Acreedores de Argentina buscan la manera de embargar las reservas de oro de Argentina que el Gobierno de Javier Milei ha enviado, presuntamente, a Londres. En diálogo con Sputnik, los expertos Javier Echaide y Julio Gambina explicaron por qué el Gobierno argentino parece haberse «sorprendido», sin ensayar la mejor defensa.
Seis meses después de iniciar los envíos al exterior de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el Gobierno argentino intenta convencer a la Justicia de EEUU de que el oro argentino no puede ser objeto de embargo, en el marco del juicio que Argentina enfrenta por la expropiación de la petrolera argentina YPF y que reclama una indemnización de hasta 16.000 millones de dólares.
Según informó a través de X el analista económico Sebastián Maril —asesor de la consultora estadounidense Latam Advisors— Argentina envió una carta a la jueza Loretta Preska en la que manifiesta a los deudores que iniciaron la demanda internacional que el Banco Central argentino es «una entidad legalmente separada» del Tesoro, por lo que solo esa institución «tiene alguna reserva de oro».
«Como ya hemos informado a los demandantes, Argentina no posee información sobre ningún movimiento de las reservas de oro del BCRA, que son un asunto de competencia exclusiva del BCRA», sostienen los defensores argentinos en el extracto recogido por Maril, agregando que la información acerca de las reservas del banco «siempre ha sido manejada de manera confidencial para preservar su seguridad».
Consultado por Sputnik, el abogado especialista en derecho internacional Javier Echaide consideró que el Gobierno de Milei puede no haber utilizado el mejor argumento en la defensa, ya que «es muy difícil sostener la teoría de que el Banco Central y el Gobierno son entidades separados, porque todo está dentro de la órbita del Estado y del patrimonio estatal».
El experto remarcó que el Banco Central argentino «forma parte de la República Argentina», por más que se trate de una entidad autónoma del Poder Ejecutivo. Por tanto, sus activos también forman parte del patrimonio total de la nación, «a menos que estén constituidos en una especie de fideicomiso que haga que no puedan ser blanco directo de embargos».
En ese marco, Echaide consideró que Argentina podría estar adoptando «una estrategia errada» al intentar sostener esta hipótesis. En la opinión del experto, sería mejor apelar a los conceptos jurídicos de «inmunidad de jurisdicción e inmunidad de ejecución» que sí podrían darle a Argentina un argumento sólido para evitar un embargo de sus reservas de oro.
Echaide explicó que la «inmunidad de jurisdicción» refiere a que «los Estados son inmunes frente a tribunales extranjeros», por lo que «en principio un Estado no se puede someter directamente a la jurisdicción de otro Estado por una cuestión de igualdad de soberanía». De todas maneras, este argumento es insuficiente para el caso, dado que, recordó Echaide, los países «suelen ceder esa inmunidad, principalmente por cuestiones económicas» cuando firman contratos de inversión con empresas extranjeras o colocan bonos en el exterior, como el caso argentino, admitiendo que las controversias puedan resolverse en tribunales internacionales o nacionales de terceros países.
Por eso, Echaide sostuvo que Argentina debería recurrir al principio de «inmunidad de ejecución«, que establece la imposibilidad de ejecutar embargos «sobre bienes que son patrimonio público del Estado y que tienen un fin público». «El Estado debe proteger su soberanía y sostener su existencia como Estado, por lo que por más que estés endeudado y no le pagues a tus acreedores, no van a venir a embargarte la Casa de Gobierno, por ejemplo«, explicó el abogado.
El experto recordó que esto es lo que sucedió en 2012 con la fragata Libertad, propiedad de la Armada argentina, que fue retenida en Ghana como consecuencia de un recurso de amparo presentado por uno de los denominados fondos buitre. Echaide recordó que Argentina ganó aquel juicio apelando a la inmunidad de ejecución de la fragata, que cumplía tareas de entrenamiento de sus Fuerzas Armadas y, por tanto, un embargo «le impediría a Argentina la defensa de la Nación, uno de los intereses públicos y soberanos del Estado».
«Entiendo que el oro argentino podría gozar de este tipo de inmunidad porque, a pesar de que estaría en Londres, sirve para respaldar las reservas del Estado y, por tanto, cumple una función pública que es el respaldo de la moneda. Argentina tiene una moneda propia y eso es un atributo de su propia soberanía, por lo que tiene algunas inmunidades», argumentó.
¿Una mala defensa argentina?
También consultado por Sputnik, el doctor en ciencias sociales y profesor de economía política de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Julio César Gambina apuntó que, si bien «la historia señala que los intentos de embargo sobre bienes del patrimonio del Estado argentino no han tenido éxito», la argumentación elegida por el Gobierno de Milei sobre la autonomía del Banco Central podría ser «muy discutible».
Por esa razón, el experto entiende que el Gobierno argentino puede haber sido «tomado por sorpresa» con el pedido de embargo sobre sus reservas de oro, algo congruente con «la incompetencia de este Gobierno para comprender cómo funcionan las instituciones en EEUU y el sistema mundial».
Para Gambina, es probable que la Administración de Milei esté esperando la asunción de Donald Trump —prevista para el 20 de enero— para «que se generen las condiciones de lobby para intervenir en la Justicia» y echar por tierra la demanda. Sin embargo, enfatizó el académico, esa hipótesis olvida que «la Justicia estadounidense actúa por la demanda de acreedores privados y no por una cuestión de Estado».
El profesor de la UBA reconoció que un embargo sobre las reservas de oro argentinas sería «preocupante», pero subrayó que «ya es preocupante la situación internacional de Argentina«, en relación con sus reservas internacionales.
«Argentina tiene reservas negativas en el Banco Central, es decir, que no son de libre disponibilidad, y por eso está urgido de préstamos para fortalecer esas reservas. La cuestión de las reservas es muy grave para Argentina y la discrecionalidad con la que se mueve el Gobierno de Milei es preocupante para no solo para el presente sino también para el futuro», profundizó Gambina.
Sacar el oro del país, una decisión «inconveniente»
En ese sentido, el experto señaló que, si bien el Gobierno argentino evita informar dónde y en qué condiciones se encuentran las reservas de oro del país, «existen fuertes sospechas de que son algo así como depósitos de garantía de potenciales préstamos que Argentina necesita«, tanto para engrosar sus reservas como para poder levantar el cepo cambiario, uno de los objetivos políticos de Milei.
Echaide apuntó, por su parte, que haber sacado del país las reservas de oro es «inconveniente» porque, precisamente, aumenta el riesgo de embargos o litigios contra esos activos en el exterior. «Es más difícil querer ejecutar esos bienes si están dentro del país. Parece evidente que si están fuera del país es porque no estás confiando en tus propias posibilidades de custodiarlo«, señaló.
«Es evidente que cuando colocas parte de tu patrimonio, como son las reservas de oro, en otro país, pierdas esa custodia y se la estás entregando a otro, lo que a mí me resulta muy inconveniente», concluyó.