En la Semana Santa de 1987 – con una democracia que no había cumplido 4 años – el Teniente Coronel Aldo Rico tomó el Regimiento de Infantería de Campo de Mayo para exigir primero, que concluyeran los juicios a sus camaradas “detenidos y escarnecidos” que combatieron “y triunfaron” en una “guerra justa” y “necesaria”, gracias a la cual el actual régimen (la democracia) tiene cabida y segundo, que se dictara una amnistía “ignominiosa” para ellos, el ejército vencedor pero la consideraban la única solución práctica.
La respuesta del Gobierno fue inmediata y enérgica: Alfonsín fue ese mismo 16 de abril y habló ante la Asamblea legislativa denunciando que “buscan imponer (…) una legislación que consagre la impunidad (…)” y concluyendo que “reafirmaré con hecho concretos los criterios de responsabilidad”.
El gobierno, los partidos políticos y los medios llamaban a ocupar las plazas. El estado de movilización de la población abarcó a casi todas las provincias con epicentro en la Capital: la Plaza de Mayo desbordaba con más de 100 mil personas (algunos medios hablan del doble) e incluso se agolparon manifestantes frente a Campo de Mayo exigiendo la rendición de los sublevados.
Si algo había calado hondo en la población era que no querían más “Golpes de Estado”. Alfonsín durante su exitosa campaña había situado una contradicción secundaria como fundamental: democracias vs autoritarismo. Esa contradicción puede ser falsa, pero expresó el grado de conciencia de ese pueblo que salía de la Dictadura y, a regañadientes, iba tomando conciencia sobre lo ocurrido.
Históricamente aquella afirmación era falsa porque las democracias al inicio de la guerra fría, desde Perón a Illia pasando por Frondizi – como señala Rodolfo Yanzón en Rouge – habían apuntalado el rol de las fuerzas armadas como guardia pretoriana del mundo “occidental y cristiano” en guerra contra el “comunismo”, el enemigo interno.
En ese sentido el “Partido Militar” tuvo continuidad estratégica tanto en democracias formales y dictaduras dando consistencia al aparato burocrático militar del estado para defender ese orden capitalista del “comunismo”, cuya caracterización incluyó a los movimientos antimperialistas en sus diferentes variantes identitarias.
Pero políticamente, “democracias vs autoritarismo” fue un aglutinante potente que traccionó la política en ese momento y movilizó contra el posible golpe. Se valoraba, entonces, la democracia – parafraseando a Marx – “en sí”.
En definitiva, el levantamiento se produjo porque el presidente Alfonsín había lanzado una ofensiva política por “la verdad y algo de justicia”: derogó la ley de “autoamnistía” y dictaminó el juzgamiento de las tres primeras Juntas Militares, junto a los “jefes guerrilleros”. Paralelamente creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) que debía presentar un informe, aunque no tenía consecuencias jurídicas. Modificó el Código Militar, las Juntas Militares de la Dictadura fueron juzgadas y en el dictamen – sin acuerdo con el gobierno, en el punto 30 – se habilitó para avanzar hacia abajo en los responsables de zonas y subzonas con lo que los militares comenzaron a transitar los pasillos de la justicia civil. El detonante del alzamiento fue que, para evitar ese transitar, el gobierno impulsó y sancionó la Ley de Punto Final en diciembre de 1986 que establecía la extinción de las acciones penales a quienes no hubiesen sido citados en 60 días. Fue un boomerang: varias Cámaras Federales levantaron la feria judicial y el total de denuncias superó largamente las peores expectativas del oficialismo.
Para unos, la Ley de Punto Final era una concesión que permitiría calmar las aguas en los cuarteles y con el Juicio a las Juntas y el avance de la verdad, ya era más que suficiente; para las izquierdas, ese paso había empoderado a los militares, y de hecho iría a la marcha contra el golpe con la consigna “Esto es por el punto final”.
Ahora bien, ¿en qué condiciones, con qué planteos llegaba ese pueblo a la Plaza? En buena parte, ese pueblo era similar al que había participado, el 6 de diciembre de 1982, en el paro de las dos CGT o en la marcha convocada por la Multipartidaria el 16 de diciembre de ese mismo año. La CGT en su pliego reivindicativo no hacía mención al tema Desaparecidos, justicia, esclarecimiento o algo similar. Por su parte, la Multipartidaria (PJ, la UCR, MID, DC y PI) apenas mencionaba el tema derechos humanos pidiéndoles a los militares que resuelvan rápido, dentro de los cuarteles, “los excesos” pero aclarando al mismo tiempo “que en este reclamo no hay ni una reivindicación del terrorismo ni un deseo de venganza (…) Una solución será menos traumática cuánto más rápido y franca sea la respuesta”
Sumemos, ¿qué sostuvieron en la campaña electoral de 1983 los partidos políticos que fueron votados por la mayoría? El candidato Italo Luder por el Partido Justicialista propuso respetar la ley de “autoamnistía” y reivindicó los decretos por él firmados en 1975 que ordenaban aniquilar a la subversión. Alfonsín, candidato de la UCR, hizo su propuesta sobre los tres niveles de responsabilidad en las FFAA que actuaron “en la lucha antiterrorista”: los que habían tomado la decisión política; los que se “excedieron” en las órdenes recibidas y los que “se encontraron sometidos al cumplimiento de órdenes (..)” que debían “ser considerados como actuando bajo la obediencia debida.”
La propia Iglesia oficial proponía la reconciliación que impulsaba el Papa Juan Pablo II, acérrimo anticomunista que amonestaba a “curas villeros” o quienes suscribieran la “teología de la liberación”.
Entonces entre las agendas de los partidos mayoritarios, la CGT, las cámaras empresariales y la Iglesia existió, por un lado, un “consenso” respecto a que efectivamente había habido una guerra contra un enemigo común, el “subversivo”, el terrorismo que era responsable principal de la violencia. Pero, por otro lado, hubo una diferencia respecto a cómo actuar, que iba desde la impunidad lisa y llana, a diferentes grados de responsabilidad, aunque siempre partiendo del concepto de “guerra justa”.
¿Y las Madres de Plaza de Mayo y otros organismos de DDHH? En aquel momento convocaron a la “Marcha por la vida” (25 de noviembre de 1982) con sus consignas de “Aparición con vida” y “Justicia” que, aunque contó con mayor adhesión que la acostumbrada, seguía siendo aún pequeña. Y el 24 de marzo de 1984, ya en democracia la concentración en Plaza de Mayo no superó las 6000 personas.
En esa correlación de fuerzas estalló la sublevación. El Juez federal Alberto Piotti se hizo presente en Campo de Mayo para dejar una citación acusándolos por sedición. Mientras, Alfonsín ordenó al General Ernesto Alais recuperar el cuartel, pero…nunca llegaría. Ya era claro para el propio gobierno que el Ejército si bien no estaba dispuesto a atacar a la “democracia”, tampoco lo estaba para a reprimir a sus camaradas, con quien compartía el reclamo. Es decir, expresaban un “consenso pasivo” a la acción de los sublevados, y compartían el pliego reivindicativo.
En ese contexto, el 19 de abril con una multitud reclamando en la Plaza de Mayo, epicentro del poder político, apareció el presidente en el balcón rodeado de todos los partidos, destacándose los representantes del peronismo: el veterano Antonio Cafiero y el joven José Luis Manzano. Alfonsín informó a la multitud que iría él solo a Campo de Mayo a intimar la rendición de Rico solicitando que lo esperen.
Antes, en la Casa de Gobierno se había firmado un acuerdo: el “Acta de compromiso democrático” redactada por radicales y peronistas pero que fue firmada por todo el espectro de los partidos políticos (salvo los de tradición trotkista), por la CGT representada por Saúl Ubaldini y ¡oh sorpresa! por las grandes Cámaras Empresariales (SRA, UIA, ADEBA, etc.), otrora golpistas compulsivas. Esto último es clave: con ese gesto, el Nuevo Poder Económico (como plantean Basualdo y otros) surgido y fortalecido durante la Dictadura quedaba limpio de culpa y cargo. Quedaba para ellos establecido – como señaló Horowicsz – “que los masacradores y la política de la masacre no se tocaban, que los intereses del bloque burgués y los de la masacre eran antagónicos”. En un punto la “democracia” decidía juzgar a los militares para exculpar a la clase dominante.
Finalmente, una cuestión no menor debido a su histórica participación en todos los golpes de estado: el rol de la embajada de Estados Unidos. Su importancia amerita un paréntesis. En 1980 había aparecido un texto estratégico para la política exterior norteamericana: Documento de Santa Fe I (saldría luego en 1988 el Santa Fe II) que se conocerá como la “Doctrina Reagan”. La misma impulsó una ofensiva militar decisiva en El Salvador y Nicaragua junto a la ocupación plena de Honduras, aunque en América del Sur ya no proponían Dictaduras “autoritarias” sino que buscaban “estabilizar regímenes democráticos” en los que alternativicen en el gobierno diferentes partidos que tenga una política de estado común y sean aliados estratégicos de EEUU. En el caso argentino esos partidos serían centralmente la UCR y el PJ.
Ahora EEUU apostaba por una democracia “controlada”, asistida o restringida a partir de asignarle un mayor peso a las tareas de inteligencia, la lucha de ideas, campañas psicológicas, inversión de recursos en juristas, cientistas sociales, economistas, programadores, financiando fundaciones, universidades, otorgando “ayudas humanitarias”, etc. Todo de manera pública (hoy nadie oculta sus visitas a la Embajada o a AmChan), ampliando el consenso político cultural, no con sus tradicionales “acciones encubiertas” como en la etapa anterior.
En ese contexto, con un grupo militar alzado pero aislado y un gobierno sin poder de fuego, pero con un amplio consenso político, el Presidente viajó en helicóptero – solo con su edecán – a Campo de Mayo en donde también se agolpaba una multitud en clara posición de enfrentamiento.
Del encuentro con Rico salió un acuerdo “sin acta”: primero, el retiro de la cúpula del ejército; segundo, una solución política para concluir con los juicios; tercero, el cese del “ataque” a las Fuerzas Armadas y cuarto, el compromiso de establecer que no había sido una sublevación sino un motín y que, por lo tanto, no eran golpistas.
Alfonsín regresó en Helicóptero y se dirigió al balcón para hablar ante la multitud que lo esperaba. Allí improvisó su famoso discurso que comenzó con “Felices Pascuas”, llamó “héroes de Malvinas” a los sublevados y finalizó con el tan repetido “la casa está en orden…” y el olvidado – que destacan tanto Wolf en su documental como el historiador Daniel Mazzei – “no hay sangre en la Argentina”.
Para unos fue una gran alegría y para otros, solo desencanto. El 5 de Junio se votó y sancionó la Ley de Obediencia Debida (N° 23521) que establecía la impunidad para los militares que hubiesen “cumplido órdenes”, dando por concluido los juicios.
En Semana Santa se refundó la “nueva democracia”
Lo primero que se debe recordar es que Alfonsín al sancionar la Ley de Obediencia Debida cumplió con su mandato electoral, y con el “Acta de Compromiso Democrático” que dice taxativamente en su punto 3: “La reconciliación de los argentinos solo será posible en el marco de la Justicia, del pleno acatamiento a la ley y del debido reconocimiento de los niveles de responsabilidad de las conductas y hechos del pasado”.
La novedad fue que el levantamiento de Semana Santa no mutó en golpe de estado, sino que permitió una articulación de partidos, clases dominantes y “sentido común” bajo la consigna “democracia versus autoritarismo”. Las izquierdas no logaron intervenir para trasformar la dosis de buen sentido de esa multitud movilizada en una perspectiva diferente a la democracia “restringida” que se estaba fundando.
¿Por qué “triunfó” esa democracia restringida o democradura como la llamaba Galeano?
Primero por la derrota estratégica del movimiento revolucionario, que redujo al mínimo sus posibilidades de intervenir en una formación social nueva (crecimiento sector terciario, precariedad, cuentapropismo, etc.) y una subjetividad desgarrada. Ahora nada quedaba de aquel pueblo del Cordobazo, solo una multitud lábil, dispuesta solo a movilizarse para evitar algo, pero sin identidad, programa ni proyecto futuro, o solo limitado a evitar un conflicto con el poder real, pidiendo lo posible, no lo necesario. Segundo, por la profunda crisis militar producto de su colapso (fracaso económico, terrorismo de estado y Malvinas). Tercero, por la nueva doctrina militar norteamericana que asignaba otro lugar a las propias fuerzas armadas, priorizando el trabajo “abierto” en fundaciones, universidades, etc. Finalmente, – siguiendo en cierta forma con el punto 3 – por la creciente influencia de los sistemas trasnacionales de dominación que introdujeron sus propuestas socialdemócratas o neoconservadoras, logrando transformar a dos viejos partidos nacional reformistas como el PJ y la UCR en modernos aparatos políticos ligados a los núcleos de la gran burguesía local y con fluidos lazos internacionales, capaces de dinamizar al interior el nuevo proyecto de hegemonía.
En definitiva tal vez habría que pensar que Semana Santa se consolidó una dinámica de la democracia, del rol de los partidos políticos, los grupos económicos y del “monopolio legal de la fuerza” que recuerdan no solo el Documento de Santa Fe, aquel diseño de Estados Unidos si no también las palabras del el ex ministro de la Dictadura Alvaro Harguindeguy: “organizar una amplia franja del centro, ocupada por la UCR y el PJ, con una derecha institucionalizada y una izquierda que aceptara al sistema, que podría ser el PI”. La democracia posible.
Boedo, 14 de Abril 2025
Fuente: https://huelladelsur.ar/2025/04/16/la-democracia-que-dejo-semana-santa-de-1987/