En un breve trabajo se despliegan interrogantes y cuestionamientos sobre el Poder Judicial, a partir de disquisiciones en torno al valor “justicia”. Todo el escrito está vertebrado por la crítica a la “judicialización” de la política y a los rasgos antidemocráticos del Poder Judicial.
Ivonne Blajean Bent-María Victoria Nemeth.
Radiografía de la justicia: su estructura y funcionamiento.
1ª edición. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Continente, 2022.
112 páginas.
En poco más de cien páginas, y tras un eficaz prólogo del fiscal Federico Delgado, se despliega un recorrido que va desde las elaboraciones de la Grecia clásica hasta la estricta actualidad nacional. Las autoras son dos estudiosas que no provienen del campo estrictamente jurídico sino de la comunicación social, lo que facilita matices interesantes.
Un libro de este carácter toma especial relevancia a la luz de los acontecimientos de los últimos meses. El poder judicial, y en particular la Corte Suprema de Justicia que oficia como su órgano máximo, se han lanzado a una ofensiva en toda regla contra decisiones de los otros poderes del Estado.
No es un hecho aislado ni específico de nuestro país, son variadas las sociedades en las que los jueces amplían su poder y hacen pasar el imperio de la arbitrariedad por el dominio de la legalidad y el equilibrio.
Sin ningún disimulo, las decisiones de los jueces se inclinan a favor de la oposición de derecha y de todas las instancias del poder económico y comunicacional. Ese conjunto de actores recibe con entusiasmo la demostración cotidiana de que poderes elegidos por el voto popular ven recortadas sus atribuciones por una instancia colocada al margen de las inclinaciones de las mayorías.
Entretanto, las denuncias penales suelen sustituir al debate público. Y cualquier decisión con la que se disiente estigmatizada como de “inusitada gravedad institucional”. Ya no es necesario discutir la oportunidad y el mérito de una política pública, basta con impugnarla con argumentos de raíz legal. Si se puede poner en juego alguna cláusula de la Constitución, mejor todavía.
Un coto cerrado a la soberanía popular.
Las autoras recorren varios caminos para hacer la crítica de este poder “contramayoritario”, puesto allí para ser “freno” y “contrapeso” (de acuerdo a la terminología estadounidense), de las instancias que obtienen su fuente de legitimidad de la voluntad popular.
Los jueces están en sus puestos luego de atravesar complejos sistemas de selección y gracias a la posesión de un saber que vuelcan en un lenguaje críptico y en actuaciones difíciles de comprender. Que tienen como resultado decisiones alejadas de los intereses de las mayorías.
Como bien se argumenta en el libro, la “independencia” judicial está concebida para proteger a minorías poderosas de los impulsos de las mayorías. Para contrarrestar el espíritu de asamblea contenido en los orígenes de las democracias modernas, se alentaron los mecanismos de la “representación”. Para aquellos casos en que las cortapisas “representativas” fallan, allí están los órganos judiciales.
Ellos son emanación de una sociedad desigual, y sus atribuciones se han diseñado para preservar esa desigualdad. La protección de las libertades individuales es el principal pretexto para legitimar su esfera de influencia. La defensa de la propiedad privada frente a cualquier amenaza en acto o en potencia, la verdadera raíz de su accionar.
En Argentina los jueces se integran a la batalla contra el llamado “populismo” y absuelven o condenan según el color político de quienes son procesados. Las pruebas pueden ser lo de menos, las formalidades de la llamada “administración de justicia” susceptibles de ser amañadas hasta volverse irreconocibles.
Corona esas prácticas la Corte, erigida en guardián del republicanismo, siendo que la mitad de sus miembros aceptaron en su momento ser designados por decreto.
Con poder judicial “independiente” no hay democracia.
La obra que analizamos refleja algunas preocupaciones acertadas. Cuestiona los espacios elitistas, por definición ajenos a la deliberación democrática. Y visualiza que la ampliación progresiva de sus poderes equivale de modo inexorable a una mengua de la calidad de “gobierno del pueblo” del sistema político imperante.
No parece tan pertinente la inquietud por la “credibilidad” de la “justicia”. Es en vano aspirar a un poder judicial “creíble” cuando su concepción misma alienta a que la convicción que le interesa sustentar es la de los poderosos. Ellos deben sentirse defendidos sin desmayos por los encargados de administrar los conflictos que tocan cuestiones legales.
Reformas importantes, como la implantación del juicio por jurados o la fijación de un límite temporal para el mandato de los funcionarios judiciales, corren fuerte riesgo de verse neutralizadas en el contorno de una democracia menguante, que facilita que el peso de la ley se incline casi siempre en la misma dirección.
Sólo una reforma integral de la institucionalidad política puede habilitar un cambio profundo en las instancias judiciales. Impera hoy la lógica de que el “pueblo soberano” sólo tenga como facultad decisoria un voto periódico manipulable de mil maneras. Puede resultar vano cualquier emprendimiento transformador que pretenda circunscribirse al poder judicial.
Ese poder se relaciona con las llamadas fuerzas de seguridad, con los servicios secretos y otros “sótanos” de la sociedad, es cierto. Pero sus vínculos más fuertes y operativos no van en dirección al subsuelo sino hacia la cúspide social.
Dotados de fuertes privilegios, formados en ámbitos que se pretenden selectos, los magistrados se sienten integrados e identificados con las clases dominantes. El voto les parece una fuente de legitimidad cuestionable y, quizás, prescindible.
Sobre el final del libro se enfatiza con justeza que la sociedad está surcada por profundas desigualdades. Y que parte decisiva de los cambios deseables radican en que esas disparidades dejen de existir.
El corolario que nos parece falta en la obra es el de que una mayor intervención ciudadana, continuada y creciente, no depende de diseños institucionales. Sino de la movilización masiva consciente en pro de transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales de intención y alcance radical.
No habrá un poder judicial de sentido diferente sin una alteración raigal de las relaciones de fuerzas, con basamento en la desposesión del poder económico, el que tiende siempre a la concentración de la riqueza y con ella del poder de decisión en todos los campos.
En una sociedad basada en el poder popular construido desde abajo, ya no habrá lugar para instituciones “contramayoritarias” ni espacios de presunción aristocrática, sustraídos a la voluntad popular. La justicia de las mayorías es incompatible con la “justicia” del poder burgués.
Los tribunales no deben habitar en un “palacio” sino en edificios públicos con las puertas abiertas a las voces de la calle. Las mismas que desconfían de ceremonias y solemnidades. Y pueden terminar con las “togas” encargadas de revestir los intereses de los poderosos de la sedicente “legalidad” antipopular.
Fuente: https://tramas.ar/2022/12/24/la-justicia-poder-contra-el-pueblo/