Después de varios meses de tratativas, ayer, 16 de julio, se alcanzó el acuerdo final entre YPF y Chevron Corporation para el desarrollo conjunto de la producción de hidrocarburos no convencionales en la provincia de Neuquén, Argentina. Este acuerdo implica una inversión de 1240 millones de dólares por parte de esta empresa hasta el año 2017, que requerirá la perforación de 1500 pozos en un área de 395 km2, específicamente, en Vaca Muerta.
Son varios los argumentos que esgrimimos para repudiar esta medida. En primer lugar, la petrolera estadounidense, propiedad de la familia Rockefeller, Chevron Corporation, había sido condenada por la Justicia de Ecuador a pagar una millonaria multa por los daños sociales y ambientales producidos, en el proceso de extracción de crudo, durante el período de concesión que duró 26 años (1964-1990), en la Amazonia de ese país. El envenenamiento y contaminación de aproximadamente 500.000 hectáreas produjo una situación catastrófica entre las comunidades indígenas de esta zona: cáncer y muerte, depredación y contaminación de la naturaleza y de los bienes comunes. La pregunta es: ¿Con quién nos estamos asociando? ¿Cuál es el futuro de los pueblos de la región, con antecedentes semejantes?
A todos/as los que venimos luchando por Justicia Social y Ambiental nos avergüenza que se haya dejado sin efecto el embargo por U$S 19.000 trabado por el titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil 61, Adrián Elcuj Miranda, sobre los activos de Chevron en nuestro país, reconociendo la sentencia de la Justicia ecuatoriana. Por supuesto, que veníamos presintiendo este final a partir de las múltiples declaraciones a favor de la empresa.
Sólo por citar algunas. El gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, le deseó, públicamente, éxitos a Chevron en su apelación, luego de que se dictaminara “de manera arbitraría e ilegal, el embargo de sus activos en el país”; o las del presidente de YPF, Miguel Galuccio, que a mediados de mayo, manifestó, hablando como vocero del gobierno nacional: “En nuestra opinión, las medidas promovidas son absolutamente perjudiciales para la Argentina y podrían tener un efecto negativo en la inversión y el empleo en el país…”.
Cabe recordar, también, que la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto el embargo de conformidad con lo dictaminado por la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, el 22 de mayo, expresando en su pronunciamiento que “El caso reviste gravedad institucional. La traba de un embargo (…) a sujetos que desarrollan una actividad de notorio interés público, como la exploración y explotación de hidrocarburos, puede producir perjuicios irreparables”. Estas argumentaciones están en sintonía con lo manifestado por Ali Moshiri, presidente para América Latina y África de Chevron, que de paso por nuestro país, expresó que “la compañía está firmemente comprometida en ayudar a Argentina a lograr su objetivo de volver a la autosuficiencia energética y ayudar a que se convierta en un exportador nuevo a través de Vaca Muerta”.
¡Cuánta filantropía! Pero, no le creemos nada, las corporaciones transnacionales no ayudan, ya lo sabemos. Buscan sólo muy redituables negocios y con absoluta seguridad jurídica. Y, esta seguridad la tienen en Argentina. Saben que sus ganancias no se verán afectadas, ni siquiera las ganancias a futuro. Tenemos, en la actualidad, 58 Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones (TBIs) en vigencia. Estos instrumentos jurídicos internacionales, firmados entre dos Estados, lo que protegen son las inversiones privadas de una empresa de un país, dentro de nuestro país. Por eso, las inversiones de Chevron estarán protegidas, ya que uno de estos tratados es con EEUU, el mismo entró en vigor el 20/10/94, es por 10 años y remite al CIADI ante cualquier controversia en materia de inversiones que afecte a esta empresa. Esta situación es preocupante, no sólo por los antecedentes de Chevron (en cuanto a los daños sociales y ambientales dejados a su paso, no solamente en Ecuador), sino por el tipo de actividad que viene a realizar: explorar y explotar petróleo y gas no convencional, con lo que esto significa para los territorios y poblaciones que se verán afectados por la técnica del “fracking” (fractura hidráulica).
A esto debe agregarse que tanto Chevron como las grandes corporaciones transnacionales hidrocaburíferas contarán, ahora, con más beneficios y seguridad a partir del decreto 929/13 que el Gobierno Nacional acaba de firmar y que instrumenta el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos. Según este convenio a partir del quinto año de iniciado un proyecto con una inversión mínima de US$ 1000 millones, el 20% de lo extraído estará sujeto a cotización internacional, sea para la exportación o para el mercado interno. En el primer caso, se quitará todo gravamen aduanero y se permitirá la libre utilidad de divisas. En tanto, de no alcanzarse el autoabastecimiento, todo lo extraído será destinado al mercado interno y se compensará a la operadora con la diferencia. Como bien lo señala el Observatorio Petrolero Sur: “esto replica las políticas de los años ’90. Creándose, también, la figura de Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos, que habilita la creación de nuevas áreas. Estas políticas públicas y las alianzas “estratégicas” con diferentes compañías nos indican que el camino elegido por el Gobierno Nacional no es, precisamente, el de la Soberanía Energética.
El debate sobre la lógica extractivista está presente en nuestro país y en casi todos los países de América Latina. Podríamos decir que este debate sigue vigente desde hace cinco siglos. ¿Se puede hablar de Soberanía: energética, alimentaria, política mientras se continua con el mismo modelo de inserción global, extrayendo, de manera agresiva, materias primas que van hacia los viejos y nuevos centros hegemónicos? Este es el modelo de desarrollo presente en la ideología de la mayoría de nuestros gobernantes. Por eso, no nos extraña escuchar a nuestra presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, plantear “la necesidad de cuidar y explotar los recursos naturales, en asociación con el capital extranjero, para mejorar la balanza de pagos a nivel nacional, las regalías a nivel provincial y los nuevos puestos de trabajo para la gente”. Estas metas se manifiestan en la mayoría de las políticas públicas implementadas por los gobiernos de los países de América Latina: Inversiones Externas Directas (IED) con absoluta seguridad jurídica, exportaciones y crecimiento. Asimilado este último, al concepto de “desarrollo” como un proceso de evolución lineal, esencialmente económico, mediado por la apropiación de recursos naturales. Su objetivo es la ganancia, la emulación del estilo de vida occidental pero no el bienestar de los pueblos y la armonía con la naturaleza.
Por eso, hoy, es imperioso debatir y constituir sujeto crítico consciente de la necesidad de desmontar este concepto y este modelo de desarrollo y transitar hacia alternativas al mismo. Este proceso es parte de la articulación de las luchas de todos los pueblos afectados que resisten día a día defendiendo sus bienes comunes y su Vida. No sólo en nuestro país sino en toda Nuestra América.
María Elena Saludas –ATTAC – Argentina / CADTM-AYNA