer lugar el de la libertad de expresión. Hasta la circunspecta y más bien conservadora Asociación de Magistrados, que nuclea a los jueces, se expidió en tono negativo al respecto.
Pero eso no basta, se necesitará la presencia masiva en las calles, amplia y diversa. Pero tampoco alcanzará, será inexcusable reemprender con imaginación y entusiasmo la “batalla cultural” que las derechas extremas y “tradicionales” suponen que han ganado. O quieren hacer creer que así lo piensan.
Los movimientos populares de diversas prácticas, tradiciones, identidades y puntos de mira hasta ahora prioritarios pueden converger. Mejor si es portando impugnaciones integrales, de fondo, de perspectiva anticapitalista contra quienes quieren remodelar nuestro país (y el mundo entero) a la medida de su acumulación de capital, su búsqueda insaciable de ganancias y las creencias retrógradas que profesan. Y que en esa “tarea” obtienen consensos nada desdeñables, insistimos.
Los de “arriba” parecen haber entendido que requieren para cumplir sus fines combinar el consentimiento y la fuerza. Otra cosa es que dominen y apliquen con éxito los modos de desarrollar y combinar ambos elementos.
Desde abajo será menester una respuesta rica y múltiple. Para ello constituirá un requisito que no subsista la dispersión, entre otros factores que restan fuerza y capacidad de convencimiento a quienes estamos en este lado de la vida.
Daniel Campione en Facebook.
@DanielCampione5 en X.
Fuente: https://tramas.ar/2023/12/17/el-protocolo-antipiquetes-y-sus-fantasmas/