El endeudamiento público fue uno de los mecanismos económicos esenciales para el proceso de reestructuración reaccionario de la economía, la sociedad y el Estado en la Argentina. Se trató de un proceso deliberado para favorecer la libre circulación del movimiento de capitales, que al tiempo que ingresaban divisas, las clases dominantes actuantes cambiaban su excedente en pesos por moneda extranjera para fugarlos del país, acrecentando la dependencia en tiempos de transnacionalización del capital.
Nos proponemos enfatizar en el carácter condicionante del endeudamiento público y especialmente en el papel del Fondo Monetario Internacional (FMI), uno de los principales acreedores de la Argentina, que, además, representa para el poder mundial la garantía del rumbo demandado para la liberalización de la economía capitalista.
La deuda como tal y el papel de los acreedores, en primer lugar, el FMI, constituye, sin duda, con sus condicionamientos y el consecuente avasallamiento de la soberanía en sus distintos aspectos, una afectación directa a los derechos humanos en sentido integral, una violación a su vigencia. Así como también un obstáculo para el funcionamiento democrático de la sociedad, para el ejercicio de una democracia participativa que no se limite o se agote en la celebración de actos electorales periódicos.
Por eso no sorprende que la dictadura genocida apelara al endeudamiento como mecanismo que favoreció el proceso represivo del terrorismo de Estado para asegurar sus propósitos de reordenamiento regresivo de las relaciones sociales de producción. En rigor, la deuda es uno de los problemas locales que en origen remite al golpe de 1976 y al accionar de la dictadura genocida.
Enfatizamos entonces que el endeudamiento público fue parte del mecanismo económico de reestructuración regresiva de la economía, del estado y de la sociedad argentina. Una reestructuración que persiste en lo esencial del modelo productivo y de desarrollo más allá de intentos “reformistas” en este ciclo de 40 años de gobiernos constitucionales entre 1983 y la actualidad.
De hecho, todos los turnos gubernamentales desde 1983 renegociaron la deuda, excepto el tiempo de la “cesación de pagos” derivada de la crisis de 2001. No hubo un proceso de confrontación sobre el tema “deuda”, como si lo hubo respecto de los derechos humanos en materia de juicios que aún persisten.
Los juicios a los militares responsables del terrorismo de Estado no se extendieron a quienes causaron los problemas derivados de la deuda, causa originaria de las dramáticas condiciones sociales del desempleo, el subempleo, la precariedad laboral, la irregularidad laboral, la pobreza y la indigencia extendida.
Es más, en 2000, la sentencia judicial condenatoria de cerca de 500 delitos en el endeudamiento de la dictadura, no tuvo ejecución aun cuando la misma se derivó en un debate en el Congreso. Las críticas discursivas desde la política en el gobierno nunca se materializaron como condena efectiva. Las denuncias en la justicia se sucedieron de gestión en gestión por cuatro décadas luego de la salida de la dictadura. Sin embargo, nunca se resolvió una ejecución de condena.
La deuda pública, particularmente desde la dictadura cívico-militar-eclesiástica de 1976, ha constituido uno de los agobios más profundos ejercidos sobre el pueblo argentino. El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, en el “Homenaje brindado a Alejandro Olmos y su lucha”, el día 13 de julio de 2020, afirmó que:
“La cuestión de la deuda tiene que ver con lo que fue un plan siniestro impuesto en América latina que costó vidas a los pueblos de toda América latina y en particular aquí en Argentina con el secuestro y desaparición de personas, las torturas. La deuda no está separada de ello.Es decir, la deuda no es un problema económico, es un problema político, un problema de dominación… la deuda es odiosa, inmoral e injusta y afecta la vida de los pueblos”.
A los organismos financieros internacionales y a los inversores privados les resulta conveniente mantener la deuda eterna, que capitaliza permanentemente los intereses, que sujeta al país a las políticas marcadas por esos organismos, que nunca se ha utilizado en beneficio del desarrollo productivo en beneficio de los pueblos, sino para la especulación financiera, la explotación y la reproducción de la dominación capitalista, que, además, en el corto o mediano plazo (según lo consideren) exigen políticas de flexibilización laboral y previsional, de profundización de ajustes, de disminución de gastos fiscales y no atención de las necesidades sociales.
La deuda tiene historia larga en la Argentina, desde el empréstito con la Baring Brothers en 1824 bajo gobierno de Rivadavia, estafa que perduró por 80 años hasta su cancelación.
Un nuevo momento se produjo bajo el gobierno de la dictadura genocida, inaugurando un nuevo ciclo de endeudamiento que condicionó la política económica del país, subordinando las decisiones a una lógica de la economía local, dependiente del poder transnacionalizado. Es más, debe registrarse que en 1982 se produjo la estatización de la deuda privada, favoreciendo inmensos negocios a principales empresas de capitales locales asociadas al capital transnacional. El proceso de endeudamiento no se revirtió luego de 40 años de gobiernos constitucionales desde 1983.
Deuda pública hoy
Actualmente y según datos oficiales del Ministerio de Economía, la Deuda Bruta de la Administración Central alcanza al segundo trimestre de 2023 a 403.836 millones de dólares, un 88,4% del PBI.[1]
Mirando la serie de evolución para esta categoría se puede observar una relación de la deuda sobre el PBI del 118,1% para 2004, que luego de los canjes de deuda de 2005 encarado por la presidencia de Néstor Kirchner, y de 2010 bajo la presidencia de Cristina Fernández, la relación bajó en 2011 al 38,9%, lo que indujo un discurso relativo al “desendeudamiento”.
Con la cancelación de deuda al FMI por 9.600 millones de dólares en 2006 se alejó la presencia del organismo con relación al establecimiento de ciertas políticas económicas de “austeridad”. El pago al FMI no supuso el retiro del país del organismo internacional, por lo que se mantuvo la membresía, habilitando procesos de endeudamiento en años posteriores, especialmente el caso de Mauricio Macri en 2018.
Desde ese piso del 2011 (38,9%), la relación deuda sobre PBI creció hasta el máximo del 103,8% en 2020, con peso importante del desembolso del FMI en 2018 por 45.000 millones de dólares, sobre un crédito asignado ese año por 57.000 millones de dólares.
El porcentaje se reduce hasta el 80,5% del PBI en 2021 y desde entonces vuelve a ascender hasta el 88,4% del segundo trimestre de 2023, tal como informa el Ministerio de Economía en su sitio de internet (ver figura sobre evolución de la deuda bruta de la administración central, obtenida del sitio oficial del ministerio de Economía de la República Argentina).
La cifra, como porcentaje, es menor a las que tienen países capitalistas desarrollados, especialmente EEUU, los principales europeos o Japón, con porcentajes que superan el 100% e incluso el 200% (figura abajo sobre los 10 países más endeudados del mundo)[2], pero resulta suficiente para condicionar el gasto público ante tasas de intereses muy elevadas, por encima de la media global (riesgo país); y aún más importante, la presión de los acreedores y el capital trasnacional detrás para inducir reaccionarios cambios a favor de la liberalización de la economía, los que se profundizaron en tiempos de la dictadura, en los noventa del siglo pasado y recientemente bajo el gobierno de Mauricio Macri y en cada momento de renegociación, en especial, cuando interviene el FMI como garante.
El monto oportunamente aprobado por el FMI en 2018 con el gobierno del presidente Mauricio Macri y siendo Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y de Finanzas, Luis Caputo (el actual Ministro de Economía) es una cifra que está por encima del doble de la capacidad de asignación de préstamos según los reglamentos del organismo internacional.
No solo el FMI incumplió con sus estatutos y normas, sino que era consciente que Argentina no podía reembolsar. ¿Por qué entonces hizo el préstamo?
Hay varias razones, entre las cuales predominan los argumentos políticos. EEUU bajo la administración de Donald Trump (2017-2020) necesitaba consolidar gobiernos amigables a su política exterior en el continente, y su apuesta era a la continuidad del gobierno de derecha en las elecciones de fines de 2019. Se trató de un objetivo inalcanzado ya que Macri perdió.
De igual manera, se proponía condicionar al gobierno entrante, que terminó siendo de otro signo político, pero que, al asumir la negociación con el FMI para reestructurar la devolución del préstamo, se subordinó a la lógica de condicionamiento del FMI.
También presionó la clase dominante local en Argentina, que incluye al capital externo, necesitado del ingreso de divisas al país para viabilizar la fuga de capitales, sea por cancelación de deudas anteriores, remesas de utilidades al exterior o constitución de activos en el extranjero. Son mecanismos de fuga de capitales para los que era necesario que ingresaran divisas. Ante la ausencia de ellas, el FMI favoreció ese ingreso y ese destino de los recursos.
En definitiva, el FMI es funcional a la demanda del socio hegemónico, EEUU, y a las necesidades de las clases dominantes en el orden local.
Ratifican la hipoteca: de Macri a Milei en la reiterada negociación con los acreedores
Con el acuerdo suscripto en 2022 se estableció un paréntesis para renovar el préstamo al solo efecto de cancelar la deuda con el FMI, lo que incluía una auditoria trimestral del organismo internacional,. Lo que significaba,de hecho, un cogobierno con el Fondo.
Así, del préstamo stand-by por 5 años suscripto en tiempos de Macri se pasó a un préstamo de “Facilidades Extendidas” por 10 años, con vencimiento en 2036.
La auditoría trimestral del FMI, en la práctica, un monitoreo diario de las cuentas públicas, supuso una grosera subordinación del país al organismo internacional, cuyo máximo accionista es EEUU.
Así, la deuda consolida los lazos de dependencia y pérdida de soberanía, un tema reiterado en el ciclo de fuerte endeudamiento iniciado con la dictadura genocida en 1976 y renovado por todos los turnos presidenciales desde 1983, salvo el default con acuerdo parlamentario declarado a fines de 2001 en plena crisis del régimen de convertibilidad.
En el mensaje al Congreso del 1 de marzo de 2004 en el que Néstor Kirchner explicara la propuesta de canje de deuda que se instrumentó desde 2005, sostuvo que:
“No somos el gobierno del default”[3], para agregar luego que “El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que hemos firmado y respetado y que estamos sobre cumpliendo en sus metas, es la mejor opción que cumplía con aquel requisito previo de responsabilidad, de hacernos cargo de nuestras obligaciones.”
Hemos sostenido en variadas ocasiones que más allá de las diferencias políticas, en la Argentina existe un “Partido de la deuda”, por la coincidencia en renegociar y pagar intereses y capital de una hipoteca perpetua. La única excepción aconteció en 2001, en un marco de rebelión popular y exacerbación de la explotación y miserabilización de una parte importante de la población trabajadora del país.
Los turnos de gobierno recientes agravaron el fenómeno de la deuda pública, especialmente con el FMI y con grandes fondos de inversión, que hoy condicionan la política cotidiana. La deuda es como el pecado original que subordina las decisiones de las cúpulas burguesas del capitalismo local.
Pese al acuerdo de 2022 respecto del crédito de 2018, la gestión de Alberto Fernández incumplió las metas establecidas, por lo que la gestión de Javier Milei se inició con un renovado acuerdo con el FMI.
El beneplácito de las autoridades del organismo internacional puede leerse en la comunicación del Fondo:
“La decisión del Directorio Ejecutivo hace posible un desembolso inmediato de aproximadamente USD 4.700 millones (o DEG 3.500 millones) para respaldar los grandes esfuerzos de las nuevas autoridades para restaurar la estabilidad macroeconómica y volver a encarrilar el programa.
Ya se está aplicando un ambicioso plan de estabilización para corregir los fuertes desvíos de políticas durante los últimos trimestres de 2023. El plan se centra en establecer una sólida ancla fiscal y un conjunto de políticas económicas con el fin de reducir de forma duradera la inflación, fortalecer las reservas, corregir distorsiones y resolver impedimentos que obstruyen al crecimiento sostenido.
El proceso de estabilización será desafiante y requerirá de una implementación firme y ágil de la política económica. Una comunicación clara, junto con el fortalecimiento de la asistencia social, serán fundamentales para lograr el apoyo social y político del programa.”[4]
Resulta elocuente la satisfacción del FMI con el ajuste en curso en la Argentina y las perspectivas de reformas regresivas demandadas por el capital concentrado en el ámbito mundial. Y que el gobierno Milei satisface.
Milei hace efectivo así un horizonte de renovaciones y condicionalidades del FMI para varios gobiernos en el futuro mediato de la Argentina. Toda una gran condicionalidad mientras se asuma la inevitabilidad de legalizar esas acreencias y condenar al país al ajuste perpetuo.
Rumbos alternativos
El camino alternativo deviene de la campaña popular iniciada al comienzo de la gestión gubernamental del Frente de Todos en diciembre de 2019, con la creación de la Auto convocatoria[5], que partió de considerar que la llamada “deuda” es ilegal, ilegítima y “odiosa” (en términos del derecho internacional). por lo que no se trata de una deuda, sino de una verdadera estafa al pueblo argentino, un verdadero fraude.
En 2020, la Autoconvocatoria por la suspensión de pago e investigación de la deuda encaró la realización de un Juicio Popular contra la deuda y el FMI, con prestigiosas personalidades en el jurado como Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, así como en la defensa y la fiscalía.
Este juicio fue una respuesta de acción social colectiva, ante el grave empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría del pueblo y del ambiente y la incidencia al respecto que tienen estos instrumentos centrales del desorden económico y ecológico local e internacional reinante. Fue una respuesta participativa de justicia popular, ante el hecho que, en los cuarenta años y diversos gobiernos que han sucedido al golpe cívico-militar-corporativo-eclesiástico de 1976, ni el Poder Ejecutivo, ni el Judicial, ni el Legislativo han asegurado las acciones necesarias para poner fin a los crímenes de esta monumental estafa, revertirlos y lograr que sus responsables sean sancionados y su costo reparado.
Vale señalar que, en el trayecto de su acción, la Autoconvocatoria creció en articulación con otros espacios, especialmente los gestados desde la izquierda parlamentaria, con iniciativas de movilizaciones conjuntas para desplegar una propuesta de rechazo a los acuerdos con el FMI y otros acreedores del endeudamiento público. El rechazo, aun parcial, al acuerdo en sectores de la coalición gubernamental, habilitó a la ampliación del arco político y social que promueve el rechazo a la deuda y al FMI. Es un tema a potenciar bajo la gestión Milei con sectores desconformes con los acuerdos del gobierno de Alberto Fernández y el rumbo dependiente asumido por la gestión de ultraderecha en el presente.
La realidad presenta ambas facetas, las del acuerdo con el Fondo, que en un marco de elevada inflación y restricciones fiscales y monetarias potencia las políticas de ajuste anunciadas por el entonces candidato presidencial, ahora Presidente, Javier Milei, y un mayor sufrimiento de los sectores empobrecidos. Es una situación que agudiza el descontento, la protesta y la posibilidad de ampliar el espectro de la confrontación y del rechazo social y político al acuerdo con el FMI. Está claro, además, que el rechazo a la deuda es el punto de partida de un programa integral que confronte con el régimen del capital y avizore las condiciones de una perspectiva emancipadora.
Hay un axioma que intenta siempre imponerse a través de la naturalización y de convertirlo en “sentido común” que remite a que “las deudas se pagan”, a lo que el movimiento popular agregó: “las estafas no”. Se sostiene que las deudas hay que pagarlas, pero sin detenerse en el análisis de las circunstancias, modos y forma en que fueron tramitadas. Más aún se invoca que no sólo hay que pagarlas, sino también honrarlas y se honran pagando, por lo que nos preguntamos ¿quién debe a quién? Responder el interrogante supone deconstruir ese sentido común para proteger las prestaciones sociales, las jubilaciones entre ellas, los salarios de lxs trabajadores y las inversiones imprescindibles en salud, educación e infraestructura; imprescindibles si se piensa en la satisfacción de los derechos humanos integrales de la población.
El debate de si no se paga o se anula el acuerdo con el FMI
Con regularidad surge el interrogante ¿qué pasaría si no se pagara la deuda y si se desconociera el acuerdo con el FMI de 2018 y su renovación en 2022 y las que están en curso? Es un debate local y global.
Hay ejemplos en el mundo, como el relacionado con la guerra de Irak, entre otros, en dónde EEUU declaró a la deuda de ese país como una “deuda odiosa” y por lo tanto la canceló.
En Argentina, el antecedente es el de diciembre de 2001, cuando se declaró el default por el poder legislativo, con aplausos unánimes en el recinto. En rigor, lo verificado a posteriori es que no tuvo consecuencias catastróficas como se anunciaban para el funcionamiento económico en el país y mucho menos en el mundo.
De hecho, con la crisis de 2007/09 Argentina no tuvo mayores consecuencias por estar alejada del mercado financiero mundial por su situación de default. No queremos con esto significar que no implicaría una problemática importante en cuanto a la reacción del mercado mundial.
Es claro que el país se vería afectado con el cierre del financiamiento global, algo que ya ocurre desde hace tiempo. Pero además, afirmamos que el país debiera alejarse de esta lógica recurrente de financiamiento, en un mercado dominado por la especulación y grandes fondos de inversión en la vanguardia. Eso en un sistema financiero mundial con el FMI y el Banco Mundial liderando una concepción de reordenamiento de las relaciones capitalistas en beneficio de las ganancias y la acumulación de los grandes capitales concentrados.
Vale la mención, especialmente con un gobierno como el actual, consustanciado con los objetivos de los organismos financieros internacionales e incluso desafiando su sobre cumplimiento.
La suspensión de pago y auditoría propuesta podría abrir la posibilidad de encarar un rumbo soberano y en beneficio de los sectores populares. Hemos sostenido que si Argentina sigue pagando tiene problemas con su pueblo, y que si no paga entra en contradicción con el poder económico mundial. La opción siempre en política es decidir con quién enfrentarse. Mientras se mantenga el pago de la deuda no se pueden atender las necesidades y urgencias que tiene gran parte de la sociedad argentina.
En un país como la Argentina con casi el 60% de pobreza, altos porcentajes de indigencia, elevada y creciente inflación en los últimos años, agravada en la coyuntura con un valor anual a enero de 2024 del 254%, con salarios reales e ingresos populares en caída, equiparables a los valores de referencia de la crisis de 2001, con desempleo en ascenso y altísimos niveles de empleo precario que involucra al 50% de la población trabajadora, cuya remuneración no cubre siquiera la canasta básica, jubilaciones devaluadas, la perspectiva con el “acuerdo” en curso con el FMI, es de empeoramiento de la situación.
Los cambios necesarios requieren de la construcción de alternativas concretas y de sujetos y sujetas que la implementen. Si no hay cambios profundos se vuelve una y otra vez a la lógica y aspiraciones del ámbito financiero internacional. El poder del capital concentrado, de los organismos financieros internacionales, de las deudas eternas, de las políticas de explotación y saqueo de los bienes comunes, opera sobre la pérdida de soberanía de los pueblos y sobre la naturaleza misma de la que intentan apropiarse como en el caso del agua, de los bosques, de las riquezas mineras.
De ahí la necesidad de medidas estructurales de cambio, tales como la nacionalización del comercio exterior, la implementación de la soberanía alimentaria, de la soberanía energética, de la soberanía hídrica. El punto de partida es la anulación del acuerdo con el FMI y la suspensión de pagos de la deuda pública, al tiempo que se investiga la misma y se define un rumbo alternativo, en contra y más allá del capitalismo
Se trata de un camino de acumulación política de poder popular para hacer realidad la emancipación liberadora, anticapitalista y antipatriarcal, la comprobación de que otro mundo es posible.
Beatriz Rajland es Doctora en Derecho Político por la UBA, Profesora consulta de la Facultad de Derecho de la UBA, vicepresidenta e investigadora de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.
Julio C. Gambina es Doctor en Ciencias Sociales de la UBA, Profesor universitario sobre Economía Política, Presidente e investigador de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.
[1]Ministerio de Economía de la República Argentina, en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/presentacion_gra_fica_2t23.pdf
[2] Miguel Boggiano. Los 10 países más endeudados del mundo, en Ámbito Financiero del 30 de julio de 2023, en: https://www.ambito.com/opiniones/los-10-paises-mas-endeudados-del-mundo-n5782925
[3] Mensaje del Presidente Néstor Kirchner a la Asamblea Legislativa de 1/3/2004, en: https://www.casarosada.gob.ar/informacion/archivo/24031-blank-14537407
[4]FMI, en: https://www.imf.org/es/News/Articles/2024/01/31/pr2431-argentina-imf-executive-board-completes-the-seventh-review-under-the-extended-fund-facility
[5]https://autoconvocatoriadeuda.blogspot.com/