LA POLÍTICA DE SOBRE-ENDEUDAMIENTO MACRI

Hector Giuliano

Bajo la consigna de no emitir moneda sino emitir deuda , las nuevas autoridades están embarcadas en una verdadera carrera de re-endeudamiento y toma de deudas adicionales sin que exista la más mínima demostración de la capacidad de repago de la masa de obligaciones que se está asumiendo.

Con el agravante que la mayor parte de estas nuevas colocaciones de deuda se contrae para financiar gasto público corriente – lo que está prohibido por la Ley 24.156 de Administración Financiera del Estado – y que sucesivas decisiones del gobierno tienden a aumentar el déficit fiscal, que se cubre con más deuda.
Dentro de la actual estructura o composición de la deuda pública argentina pueden identificarse tres grandes rubros:

La deuda heredada de la administración Kirchner, que según cifras oficiales era al 31.12.2015 de 234.200 MD (Millones de Dólares): 222.700 por deuda performing o en cumplimiento del pago de intereses y 11.500 MD acumulada de los holdouts, los tenedores de bonos que no entraron en el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010.
En este total no estaban computados los cupones PBI (14.000 MD) ni el diferencial de pagos que se estima no fueron tenidos en cuenta para los holdouts (10.000 MD): en total, unos 25.000 MD.

La nueva deuda que se está tomando, que es la deuda prevista para el corriente ejercicio – según la Ley 27.198 de Presupuesto 2016 – por 23.400 MD, a la que debe sumarse los 12.500 MD de deuda para pago a los holdouts autorizados por la Ley 27.249; lo que totaliza unos 36.000 MD de nueva deuda.

A lo que debe agregarse la deuda adicional para cubrir los déficits fiscales del año 2015 y del corriente, que no se sabe a cuanto llegan en conjunto pero se estima un mínimo de 15.000 MD, lo que elevaría el monto del endeudamiento a más de 50.000 MD en el año: todo un récord histórico en materia de toma de deuda del Estado.

Sin contar la deuda que paralelamente están tomando las provincias – a tasas carísimas que oscilan entre 7.70 y más de 9 % anual en dólares (que son las más elevadas del mundo) – cuyo monto consolidado no bajaría este año de 6-7.000 MD.

El mayor desembolso de nuevos préstamos provenientes de Organismos Multilaterales de Crédito (OMC) – fundamentalmente Banco Mundial, BID y CAF – que se conceden en dólares pero se usan en su mayoría para pagar obras públicas y de infra-estructura en pesos lo que implica que, en la práctica, las divisas producto de estas nuevas deudas se ingresan a las reservas del Banco Central (BCRA), que los convierte en pesos que aumentan así la Base Monetaria y se esterilizan en gran medida con Lebacs que pagan más del 30 % anual de intereses.

La deuda cuasi-fiscal del BCRA crece de este modo en forma paralela al aumento de la deuda de la Tesorería.

A lo que se añade ahora la retoma de la política K de pago de deuda externa con reservas internacionales – Decreto 834/2016, para pago de 4.000 MD a los OMC y al Club de París – lo que disminuye obviamente el stock de divisas y se compensa con más empapelamiento del banco a través de letras intransferibles del Tesoro.

Una característica esencial que toca a estas tres fuentes de endeudamiento es que el Estado Argentino no tiene, por definición, capacidad demostrada alguna de repago porque la deuda heredada es una carga o peso muerto sobre la economía nacional, porque la nueva deuda para cubrir déficits fiscales tampoco tiene garantía de pago ya que se deriva precisamente – lo mismo que en el caso de las provincias – de los desequilibrios financieros del Estado y porque los préstamos de los OMC son tradicionalmente compensados con el otorgamiento de nuevos créditos mientras aumenta el stock total de los mismos y sus servicios de pago.

Esto significa que la administración Macri no sólo sostiene la política de Estado de endeudamiento público sin capacidad de pago o política de Deuda Perpetua sino que está agravando aceleradamente sus condiciones (tasas de interés altísimas en moneda extranjera) y sus plazos (empeoramiento del perfil de vencimientos, debido a que gran parte de las nuevas deudas está contraída en Letras del Tesoro – Letes – y/o Bonos de corto y mediano término).

Se reitera – y esto es muy importante – que estas deudas no se pueden pagar por definición , porque no solamente no están acompañadas por demostración alguna de su capacidad de repago (ni siquiera un intento de hacerlo, como tampoco ocurrió en el caso de los holdouts) sino que no pueden tenerla ya que los fondos se usan para pagar vencimientos de deudas con nuevas deudas, cubrir déficits fiscales del Estado y mantener una ambigua e innecesaria toma de deudas en moneda extranjera para pagar gastos en pesos (con el agravante que gran parte de esos préstamos de los OMC son para sufragar gastos de planes sociales o asistenciales).

No se cumple así con la ecuación elemental de tomar préstamos que tengan destino productivo y que sean aplicables al desarrollo económico ni deudas cuyas tasas de interés sean inferiores a las tasas internas de retorno (TIR) de proyectos útiles y necesarios de financiamiento en dólares para el país.

Por el contrario, la masa de obligaciones está creciendo en forma descontrolada – Estado Central, BCRA, Provincias/Municipios, Empresas Públicas, Organismos Nacionales, Fondos Fiduciarios y financiamiento adicional para pago de juicios/reclamos contra el Estado – sin garantías mínimas de repago, como no sea contrayendo futuras deudas a medida que van cayendo los vencimientos de capital y pagando cada vez más intereses.

Estos intereses, que sí se pagan – salvo una parte menor que se capitaliza por anatocismo – aumentan el Gasto Público y, consecuentemente, el Déficit Fiscal; y ese déficit se cubre con más deuda.

Se cumple así la regla del endeudamiento perpetuo – sostenida por el establishment financiero como premisa ideológica – que parte de la base que la Deuda Pública tiene que constituir una fuente permanente y no excepcional de financiamiento del Estado y que no hay problema en tomar y seguir tomando deuda sin capacidad de pago refinanciando continuamente los vencimientos de capital mientras haya fondos para poder pagar los intereses (intereses crecientes que presionan sobre el gasto público y determinan aumentos adicionales del déficit fiscal que son cubiertos con más re-endeudamiento).

Es la política institucional financieramente irresponsable de fabricar deuda y déficits fiscales que se cubren sistemáticamente con nuevas deudas: una política que agrava la hipoteca presente y futura de las cuentas nacionales; y que es ejecutada por un gobierno cuyo funcionariado superior está actuando bajo conflicto de intereses con los bancos prestamistas y colocadores de deuda en detrimento del Estado.

Lic. Héctor L. GIULIANO
Asesor del
FORO ARGENTINO de la DEUDA EXTERNA
Foro Regional La Plata, Berisso y Ensenada

Inflación, recaudación y ajuste

Julio Gambina

La lógica es el descontento social extendido y por eso las movilizaciones, antes contra los despidos y suspensiones (que continúan), y ahora contra el incremento de tarifas, que escalaron esta semana en un “ruidazo” en diferentes ciudades de todo el país. Como siempre, se adujeron motivaciones políticas a la movida, y realmente la tiene, ya que toda manifestación pública es política. La movilización expresa la voluntad de una parte de la población, lo mismo que algunos otros opinan, también políticamente, que hay que esperar a que la política oficial fructifique.
En este sentido bien vale recorrer la historia cercana de la inflación, ya que si el INDEC falseaba las cifras y señalaba para mayo del 2015 una evolución de precios del 1%, el promedio de las mediciones particulares indicaban un 2,1%, un indicador que busca ansiosamente el gobierno para cumplir con su imposible objetivo del 25% establecido para este 2016 y que ahora señala un 17% para el 2017.
Insistamos, el objetivo de evolución de los precios del gobierno Macri coincide con la inflación medida por las consultoras a mayo del año pasado, confirmando que no resuelve los problemas que denunciaba en su momento con el escamoteo de datos del INDEC. Resulta que iban a combatir la inflación del 2% mensual que ellos medían y ahora buscan contener la inflación en 2% como el ideal para este año.
El diagnóstico ortodoxo gubernamental culpabiliza el ascenso de los precios a la emisión monetaria y por eso provocó desde el BCRA una dura política de restricción monetaria. Subió la tasa de interés pagadas en Letras del Banco Central, LEBAC a 35 días, ahora al 30%, con picos en este tiempo del 38%, encareciendo el crédito, promoviendo la especulación con títulos y compitiendo con el tipo de cambio que está contenido en torno a los 15 pesos por dólar luego de la devaluación de diciembre 2015.
La hipótesis del gobierno era que los precios habían escalado a noviembre del 2015 con la referencia del dólar paralelo, blue o ilegal a 15 pesos por un dólar, con lo cual, el “sinceramiento” que imaginaban con la devaluación no se trasladaría a precios.
¿Qué ocurrió? La realidad nos demuestra subas de precios desde diciembre del 2015 de 5,2%, según las consultoras privadas (el INDEC había dejado de informar), y una continuidad inflacionaria desde entonces, que osciló entre 3,15% y 4,95%.
Ahora, con mediciones oficiales del INDEC los datos señalan un 4,2% para mayo y 3,1% para Junio, que promueve una inflación para todo el año superior al 40%. De continuar esta tendencia a la baja de los precios, resultado de la recesión y el ajuste provocado por el gobierno Macri, llegaríamos al objetivo del 2% mensual.

Enfaticemos que se trata de un objetivo que es similar al punto de partida de la inflación criticada hacia mayo del pasado año. De hecho, hemos vuelto al punto de partida pero agravando la situación recesiva y deteriorando la capacidad adquisitiva de la mayoría de la población y encima, vuelven a escucharse voces de atraso cambiario, ya que la inflación de precios se habría comido la devaluación de diciembre.

Recaudación y papel del Estado

El impacto de las medidas de política económica del gobierno es lesivo para la recaudación fiscal.

Los datos de la AFIP dicen que la recaudación del último mes creció un 27,5% respecto del mismo mes del pasado año, pero el problema es que la inflación anualizada alcanza al 45,7% y por lo tanto, se verifica una merma de los recursos fiscales para atender las necesidades presupuestarias.

Ante la situación fiscal resultante, la lógica oficialista es el ajuste, condicionado por obligaciones que jamás son puestas en duda, caso de las cancelaciones de los compromisos de deuda. La deuda con la sociedad crece mientras se cancela la contraída, sin investigaciones, con los acreedores externos.

Desde la oposición política, el actual gobierno sostenía que había que bajar la presión fiscal vía eliminación de las retenciones y al mismo tiempo terminar con los subsidios a las tarifas. La ejecución sin anestesia de ese programa culmina en el desfinanciamiento del Estado actual y un desorden descomunal en materia de tarifas, que por ahora escamotea el tema de fondo que es el modelo energético de privatización construido desde los años 90´.

El fenómeno que dispara las movilizaciones contra el tarifazo es la imposibilidad de pagar de gran parte de la población, cuyos ingresos han sido afectados por la política económica en curso, pero no incluye, salvo excepciones una discusión a fondo sobre la política energética necesaria.

La concepción prevalente desde los 90´ es la mercantilización de la energía y por eso la continuidad de operadores foráneos, con subsidios estatales o sin ellos, y un Estado favoreciendo vía regulaciones y ausencias de control sobre régimen de inversión u otros compromisos de las empresas, o con subsidios, o compras amañadas como hoy se denuncian respecto de la adquisición de Gas a Shell vía Chile.

Para superar la concepción mercantil sobre la energía, se necesita generar conciencia sobre el “derecho a la energía”, lo que supone una disputa más allá de las tarifas y asociada a la lucha por la des-mercantilización de la economía, lo que supone una perspectiva de acumulación de poder popular para construir otra política, con otros beneficiarios.

Como vemos, no se trata de hacer participar al Estado o al Mercado, sino que en tanto relaciones sociales expresadas por ambas categorías, lo que interesa es al servicio de quién y para qué proyecto interviene el Estado.

En definitiva, el Estado capitalista promueve el Mercado capitalista. Por eso tiene que pensarse y construirse un rumbo transicional para superar al capitalismo, sin lo cual, el debate Estado versus Mercado no tiene sentido, ya que se elude la cuestión de fondo que define el orden económico, social, político y cultural del régimen del capital..

En síntesis

La solución ofrecida era devaluación, quita de retenciones, de subsidios y que el mercado reordene.

Todo indica que vuelven las presiones para otra devaluación y el BCRA se preocupa que el tipo de cambio no se retrase más, con lo cual hacen lo que criticaban: interviene el Estado en el mercado.

Con la eliminación o disminución de retenciones se produjo una gigantesca transferencia de ingresos a grandes empresarios productores y exportadores, del agro, la minería y la industria, en desmedro del conjunto social.

Al eliminar subsidios y trasladarlos a precios generaron protestas que llegaron a la justicia y habilita un tiempo de tensiones y disputas para satisfacer la demanda de las empresas por precios que aseguren alta rentabilidad, o de los usuarios que deberán radicalizar sus protestas y demandas para intervenir en la discusión sobre el modelo energético.

Las respuestas propagandísticas del PRO y CAMBIEMOS en campaña electoral, y ahora en el gobierno, no resultan soluciones para la sociedad y solo satisfacen la aspiración de ganancias de sectores hegemónicos del capitalismo local.

El problema a desentrañar es precisamente el orden capitalista y por eso, para que la política popular pueda tener éxito requiere de luchas con perspectivas más allá del orden capitalista. Todo un desafío para la sociedad y el movimiento popular.

Tarifazo, soberanía e independencia

José Rigane

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Luego de la presión de las movilizaciones, frazadazos, juntadas de firmas, presentando impugnaciones, protestas de vecinos y de diversas instituciones comerciales y sociales, junto a medidas cautelares en distintos lugares del país, el tarifazo del gobierno de Macri ha encontrado un límite que hay que robustecer.

Las medidas judiciales, si bien son por 90 días, argumentan que no se realizaron “audiencias públicas” para poder modificar el cuadro tarifario y así poder instalar los tarifazos en los servicios elementales como la luz y el gas. Ya se habían anulado los aumentos en el gas en varias provincias como Santa Cruz, Neuquén, Chubut, Río Negro, San Luis, Santa Fe, Jujuy, entre otras. Ahora el freno al tarifazo es nacional.

Queda claro que estas medidas, que provienen desde la justicia, tienen un sustento determinante en el profundo rechazo social que generó el tarifazo generalizado en todos los servicios. La presión social que se viene manifestando de distintas maneras empujó para que la justicia tenga que frenar al gobierno en su intento de instalar definitivamente el aumento de las tarifas.

Macri y Aranguren son los mentores de esta política. Y hoy están golpeados. El Presidente Macri, que hace pocas horas dijo que “la gente entendió y acompaña” a los tarifazos queda por lo menos muy mal parado. Por su parte, el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, va a tener que explicarle al pueblo cómo se combate a la pobreza con tarifas de gas que aumentaron del 20% al 2000%, como se conoció esta semana en la Provincia de Buenos Aires y otras provincias, cuando empezaron a llegar las facturas a los domicilios.

Aranguren, que administra a la energía en el país como lo hizo en la empresa multinacional Shell y no como un bien social y un derecho humano, quizá aprenda que no le va a resultar tan sencillo instalar los tarifazos. La movilización popular, en sus diversas expresiones, le pusieron un freno rotundo al avance empresarial sobre el derecho a la energía.

Desde que se conoció el objetivo de Aranguren, que no es otro que seguir beneficiando con millones de dólares a las empresas (multinacionales) del sector energético, perjudicando al pueblo al mismo tiempo.

Por eso, creemos que lo más importante es cambiar el modelo energético de nuestro país, basado en la privatización y extranjerización de nuestras riquezas, causante de la crisis energética y los tarifazos de hoy.

Desde la FeTERA y la CTA Autónoma creemos que tiene que haber un proceso de participación social para discutir el tema energético, donde las tarifas son una consecuencia de un modelo energético que considera a la energía interesadamente como una mercancía, cuando es un bien social y un derecho humano.

Este gobierno se niega a realizar las auditorias que corresponden sobre las empresas privadas que recibieron los subsidios (antes y ahora) para saber qué pasó con esos millones de pesos del pueblo. Dónde están invertidos los subsidios que recibieron las empresas todos estos años. Y si no lo invirtieron, queremos saber por qué no lo hicieron.

Lo que ocurre de fondo en toda esta historia es que el gobierno nacional viene diseñando una política para satisfacer las ganancias empresarias del sector energético. Por eso Aranguren ni bien asumió acordó los aumentos de los combustibles y los subsidios millonarios con las petroleras.

El rechazo a los tarifazos expresa y condensa el descontento del conjunto del pueblo a toda la política liberal y neoliberal que viene implementando el gobierno de Macri con la inflación, la devaluación, el aumento de la canasta básica de alimentos, el aumento en el costo de vida general (alquileres, transporte, combustibles, etc.) que pulveriza directamente al bolsillo de los trabajadores/as.

Al mismo tiempo, y como si esto fuese poco, el gobierno nacional produjo en paralelo a los tarifazos una enorme transferencia de millones de dólares directamente hacia los sectores concentrados de la economía. Medidas como el quite a las retenciones al campo, a la minería, a las grandes industrias, y hasta el colmo de quitarle impuestos a los autos de lujo, expresan el claro horizonte hacia donde apunta el gobierno. Quitarles a las grandes mayorías y transferirlo a las minorías ricas del país y a los sectores que concentran y centralizan la riqueza.

Desde la CTA Autónoma (CTA-A) acabamos de dar a difundir un documento llamado “El macrismo: la ofensiva imperialista y neoliberal”. Allí manifestamos sobre los tarifazos lo siguiente: “Lucha contra los tarifazos donde es importante la participación de organizaciones sociales de la comunidad y también de las fuerzas políticas. La experiencia de los frazadazos se va extendiendo en el país. La que impulsamos en el plano nacional el miércoles 29 de Junio, con un amplio marco de alianzas, fue realmente exitosa y abre una línea de trabajo y de lucha junto a organizaciones sociales como las de consumidores u organizaciones vecinales y con partidos políticos”.

La lucha contra el tarifazo no termina acá. Esto es sólo una parte. El desafío para los sectores populares y los trabajadores/as es alcanzar mayores niveles de organización para dar una pelea por la energía de manera integral y en conjunto. Una pelea con mucha más fuerza. La lucha por acceder a la energía tiene que ser la lucha contra los tarifazos, pero también la lucha por una vida digna, que solo es posible en el siglo XXI, si tenemos acceso al gas, la electricidad y el agua.

Sin soberanía no hay independencia. Sin independencia no hay pueblo libre.

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Bicentenario de la Independencia y gobierno Macri

Julio Gambina

Tanto la revolución de mayo de 1810 como la celebración independentista en Tucumán de 1816 pretendían insertar a la nueva Nación en curso de formación al ritmo del desarrollo capitalista de la economía mundial, lo que puede traducirse en la lucha por el libre comercio para el Río de la Plata, contra las restricciones que suponía la dependencia colonial de la corona española.

El libre comercio expresaba la naciente fuerza de la producción capitalista y la disputa entre las viejas naciones hegemónicas, Inglaterra y Francia; y las nuevas emergentes de época: Alemania y EEUU. Insertar a la Argentina en el libre comercio fue el programa de 1810 y 1816, insistamos, contra las restricciones del régimen colonial.

La gesta por la independencia confrontaba con el régimen colonial y pregonaba la inserción en el régimen económico mundial, el libre cambio y el desarrollo capitalista. Ello imponía la necesaria conformación de la dualidad social necesaria de las relaciones de explotación, lo que hoy podemos explicar con la impresionante inmigración que dio lugar a la conformación del proletariado en la Argentina, pero también a la radicación de capitales externos que delineó la hegemonía del régimen capitalista local.

Sin trabajadores e inversores capitalistas no existía la posibilidad del desarrollo de las relaciones capitalistas de producción. El programa de 1810 y de 1816 habilitó ese proceso y por eso también, en la tradición cultural local no se contempla, en términos generales, las demandas de los pueblos indígenas originarios, no contenidos por el sujeto independentista a comienzos del Siglo XIX y mucho menos por el programa relativo al modelo productivo y de desarrollo.
Centenario de 1916

La Argentina celebró el centenario con restricciones políticas (estado de sitio) y auge económico de las clases dominantes de época: la oligarquía terrateniente y el gran capital externo asentado en el agro y la exportación, la infraestructura, especialmente ferrocarriles y en la banca, canal del viejo y sempiterno endeudamiento público de la Argentina.

Fueron las protestas sociales, obreras, las que dieron la nota de un capitalismo pujante, con crecimiento económico y conflicto social evidente en un marco de proyecto de desarrollo inspirado en un imaginario de inserción exitosa en el mercado mundial capitalista. De allí surge la imagen de Argentina potencia, proveedora de alimentos al mundo: carne y trigo principalmente.

Ese mismo 1916, Lenin, el revolucionario ruso escribió uno de sus folletos más discutido aún en el presente: “El imperialismo, etapa superior del capitalismo”, donde daba cuenta de las transformaciones económicas en el capitalismo mundial, desde el libre comercio estudiado por Marx al monopolio, y de la dominación del capital industrial al financiero, entendido éste como la fusión del capital industrial y el bancario.

Vale destacar que en ese análisis, Lenin resalta el carácter dependiente de la Argentina, señalando respecto de la “política colonial en la época del imperialismo capitalista”, que además de países que poseen colonias y las colonias propiamente dichas, también “es característico de la época, las formas variadas de países dependientes que, desde un punto de vista formal, son políticamente independientes, pero que en realidad se hallan envueltos en las redes de la dependencia financiera y diplomática”. Enfatiza la opinión, señalando que un ejemplo “lo proporciona la Argentina”.

Para el centenario de la independencia política ya están sentadas las bases de la industrialización dependiente que consolida el régimen de inserción subordinada a la lógica capitalista mundial, entonces hegemonizada por Inglaterra.

El Pacto Roca-Runciman, suscripto en mayo de 1933 por Julio Argentino Roca (hijo), vicepresidente de la Argentina y Walter Runciman, encargado de negocios británicos, será el último intento para sustentar esa forma de inserción subordinada a Inglaterra, para pasar a construir una nueva relación de inserción internacional, ahora bajo la hegemonía imperialista que se definirá por EEUU a la salida de la crisis mundial del 30´, en rigor, el proceso mediado entre las guerras mundiales (1914-1918 y 1939-1945).

Inmediatamente a la celebración del centenario comienza otra etapa de inserción subordinada, con la presencia creciente de los capitales estadounidenses y alemanes, entre otros, y con ello el aliciente para una extendida burguesía local que asociará sus actividades a la nueva hegemonía capitalista y a la expansión del mercado interno que proporcionó la inmensa inmigración entre mediados del siglo XIX y comienzos del XX.

El capitalismo local había madurado y presentaba la conflictividad de la lucha de clases que empujaba iniciativas políticas de confrontación para definir el tipo de desarrollo pretendido para el país. Disputas políticas para el desarrollo capitalista y otras para intentar superar el orden social en una lógica global que incluía al socialismo como alternativa al capitalismo desde 1917 y como bloque luego de 1945.

Bicentenario del 2016

Si el centenario está atravesado por el proceso de crisis mundial del 30´, proceso que abarca desde 1914 a 1945; el bicentenario está cruzado por la crisis mundial de fines de los 60´ y mediados de los 70´, junto a la actual, evidenciada desde 2007/08.

Es interesante destacar que el argumento o discurso de las clases dominantes, retoma el planteo originario de 1816 por el libre comercio, el libre cambio y la libre competencia, claro que ahora en la época imperialista desde comienzos del Siglo XX y la mundialización operada por las transnacionales desde la crisis de fines de los 60´ y comienzos de los 70´.

La liberalización de la economía mundial es programa del capital hegemónico mundial que sustentan los principales Estados del capitalismo mundial contemporáneo, y que con ellos organizan una superestructura jurídica de la mundialización para sustentar los derechos y seguridad de los grandes inversores del capitalismo mundial.

Aquí está la convergencia del proyecto del gobierno de Macri con el orden mundial para desactivar cualquier pretensión de inserción internacional alternativa, como los intentos formulados en años recientes derivados del cambio político manifestado a comienzos del Siglo XXI en Nuestramérica.

En rigor, el gobierno de Macri se asienta en la cuestión objetiva del modelo productivo y de desarrollo construido desde los 90´, con sojización y mega minería a cielo abierto bajo dominación de transnacionales de la alimentación, la biotecnología y la minería; con estímulo a la producción y exportación de hidrocarburos no convencionales, subordinada a la tecnología de la fractura hidráulica o fracking; con una industrialización de armaduría sustentada en importaciones de partes y dependencia tecnológica, incluso ahora alentando la importación y desarticulando industrias asentadas en las economía regionales; financiada por un endeudamiento deliberado e inserción en la lógica criminal del capitalismo contemporáneo, con especulación financiera, tráfico de drogas, armas y trata de personas.

El sentido de la Patria

Macri cerró el acto del bicentenario con un “viva la patria”, lo que pone en discusión a la patria, al sujeto social y político que construye el concepto y con él, que programa para el modelo productivo y de desarrollo, que inserción internacional, y en definitiva, si se está por resolver la independencia en sentido integral, pero conteniendo en su propuesta el rescate de las diversas luchas y reivindicaciones de los pueblos a través de la historia.

En un sentido plurinacional y de diversidad, la lucha por la independencia es anticolonial, anti-patriarcado, anticapitalista, antiimperialista y contra toda discriminación y formas de racismo, asociada a la búsqueda de una integración regional y mundial que promueva un desarrollo armonioso entre la sociedad y la naturaleza.

La disputa y el conflicto están presentes en este bicentenario, pero no solo contra el gobierno de Macri y su proyecto de subordinación a la liberalización, sino contra y más allá del régimen del capital.

Por eso no alcanza con la defensa de derechos, sino que se requiere ir más allá. El camino es por ejemplo, la protesta contra el tarifazo, caso que motiva las disposiciones judiciales contra los aumentos del gas y también en la electricidad; pero se requiere conciencia social contra la privatización de la energía y su mercantilización; para defender el derecho a la energía y un programa de soberanía energética. Lo mismo podemos afirmar con el derecho a la alimentación y por ende sustentar un programa de soberanía alimentaria, o de soberanía financiera y discutir el régimen tributario y financiero para organizar la promoción alternativa de los recursos públicos y privados.

No es solo discutir el papel del Estado, sino el carácter del Estado, al servicio de quién o el para qué del Estado. Se trata de definir un Estado para la transición social, económica, política y cultural, para afirmar una independencia integral.
El bicentenario puede favorecer un debate de ideas sobre el orden económico, social, político y cultural actual y el necesario en perspectiva de emancipación social.

Buenos Aires, 9 de julio de 2016

Argentina en oferta para inversores y especuladores

Julio Gambina

Ese es el marco del ofrecimiento de Macri y su gobierno para atraer divisas a la Argentina, Esta semana se tomó deuda externa, pese a la promesa de no tomar nueva deuda, con el argumento de mejorar los plazos y términos financieros del endeudamiento. Resulta preocupante el crecimiento de la deuda de la Nación y las provincias, hipotecando a futuro los recursos fiscales.

La oferta de la Argentina como territorio para inversores internacionales se renovó en estas horas en la Cumbre de la Alianza del Pacífico, en Chile, donde Macri inauguró el estatus de país “observador”, con toda la intención de integrarse a corto plazo a ese club de la liberalización de los capitales, paso intermedio para integrarse al Tratado Transpacífico (TPP).

El TPP es un acuerdo que empuja EEUU como forma de aislar a China, de crecientes relaciones con los países de la región, y al mismo tiempo retomar la agenda del ALCA que fuera abortada en 2005.

Muchos se interrogan sobre los beneficios y perjuicios de la integración de Argentina a la Alianza del Pacífico. En ese sentido vale decir que todo proyecto de libre comercio tiene como beneficiarios a los capitales más concentrados de la economía mundial, y son los principales Estados del capitalismo mundial los que empujan esa estrategia favorable a la libre circulación de los capitales internacionales. No es solo comercio, sino principalmente inversiones y libre movimiento de ingreso y egreso de los capitales. No puede pensarse en término de beneficios para el país, sino para los capitales hegemónicos en el país, que son principalmente extranjeros.

La política exterior del gobierno Macri es favorable a la liberalización y por lo tanto promueve un acercamiento a ese programa y por ello la participación en Chile como país observador. El propósito es integrarse a la Alianza del Pacífico y al TPP, como forma de retomar la agenda liberalizadora que hace 10 años sustentaba el ALCA.

Se generan interrogantes sobre la posibilidad de atraer inversiones desde los países de la Alianza del Pacífico. Vale destacar que ese es el propósito y la imaginación de Macri y su gobierno.

Todas las señales de Macri, desde diciembre 2015 en que asumió es abrir las puertas de la Argentina a los inversores externos. Por eso estuvo en el Foro Económico Mundial en Davos, y recientemente en Colombia, para un Foro Económico Mundial regional.

Promovió la presencia en el país de gobernantes de los principales países capitalistas, entre ellos de Obama, Presidente de EEUU. En todos los foros ofreció facilidades para receptar inversores y la verdad, con escaso éxito hasta ahora.

La razón es principalmente la crisis mundial del capitalismo, que incluye al BREXIT, o sea, la salida británica de la Unión Europea, y el mazazo que ello supone para la globalización capitalista.

No es una cuestión de derecha o de izquierda como algunos pregonan, ya que hubo apoyos para ambas posiciones desde proyectos antagónicos de izquierda o derecha.

Como hemos sostenido, más allá de quien pueda acumular políticamente la decisión mayoritaria en Gran Bretaña, la realidad del sentido del voto supone un hartazgo a la subordinación a la institucionalidad gobernante por la liberalización y sus políticas de austeridad y ajuste.

No alcanza con ofrecer al país, sino que tiene que haber decisión de inversores globales para privilegiar el destino de sus inversiones. Además, Argentina está ofreciendo rentabilidad elevada en materia financiera y sigue siendo, entonces, un destino más para la especulación que para la inversión productiva.

Otra cuestión es el Mercosur. Argentina no quiere ingresar sola a la Alianza del Pacífico o al TPP, y hará todo lo posible por lograr que Brasil vaya en ese sentido, especialmente bajo la gestión de Temer. Salvo Venezuela, tanto Uruguay (desde la izquierda) como Paraguay (a la derecha) verían con agrado la incorporación a mecanismos que favorezcan la inserción de la región en esa agenda por el libre comercio.

En definitiva es una cuestión política, y hay que pensar que el propio Mercosur venía negociando un TLC con Europa, ahora afectada por la salida británica, con lo cual, no debe pensarse en el Mercosur como una institucionalidad cerrada a la liberalización.

De hecho surgió en 1991 para ese propósito de máxima del gran capital transnacional. La Argentina intentará ingresar a la lógica de los TLC y pretenderá incluir a toda la región en esa estrategia.

En rigor, no solo importa lo que haga el gobierno de Argentina y de los países del Mercosur, sino también que dicen los pueblos. No nos olvidemos que hacia el 2001 todo parecía que el ALCA estaría funcionando hacia el 2005 y la lucha de los pueblos lo impidió. Ahora también puede reiterarse la historia. No alcanza con la voluntad de los gobiernos, ya que también existe la organización y lucha de los pueblos, tal como reza la campaña popular: “Argentina mejor sin TLC”.

Doscientos años de división sexual del trabajo

Ester Kandel

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El objetivo de este artículo es realizar una aproximación al tema, considerando que el mismo tiene muchos aspectos a tener en cuenta. Seguramente losas lectores/as, a través de sus saberes y sus prácticas lo podrán realimentar.

La reiteración de los datos de la brecha salarial entre varones y mujeres coexiste con otras situaciones irresueltas, como la doble jornada laboral y la falta de políticas públicas para la crianza de la primera infancia. En muchas ocasiones, por este motivo, las mujeres se ven obligadas a realizar trabajos a tiempo parcial.

¿Qué es la división sexual del trabajo?

La división sexual del trabajo es la parte de las relaciones sociales que articula la producción y la reproducción. Se expresa en un proceso contradictorio entre las clases y los sexos. En otros términos, es un complejo entramado de vínculos entre la división sexual del trabajo, la organización de la familia y las estrategias de acumulación del capital.

La división del trabajo entre los varones y las mujeres forma parte de la división social del trabajo. La actual estructuración de la división sexual de (trabajo asalaria-do/trabajo doméstico, fábrica-oficina/familia) se desarrolló y cobró visibilidad con el capitalismo.

La incorporación de las mujeres al ámbito laboral se dio en condiciones desiguales: en situación de desempleo, percibiendo salarios inferiores, por falta de experiencia y posibilidades de formación y en oposición de los hombres a que “sus lugares” sean ocupados por mujeres. Estas relaciones desiguales se desarrollaron consagrando un sis-tema desigual, siendo las mujeres, doblemente oprimidas.

La sociedad patriarcal estableció los roles que deben asumir las mujeres en el seno de la familia y estas relaciones de género preexistentes son incorporadas y recompuestas en la relación capital-trabajo.

Esta situación amerita un recorrido retrospectivo sobre la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo y de este modo, dimensionar los logros y los obstáculos.

Los orígenes de la incorporación de las mujeres al trabajo previo a la gran industria, se realizaron bajo una trama violenta en las luchas entre la aristocracia y la burguesía ascendente, entre el siglo XIV y el XVII, en la que ciudades y pueblos fueron reducidos a cenizas. Así como eran visibles los mendigos vagabundos, las mujeres solas fueron lanzadas al mercado de trabajo.

Analizando el proceso de acumulación del capital , Marx, 1956: 601, señala: el poder del capitalista sobre la riqueza toda del país es una completa revolución en el derecho de propiedad, y ¿qué ley o qué serie de leyes la originó?, repite la pregunta de una obra anónima y se contesta: Mejor habría sido decir que las revoluciones no se hacen con leyes.

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