Luego de la presión de las movilizaciones, frazadazos, juntadas de firmas, presentando impugnaciones, protestas de vecinos y de diversas instituciones comerciales y sociales, junto a medidas cautelares en distintos lugares del país, el tarifazo del gobierno de Macri ha encontrado un límite que hay que robustecer.
Las medidas judiciales, si bien son por 90 días, argumentan que no se realizaron “audiencias públicas” para poder modificar el cuadro tarifario y así poder instalar los tarifazos en los servicios elementales como la luz y el gas. Ya se habían anulado los aumentos en el gas en varias provincias como Santa Cruz, Neuquén, Chubut, Río Negro, San Luis, Santa Fe, Jujuy, entre otras. Ahora el freno al tarifazo es nacional.
Queda claro que estas medidas, que provienen desde la justicia, tienen un sustento determinante en el profundo rechazo social que generó el tarifazo generalizado en todos los servicios. La presión social que se viene manifestando de distintas maneras empujó para que la justicia tenga que frenar al gobierno en su intento de instalar definitivamente el aumento de las tarifas.
Macri y Aranguren son los mentores de esta política. Y hoy están golpeados. El Presidente Macri, que hace pocas horas dijo que “la gente entendió y acompaña” a los tarifazos queda por lo menos muy mal parado. Por su parte, el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, va a tener que explicarle al pueblo cómo se combate a la pobreza con tarifas de gas que aumentaron del 20% al 2000%, como se conoció esta semana en la Provincia de Buenos Aires y otras provincias, cuando empezaron a llegar las facturas a los domicilios.
Aranguren, que administra a la energía en el país como lo hizo en la empresa multinacional Shell y no como un bien social y un derecho humano, quizá aprenda que no le va a resultar tan sencillo instalar los tarifazos. La movilización popular, en sus diversas expresiones, le pusieron un freno rotundo al avance empresarial sobre el derecho a la energía.
Desde que se conoció el objetivo de Aranguren, que no es otro que seguir beneficiando con millones de dólares a las empresas (multinacionales) del sector energético, perjudicando al pueblo al mismo tiempo.
Por eso, creemos que lo más importante es cambiar el modelo energético de nuestro país, basado en la privatización y extranjerización de nuestras riquezas, causante de la crisis energética y los tarifazos de hoy.
Desde la FeTERA y la CTA Autónoma creemos que tiene que haber un proceso de participación social para discutir el tema energético, donde las tarifas son una consecuencia de un modelo energético que considera a la energía interesadamente como una mercancía, cuando es un bien social y un derecho humano.
Este gobierno se niega a realizar las auditorias que corresponden sobre las empresas privadas que recibieron los subsidios (antes y ahora) para saber qué pasó con esos millones de pesos del pueblo. Dónde están invertidos los subsidios que recibieron las empresas todos estos años. Y si no lo invirtieron, queremos saber por qué no lo hicieron.
Lo que ocurre de fondo en toda esta historia es que el gobierno nacional viene diseñando una política para satisfacer las ganancias empresarias del sector energético. Por eso Aranguren ni bien asumió acordó los aumentos de los combustibles y los subsidios millonarios con las petroleras.
El rechazo a los tarifazos expresa y condensa el descontento del conjunto del pueblo a toda la política liberal y neoliberal que viene implementando el gobierno de Macri con la inflación, la devaluación, el aumento de la canasta básica de alimentos, el aumento en el costo de vida general (alquileres, transporte, combustibles, etc.) que pulveriza directamente al bolsillo de los trabajadores/as.
Al mismo tiempo, y como si esto fuese poco, el gobierno nacional produjo en paralelo a los tarifazos una enorme transferencia de millones de dólares directamente hacia los sectores concentrados de la economía. Medidas como el quite a las retenciones al campo, a la minería, a las grandes industrias, y hasta el colmo de quitarle impuestos a los autos de lujo, expresan el claro horizonte hacia donde apunta el gobierno. Quitarles a las grandes mayorías y transferirlo a las minorías ricas del país y a los sectores que concentran y centralizan la riqueza.
Desde la CTA Autónoma (CTA-A) acabamos de dar a difundir un documento llamado “El macrismo: la ofensiva imperialista y neoliberal”. Allí manifestamos sobre los tarifazos lo siguiente: “Lucha contra los tarifazos donde es importante la participación de organizaciones sociales de la comunidad y también de las fuerzas políticas. La experiencia de los frazadazos se va extendiendo en el país. La que impulsamos en el plano nacional el miércoles 29 de Junio, con un amplio marco de alianzas, fue realmente exitosa y abre una línea de trabajo y de lucha junto a organizaciones sociales como las de consumidores u organizaciones vecinales y con partidos políticos”.
La lucha contra el tarifazo no termina acá. Esto es sólo una parte. El desafío para los sectores populares y los trabajadores/as es alcanzar mayores niveles de organización para dar una pelea por la energía de manera integral y en conjunto. Una pelea con mucha más fuerza. La lucha por acceder a la energía tiene que ser la lucha contra los tarifazos, pero también la lucha por una vida digna, que solo es posible en el siglo XXI, si tenemos acceso al gas, la electricidad y el agua.
Sin soberanía no hay independencia. Sin independencia no hay pueblo libre.