Por María Carla Rodríguez. El gobierno de Jorge Macri publicita los más de 700 desalojos que ejecutó desde el inicio de su gestión, mientras la crisis de la vivienda se profundiza, no sólo para los más pobres, sino para amplias capas de sectores medios que ya no pueden sostener los alquileres. El gobierno porteño, emulando al Brigadier Osvaldo Cacciatore, aquel nefasto intendente de la dictadura de 1976, se dedica a limpiar la ciudad de gente pobre: los que malhabitan en la calle, trabajadores callejeros informales migrantes, familias de bajos ingresos que tienen pequeños negocios en los barrios populares y también espacios colectivos de organizaciones populares como asambleas y comedores. Macri como Javier Milei: RIGI con beneficios y subsidios para los ricos, por un lado. Represión, expulsión y judicialización, para el resto. Con mucho operativo disciplinador de conciencias, tecnopolítica mediante.
En este sentido, el gobierno de Macri realizó a mediados de mayo la espectacular, ejemplar y violenta “operación Tormenta Negra” en barrios populares, con exceso de efectivos y equipamiento, estigmatizando al conjunto de sus habitantes. Esta acción forma parte de su estrategia general, que sostiene en una visión reaccionaria del orden, que equipara pobreza, delincuencia y narcotráfico. Macri simula defender la propiedad privada y combatir al narcotráfico. Al mismo tiempo, las adicciones y el narcomenudeo, sirven como herramienta de control social y capilarizan el control policial mientras los verdaderos guardianes del orden protegen a los poderosos -y delincuentes- de siempre.
Esta mirada se expande a toda la ciudad. A partir de un pedido de informes del Ministerio Público de la Defensa, que toma desde diciembre de 2023 hasta noviembre de 2025, sabemos que la “acupuntura del mal”, como la llama la investigadora del IIGG-Conicet Mercedes Di Virgilio, sigue una distribución geográfica desigual en la Ciudad de Buenos Aires, con una marcada concentración en el sur de la ciudad. Las comunas más afectadas son la Comuna 8, con 85 casos, seguida muy de cerca por la Comuna 4, con 83 casos. Balvanera, Almagro, La Boca y Constitución son los barrios que encabezan la lista.
Este patrón sugiere que la conflictividad por desalojos no afecta por igual a todo el territorio, sino que se focaliza en zonas más específicas, donde contribuye a preparar el terreno para posteriores operaciones de renovación urbana. Esto es muy claro en el barrio de Constitución, Área de Desarrollo Prioritario (ADP) donde el discurso oficial propone que la zona pueda estar más “integrada, equitativa y sostenible a partir de una mirada compartida entre el Estado y la comunidad”. La comunidad, claro, son las redes de “buenos vecinos” que el propio Gobierno incentiva y que funcionan articuladas con la Comisarías de la ciudad. El resto, parece que no somos buenos vecinos.
En muchos de estos desalojos, el Gobierno avanzó sobre el poder judicial, implementando una vía administrativa que apela al riesgo de supuestos derrumbes y clausuras. Sin presentar un acto jurídico, ni un informe técnico que avale el inmediato desalojo, ni mucho menos la intervención judicial. Medida desproporcionada con consecuencias devastadoras para las familias afectadas.
Con esa argucia legaliforme, instrumentada desde la Guardia de Auxilio, cuyo responsable político es el actual vicedecano de la Facultad de Arquitectura de la UBA, los vecinos afectados al operativo no forman parte de la integración, sino que son evacuados por su bien. Si no están prevenidos y organizados, resultan desplazados de sus casas, sin pensar en ninguna alternativa habitacional. De patitas en la calle. Sus pertenencias personales tampoco forman parte del resguardo de la propiedad privada, porque el personal ad hoc, las dispone de cualquier manera, las carga en camiones y se las lleva a depósitos donde no siempre, los afectados pueden luego recuperarlas. Cualquier parecido con los despojos efectuados en la época de hierro dictatorial, no es mera coincidencia.
En algunos casos, la Guardia de Auxilio, con sus operativos de clausura, también ha pasado por encima de la voluntad de algunos pequeños propietarios que permitían las ocupaciones hasta tanto se concretara la venta de su inmueble. Así ocurrió hace 72 horas en la otra cuadra de mi casa, con familias vecinas que todos en la cuadra conocimos y saludamos diariamente los últimos 10 o 15 años. Ahora no sabemos donde fueron a parar. Tal vez no los veamos nunca más.
Es importante destacar que el GCBA obró de manera desigual con el único derrumbe real que ha ocurrido en la ciudad, con los evacuados por peligro de derrumbe de los edificios ubicados en calle Mafalda al 900, en el barrio de Parque Patricios (familias de clase media del Programa Procrear, a cuyas empresas constructoras parece proteger bastante el GCBA) Una notoria desigualdad. Allí el GCBA puso a disposición de forma urgente 550 vacantes hoteleras.
Esta política autoritaria, discriminatoria y deshumanizante, va de la mano del vaciamiento y destrucción de las políticas habitacionales de corte progresivo y distributivo que permiten pensar la producción del hábitat para la resolución de la vida de las personas y familias. Por eso el Gobierno Macri o Milei contraproponen brindar algunos créditos UVA a ciudadanxs de clase media “virtuosos” que son cooptados en la ilusión de que los van a poder devolver sin quedarse pagando, como ocurrió con la circular 1050 durante la dictadura, o con los créditos UVA del otro Macri en 2016.
La Legislatura porteña, comienza, pálidamente, con sus adalides del campo progresista a esbozar algunas señales de preocupación y repuesta, mientras la fragmentada trama popular busca coordinar esfuerzos para visibilizar este cuadro y vincularlo con una respuesta política mas general. Así se ha constituido, por ejemplo, la Coordinadora Contra los Desalojos en la Ciudad de Buenos Aires, con decenas de organizaciones sociales, activistas de derechos humanos, docentes y estudiantes universitarios, militantes de asambleas populares y militantes de partidos políticos de izquierda y de sectores del peronismo popular. Del mismo modo, la FSCO UBA ha constituido la mesa coordinadora contra los desalojos en el barrio de Constitución.
Ciertamente, para cortar esta política antipopular y autoritaria, hay que construir poder y entendimientos colectivo capaz de torcer el rumbo. Que hacer, sabemos. Cualquier plataforma popular para el Gobierno de la Ciudad, debe ceñirse al cumplimiento estricto del artículo 31 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: el Estado tiene la responsabilidad de reducir el déficit habitacional, priorizar a los sectores más vulnerables, aprovechar inmuebles vacíos/ociosos para este fin, mejorar las condiciones de viviendas en situación de precariedad con criterio de radicación definitiva e intervenir sobre los alojamientos temporarios, para evitar situaciones de informalidad. Promover la integración social y urbana tanto en los barrios populares como en toda la trama urbana consolidada. Apoyar los entramados productivos cooperativos y asociativos que hoy son perseguidos y estigmatizados, muy especialmente fortaleciendo la Ley 341, promovida a instancias de la fuerte participación del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos y creando algunos otros instrumentos semejantes con una fuerte política de captación de suelo y organización de unidades y encadenados cooperativos de producción habitacional autogestionaria de vivienda y trabajo.
Asimismo, visibilizar, tal como los señala la Corriente Política de Izquierda, que la verdadera política de seguridad y combate al delito requiere del compromiso y la participación ciudadana y comunitaria así como del combate a los instigadores y a los eslabones mayores de las cadenas delictivas. No ensañarse con colaboradores de menor rango (aunque tienen su cuota de responsabilidad) y menos todavía a “perejiles” que no tienen nada que ver o que cometieron el “pecado” de denunciar o resistir las acciones vejatorias e injustificadas, por las cuales, en algunos casos, pueden terminar incluso entregando la vida.
Maria Carla Rodriguez es profesora e investigadora IIGG UBA y Conicet, Presidenta de la Asociación Civil MOI y militante de la Corriente Política de Izquierda.