Teorías que fundamentan el discurso económico en tiempo electoral

Julio Gambina

Existe una verdadera lucha de ideas y opiniones, las que tienen base teórica que las sustenta en la tradición histórica de la Economía Política y su crítica.

Remito al liberalismo devenido en “neo-liberalismo”, hegemónico en el sentido común abonado por los principales formadores de opinión; al keynesianismo en sus versiones contemporáneas y diversas, “neo” y “post”; como a la continuidad matizada en la “crítica” que expresan los seguidores de Carlos Marx, una minoría en la discusión.

Son las tres fuentes en las que abrevan discursos y escritos de candidatos o de propuestas políticas en el debate por un nuevo ciclo de gobierno desde fines del 2019.Con esos fundamentos se despliegan propuestas de Política Económica y estrategias políticas para atender una coyuntura muy difícil que definen la recesión y una elevada inflación, las que traen gigantescas y regresivas consecuencias sobre la mayoría empobrecida de la población.

La economía argentina está en problemas y más allá de cualquier diagnóstico sobre las responsabilidades, que para el oficialismo remiten al anterior ciclo de tres periodos de gobierno, el kirchnerismo; o incluso lo extienden a siete décadas bajo el surgimiento del peronismo en el gobierno de 1945. El ex Ministro de Economía Axel Kicillof respondió desde Washington, que el problema no está en el pasado, sino en el presente del gobierno de Macri, del PRO-Cambiemos. No muy distinta resulta la crítica de la oposición no kirchnerista y que disputa el gobierno del capitalismo local. Desde los seguidores de Marx se complica el asunto, ya que el fondo esencial de la crítica apunta al capitalismo propiamente dicho, lo que no cuenta con suficiente conciencia social instalada para intervenir efectivamente en la discusión, algo que involucra a la propia práctica de la izquierda política y social.

El rincón de las derechas

Entre los liberales se encuentran los oficialistas con sus matices al interior de la coalición de gobierno, o incluso de aquellos que por razones diferentes quedaron afuera del núcleo de las definiciones. El debate es en torno al gradualismo o el shock del ajuste y la reestructuración regresiva, con el límite de todos ellos de no contar con base social organizada, más allá del consenso electoral o pasivo derivado del accionar ideológico de medios de comunicación afines. A ello puede sumarse algún centro de opinión o grupo profesional con capacidad de incidencia sobre cámaras empresarias o núcleos de organización tradicional de las clases dominantes, como puede ser la SRA o la CRA. El radicalismo, socio político principal se debate entre la pertenencia a la coalición de gobierno o su rechazo.

La crítica por derecha al gobierno de Macri se concentra en los nuevos cruzados con fuerte presencia en los medios de comunicación, especialmente en la TV, los liberales ortodoxos, autodenominados “libertarios” o “anarco-capitalistas”. Entre estos, el tema esencial es la crítica al gasto público y más a fondo contra el Estado. Exacerban el discurso simplista contra la Política y el Estado. Suena muy parecido al sentido común de las dictaduras. Es más, recordemos que el neoliberalismo solo pudo ensayarse mundialmente en los 70´ de la mano de las dictaduras del Cono Sur de Nuestramérica y luego generalizarse desde la impronta autoritaria y de derecha de Margaret Thatcher y Ronald Reagan en los años 80´.

Desde el gobierno ofrecen su decálogo para el consenso, verdadera hoja de ruta del acuerdo con el FMI para el ajuste y la regresiva reestructuración de las relaciones entre el capital y el trabajo, reforma laboral, previsional y tributaria mediante. La propuesta para el debate es simple y se limita al aval de la política impulsada desde el Poder Ejecutivo. Aparece como una convocatoria al debate lo que solo es un convite para subirse a la estrategia condicionada por acuerdos internacionales sustentados en una hipoteca de imposible pago y que condena al ajuste perpetuo. Detrás de la estrategia está el apoyo, que parece incondicional, de EEUU y su gobierno dirigido por Donald Trump, que está dispuesto a ir más allá del FMI, con asistencia financiera directa del propio Tesoro estadounidense, según trascendió de la conversación telefónica en estos días de ambos jefes de Estado.

Oficialistas y críticos por derecha abrevan en la tradición histórica de la escuela clásica (Siglo XVIII), devenida en neo-clásica (desde fines del Siglo XVIII), sin los atributos ni consideraciones sociales, éticas o morales que podrían atribuirse a la primera, la que sustentaba la teoría objetiva del valor-trabajo. Recuperando el vínculo ideológico con los neo-clásicos, negando a Keynes y sus seguidores, los neoliberales confirman un objetivo por la eficiencia técnica de las empresas, mejorando la productividad, para asegurar la maximización de la ganancia, la acumulación y la dominación capitalista. El tiempo de la crisis de la globalización en curso (2007-09 al presente), exacerbado por la guerra comercial decretada por EEUU contra China, parece no entenderse desde el arco derecho de la confrontación de ideas e incluso sobre qué medidas concretas encarar para atender la evolución cotidiana del orden económico local. Mientras tanto, los problemas se trasfieren hacia los sectores de más bajos ingresos, promoviendo una lógica recurrente de ajuste.

El rincón de las reformas

La crítica al oficialismo y a la crítica por derecha es numerosa en propuestas y en disenso a su interior, lo que aleja cualquier posibilidad de un frente anti Macri que algunos imaginan. Se trata de un frente fragmentado que involucra al kirchnerismo como principal colectora de consenso electoral; al peronismo muy diverso, aun cuando contiene destacamentos muy difíciles de aislar del rumbo oficialista, aun militando en el anti Macri; y a otras propuestas que incluyen a radicales disidentes y un variado arco de propuestas políticas auto-asumidas en el centro, en un anodino ni de derechas, ni de izquierdas.

Sorprendió en estos días el discurso de Cristina Fernández al presentar “Sinceramente” (libro de su autoría) en la Feria del Libro reivindicando la política económica de Trump. Se entiende el énfasis en la defensa de la producción local, lo que no necesariamente supone mejora integral de los beneficiarios del mercado interno estadounidense, aun con el nivel más bajo de desempleo en los últimos años. No resulta menor considerar que uno de los ejes de la economía de Trump pasa por la baja de impuestos a la franja más enriquecida de la población estadounidense, lo que puede explicar cierto rebote en el crecimiento del PBI que muestra EEUU en los años recientes. Más allá del índice laboral estadounidense, interesa descubrir en EEUU la creciente irregularidad en el empleo, la ausencia de legislación protectoria del trabajo (que inspira la reforma laboral local), la pobreza y marginación de inmigrantes e indocumentados, tanto como una persecución discriminatoria hacia minorías migrantes de todo el mundo, muy especialmente de la región nuestramericana.

Es verdad que se critica el aperturismo anti producción local evidenciado en las políticas de estos años bajo el gobierno Macri, pero hace falta mencionar el complemento, esencial, en definitiva, de la política imperialista sustentada desde Washington. La guerra comercial en curso contra China encarece el consumo en EEUU y la propia producción dependiente de las importaciones de insumos, en muchos casos provenientes desde el gigante asiático, al mismo tiempo que incorpora incertidumbre en el conjunto de la economía mundial, especialmente entre los países dependientes y subordinados del capitalismo mundial. La política exterior estadounidense incluye la estrategia de boicot a Cuba y Venezuela, tanto como eliminar toda forma de construir lazos de cooperación regional que florecieron como propuestas alternativas en los últimos años.

Más allá del elogio a la política económica de Trump, se destacó la experiencia del pacto social en 1973-74, liderado por el peronismo en el Gobierno (Cámpora y luego Perón) y la CGT con la CGE, propuesta acompañada ahora de un debate sobre el orden constitucional. Todo “pacto social” supone determinadas correlaciones de fuerza entre quienes sustentan el acuerdo. En ese sentido, resulta de interés considerar los sujetos involucrados en cualquier acuerdo y cuáles son los condicionantes de época. Uno de esos condicionantes en la actualidad es el acuerdo con el FMI y los compromisos de pago de una acrecida deuda que dificulta cualquier proceso de redistribución progresiva del ingreso, más aún si se pretende distribuir la riqueza.

Un tema no menor es que la inflación tiene base en la puja distributiva, por lo que no queda claro cuál sería el eje de una negociación a pactar entre quienes suscribirían un acuerdo: el gobierno de la derecha, los principales formadores de precios, y los representantes sindicales o sociales. Vamos a insistir que lo que importa es la correlación de fuerzas para instalar una base de ingresos populares en la distribución del ingreso. Resulta de interés balancear como está hoy la iniciativa de las clases en el poder y la capacidad de organización y lucha de los sectores populares.

Un tema que atraviesa a todo el arco opositor a Macri remite al modelo productivo, especialmente a la nueva expectativa que genera el yacimiento Vaca Muerta y los hidrocarburos no convencionales. El tema es una gran coincidencia de éstos, los opositores y de los oficialistas, y cuando mucho, la discusión es sobre el modo de encarar el proceso de explotación, que excluye la condena de la invasiva tecnología del fracking y menos la extranjerización que supone la subordinación al capital inversor de las petroleras, un asunto que está presente desde el origen del acuerdo secreto entre Chevron e YPF.

Lo mismo diríamos si el tema remite al modelo del agro negocio, la mega minería o la industria de ensamble. En todos ellos, el común denominador es la dependencia del capital externo y la inserción subordinada en la transnacionalización. Cuando mucho, la discusión se centra desde el neo-desarrollismo, en el privilegio al crecimiento y al productivismo como crítica a la economía especulativa. Aun así, son varias las décadas de gobiernos constitucionales desde 1983 y la legislación financiera de 1977 sigue vigente, base de la extranjerización de la banca y el vínculo con el mercado internacional de capitales.

El rincón de las izquierdas

Mucha menos visibilidad tiene el conjunto de las propuestas sustentadas desde la izquierda, que es también diversa y fragmentada.

El punto en común es contra del acuerdo con el FMI, su rechazo e investigación de la deuda y suspensión de pagos para reorientar escasos recursos en resolver demandas insatisfechas de la amplia mayoría empobrecida de la sociedad y encarar una nueva política productiva y de desarrollo integrado. Sería un punto de partida de una generosa convocatoria a la unidad, la que aparece debilitada por miradas muy diferentes sobre la situación regional, especialmente en la consideración sobre la agresión imperialista sobre Cuba y Venezuela.

La menor visibilidad de la izquierda en la consideración pública está asociada al clima de época y al accionar de medios de comunicación y un sentido común más favorable a la mercantilización que a la defensa de derechos históricos. No se trata de subestimar problemas en el propio espacio de la izquierda, pero queremos enfatizar en colocar en el centro del problema a la ofensiva del capital y sus diferentes mecanismos ideológicos y represivos.

El mayor límite para la visibilidad de la propuesta teórica y política de la izquierda está en la posibilidad de ganar conciencia colectiva anti capitalista en una parte importante de la sociedad. Solo a modo de ejemplo podemos acotar la importancia de múltiples resistencias, especialmente de mujeres en el último tiempo (algo que trasciende a la izquierda), pero también del ámbito sindical y territorial, de organizaciones de derechos humanos y juveniles, contra ciertas facetas del modelo productivo, pero sin capacidad de articular en un objetivo integrado por otra sociedad no capitalista.

Más allá del proceso electoral, la izquierda necesita potenciar su organización y capacidad de promover la más amplia lucha por reivindicaciones democráticas y revolucionarias para ganar en subjetividad colectiva y consciente con capacidad de disputar la mayoría social en la lucha por el poder y otra sociedad.

En definitiva, aun cuando resta conocer los principales candidatos en la disputa electoral, el debate de ideas ya está lanzado, y es la oportunidad para hacer visible la crítica a la política de Macri y su derrota, al tiempo que se trascienda los límites de la lucha por gestionar el orden capitalista, e intentar ir más allá en la consideración de la sociedad.

Buenos Aires, 12 de mayo de 2019

Buscan consenso electoral para la política económica y el ajuste

Julio Gambina

El calendario electoral ya está en marcha y resulta clave la disputa en las elecciones de medio término de la gestión Macri. No solo se trata de completar el mandato de 4 años, y ni siquiera de pensar en otro turno (2019-2023). Es una cuestión estratégica relativa al funcionamiento del capitalismo en la Argentina y la región latinoamericana, especialmente cuando se agudiza la presión restauradora sobre Venezuela.

No crece de manera pareja ni suficiente el consumo, menos entre los sectores de menores ingresos (inflación de precios mediante). Tampoco se reconoce crecimiento de la inversión, apenas algo de la pública, muy escasa entre los privados. Además, existe restricción en el sector externo y por lo tanto, ni consumo, ni inversión, ni saldo favorable del sector externo. La industria mantiene su ralentización y una capacidad ociosa elevada en torno al 40%. Solo el sector primario y la agroindustria emerge contrarrestando la ecuación general, claro que una cosa es la economía de la soja y otra la de la leche.

Los matices en la actividad primaria

El complejo sojero se benefició con la devaluación y la disminución de las retenciones, animando otros sectores, entre otros el automotriz (ventas de pick-up).

El sector lechero sufre de una crisis especial, con baja de la producción en 2016 que remite a valores de 1998, en donde se cruza la desidia estatal por años en obras de infraestructura, el cambio climático derivado del modelo productivo especialmente en el agro y la situación mundial con sobreoferta de países productores como Nueva Zelanda y menores compras de parte de China. Lo que antes se capturaba por ventas externas e internas, se reduce ahora al mercado interno, donde suben los precios de la producción láctea y la capacidad de consumo de los de abajo es escasa.

Vale la consideración sobre el complejo lácteo ya que los productores perciben un precio debajo de los 5 pesos y el precio en góndola varía entre los 20 y 31 pesos, según sean segundas marcas o variedades diversas de empaque y calidad del producto. La diferencia entre productores y consumidores oscila entre 400 y 500%, que son apropiados por intermediarios altamente concentrados en el sector industrial y comercial.

En la producción se destacan 2 grandes empresas que concentran un tercio del total y solo 20 usinas lácteas resuelven el 80% de la producción. La concentración y extranjerización, con cierres de pequeños tambos es una realidad. La imposibilidad de sostener la producción originaria induce la concentración de tambos y con ellos, las fábricas (usinas), al tiempo que se extranjerizan. La Serenísima ya no es solo de la familia Mastellone, sino que interviene Arcor, Bagley y Danone con planes de compras del paquete accionario del 49% hacia el 2020. SanCor y su crisis puede resolverse con la compra por capitales externos, asistidos por el crédito público.

Insistimos con la leche y derivados por la importancia histórica del sector en la Argentina y el problema de la alimentación en un país donde la pobreza es del 30,3%, pero del 45% para menores de 14 años. Preocupa la ausencia de docentes en las aulas, pero nada se dice del impacto del hambre, la desnutrición y la mala disposición física y mental de los niños mal alimentados para la asimilación de los conocimientos en tiempo escolar.

Se trata de un problema de modelo productivo agrario y una orientación de “mercado”, con clara omisión del papel del Estado en la regulación de precios y el compromiso con la infraestructura. El complejo lácteo impone discutir la orientación de mercado y asumir un debate por al soberanía alimentaria, que es más que la copa de leche y supone discutir para qué, cómo, con quién, de qué manera producir leche y sus derivados, tanto como que necesidades satisfacer.

Obvio, que es un debate asociado al conjunto del sector productivo y no se agota en lo sectorial. Los trabajadores de las fábricas (usinas), de los tambos, la distribución o comercialización también tiene sus demandas, especialmente ante la amenaza de despidos que emergieron con la crisis de SanCor.
La disputa por el voto

El Ministro de Finanzas confesó en Nueva York que solo podrán aplicar su política económica “pro” mercado, luego de ganar las elecciones de octubre, ya que si ajustan ahora se llenarían las calles de piquetes y protestas que harían insostenible la situación en el país, además de alejar las inversiones externas.

Desde el gobierno razonan según la experiencia. Al comienzo del mandato tuvieron éxito con la devaluación, la eliminación del cepo cambiario, el quite y disminución de las retenciones, el pago a acreedores en conflicto (buitres), todo con ayuda de la oposición parlamentaria. Con esas medidas impulsadas dese el consenso electoral renovaron confianza política y produjeron una transferencia brutal de ingresos desde la mayoría empobrecida a la elite concentrada, con mayor endeudamiento público e hipoteca futura de peso con una deuda pública reconocida en 265.000 millones de dólares, en expansión.

Cuando quisieron seguir en ese rumbo, con tarifazos y despidos se encontraron con resistencias sociales y sindicales extendidas que tuvieron impacto en la morigeración del ritmo de incremento de tarifas y de cesantías, por lo menos en el sector estatal. Es el tiempo de idas y vueltas y contradicciones al interior del “equipo”, con renovaciones y relanzamiento de políticas ortodoxas, por lo menos desde el BCRA, con alzas de las tasas de interés para domesticar la inflación, con un costo social elevado.

Así, como la economía no produce consensos, la vuelta a la política es el camino para superar la prueba de octubre y se reabre el falso debate sobre rumbo macrista o kirchnerista, omitiendo variantes a derecha e izquierda. Son varios los que se ofrecen como opción de gestión gubernamental al macrismo, como también existen propuestas alternativas, con pretensión de ir más allá del capitalismo.

En este sentido no hay que dar como cristalizado el modelo productivo y debe discutirse el corset de la sojización, la mega-minería a cielo abierto o la industrialización dependiente, tanto como el modelo especulativo que se sostiene sobre el deliberado endeudamiento público. Un programa de soberanía alimentaria, energética o financiera asociado a una política de ciencia y técnica no dependiente, junto a una integración a favor de los pueblos, define la perspectiva de una fuerza política a construir para la autonomía e independencia nacional a propulsar con otros pueblos de la región.

Buenos Aires, 22 de abril de 2017

Los “terroristas” de ayer, los “encapuchados” de hoy

Fabiana Arencibia

Red Eco Alternativo

Argentina- “Proyecto de ley de reforma al Código Penal de la Nación contra agresiones en piquetes e intimidación pública” es el nombre que puede leerse en el facsímil que se hizo público a través del portal Infonews. Sin firma alguna, su texto estaría circulando entre los diputados de Cambiemos.

El mismo modifica los artículos que tipifican los delitos de abuso de armas (art. 104), la coacción (art. 149 bis), la coacción agravada (art. 149 ter) y la interrupción del tránsito (art. 194). También el que regula las penas por daños (art.184).

En todos estos delitos se incorpora una nueva circunstancia: “la participación en una manifestación pública mediante el uso o exhibición de elementos contundentes, proyectiles, elementos inflamables y objetos capaces de dañar la integridad de personas o bienes, o con la cara cubierta, de modo de impedir la identificación del agresor”.

Para el caso de impedir, estorbar o entorpecer el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad y de sustancias energéticas (art. 194) en el marco de una manifestación como la descripta, las penas se incrementan pasando de los 3 meses a los dos años actual a los 2 a 6 años según el texto del proyecto.

El objetivo de estas reformas vincula con claridad el momento político en que la represión necesita de marco legal. Por eso en sus fundamentos se plantea: “Podría no ser necesaria una reforma normativa (…). El Código Penal en sus artículos 104, 149 bis, 149 ter, 184 y 194 (entre otros) debería ser suficiente para dar por tierra con estos desatinos. Pero a la luz de los hechos recientes esto parece requerir de una enérgica reafirmación legislativa. Si las normas vigentes no son eficaces, su evolución debe nutrirse de la necesidad de que la vida en sociedad funcione de manera fluida y armoniosa, en base a la observación de la experiencia histórica y de cara a la realidad política y social en un momento dado”.

Cuando dicen “hechos recientes”, ¿estarán pensando en las marchas que llenaron las calles durante marzo repudiando el golpe cívico militar de 1976? ¿O en las convocadas durante estas últimas semanas por trabajadores y centrales sindicales para exigir que se termine con este modelo económico pensado para los ricos? ¿En los cientos de miles que se movilizaron por mejores salarios, contra los despidos, el ajuste y contra la violencia patriarcal? ¿O quizás en la de los docentes reclamando por su salario y por la defensa de la educación pública? Y cuando hablan de “desatinos”, ¿lo pensarán como sinónimo de salir a la calle, cortar avenidas y puentes porque el estómago no puede esperar más?

También sus fundamentos definen como un avance la aprobación del “Protocolo de actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en manifestaciones públicas” aprobado en 2016 por el Ministerio de Seguridad (leer El derecho supremo: la libre circulación). Pero afirma que el mismo “debe apuntalarse desde la legislación penal para no dejar las decisiones finales en manos de autoridades inermes, fiscales temerosos y jueces politizados”.

Como cierre de los motivos para pedir a los legisladores que conviertan este proyecto en ley, expresan: “Frente al debate de legos y de expertos, que parece no encontrar consenso en calificar a esos palos amenazantes y las caras cubiertas en los piquetes como armas de intimidación, amenaza, extorsión, vemos necesario introducir la tipificación específica y el agravamiento de las penas en los delitos así perpetrados, dando a las autoridades policiales y a los jueces y fiscales intervinientes la facultad indubitable de disuadir, impedir, detener, reprimir y arrestar y procesar penalmente a las personas implicadas en tales ilícitos”.

“En términos jurídicos, la reforma introduce por primera vez en el Código Penal el concepto de ‘manifestación pública’, convirtiéndola en un delito específico y en un agravante para determinadas conductas penales. De esta manera, los jueces podrán aplicar penas más duras contra quienes participen en medidas de fuerza y de acción directa. La decisión sobre quiénes y cuándo aplicar estos delitos es una decisión política y responde a los intereses del Estado, encargado de fijar la política de persecución penal´”, afirmó Eric Soñis, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), en una nota publicada en La Izquierda Diario.

“Tenemos malas noticias para el gobierno: las ‘personas implicadas en tales ilícitos’, es decir, los trabajadores y trabajadoras que venimos saliendo a las calles para reclamar contra los despidos y suspensiones, para exigir reincorporaciones o el pago de sueldos atrasados, para frenar el vaciamiento y cierre de fábricas, para defender y garantizar el derecho de huelga, para denunciar el gatillo fácil, la tortura y las detenciones arbitrarias, para decir basta a la criminalización de los pibes y pibas, vamos a seguir estando, y, como pintan las cosas, vamos a ser más cada día”, expresó la Correpi en un comunicado.

A principios de julio de 2007 el Parlamento sancionó modificaciones al Código Penal. La llamada “Ley Antiterrorista” incorporó a nuestra legislación, bajo la presión y exigencia del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), la confusa figura de “asociación ilícita terrorista”. A partir de su sanción se habilitó al Estado a perseguir y procesar, con ley en mano, a cualquier organización política o social que se manifieste en contra de las acciones del gobierno o que pretenda ejercer presión sobre sus organismos.

El nuevo proyecto de ley de Cambiemos, de ser tratado y aprobado, vendría a complementar la ley antiterrorista enviada al Parlamento el entonces presidente Néstor Kirchner. Ambas normas son instrumentos estratégicos para el control de la protesta social.

Proyecto Modificación Código Penal

Crisis en las Alternativas, pero no fin de Ciclo. Desafíos y Tensiones en Nuestramérica

Enrique Elorza

Ambos aspectos tienen el propósito de poner en tensión a las mismas alternativas que se están desarrollando en estos países e indagar y encontrar qué enseñanzas nos van dejando, cuyas experiencias concretas tienen una riqueza significativa como aprendizaje. Sin embargo, estas experiencias son puestas en cuestión y pretenden ser desdibujadas por diferentes corrientes del pensamiento hegemónico, desde las cuales se habla del “fin del ciclo del progresismo latinoamericano”.

Nos proponemos compartir en el escrito, algunas conclusiones respecto del alcance complejo y difícil, pero no imposible, de los procesos de transición, en el día a día, en particular, cuando se busca salir del neoliberalismo y/o del capitalismo. Sabido es que son múltiples los elementos que envuelven a los procesos de transición, con prácticas y resultados diferentes, no obstante muchos son los aspectos que tienen en común. Se buscará reflexionar sobre la necesidad de comprender la importancia que adquiere la modificación de la subjetividad hegemónica, que frena y limita los cambios que buscan la construcción de otro modo de desarrollo. También comprender que desde la economía política y la planificación de la política pública, se debe identificar y tener en cuenta los momentos favorables y las oportunidades, con las que suelen contar estos procesos, a fin de que logren su fortalecimiento.

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Una de cada tres personas es pobre en la Argentina

Julio Gambina

Si tomamos entonces al conjunto de la población llegaríamos a superar las 13.500.000 personas, una de cada tres de la Argentina.

Para la línea de indigencia se computa un ingreso mensual de 4.930 pesos, con lo que un 6,3% de las personas se encuentran en la situación de indigencia, por lo que asumiendo la totalidad de la población suma unas 2.652.000 personal.

Más aún, el promedio de ingresos mensual de los pobres es de 8.051 pesos y por ende les falta aún un 37,4% para acceder al valor de la Canasta Básica Total (CBT) de 12.851 pesos al mes.

El promedio mensual de ingresos de los indigentes es de 2.975 pesos, a 39,7% de satisfacer la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de 4.930 pesos mensuales. El promedio de ingresos de indigentes y pobres está lejos de satisfacer las CBA y la CBT.

La pobreza e indigencia es cuento largo.

Son datos que remiten a un problema estructural de la economía y la sociedad en la Argentina, que son consecuencia de la política actual, sí, pero remite al largo trayecto iniciado en 1975/76 y agravado en los años 90´ del siglo pasado.

La reestructuración regresiva del capitalismo local operada hace más de 40 años elevó sustancialmente el piso de la indigencia y la pobreza. El capitalismo resultante de la ofensiva de las transnacionales se descargó sobre el tercio más empobrecido, alentando un crecimiento de la desigualdad.

El fenómeno de la pobreza no es nuevo, y se agudizó con el tiempo. La extensión de planes sociales, acrecentada en los últimos años, unos 8.500.000 previstos por el Presupuesto 2017 dan cuenta de ello.

La pobreza es una condición agravada bajo la hegemonía de las políticas ortodoxas y neoliberales que inducen una reducción de los ingresos populares en beneficio de la renta del capital. El empobrecimiento supone una brutal transferencia de recursos desde muchos que se encuentran en la escala más baja de la pirámide de ingresos hacia los sectores más concentrados en la cúspide.

El máximo de pobreza por ingresos se registró en mayo del 2002 con 57% de la población debajo de la línea de la pobreza.

Con la recuperación económica desde mediados del 2002, el pico máximo comenzó a reducirse, pero lejos de los niveles históricos previos al rodrigazo (1975) y la política de la dictadura genocida desde 1976.

Desde mediados del 2013 no se difundieron desde el INDEC los datos de la pobreza y la indigencia, y los referidos entre 2007 y 2013 no eran confiables, al punto que el FMI sancionó a la Argentina por estadísticas no confiables.

El gobierno de Cristina Fernández acordó con el FMI una cooperación técnica para resolver una propuesta técnica y profesional sobre el sistema estadístico que debió ser evaluada durante el 2015 para levantar la sanción. Sin embargo el FMI prefirió esperar el resultado electoral y cambio de gobierno para expedirse al respecto y levantar la sanción.

No se ha expedido aún el Fondo y es probable que suceda luego de la reciente auditoria del FMI, que dejó trascender su acuerdo con las políticas en curso, pero llamó la atención sobre la necesidad del crecimiento económico y especialmente del consumo, como formas de atenuar la conflictividad social en curso.

La pobreza cero es un lema de campaña perpetua.

Macri pide se juzgue su gestión desde la difusión de estos datos a junio a 2016, ocultando el agravamiento de la situación generada desde diciembre del 2015.
Es cierto que el problema viene de arrastre y la propia Universidad Católica registraba un nivel de pobreza del 29% para diciembre del 2015, pero el gobierno Macrí agravó la situación, con devaluación, cesantías y la disparada de precios contra ingresos populares, de trabajadores activos y pasivos e ingresos por planes sociales.

Puede ser que algún día termine la larga desaceleración de la economía, siempre que llovió paró, y exista cierta recuperación del nivel de actividad y del empleo, lo que no se vislumbra aún, y entonces el Presidente Macri podrá decir que es difícil bajar la pobreza y que no alcanza con un período de gestión y salga a disputar más PRO o CAMBIEMOS en el mediano y largo plazo.

El imaginario del gobierno y la prensa afín es que las inversiones externas resolverán el problema de la baja actividad económica, del empleo y de la pobreza, obviando la existencia de una gran crisis capitalista mundial que frena el comercio internacional y el volumen de las inversiones externas en todo el planeta.

No es solo un problema de Argentina, Brasil o del Sur del mundo, es algo que acontece en el capitalismo mundial. Por eso la solución buscada no es tanto lo que se pregona respecto del ingreso de capitales, sino el esfuerzo por lograr bajar el costo laboral y disciplinar al movimiento popular con la zanahoria de la pobreza cero y otras promesas del elenco gobernante y las clases dominantes.

La respuesta popular es creciente en la protesta y demanda de paro general, solo demorado por la CGT y sus las negociaciones con el Gobierno, donde parece se restringe las demandas a un bono de reparación a la diferencia entre precios e ingresos populares, salarios, jubilaciones y planes sociales.

El gobierno retoma su proposición de pacto social involucrando a la cúpula empresarial y a la CGT intentando llegar al fin del primer año de gestión y abordar un tiempo electoral de medio mandato con lo principal del ajuste realizado, hasta que puedan gestarse nuevas condiciones para forzar reformas laborales y renovadas reducciones de ingresos populares.

Para transitar el tiempo de dificultades, el gobierno Macri acude al endeudamiento público, presupuestado en 46.500 millones de dólares para el 2017. El stock actual de deuda asumido es de 245.505 millones de dólares a junio del 2016, un 55,5% del PBI, considerado bajo con relación a otros países y por ende con margen para acrecentar y sortear las dificultades económicas y políticas del presente y futuro mediato.

La incógnita es la capacidad de construir alternativa política, no solo al gobierno, sino al orden capitalista vigente. Claro que eso depende de la capacidad de organización social consciente para pensar en otra sociedad.

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2016

[1] INDEC. Incidencia de la pobreza y de la indigencia en 31 aglomerados urbanos. Resultados segundo trimestre de 2016. Difundido el 28/09/2016.

Libro: ¿El capitalismo argentino en su etapa final?

Jaime Fuchs

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Fuchs, doctor en Ciencias Económicas de la UBA, ha publicado innumerables escritos en diversas revistas, participado de seminarios, conferencias y foros en Moscú, Cairo, París, entre otras ciudades del mundo y dio conferencias sobre globalización y desarrollo en Cuba y en varios países de América Latina.

Ha participado siendo muy joven en las juventudes libertarias, en el movimiento sindical y universitario y luego en las filas del Partido Comunista Argentino. Formó parte de movimientos en defensa del petróleo argentino, por la solución de la Deuda Externa y fue director de la revista “Problemas de la economía”, profesor de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo y actualmente está a cargo de la cátedra “Pensamiento económico a través de la historia”.

El autor de “Los amos de la economía argentina”, “Argentina, su estructura económica y social” y “Las transnacionales”, entre otras obras, cedió los derechos sobre su última investigación a la Central de Trabajadores de la Argentina.

El escritor Osvaldo Bayer, quién prologó el libro, nos invita a leerlo con las siguientes palabras: “El autor de este libro es un verdadero docente, su idioma es claro, nada de academicismos que confundan o marquen un camino abstruso, sino que va pasando revista a una experiencia histórica para aprender. Aprender a descubrir las verdaderas falsedades en las que se ocultaron los intereses propios. Ojala este libro sea comprendido en todos sus alcances. Ojala que aprendamos, para conseguir por fin aquello que debe ser el verdadero fin de la humanidad: la paz eterna en la cual cada uno tenga a su alcance lo que pueda significar la felicidad, el verdadero sentimiento de fraternidad en haber por fin encontrado la “Noble Igualdad”, aquello que cantamos en nuestro Himno y que estuvo contenido en nuestro pensamiento de Mayo”.

La publicación de casi 500 páginas se venderá a los afiliados y afiliadas de la CTA al precio de costo ($ 60) para garantizar la llegada a todos los interesados.

Para más información, consultar a editorial@ctanacional.org