En el origen del episodio está la lógica de la ganancia imperante en la promoción del interés privado con las privatizaciones de los 90´ y vigentes en la actualidad, el negocio inmobiliario y el ahorro en la seguridad habitacional y ambiental.
Al instante de enterarnos de la situación y ante la zozobra imperante, rápidamente nos preguntamos si ¿algo tendría que ver con la privatización de Gas del Estado en 1992? Inmediatamente decíamos que con la vida no se juega. Es que ayer fueron los trenes y ahora el gas, y siempre están detrás empresas privatizadas de servicios públicos en la gestión de un negocio con objetivo rentable.
Empresas que resguardan su seguridad en tratados bilaterales de inversión (tbi) que las protegen, y recordemos que Argentina es uno de los países con más tbi suscriptos en el mundo desde los 90´. Con ese respaldo jurídico avalado por el Estado nuestro país es el más demandado ante el CIADI, el Comité del Banco Mundial al que acuden las transnacionales para demandar a los Estados nacionales.
En esta ocasión, la empresa es Litoral Gas S.A. Es interesante consultar la información que la empresa presenta en su sitio en internet. La empresa informa que tuvo que suspender sus programas de responsabilidad social empresaria por la crisis.
Allí podemos leer que “Litoral Gas desarrolla, dentro del concepto de Responsabilidad Social Empresaria, diferentes acciones orientadas a contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad, priorizándose los siguientes conceptos: Educación – Salud y Seguridad – Medio Ambiente – Ayuda Solidaria.” Sabemos que la RSE apunta a realizar propaganda de la empresa, siendo que lo principal debiera ser la seguridad de los usuarios. Sin embargo, esas acciones de RSE se orientaban “a diferentes instituciones de bien público, culturales y educativas de la zona de concesión”, o sea, propaganda de la empresa, y también con un “Programa de Donaciones de Fin de Año”, o sea, más promoción propagandística, y “el programa educativo a las escuelas”. Todo eso, dicen, suspendido por la “crisis y el congelamiento de tarifas”.
Si no hay mayores inversiones o costos por seguridad de los usuarios, todo debe presumirse en la necesidad de aumentar el precio de facturación o disminuir los costos. Eso podría explicar la ausencia de medidas preventivas que pudieran haber evitado la situación trágica de estos días.
En estas horas de reflexión, me acerca una opinión un gasista matriculado, quién señala que a las empresas privadas solo les importa “la venta, y que el control permanente en las redes es escasa, y que les preocupa mucho menos el control en los edificios”. Es que con la venta y la reducción de costos mejoran la rentabilidad, eje del sentido de la inversión capitalista. En otras ocasiones hemos insistido que el tema que necesita discutir la sociedad argentina es que el gas, el petróleo y la energía son derechos, y no mercancías, tal como el transporte, la salud o la educación.
Revertir la institucionalidad de los 90´
Claro que para que ello sea real hace falta revertir los cambios estructurales de los 90´, entre ellos denunciar los tbi, y que no alcanza con un discurso crítico a las políticas hegemónicos de aquellos años. Hace 21 años se privatizó Gas del Estado, que era la segunda empresa en facturación luego de YPF y una de las empresas modelos en su rubro en el ámbito mundial.
¿Hacía falta su privatización? ¿Por qué subsiste la privatización de los servicios públicos esenciales? “La lógica del mercado lleva inevitablemente a la barbarie” leí un mensaje en las redes sociales. La respuesta entonces pasa por construir un nuevo sentido común por la des-mercantilización de la salud, la educación, la energía; que para ser asumido por los gobiernos, primero debe ser aceptado y defendido por la sociedad.
Pero también nos interrogábamos si el boom inmobiliario tiene algo que ver con el crecimiento del riesgo habitacional. En efecto, ya que la expansión edilicia para el mercado no contempla necesariamente el hábitat popular y la seguridad ambiental y social. No es buena combinación el aliento al mercado inmobiliario, incluida la especulación, y la privatización de los servicios públicos.
Lo que preside ambas inversiones es la rentabilidad de la inversión, lo que supone achicar costos de producción y disputar mejoras en los precios de venta. La acumulación capitalista en curso asume el privilegio a la iniciativa privada, como lógica imperante desde los 90´. Se trata de una juridicidad e institucionalidad para favorecer el clima de negocios, la ganancia, la acumulación capitalista y la dominación. El eje no está puesto en el vivir bien del conjunto de la sociedad.
A modo de información es bueno saber quiénes son los dueños de la empresa. El principal accionista de Litoral Gas S.A. es propietaria del 91.66 % del paquete accionario, Tibsa Inversora S.A., y el 8,34% restante pertenece a otros accionistas individuales, incluidos empleados y ex trabajadores. A su vez, Tibsa se integra con el 70% en manos de la francesa SUEZ-Tractebel S.A., un holding totalmente controlado del grupo GDF-SUEZ, y el 30% restante pertenece al Grupo TECHINT, a través de su empresa Tecpetrol Internacional S.L.
La privatización fue en 1992 y la concesión por 35 años, o sea, hasta el 2027, y con opción a 10 años más, el 2037. Es una empresa monopólica, con mayoría de capital foráneo que atiende una amplia zona geográfica de la Provincia de Santa Fe y el norte de Buenos Aires, abarcando a unos 3,5 millones de usuarios. La sede empresaria está en Rosario. Vale recordar que la empresa francesa también fue privatizada a contramano de su historia y en la lógica de transformar derechos en mercancías.
En el sitio en internet puede leerse sobre Litoral Gas que su “actividad consiste en la distribución de gas natural por redes en el área geográfica conformada por las provincias de Santa Fe y el noreste de la Provincia de Buenos Aires. Inició sus operaciones el 28 de diciembre de 1992, a partir de la privatización de la empresa Gas del Estado S.E., que hasta ese momento había tenido a su cargo, en forma exclusiva, el transporte y distribución del gas natural en todo el país. Su administración central está ubicada en la ciudad de Rosario”.
La transnacional francesa es parte del proceso de privatización y la expansión global en Europa y otras partes del mundo, entre ellas, la Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Panamá y Perú. Por su parte, Techint y su controlada Tecpetrol se proyecta desde Argentina al mundo, aportando a la transnacionalización de la economía mundial, con actividades también en Bolivia, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú y Venezuela. Ambas, Suez y Techint son importantes jugadores de la transnacionalización.
Las privatizaciones son negocios que matan, sean ferrocarriles o gas, es la imprevisión en la prestación del servicio de gas es lo que está en el origen de las explosiones y las muertes de Rosario. La institucionalidad del 90´ es la que sigue matando. Es una institucionalidad vigente y no se habilitó el debate para la reversión de la situación.
Revertir la tendencia favorable a la iniciativa privada, consolidada con la reforma constitucional del 94 está muy lejos del debate político contemporáneo. Existe un detenido indagado por el episodio, pero vale mencionar que el juez que atiende en la causa por la explosión en Rosario señala “La empresa es un actor principal en la causa”, por lo que interesa indagar en las consecuencias de mantener el carácter mercantil de la energía, en este caso la distribución del gas.