Venezuela. Recuperación o Liquidación del proceso bolivariano.

Guillermo Cieza

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En esa intricada maraña de sucesos y factores determinantes arriesgaría seis cuestiones principales a considerar, advirtiendo que intentar hacer aportes en el diagnóstico a diez mil Km. de Venezuela, es un problema.

1) El chavismo acumuló en el segundo semestre de 2017 grandes triunfos en lo político, que le permitieron en lo externo, bloquear las iniciativas de intervención impulsadas por Estados Unidos en organismos internacionales. En lo interno, derrotar a las guarimbas, instalar la Asamblea Nacional Constituyente, ganar 19 de las 23 gobernaciones y el 91% de las alcaldías.

2) En el plano macroeconómico el proceso bolivariano consiguió superar los años más difíciles 2016 y 2017, donde se combinaron importantes compromisos de pago de la deuda externa y la baja de los precios del petróleo, teniendo hacia delante un panorama más despejado con relación a estos componentes fundamentales de su economía.

3) Se ha puesto en marcha una profunda campaña contra la corrupción interna cuyos principales blancos por ahora han sido la trama de ilícitos amparados por la ex Fiscal Luisa Ortega y los negociados en PDVSA.

4) El gran impulso de la Constituyente, concretada gracias a la gran resistencia del pueblo en momentos muy difíciles, se ha ido deshilachando en la medida que sus decisiones, en particular en lo económico, empiezan a empantanarse en una trama de intereses donde los intereses populares y lo que surge de las Comunas y otras organizaciones de base vuelven a quedar postergados.

5) El gobierno sigue siendo derrotado en la guerra económica. No ha podido controlar el dólar paralelo ni el contrabando de frontera y su iniciativa de precios acordados con los empresarios, ha fracasado. El pueblo venezolano sigue sometido a la escasez e inflación inducida, y en los últimos meses ha restringido sensiblemente sus ingresos y su capacidad de compra.

6) Si hoy el panorama político de la oposición, derrotada y fragmentada, es desolador y en el chavismo parece haberse consolidado la figura de Nicolás Maduro como único candidato presidencial; estos condicionamientos no garantizan un seguro triunfo del gobierno en las presidenciales. De continuar la crisis económica, una oposición unificada por una candidatura extrapartidarias, tendría chances de desalojar al chavismo del gobierno.

Seguramente hay otros temas influyentes a abordar, pero me limitaré a desarrollar un poco más estas cuestiones.

Los triunfos políticos:

La decisión política de apostar a la Asamblea Nacional Constituyente, fue un gran acierto del Presidente Nicolás Maduro, tomado en días muy difíciles por el incremento de las guarimbas, y su saldo luctuoso, que había superado los cien muertos. En ese momento y ante la alternativa de declarar el Estado de Sitio y reprimir abiertamente los focos de desestabilización política, el presidente eligió arriesgar todo el capital político y jurídico del proceso bolivariano, poniendo su confianza en que el pueblo desabastecido y con graves problemas económicos, pero harto de la violencia, lo respaldaría en su iniciativo democrática y por la paz. El resultado fue que en una elección no obligatoria, más del 41% del padrón electoral, más del 54% en una elección normal (con 20% de abstención), apoyó la iniciativa y dio legitimidad política a la instalación del Constituyente.

El triunfo electoral en la Constituyente se prolongó en las elecciones de las gobernaciones (donde concurrió masivamente la oposición) y la de las Alcaldías (donde la oposición se dividió entre los que concurrieron y los que se abstuvieron).

Las cifras de estas elecciones confirman que el chavismo ha conservado su caudal histórico, según el nivel de interés y participación que provoque la consulta y que la oposición ha perdido no menos dos millones de votos.

También debe anotarse como triunfo en lo político la recuperación de la Fiscalía General, producto del desalojo de la ex funcionaria Luisa Ortega Díaz, y el opacamiento de la Asamblea Nacional, por la existencia de la ANC, y por las divisiones de la oposición que impidieron hasta el momento remontar su política de auto-boicot.

Deben reivindicarse también los triunfos políticos en el plano diplomático que ha impedido ha Estados Unidos concretar su política intervencionista, o de sanciones a partir de organismos internacionales, donde participa Venezuela. Las sanciones han sido dispuestas unilateralmente por Estados Unidos y el acompañamiento por parte de la Unión Europea ha sido más bien de carácter simbólico y restringido.

Los triunfos políticos obtenidos por el chavismo en el segundo semestre de 2017 han consolidado su control de los poderes de la vieja institucionalidad, y legitimado las instancias de dialogo pacifico con la oposición, como las que se llevan en Santo Domingo.

Finalmente el hecho que en el chavismo se haya podido consolidar con tiempo suficiente una candidura presidencial única, y que sea Nicolas Maduro, también es un triunfo politico. Seguramente es la mejor opción frente a otras que se han venido barajando públicamente.

Datos macroeconómicos más auspiciosos.

Valoramos el precio del petróleo y el peso de la deuda externa, como principales datos macroeconomicos.

El valor del barril de petróleo, sigue teniendo gran importancia en un país donde el 95% del ingreso de divisas, sigue dependiendo de la exportación de hidrocarburos.

Recordamos que el 95% de los ingresos de divisas en Venezuela provienen de la exportación del petróleo, por lo tanto, la variación del precio de este recurso afecta directamente la disponibilidad de ingresos del país. .

Con respecto a la deuda externa, pese a las permanentes agorerias de que el país va a entrar en default, debe considerarse que Venezuela tiene una deuda que podría ser considerada normal en relación a otros países de la región (alrededor del 40% del PBI), e irrisoria en relación a las reservas de minerales certificadas, pero debe considerase porque demanda egresos de divisas en forma constante

En el año 2016 se combinaron una caída de los precios del petróleo, que se redujeron hasta 20 dólares el barril y promediaron anualmente los 35,15 dólares; con vencimientos de deuda externa por 16.000 millones de dólares, y una feroz sequía que golpeó a la producción agropecuaria, pero además limito a la provisión de energía industrial y domiciliaria (cortes periódicos) en un país que depende en un 70% de energía hidroeléctrica.

El año 2017 presentó mejores datos, con una suba del barril del petróleo del 32%, y un promedio de 46,24 dólares, y teniendo que enfrentar vencimientos de deuda externa por 8134 millones, de dólares.

Esa tendencia positiva parece acentuarse para 2018, cuando el barril de petróleo ha arrancado con precios cercanos a 60 dólares y los vencimientos externos no superan los 8.000 millones de dólares. No es muy arriesgado opinar que el precio del petróleo puede subir en los proximos años en valores que oscilen entre 60 y 70 dólares. Por el lado de los vencimientos externos por el momento tienen un ligero incremente en 2020, a 12.000 millones de dólares, para volver a descender hacia delante a 8000 millones o cifras más bajas.

Para matizar estos datos macroeconómicos positivos debe apuntarse que en 2017 el país vuelve a reducir su PBI por cuarto año consecutivo, y estas reducciones aumentan el peso de la deuda sobre el conjunto de la economía. También que las fuentes consultadas insisten en las dificultades que tiene el país para sostener el actual nivel de producción de petróleo no por falta de reservas, sino por falta de inversiones y malas decisiones gerenciales.

La lucha contra la corrupción

Desde hace muchos años, desde los tiempos en que teníamos a Chávez vivo y siendo presidente se ha venido denunciando una casta de funcionarios y empresarios autotitulados chavistas, que utilizan sus cargos públicos o contactos políticos para hacer negocios personales.

Estas lacras políticas, herencia de los gobiernos de la IV República, no sólo reproducen el delito de apropiarse de dineros públicos, sino que provocaban al chavismo un inmenso daño político porque haciendo uso y abuso ostentoso de sus riquezas mal habidas, desmoralizan al pueblo. Peor aún. Así como al ladrón le gusta hablar de decencia, y al violador le gusta hablar del respeto a la familia, a estos personajes siempre han tratado de encubrirse detrás de su supuesta fidelidad y disciplina chavistas. Y han respondido a cada crítica contra ellos, acusando a los que los denuncian de ser opositores, de ser militantes indisciplinados, o de apartarse del legado del comandante. Como bien decía Chávez en “El golpe de Timón”, esconden detrás de sus ropajes socialistas su “cochinada capitalista”.

Identificados estos burócratas corruptos o boliburgueses me parece necesario mencionar las tramoyas donde más frecuentemente son mencionados por el pueblo venezolano. Estuvieron metidos en el guiso de los dólares preferenciales que otorgaba CADIVI, en los negociados en PDVSA, en las maniobras de sobrefacturación en las importaciones, en el contrabando de frontera y en los enjuages financieros con el dólar paralelo.

La caída de la Fiscal Ortega Díaz abrió una caja de Pandora de la corrupción. Por sus tramoyas familiares, pero sobre todo, por los negociados que encubría y que involucraban a otros funcionarios del gobierno y las fuerzas armadas. El destape de la olla podrida de PDVSA, saca a la luz datos de ilícitos, muchos de los cuales venían siendo denunciado por los trabajadores.

Desde las mismas fuentes de la derecha que antes culpaban al gobierno apañar la corrupción, se dice ahora que todo esto es resultado de una disputa caníbal en el seno del chavismo. Por el contrario, en un país donde ha habido una tradición de siglos de excusar a los de arriba tirando para abajo las acusaciones, resulta muy aleccionador, muy moralizante, que vayan presos ministros y grandes empresarios. El rebrote de la idea conservadora de que el principal problema de la crisis económica son los bachaqueros, queda aplastado, cuando los que van presos son altos funcionarios del Estado y sus cómplices empresarios. Estas medidas contribuyen a depurar la casa propia, a desalentar a los aprendices de ladrones y le quita a la oposición la bandera de la lucha contra la corrupción.

Estas iniciativas van en línea de la idea de que en una sociedad, donde más de 100 años de matriz rentista han convertido a la corrupción en un mal crónico penetrando en todos los estratos sociales, la mejor línea de combate es darle poder a los de abajo. El mejor ejemplo son los CLAPS. Durante años el gobierno chavistas se propuso distribuir alimentos a precios regulados. Pero sólo ha tenido un éxito impactante cuando depositó la responsabilidad en los Consejos Comunales, en organismos de base con un fuerte control social. Puede suceder que alguna Vocera de Alimentación incluya incorrectamente en la lista de beneficiados a alguna pariente muy agobiada por tener muchos hijos. Pero esos niveles irrisorios de corrupción, nunca pueden ser comparables con lo sucedido cuando los militares administraban los MERCAL y desaparecían cotidianamente gandolas (equipos de 30 toneladas de alimentos), que terminaban en Colombia o revendidos por empresarios particulares.

Aplaudiendo las iniciativas e la lucha contra la corrupción, quedan flotando algunas preguntas, que siempre van en la misma dirección

¿Podrán los militares que no han sido capaces de controlar el contrabando de frontera, moralizar a PDVSA? ¿Por qué no se ha dado más incidencia en la nueva empresa que se pretende sanear, a los trabajadores y los cuadros técnicos que desde hace años venían denunciando ilícitos y algunos de los cuales sufrieron persecuciones?

¿Para cuándo las sanciones a los empresarios que estafaron con los dólares de CADIVI?

Si es incomprensible el contrabando de frontera en gran escala sin la anuencia de algún sector del alto mando militar, ¿Por qué las sanciones, cuando se aplican, no sobrepasan los estratos inferiores de la oficialidad?

Convocatoria y retiro de la confianza en el pueblo

Cuando el Presidente inauguro la Asamblea Nacional Constituyente recordó como fuente inspiradora de esa idea, una movilización popular realizada el 8 de diciembre de 2015 (dos días después de la derrota en las elecciones legislativas) reclamándole cambios y que escuchara al pueblo.

La convocatoria a la ANC fue una gran apuesta de confianza al pueblo en un momento político muy delicado, y el presidente no se equivocó.

Tampoco se equivocó cuando en el peor momento de la crisis de 2016 se convocó a la organización de los CLAPS.

El principal problema del gobierno de Maduro, y quizas en el principal punto que se extraña a Chávez, es que sus apuestas de confianza en el pueblo son espasmódicas, no permanentes. Pareciera que solo se apuesta al pueblo en situaciones desesperadas, pero cuando se crea un respiro, cuando se alivian a las tensiones, se vuelve a la idea de que la política es asunto de políticos o de funcionarios y que el pueblo mas bien molesta, o crea dificultades para ejecutar las decisiones de gobierno.

Al instalarse la ANC hubo un deseo popular de garantizar la paz, pero también un mandato ferviente de resolver las cuestiones económicas más urgentes que afectaban a los consumos básicos de las familias. La discusión económica se postergó, como bien lo señaló el diputado constituyente Isaías Rodríguez, y cuando se prestó atención al tema prevaleció más la decisión de escuchar y acordar con los empresarios los precios de los alimentos básicos que prestar atención a experiencias productivas comunales y opiniones vinculadas a organizaciones populares.

Lo ocurrido con la candidatura del diputado constituyente Angel Prado a la Alcaldía de Simon Planas es un ejemplo paradigmático de esta tensión. La Comuna el Maizal, de la cual es dirigente Angel, es una organización popular de referencia, con muy buenos índices productivos y está vinculada a una de las redes comunales más sólidas del país. El esfuerzo comunero, resultó de suma utilidad a la hora de desplazar a Henry Falcón, un gobernador de la oposición con aspiraciones presidenciales, pero posteriormente fue desvalorizado arrebatándole su legítimo triunfo electoral para gobernar la Alcaldía. Con esta decisión se le proporcionó, irresponsablemente, a la derecha y a la MUD un expediente sobre manejos poco claro de la CNE, que en lo sucesivo podrán utilizar para ensuciar al conjunto del chavismo y al funcionamiento de la justicia electoral.

Más allá de la injusticia cometida, el caso Prado ejemplifica una concepción política que tienen algunos dirigentes chavistas en el sentido de que el pueblo, y los dirigentes populares de base, pueden ser útiles para que apoyen en situaciones límites, pero pasado el sofocón, no son necesarios. Lo más grave es que esa concepción no es patrimonio exclusivo de los corruptos, hay muchos dirigentes honestos que piensan así. Desde otra lectura podría decirse que el gobierno toma sus mejores decisiones cuando atraviesa situaciones muy graves y corre riesgos la continuidad del proyecto bolivariano, sometido a una presión por la derecha y el Imperio que parece insostenible. En esos momentos el propio gobierno polariza políticamente, se identifica con claridad a los verdaderos responsables de la crisis y se juega con el pueblo en partidas decisivas. Cuando la tormenta amaina los grandes capitalistas pasan a convertirse en empresarios con los que se puede negociar y las culpas se reparten. El enemigo se difumina y hasta puede ser el último eslabón de una red de bachaqueo, o un grupo de vecinos que sale a protestar porque le cortaron el agua o la electricidad, o vecinos que se quejan por el alza inusitada de los precios, o un comunero que pretende ser Alcalde. Este es un juego peligroso, el pueblo puede cansarse de tantas idas y venidas.

La guerra económica, la que se va perdiendo

Las opiniones críticas al proceso bolivariano no pueden desligarse del contexto de que la gigantesca presión al internacional que se ejerce contra el país y el gobierno chavistas, obliga a tomar todas las decisiones políticas en condiciones de acoso económico, mediático, financiero y diplomático.

La abrupta caída de los precios del petróleo sorprendió a una economía donde el proceso de reconversión económica para superar la matriz petrolera exportadora era apenas incipiente, y sobre esa debilidad han venido actuando una batería de acciones agresivas donde se combinan la manipulación del tipo de cambio (dólar today), el bloqueo financiero, el fraude al Estado de empresarios que han tomado dólares preferenciales sin cumplir sus compromisos de producción, el boicot a la provisión de insumos para abastecer la producción local y a las importaciones de medicinas y alimentos, la fuga de capitales locales, previo vaciamiento y saboteo de las empresas y por último las sanciones de Estados Unidos que tratan de afectar depósitos en el exterior y trabar las operaciones comerciales.

Las consecuencias sobre la población se han venido agravando desde 2015, afectando su abastecimiento de productos básicos, pero además deteriorando el poder de compra de los salarios y subsidios sociales

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Damos algunos datos de 2017. (Citados por el economista Andrés Giuseppe)

Incrementos de salarios (incluido cesta tickets) 337 %
Incremento del dólar oficial (Dicom) 396 %
Incremento del Dólar implícito (el que se registra efectivamente en
los precios de los bienes de consumo) 858%
Variación inducida de precios estimada (sector alimentos) 1814%

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El cuadro anterior demostraría que los incrementos de salarios y pensiones sólo acompañan con una ligera pérdida el incremento del dólar oficial. Pero que el aumento de los productos básicos han duplicado los aumentos de salarios, y en el sector alimentos los aumentos de precios los han quintuplicado.

En una parte de la población (30%) esta enorme quita de los salarios se reduce por la existencia del CLAPS que permiten abastecerse de los alimentos mas requeridos a precio regulado.

El hecho de que las tarifas de combustible, gas y electricidad hayan sido menores que los incrementos de salarios, contribuye a reducir el impacto, pero no impiden caracterizar que en 2017 se ha acentuado la tendencia de la economía venezolana iniciada en 2015 de un feroz ajuste sobre los bolsillos de los trabajadores.

Resulta interesante analizar lo ocurrido en este tema a partir de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente el 1 de octubre de 2017.Contra lo esperado, el nuevo organismo no arrancó con una política de férreos controles a la inflación sino que postergó el debate y después eligió el camino de acordar precios con los grupos empresariales productores de alimentos. Cuando esos precios fueron finalmente acordados, a finales de noviembre el gobierno reconoció a los empresarios precios en dólares muy por encima de los que regia la tasa Dicom (valores de nueve o diez mil bolívares por dólar) con la consecuencia de aceptar un fuerte golpe al poder de compra de los salarios. La conducta de los empresarios fue en primer lugar firmar estos acuerdos y después no respetarlos. Quienes en el gobierno tomaron estas decisiones económicas pueden alegar ingenuidad, o falta de conocimientos, pero los resultados son los mismos. Los empresario con quienes se concertaron los acuerdos no cumplieron su palabra (no volvieron a hacerlo como desde hace 18 años) y la fabula neoliberal de que el propio mercado estabilizaría los precios a la baja, desnudó su mentira. Tampoco es novedad, es lo que ha venido ocurriendo en otros países latinoamericanos con esos cuentos.

El fracaso de la política de precios acordados se evidencia en que entre el 10 de octubre y el 15 de diciembre de 2017, se produjeron aumentos en los alimentos del 742 % (medidos en los Mercados Municipales), muy por encima del 30% otorgado a los salarios. Podrá alegarse que semejante sacudón de precios fue amortiguado por los triples aguinaldos, bonos navideños, etc., pero hacia delante los sueldos se pagaran desprovistos de estos complementos y los precios no van a bajar. .

Los analistas de derecha han pronosticado un verano caliente que por el momento sólo sea ha expresado en algunos saqueos aislados. Los últimos aumentos de fin de año anunciados por el presidente, apenas alivian una situación de carestía que se presenta como muy grave y que sólo ha podido ser apaciguada por la enorme conciencia del pueblo venezolano.

Como si se tratara de una comedia de enredos el paso dado por el pueblo con la instalación de la ANC que dio un respiro al gobierno, está siendo dilapidado por no encontrar un rumbo claro en la política económica, pero además, arriesgo, por cierta intención de pretender validar internacionalmente a Venezuela como un país “normal”. Y un país que intenta hacer una revolución no es un país “normal”. Es una anomalía, y para el sistema capitalista es una anomalía peligrosa. Y el ataque de los poderes internacionales se corresponde con esa caracterización.

En los últimos días el gobierno parece resuelto a enfrentar el factor desestabilizador de la economía representado por el dólar Today, con el Petro, una criptomoneda cuyo valor estará atado al precio del barril de petróleo. Tratar de salir del dólar que rige la economía mundial es una iniciativa valorable. Desde hace algunos años potencias como China y Rusia están trabajando para eso. Pero no es un hecho de pura voluntad, requiere relaciones de fuerzas, control de mercados, algo que precisamente Venezuela, un país asediado, no tiene. Dar la batalla desde las cripomonedas debería sustentarse en primer lugar en una posición de avanzada en el plano informático, porque esa iniciativa va a ser atacada con toda la materia gris del imperio. No parece ser el caso de Venezuela.

Analistas que valoro como sensatos (recomiendo leer los trabajos de Luis Salas, de José Gregorio Piña) han advertido que la utilización de las criptomonedas da vulnerabilidad de la economía, por ser valores que pueden ser robados por procedimientos informáticos sofisticados (tampoco seria novedad: le han robado criptomonedas a la bolsa de Tokio, en Hong Kong, etc., etc.). También advierten que se ponen en riesgo la soberanía y pérdida del control cambiario, al perder el país su propiedad de las reservas petroleras que quedaría en manos de los tenedores del Petro. Hacia delante después de la colocación inicial, el Estado venezolano perdería la posibilidad de aplicar futuras tasas de cambio más favorables del US$ y otras divisas en la conversión con respecto al VBF, porque ya el petróleo (u otro bien de respaldo) estará vendido. Como mínimo me parece necesario advertir de que se trata de una decisión arriesgada, y que quienes la promueven, las actuales autoridades económicas, no se han caracterizado por su solvencia, ni por los resultados obtenidos.

Resulta urgente enfrentar al Dólar Today, pero no creo que las criptomonedas sean la única alternativa. Hubo algunas propuestas como las que hizo la economista Pascualina Curcio como las de atar las subas artificiales de ese portal al precio de los cánones pagados por las multinacionales que tienen inversiones en las explotación de petróleo y el arco minero, que quizas pueda ser una alternativa interesante.

El chavismo se ha sostenido en estos 18 años por el compromiso inclaudicable de millones de hombres y mujeres que ponen el pecho, argumentan, crean, sostienen todos los días batallas formidables. En el plano de la industria, se han reparado equipos siniestrados por los empresarios, se han fabricado repuestos que no pueden importarse, se han reemplazado insumos, se mantienen en funcionamiento máquinas como decimos por aquí “atadas con alambre”. Hay campesinos que están produciendo en condiciones de enorme precariedad sin motoguadañas para controlar el monte, sin riego, sin caminos, con problemas de transporte, plantando como bien se dice “con las uñas”.

Dirigir los escasos ingresos disponibles a fortalecer un aumento de la producción interna apoyando y promoviendo la articulación de la producción comunal, de los pequeños productores campesinos y los incipientes talleres que se están organizando para reemplazar productos que antes se importaban, más una política de estricto control de las fronteras, no son medidas de gran espectacularidad, pero pueden ser de suma utilidad para enfrentar la guerra económica

Una elección presidencial con pronóstico incierto

El año 2018, donde la revolución bolivariana se jugará cara o cruz su destino en una elección presidencial, comienza con un clima enrarecido, por la agobiante situación de los bolsillos populares y porque vuelven a hacerse presente la violencia terrorista de la derecha con el asesinato en Trujillo del constitucionalista chavistas, Tomas Lucena Briceño.

Con respecto a los pronósticos de lo que puede ocurrir en la elección, me parece que el peor error sería suponer, desde una visión triunfalista, que sucederá la segura continuidad de los tres triunfos consecutivos obtenidos por el chavismo a finales d 2017 (elección de la ANC, gobernadores y Alcaldías).

Me parece que hay que poner en cuestión la idea de que las elecciones presidenciales no pueden perderse porque se conjugan tres factores decisivos: el poderío demostrado por la maquinaria electoral del PSUV, el millón y medio o dos millones de personas que emigraron contabilizados como votos que pierden los escuálidos y el hecho de que el enemigo a enfrentar es una oposición totalmente dividida y desquiciada.

Como bien lo advierte Ociel López después de una elección asombrosa en la Constituyente, donde el apoyo a la propuesta del gobierno superó los 8 millones de votos (seguramente también hubo opositores, hartos de violencia que votaron por la paz), en las elecciones posteriores lo que juntó el chavismo fueron alrededor de cinco millones y medio de votos. Con ese apoyo electoral, se perdió en las elecciones legislativas de 2015. Para ganar una elección presidencial con un padrón de alrededor de 20 millones de votantes, se necesitan algo más de 9 millones de votos, un 40% más de los que hoy tiene el chavismo. Y esos votos hay que salir a buscarlos por fuera de los que convoca con mucha eficacia la maquinaria electoral del PSUV. Falta bastante, el gobierno pudo estirar las presidenciales hasta principios de diciembre y en diez meses en Venezuela pueden ocurrir muchísimas cosas, pero hay algunos indicios preocupantes.

Además de la mencionada situación económica, parece mantenerse una cerrazón que limita la confianza al entramado cercano y orgánico a los controles partidarios. Magníficas iniciativas como los gobiernos de calle, o de otras formas de búsqueda de dialogo directo con el pueblo como muchas veces promovió Chávez, parecen no estar en la agenda del gobierno. Por fuera de las convocatorias del gobierno, no se advierten autoconvocatorias importantes del chavismo popular planteando una agenda alternativa en la crisis. La mencionada movilización del 8 de diciembre de 2015, parece haber sido la última movilización importante, por sectores que plantean reclamos y seguramente tienen buenas propuestas para salir delante de la emergencia. Si por ejemplo diez, veinte, cincuenta o cien mil personas ganaran la calle en Caracas para llevar a la Constituyente la exigencia de que se cierren las fronteras para evitar el desangre del contrabando, o para que la cruzada anticorrupción alcance a los estafadores del CADIVI, o para que se expropie de una buena vez a La Polar (seguro hay ideas mucho mejores), se incidiría en el debate y la agenda política y se haría un buen aporte al gobierno y a la revolución bolivariana. La política se construye con relaciones de fuerzas y las declaraciones, lamentos y artículos políticos, como los que escribimos a la distancia, no tienen mucho peso.

El hecho de la emigración de un número importante de venezolanos y venezolanas, correspondiente a todas las clases sociales, es un hecho doloroso y no necesariamente favorable en términos electorales al chavismo. En primer lugar da cuenta de que algo no estuvo funcionando bien en la economía y en segundo lugar, aún suponiendo (algo que seguro es un error grosero) que todos los que se emigraron eran votantes de la MUD, por cada migrante hay no menos de cinco parientes que sufren esa pérdida y serán sensibles a votar quien les prometa en una campaña electoral, “volver a juntar a toda la familia venezolana”

Finalmente con un plazo máximo de 11 meses por delante, en un país normal el descalabro de la MUD sería terminal. Pero Venezuela no es un país normal. Detrás de la MUD está Estados Unidos y bien pueden apelar a un candidato extrapartidario (ya tienen uno, Lorenzo Mendoza), imponerlo y forzar la unidad con presiones y billetazos

A partir de lo mencionado, creo que lo más sensato sería plantear la cuestión de las elecciones presidenciales en términos pesimistas, arriesgando que hoy el chavismo tiene grandes chances de perder las elecciones y el gobierno este año, repitiendo el escenario de Nicaragua en 1989. Planteada esa hipótesis se abriría la discusión sobre qué medidas tendría que tomar el gobierno y qué cosas tendría que hacer el pueblo, autoconvocándose, para que esto no ocurriera.

Conclusión

El chavismo pudo sortear durante 2017 una situación de extrema gravedad institucional donde se combinaron la presión internacional y el asedio de la violencia terrorista impulsada por la derecha, gracias a la resistencia popular y acertadas decisiones politicas del Presidente Maduro. En los últimos meses del año los datos favorables de triunfos electorales en las elecciones de gobernaciones y Alcaldias, deben contrastarse con malas decisiones de gobierno en materia económica que colocaron al país en una situación de impotencia frente a la inflación inducida, provocando un ajuste extraordinario en perjuicio de los salarios, pensiones y contribuciones de solidaridad social. Con mejores indices macroeconómicos, que significan más dinero para repartir, corresponderá al chavismo, pueblo y gobierno, recuperar el rumbo en un año con elecciones presidenciales en que se juega la continuidad política del gobierno bolivariano.

Quien hemos visto al pueblo chavista realizar hazañas extraordinarias, mantenemos nuestro optimismo y en él depositamos la confianza.

A la búsqueda del bipartidismo perdido.

Daniel Campione

En esa mirada “republicana” la hegemonía del Frente para la Victoria en los doce años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner fue un molesto interludio, cuyas consecuencias hay que erradicar de un modo completo y definitivo.

Para la mirada conservadora, “bipartidismo” no significa cualquier sistema basado en el predominio de dos partidos o coaliciones, sino uno tal que garantice que ambas fuerzas puedan alternarse en el poder sin que se produzcan modificaciones fundamentales en la relación benévola de las instituciones estatales con el gran capital. Podrá haber discrepancia en ritmos y modalidades de la política económica y otras acciones sustanciales, se admiten disidencias más fuertes en cuestiones institucionales y culturales sin directa vinculación con las relaciones de producción. Pero los grandes ejes de la relación con la gran empresa deben contar con el acuerdo de ambas fuerzas, comprometidas con la “seguridad jurídica” y el “buen clima de negocios”. A partir de allí se insiste en la indispensable existencia de “políticas de Estado”, denominación que se asigna a grandes líneas de acción que los dos polos del bipartidismo se comprometen de modo explícito a no modificar en ningún aspecto sustantivo cuando les toque el turno de gobernar.

Ambos partidos deben converger hacia el “centro”.

Les hace falta un peronismo “moderado”, “republicano”, “renovado”, adjetivos todos ellos destinados a delinear un polo partidario que renuncie, en lo posible para siempre, a adoptar rumbos de acción que puedan perturbar el alineamiento del poder político con el poder económico. En ese esquema ideal, el Partdo Justicialista y la alianza Cambiemos podrán tener bases electorales diferentes, mantener relaciones de diverso carácter con sindicatos, centrales empresarias y movimientos sociales, perfiles diversos de sus principales candidatos; pero compartirán un “núcleo de coincidencias” de consistencia pétrea, que se presentará como un pacto refundacional. El alineamiento estrecho con Estados Unidos y otras grandes potencias en materia de política exterior, una política económica que ponga a la “libertad de mercado” en un rol fundamental, renunciando de antemano a cualesquiera restricciones o regulaciones severas a las grandes empresas, la conjunta comunión en una concepción de “democracia” que la identifique de modo absoluto con la disputa electoral por los cargos y una modalidad de las libertades públicas que garanticen la libertad de organización y expresión de los “republicanos” y las restrinja en lo posible a quiénes se decide dejar fuera de esa calificación.

La construcción de un peronismo “razonable”, preocupado por la gobernabilidad y de trato amable con un gobierno identificado con la gran empresa ha tenido avances en estos últimos dos años, con gobernadores y legisladores justicialistas dispuestos a dar apoyo incluso a propuestas de manifiesto contenido antipopular, como la reciente reforma previsional. Sin embargo, subsisten importantes dificultades.

Un problema fundamental que tiene el conglomerado de fuerzas que se nuclea en torno a la defensa del “republicanismo” es que no queda claro qué estructura y conjunto de dirigentes ocupará el lugar de un peronismo “renovado” en el sentido que ellos desean. Inoportunas derrotas electorales de gobernadores como Juan Manuel Urtubey, Juan Schiaretti y Gustavo Bordet, han signado el retroceso en la formación de una “Liga de Gobernadores” que algunos estrategas visualizaban como columna vertebral del nuevo peronismo. Fluctuaciones de sectores como el Frente Renovador entre el ejercicio de la “oposición de Su Majestad” y posturas más críticas, como las exhibidas en torno a la reforma previsional, alimentan la indefinición. Un factor también muy importante es la supervivencia electoral y en estructuras organizadas que le responden, de Cristina Fernández de Kirchner. Esa persistencia puede ser un negocio electoral para el oficialismo en el corto plazo, por la facilidad de polarizar, pero constituye un obstáculo en cuanto sostén de la idea de una coalición combativa, que rechaza abiertamente su inclusión en el bipartidismo deseado.

La tarea de construcción del “enemigo interno” a la que el gobierno y sus aliados intelectuales y mediáticos se han dedicado con ahínco en los últimos meses tiene también su lugar en esta puja. El kirchnerismo y las fuerzas de izquierda son progresivamente identificadas como “antidemocráticos” y “violentos” que hay que aislar y combatir, en función de que no son asimilables a una “educada” competencia por los puestos de gobierno.

El establishment se está jugando la posibilidad de consolidar un sistema político sin riesgos ni imprevistos, con contiendas electorales en las que compiten millonarios o aspirantes a serlo, y gestiones de gobierno en las que la generación de oportunidades de negocios para los grandes conglomerados del capital constituyan un objetivo tan primordial como compartido, incluso por los “opositores”.

No sabemos si tal modelo se consolidará. Lo que debería estar claro es que ese intento de cerrazón del sistema político hacia los intereses, la voluntad y los modos de expresión de las clases subalternas necesita ser contrarrestado. La gran pregunta es quiénes y cómo se enfrentarán al conformismo bipartidario en ciernes, con propuestas que superen el marco de la subordinación indiscutida al gran capital. Sin duda en nuestra sociedad existe un vasto campo social, cultural y político que no se subsume en la aceptación sin más del orden social capitalista, la cultura del consumo de masas y el conformismo, la neutralización de los impulsos rebeldes, la sociedad patriarcal. Que busca y construye formas de organización y acción cuestionadoras y combativas, en muchos casos desde la década de los 90. Ha demostrado una vez más su capacidad de movilización y su decisión de lucha en las grandes manifestaciones que jalonaron el año 2017.

Lo que no se ha producido hasta ahora es una articulación política duradera que proyecte al primer plano de la política esas valiosas construcciones.

El Partido Obrero y el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) han logrado construir fuerzas con inserción en sectores combativos del movimiento obrero, el estudiantado y los movimientos territoriales, y una presencia electoral nada desdeñable, a través del FIT. Pero parecen tener su “techo” en ese nivel de organización e influencia. No amplían su alianza a otros sectores, ni ponen en cuestión cierto paradigma revolucionario que hoy podría estar superado. Hoy ocupan el lugar de fuerzas claramente situadas en el rechazo a cualquier perspectiva “bipartidista”, y a su carga de sometimiento al poder del gran capital. Pero con eso no alcanza.

Decenas de organizaciones, centenares de miles de militantes, se encuentran hoy arraigados en las organizaciones antiburocráticas en el campo sindical, en la llamada economía popular, en la lucha por la conquista del techo y la tierra, en el movimiento estudiantil contestatario, y un gran etcétera. Pero tal potencial no se proyecta todavía en el plano político, en construir una identidad conjunta, apuntar en una dirección convergente. Cada instancia electoral se convierte en un momento de perplejidad, de alianzas apresuradas, adhesiones sin contrapartida o silenciosa abstención. Tal cosa no debería seguir ocurriendo si se pretende dar la batalla social, política y cultural contra la hegemonía existente.

Se trata de impedir que la propuesta de las clases dominantes, sus intelectuales orgánicos y los medios masivos se fortalezca, y eso sólo se logrará sólo si una alternativa popular con vocación de masas y voluntad y capacidad de permanencia se logra configurar.

¿Hacia dónde va la economía en Argentina?

Julio Gambina

Circuló incluso que el Presidente del BCRA tenía las horas contadas. Más allá de que eso ocurra lo que interesa es discernir lo que acontece. En ese sentido puede pensarse que el gobierno tiene un diagnóstico errado de la situación económica, no solo local sino mundial. No se trata de la herencia recibida sino de las tendencias locales y globales de la actividad económica en el presente y desde hace varios años.

Desde lo global existen enormes incertidumbres, desde las amenazas nucleares a los juegos de guerra de los que disfruta Trump, hasta las especulaciones con las tendencias financieras, muy especialmente con las subas próximas de las tasas de interés en EEUU, ya bajo administración amiga del ejecutivo estadounidense. La inestabilidad del sistema mundial es una de las constantes de nuestro tiempo y por ende no alcanza con ideología pro mercado para atraer capitales. Desde la CEPAL se informa que las tendencias mundiales cambiaron y si nuestra región estaba entre los principales destinos de las inversiones externas en la década pasada, eso ya no ocurre. Otros territorios son apetecidos por los inversores globales, especialmente los que dominan y disputan el sistema mundial del capitalismo.

No alcanza con el discurso pro mercado para que los capitales se aventuren sobre la Argentina o Nuestramérica, e incluso es dudoso que ello fuera beneficioso para atender las necesidades de la mayoría de nuestra sociedad. En todo caso, esos inversores demandan se realicen ajustes que abaraten el costo de producción y mientras tanto aprovechar la disposición a la valorización financiera derivada del endeudamiento externo. En efecto, ni bien comenzado el año y con horizonte de ajustes y cambios reaccionarios, el ministro de Finanzas colocó bonos por 9.000 millones de dólares a 5, 10 y 30 años, con tasas más bajas que hace un año, pero más altas que las que pagan los países vecinos u otros que se endeudan por estas horas en el mercado mundial. Argentina sigue siendo riesgosa y por eso es negocio para la especulación global con elevadas tasas de interés que se abonan con recursos fiscales que se restan principalmente al gasto social.

Hemos escrito en anteriores ocasiones que hay presiones desde la derecha, de adentro y de afuera del gobierno para acelerar el cambio, o sea el ajuste fiscal, previsional y laboral, de lo contrario el país ingresará en territorio complicado, sea por la inflación, el “atraso” del tipo de cambio o los déficit gemelos. Para traducirlo en lenguaje corriente, lo que se pretende apunta a inducir un control sobre los ingresos populares, sea conteniendo las demandas salariales por negociaciones colectivas, disminuyendo las actualizaciones de ingresos, caso de las jubilaciones o beneficios sociales y apurar el retiro de los subsidios a los servicios públicos. Imaginan mayor aumento de las tarifas de electricidad, agua, gas, transporte, etc. Pretenden un dólar más competitivo para las exportaciones, aunque ello suponga encarecimiento de importaciones y del costo de vida. Claro que todo ello supone la baja del gasto, especialmente el social y una mejora en la recaudación induciendo beneficios para las ganancias.

El límite es la protesta social y el descontento, lo que se expresa en la fuerte conflictividad social y cierta merma en la confianza y el consenso a la política oficial. Esto amenaza la continuidad del proyecto político, y por eso el gradualismo del sector más “político” en el gobierno, que contrarresta a los juramentados de la ortodoxia y demanda tiempo para cumplir con los objetivos de máxima para una inserción virtuosa de la Argentina en el capitalismo mundial.

Un problema es el financiamiento de esa política y como no acuerdan con la emisión monetaria exacerbada, entonces apuntan al endeudamiento y prorrogan las soluciones para el mediano y largo plazo. Lo que importa es mantener el consenso presente a un gobierno de derecha que por primera vez accede a la gestión pública con el voto de la sociedad. Esa es la apuesta para el logro del objetivo de máxima. En ese camino necesitan ampliar el consenso y si no pueden por la política, el discurso ideológico y cultural, no dudan en la represión. Disciplinar al movimiento popular, de larga trayectoria en la Argentina es preocupación central de las clases dominantes. El rumbo económico lo construyen más allá de sus problemas, con consenso o coerción, con el objetivo de la maximización de la ganancia para la acumulación y la dominación.

El modelo productivo en el fondo

No solo se trata de las cuentas públicas, sino de la orientación de la producción, la distribución, el cambio o el consumo, que por décadas construyó una inserción subordinada a las transnacionales del agro-negocio y la energía; la industrialización dependiente para la exportación y la especulación sobre a base de la extranjerización del sistema financiero y el deliberado endeudamiento externo. Aquí está el meollo de la cuestión, ya que no alcanza con discutir la ecuación macroeconómica, sea el PBI, el Consumo, la Inversión, o el saldo del comercio externo; sino que se requiere discutir el modelo productivo y de desarrollo, en especial vinculación con definiciones a asumir regionalmente y en un marco de integración no subordinada.

Es claro que se trata de una cuestión política, ya que el debate debe superar el límite de lo posible sustentado desde el oficialismo y la oposición sistémica, que cunado mucho discute quien gestiona el orden capitalista. Se trata de discutir precisamente el orden capitalista y confrontar con la ilusión de avanzar en el camino de reformas posibles al orden contemporáneo. La posibilidad de defender y ampliar derechos sociales, económicos y culturales de la mayoría de la sociedad implica discutir las bases materiales que organizan la cotidianeidad y especialmente nuestra superestructura social, ideológica, cultural y política. Por eso hace falta una gran batalla económica, política y sobre todo cultural, como desafío en la disputa de la conciencia social para confrontar las miserias a que nos condenan con la política económica en curso. Que no solo se escuche la presión por derecha para más ajuste, sino que se haga oír la voz consciente de quienes aspiran a una sociedad emancipada.

Buenos Aires, 5 de enero de 2018

Argentina 2018. La hegemonía en cuestión

Daniel Campione

Si partimos en la concepción de las construcciones hegemónicas de la idea de que no pueden partir de otro sitio que de la dominación de una clase que ocupa un lugar fundamental en el progreso económico, no debería haber dudas sobre ello.

La hegemonía es entonces de una clase dominante (en el sentido de supremacía económica y también de detentación del poder coercitivo) que aspira a convertirse en “dirigente”, lo que equivale a presentar con éxito sus propios intereses como los del conjunto de la sociedad, a extender sobre el plano cultural y político la supremacía que ya tiene en el económico, a colocar a las clases “subalternas” en un rol subordinado, pero de consentimiento de lo fundamental del ordenamiento social.

Es claro que en la sociedad argentina no sólo no ha cambiado la clase propietaria de los medios de producción, la que desde allí construye hegemonía, sino que la llamada “superestructura”, y dentro de ella los denominados “aparatos hegemónicos” tienen continuidad con el período anterior. Allí están los grandes diarios y los principales medios electrónicos, incluso los foros empresariales en que los dueños y gerentes del capital discuten, defienden y difunden sus rumbos tácticos y estratégicos, desde el coloquio de IDEA al acto inaugural de la exposición de la Sociedad Rural Argentina; las “usinas de pensamiento” de universidades privadas, think thanks y consultoras ocupaban y ocupan su lugar antes y después de diciembre de 2015.

Más bien se trata de una reformulación de la hegemonía existente, articulada dentro de su ejercicio “normal”, el de la democracia parlamentaria, estabilizado hace más de tres décadas, que apunta a proveer nuevos bríos a la “supremacía intelectual y moral” que el gran capital ya poseía, si bien en un grado y modo que le imponía (le impone) ciertas concesiones, una contribución a darle “bases materiales” a esa hegemonía; que hoy cree que puede dejar de sostener, a partir del establecimiento de una relación más directa, menos mediada, entre gran capital y Estado que le permita redefinir el vínculo de supeditación a sus intereses de las clases explotadas y alienadas.

Y en ese punto están, en la disposición a encarar una amplia reforma que abarque las relaciones de poder en el mundo del trabajo, el sistema educativo, el nivel y las formas de organización “permitidas” a las clases subalternas. Esos aspectos tienden a mantener, reproducir y legitimar un proceso de acumulación y un nivel de ganancias mayor al del período anterior, y en lo posible al de toda la historia reciente. Para ello, otro componente necesario, la reforma del Estado, entendida como un proceso que abarca aspectos tan materiales como la redefinición del sistema de gastos e ingresos, con otros de carácter simbólico, dirigidos a que las clases subalternas disminuyan sus expectativas sobre los bienes y derechos que el aparato estatal pueda ofrecer, y en función de ello reorientar sus demandas con rumbo a que los organismos públicos se centren en proporcionarle oportunidades para el progreso individual y las oportunidades económicas, que les garantice bienes privados sin aspirar a que proporcione bienes públicos. Esa reformulación de los roles estatales es compatible con políticas sociales “focalizadas”, “particularizadas”, que acojan a los que no pueden ganar su sustento en el mercado. Para todo el resto, las relaciones de mercado deben ser el espacio social que los sostenga, que les proporcione un empleo y un lugar social.

Si se aproxima la visión a la “reforma laboral” hoy planteada, se percibe que, junto con la finalidad económica de reducción del “costo del trabajo”, se encuentran objetivos políticos y culturales, tendientes a producir un cambio de vasto alcance en el nivel de seguridad y de percepción de derechos de los trabajadores. Obreros con menos protección contra el despido, menor imperio de los convenios colectivos, facilidades e incentivos disminuidos para integrarse en la organización sindical; serían también trabajadores más proclives a desarrollar conductas individualistas, teñidas de cierta deferencia hacia los patrones, que estarían allí por inteligentes, audaces, laboriosos, astutos, no por amasar riquezas a costa de la explotación y sometimiento de sus empleados.

Disminuir el nivel de afiliación sindical, minimizar la organización en el interior de fábricas y lugares de trabajo, reducir la presencia o al menos la eficacia de cuerpos de delegados y otras formas de representación de base, forma parte de una suerte de programa histórico de los grandes capitalistas argentinos. Éstos han coexistido durante más de medio siglo con la organización sindical en la empresa, siempre están atentos a la posibilidad de debilitarla o, como objetivo de máxima, hacerla desaparecer.

Lo que se conoce de la reforma laboral y otros cambios conexos es claro en su sentido de clase: Crítica a los “millares” de sindicatos y a los convenios colectivos obsoletos, disminución de cargas, aportes e indemnizaciones a cargo de los patrones, amplia “amnistía” para los que tengan empleados en negro, “flexibilización” de la jornada de ocho horas, posibilidad de renunciar a nivel de empresa a derechos establecidos por convenio.

Un frente de creación de consenso para el gobierno es el de presentarse como “realizador”, como ejemplifica su consigna “haciendo lo que hay que hacer”. Recoge un discurso de reparación de graves carencias materiales, de existencia objetiva. La pobreza y su correlato de “necesidades básicas insatisfechas” (falta de cloacas, de gas por redes, de caminos transitables, etc.), son tomadas como baldones a superar por la sociedad argentina, y al gobierno de Cambiemos como el llamado a solucionar esas carencias. El “ideologismo” populista del período 2003-2012, sería superado por una acción contra la pobreza, que no declama identificaciones sino que subsana problemas reales. El gobierno se coloca así en una preocupación de equidad e incluso de justicia social, que reemplazaría “palabras” con “hechos” e “ideología” con “acciones”. En lugar de hablar en nombre del pueblo y sus necesidades, hacer obras para solventarlas.

Más en profundidad, el Pro busca un cambio de la subjetividad, una primacía de la visión del individuo que ya no piense en términos de acción colectiva, de membrecía de una organización a la que lo unen vínculos de clase o al menos cierta solidaridad corporativa. Se busca que se vea más bien como un empresario unipersonal, el potencial “emprendedor” que se juega su suerte desde una posición de “independencia”, de “riesgo” de “proactividad” que, aún trabajador y pobre, lo acerca al paradigma del empresario. Que no se piense a sí mismo como trabajador, ni como “ciudadano”en ningún sentido activo del término. Es más bien un “vecino”, un miembro de la “clase media” que juega su suerte como individuo, sin confiar en la organización y la acción colectivas, y esperando del estado fundamentalmente un marco de “orden” y “seguridad”, que lo preserve de amenazas provenientes de otros sectores sociales sin generarle cargas ni obligaciones excesivas.

Todas estas “tareas históricas” tendrían hoy, a jucio de la coalición de gobierno y sus estrechos asociados del gran capital, una valiosa oportunidad de realizarse, asociada a que se encuentra en el poder político un gobierno que tiene una identificación más o menos completa con la gran empresa y otros “factores de poder”, que por tanto no parte en su relación con el gran capital de un arreglo coyuntural ni de una opción táctica, sino de una comunidad de intereses, ideas y sensibilidad. La “oportunidad histórica” se refuerza ahora, que el gobierno ha logrado corroborar su capacidad de lograr consenso popular expresado en el voto mediante las elecciones de octubre de 2017. Y esa perspectiva implica para el gran capital y sus aliados la oportunidad de convertir de una vez a Argentina en un “país normal”, libre de amenazas de izquierda y “populistas”, exenta de actores que se atrevan a disputar el dominio pleno del gran capital. Y con una clase trabajadora más disciplinada, con derechos más acotados y un nivel de sindicalización más bajo.

Hay entablado un combate por la construcción de un sentido común que a su vez es parte de la batalla por redistribuir equilibrios en el campo de la hegemonía, en un intento por producir una suerte de bisagra histórica, que termine con una tradición que algunos denominan como “plebeya e igualitarista”, pero que para sus críticos recientes queda subsumida en un “populismo”, tan amplio y vago como para convertirse en una etiqueta destinada a pegarla a todo lo que no agrada. Tendría como rasgos característicos su modalidda engañosa e inmoral, su tendencia a interpelar como beneficiario de sus políticas a un “pueblo” que termina siempre siendo su víctima.

A partir de diciembre de 2015 el nuevo gobierno ha articulado el designio de disputar la “supremacía intelectual y moral” en la sociedad argentina. Para seguir con terminología de raigambre gramsciana, habría que agregar que una clase que nunca dejó de ser dominante en la historia de la Argentina moderna, se propone consolidar y ampliar su papel de clase dirigente, por cierto sin gran disposición a hacer los sacrificios importantes que Gramsci asimila a las construcciones hegemónicas más eficaces, pero al menos con clara aceptación del requisito de acceder al gobierno y mantenerse en él por medio de elecciones, y con un instrumento político, como la alianza “Cambiemos”, que construya consenso sin guarecerse bajo el ropaje del peronismo.

Durante buena parte de 2017 y con frecuencia y virulencia creciente en los últimos meses, el gobierno ha puesto en claro que los instrumentos represivos actuarán contra todos aquellos que no acaten de modo pasivo el nuevo paradigma planteado. Lo que era amenaza, en forma de “protocolo” para actuar frente a las movilizaciones populares, pasó a los hechos progresivamente, hasta culminar en las acciones brutales, acompañadas por numerosas detenciones, que se instrumentaron frente a las masivas movilizaciones que jalonaron el mes de diciembre. El gobierno hizo incluso ostentación de su capacidad de represión, poniendo en juego, al mismo tiempo o de modo alternado, a todas las fuerzas “de seguridad” disponibles, desde la gendarmería a la policía de la ciudad de Buenos Aires. Esa deriva autoritaria va acompañada por una labor ideológica y propagandística para la construcción de un “enemigo interno”. De los rasgos difusos y casi fantasmagóricos de Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) e indefinidos “grupos anarquistas”, el gobierno pasó a la definición de adversarios mucho más amplios y concretos. Con motivo de las acciones contra la reforma previsional, ampliaron su condena tanto a la izquierda como al “kirchnerismo”, presentados como violentos y enemigos de la democracia a ser aislados y combatidos. Y se procuró dejar bien en claro que no se iría sólo contra los militantes de base sino contra los dirigentes, sin excluir a los representantes parlamentarios. En el nuevo modelo de país que plantea la alianza Cambiemos parece no haber lugar para quiénes, con mayor o menor claridad, se permitan cuestionar el dominio pleno del gran capital, local e internacional.

En el futuro inmediato se jugará el nivel de éxito del gobierno y sus aliados en la construcción del consenso de orientación regresiva que tratan de construir. Las manifestaciones masivas de diciembre mostraron que hay importantes sectores de nuestra sociedad dispuestos a ganar las calles, a construir una oposición activa a las políticas contrarias a los intereses populares, a ofrecer tenaz resistencia a que se construya y consolide el “país normal” al que aspiran las clases dominantes.

Esa voluntad colectiva se despliega pese a la acostumbrada claudicación de los sectores más burocratizados del sindicalismo, y podría ser la base de una vasta articulación social, política y cultural, susceptible incluso de dar masivamente el gran paso que va del cuestionamiento a las políticas “neoliberales” a la impugnación en bloque del orden social capitalista. Buena parte de los sectores y organizaciones que han tomado parte en las grandes movilizaciones del último año, desde el “Ni una menos” a la contraria al “2×1”, de las relacionadas con Santiago Maldonado a las ya mencionadas contra la reforma previsional, presentan aristas susceptibles de convertirse en identificación con una transformación profunda de nuestra sociedad. La batalla por desarrollar los “núcleos de buen sentido” y contra los pujos conservadores inscriptos en el sentido común, está en marcha. En el futuro cercano se jugará si esas perspectivas se concretan, de la consolidación del pensamiento y la acción colectivas depende.

Periferias N° 25-El Capital de Karl Marx en el debate teórico contemporáneo

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INDICE

– Prólogo
A 150 años del Primer Tomo de El Capital de Marx 1

– Apertura del encuentro
Julio C. Gambina; Beatriz Rajland 5

– Karl Marx. La crítica de la economía política y el comunismo
Aldo Casas 9

– Las batallas del marxismo y el capital
Jorge Cardelli 19

– Intervenciones de los representantes de la Fundación Rosa Luxemburgo Gerhardt Dilger; Heinz Bierbaum 27

– El Capital y la fuerza de trabajo femenina
Ester Kandel 29

– La recepcion de Marx y de las teorias socialistas en la Argentina. Aportes e Interrogantes
Alberto Fortunato 35

– Mercantilización y explotación creciente en la lógica de El Capital. La necesaria des-mercantilización y cooperación social para la producción.
Julio C. Gambina 51

– Sobre el fetichismo de la mercancía en El Capital y su relación con el Estado y el Derecho
Beatriz Rajland 69

– Trabajadores subocupados y desocupados en la Argentina actual
Franco Rossi 79

– La economía de los trabajadores
Marco A. Gómez Solórzano 85

– Apuntes a 150 años de la primera edición de El Capital de Karl Marx
Gabriela Roffi nelli 93

– La comunicación como mercancía
Eduardo Shmidt 103

– Vigencia de la metodología de análisis de Marx
J.L.Bournasell 113

– Superar esta sociedad deshumanizada
Ricardo Luis Méndez 119

– Uruguay: Resistencia y Alternativa
Leonardo Batalla 121

– Consumismo capitalista. Sus límites y la necesidad de otro modelo de desarrollo
María Elena Saludas 127

– Marx, fundador de las Ciencias Sociales
Néstor Kohan 131

– La comunicación en El Capital. A 150 años de su publicación
Rodolfo Gómez 139

– El capitalismo en cuestión: acumulación, crisis y desposesión. Una aproximación desde Nuestramérica
María Belén Rolfi , María Florencia Valinotti 153

– El Capital contra el populismo
Néstor Pablo Lavergne 167

– Cierre del Seminario
Julio C. Gambina 171

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En el marco de la Semana de Acción contra la OMC, se realizó el seminario «Libre Comercio y los trabajadores»

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Ante la presencia de más de 100 participantes – provenientes de Argentina, Uruguay, Brasil, México, Haití, Costa Rica y Cuba -, inauguró la jornada el director del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, Julio Gambina. Luego se realizó una presentación del escenario internacional y el estado actual de las negociaciones en la OMC, a cargo de José Luis Rodríguez (Cuba), Jaime Estay (México) y Camille Chalmers (Haití).

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A continuación, se dio inicio a las intervenciones de los asistentes, quienes aportaron reflexiones e inquietudes sobre la etapa que atraviesa la clase trabajadora.

Entre las más de veinte participaciones de docentes, trabajadores judiciales, de la construcción, metalúrgicos, de la administración pública, jubilados, de movimientos sociales, de pueblos indígenas y de la Federación Sindical Mundial – representada por Edgar Morales -, las ideas principales acordadas giraron en torno a que atravesamos un momento histórico donde el capital avanza globalmente en busca de mayores ganancias, a costa de los derechos de la clase trabajadora. Lo que se busca es mercantilizar todos los aspectos de la vida social, profundizando la miseria y la desigualdad existente.

En el marco de esta ofensiva capitalista, la OMC es la punta de lanza con la que las grandes empresas buscan entrar en los mercados, destruyendo miles de puestos laborales en aquellas economías menos desarrolladas. La OMC cristaliza así las relaciones desiguales y de dependencia existentes entre los países del mundo.

El desafío que tenemos es construir unidad de la clase trabajadora, no sólo al interior de los países sino en la articulación internacional porque la lucha es global. La batalla es cultural y al individualismo y la competencia que pretenden imponernos debemos responder con solidaridad, organización y clasismo.

El librecomercio es contradictorio con los intereses de los sectores populares. El momento nos obliga a resistir y construir una alternativa al capitalismo, en camino al socialismo.

Antes de finalizar, el encuentro se expresó en solidaridad con las luchas heroicas de los pueblos hermanos de Cuba y Venezuela, así como en repudio a los atropellos llevados adelante por el imperialismo en Curacao contra las conquistas democráticas y laborales de su pueblo.

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Clausuraron el encuentro el secretario general de la Federación Judicial Argentina y secretario de Derechos Humanos de la CTA Autónoma, Hugo Blasco, y en representación de la coordinación continental del ESNA, Leonardo Batalla, miembro del PIT-CNT de Uruguay.