(Fabiana Arencibia-Red Eco) Argentina –
En agosto de este año el Observatorio de Derecho Social de la CTA publicó un informe con algunos datos que refuerzan los argumentos de del avance del capital sobre el trabajo.
Si bien los últimos diez años fueron de crecimiento económico sostenido, la riqueza generada fue distribuida en forma desigual. Tomando los años 2003 a 2010, las ganancias empresarias crecieron alrededor del 50% mientras que la participación de los trabajadores en el ingreso nacional bajó del 38,5% al 37,6%.
Por otra parte, el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) entre el 2001 y 2011 fue aproximadamente de un 74% pero el ingreso real de los trabajadores asalariados registrados (lo que pueden comprar con lo que cobran) aumentó solo en un 3,3%, según explica el informe.
La causa es el aumento de lo que se conoce como productividad del trabajo (cantidad de producción por hora de trabajo) y la reducción del costo laboral para lograrla. O sea, mayor nivel de explotación.
Hoy, el salario real es un 40% inferior al que existía a mediados de la década del `70 y se encuentra aún cerca de los mínimos históricos de los años 2002-2003. Además, en los últimos años el salario dejó de incrementarse significativamente a causa de la inflación, de los cambios en el sistema de asignaciones familiares y de la no actualización del mínimo no imponible del Impuesto a las ganancias (lo pagan los trabajadores a pesar de ser un salario y no una ganancia).
A la situación salarial se suma el avance de la precarización y la flexibilización laboral.
Las últimas estadísticas oficiales (INDEC) hablan de un 34,5% de los trabajadores sin registrar, situación que redunda en sueldos bajos y falta de cobertura social.
Por otra parte, la desocupación no baja del 7% y la utilización de tercerización y subcontratación son parte de las estrategias empresariales. Se calcula que uno de cada cinco trabajadores son asalariados encubiertos.
Los convenios colectivos de trabajo siguen dándole a los empleadores facultades para flexibilizar el trabajo según sus intereses: turnos rotativos, fraccionamiento de vacaciones, multifunción.
En síntesis, en los últimos años el modelo económico ha beneficiado al capital con altos niveles de ganancias, mayor productividad y salarios reales que se van deteriorando.
El salario mínimo vital y móvil (SMVM) no llega a los 2700 pesos y ascenderá a poco más de 2800 en febrero próximo. Este salario es superado en los trabajos registrados pero no en la mayoría de los trabajadores informales.
Vale la comparación del SMVM con la canasta básica total (CBT) que se estima en alrededor de 4000 pesos, mas allá de la publicada por el INDEC, para el cual rondaría los 1600 pesos.
Este último dato oficial sirve para entender por qué para las estadísticas oficiales del primer semestre de este año hay solo 6,5% de pobres (calculado con la CBT) y 1,7% de indigentes (calculado con una canasta básica de alimentos de 700 pesos).
Respecto al trabajo no registrado hay que aclarar que el porcentaje oficialmente difundido es un promedio que va de un nivel 40,9% en las provincias del Noreste, un 35,7 en la región de Cuyo, un 34,6 en el Gran Buenos Aires, un 32,7 en la Región Pampeana del 32,7 hasta la mejor situación de la Patagonia con un tasa del 19,3%.
La situación empeoró comparada con el primer trimestre del 2012 y representa a 4,4 millones de trabajadores sobre una Población Económicamente Activa de 18 millones de personas. Esta tasa no registra disminuciones desde comienzos de 2008. Del total de los trabajadores no registrados, más de la mitad son jóvenes menores de 34 años y cuatro de cada diez son jefes de hogar.
Producto de esta situación, los conflictos laborales continúan en aumento. El Observatorio publicó, como lo hace desde el 2005, un nuevo “Informe sobre conflictividad laboral” con datos del primer semestre del 2012 en base a 342 conflictos.
Según el informe, dos son los factores que confluyen en los conflictos. Por un lado, una “mayor dificultad para cerrar los acuerdos salariales por rama de actividad”, y por el otro “un escenario económico donde conviven sectores que presentan importantes niveles de crecimiento con otros que experimentan situaciones de crisis”.
En el sector público aumentaron los conflictos en un 20%, casi en su totalidad por casos a nivel municipal, principalmente originados en reclamos salariales y por las deficientes condiciones laborales en general (en muchos casos derivados de sistemas precarios de contratación).
En el sector privado descendieron en un 14% pero aumentaron si se analizan por rama de actividad vinculados a la mayor dificultad para negociar los acuerdos salariales.
Otro dato interesante del informe que refleja el papel de los sindicatos burocráticos como negociadores con las patronales, es que la mayoría de los conflictos han sido organizados por sindicatos de base o seccionales locales (el 66% del total) o por trabajadores que no cuentan con ninguna representación sindical formal, o que llevan adelante sus acciones sin la presencia de la organización sindical existente. Este nivel de la organización sindical explica 2 de cada 3 de los conflictos registrados en este período.
Las formas en que se han expresado son a través de paro de actividades, movilizaciones y marchas cuando se tratan de reclamos salariales, apertura de paritarias, aumentos jubilatorios. Para situaciones de crisis (despidos, suspensiones, deudas salariales, quiebras, vaciamientos) se apeló a piquetes y ocupaciones de empresa y cortes de calles o rutas.
Las provincias de la Patagonia fueron las zonas de mayores conflictos laborales registrados a lo largo del semestre, seguidos por los que se desarrollaron en el área metropolitana de Buenos Aires.
No hay indicios de que esta situación pueda revertirse en el marco del actual modelo nacional y la crisis internacional. Por lo tanto, los conflictos entre el trabajo y el capital seguirán planteados en un marco donde la intervención estatal a través del Poder Judicial somete a muchos dirigentes y activistas a procesos penales por su participación en actividades sindicales.