Introducción
El gobierno argentino, a través de su presidente Alberto Fernández, y su Ministro de Economía, Martin Guzman, anunció el 29 de enero pasado y a días del vencimiento de un pago, que se había llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en cuanto al pago del préstamo inédito de 57.000 millones de dólares que el organismo otorgó en 2018 al expresidente Mauricio Macri. Los “negociadores” se ufanaron de que el FMI no impondría saltos devaluatorios, ajustes laborales o previsionales. Al mismo tiempo informaron que el FMI monitoreará cada tres meses el rumbo de la economía argentina en función del cumplimiento de las obligaciones contraídas. Hasta aquí la “noticia”, luego se fueron conociendo aspectos de esta “negociación”, los más gruesos, no lo que se denomina la “letra chica”.
Es importante tener en cuenta que aprobar este acuerdo, o cualquier otro con el FMI, implicaba legitimar su reclamo, avalar el proceder del gobierno del expresidente Macri. Este es un principio jurídico elemental. Si corresponde que se rechace una operación (la del 2018) por ilegal, ilegítima y odiosa —lo que desarrollaremos luego— y si se la cambia por una nueva destinada a reemplazar a la anterior, lo que se está haciendo es avalar, reconocer, legitimar, aceptar la anterior. De hacerlo, Argentina hipotecaría su futuro y una vez más se sometería al poder económico más concentrado.
Por eso el momento de desconocer ese compromiso espúreo y viciado que contrajo el expresidente Macri, el momento de reclamar su nulidad con base era ahora, el momento y la oportunidad. De no hacerlo, se lo reconocería como deuda y la Argentina, una vez más quedará atrapada en la telaraña del FMI, habiendo legitimado lo ilegítimo. Y esto es lo que finalmente sucedió con la aprobación de las Cámaras de Diputados y de Senadores el 10 y el 17 de marzo respectivamente. Conformado por el FMI el 25 del mismo mes.
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