Red Eco Alternativo
Este miércoles la presidenta anunció el aumento en los haberes de jubilados y pensionados que se hará efectivo desde el 1º de setiembre próximo. Es de un 12,49% que, sumado al 18,26% de marzo pasado, totalizará un incremento del 33,03.
El aumento alcanzará a más de 6,3 millones de personas y a 1,5 millones de pensiones no contributivas (aquellas asignadas a quienes no tiene recursos suficientes, aun cuando no hayan aportado nunca).
El haber mensual mínimo – que cobran alrededor de 3.200.000 jubilados – será de 4.299 pesos, y el de pensiones no contributivas alcanzará a 3.009 pesos por mes.
La presidenta señaló durante su anuncio por cadena nacional que desde 2003 los haberes jubilatorios aumentaron 28 veces alcanzando su percepción al 97% de los jubilados.
Lo que no explicita es cuál es el poder adquisitivo que tiene el haber mínimo. Si se toma como referencia la canasta del adulto mayor elaborada por la Defensoría de la Tercera Edad que a mayo pasado era de 7.608 pesos, resulta que casi 5 millones de jubilados y pensionados no cubren sus necesidades básicas.
Recordamos que esa canasta incluye : Alimentos con una dieta de 2000 calorías diarias; Vivienda propia (o un alquiler compartido) y gastos por servicios de agua, gas, luz, teléfono, conexión cable, mantenimiento; Salud, tomando un valor promedio de medicamentos de uso frecuente sobre la base de consumo de 3 medicamentos diarios; Artículos de Tocador y Limpieza, Transporte (5 viajes semanales -ida y vuelta, un viaje en remis), Vestimenta, Recreación (cuota de un Centro de Jubilados, una salida por mes al cine y a una pizzería). No incluye internet, festejos, vacaciones, atención de mascotas, presentes-regalos, movilidad, gastos extras de salud, dietas especiales, etc.
Tampoco se hace referencia a que de ese universo de 97% de jubilados, la mitad cobra el haber mínimo por achatamiento de la pirámide, y que el millón y medio de pensiones no contributivas recibe aún menos, ya que cobra apenas el 70% de este haber mínimo.
En la nota sobre el anuncio del aumento que publicó ANSeS en su página, dice: “Desde la aplicación de la Ley de Movilidad, el haber jubilatorio tuvo una fuerte recomposición con relación al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), ya que ascendió del 62% al 77,7%”.
Algún lector desprevenido podría asociar la cercanía de ese casi 78%, al 82% móvil que reclaman desde siempre los jubilados nucleados en la Mesa Coordinadora. Pero lo que se pide no es el 82% sobre el SMVM sino sobre el salario de un trabajador en actividad para la misma categoría de tarea.
¿O acaso alguien puede pensar que un jubilado podría cubrir sus necesidades aunque cobrara hoy el 82% móvil del SMVM, o sea con 4583 pesos?
También la ANSeS informa en la misma nota de su página que este aumento significará “una inversión previsional adicional de 174.817 millones de pesos. Esto resulta de la diferencia entre la inversión realizada en 2014 ($376.276) y la de 2015 ($551.093). Estos recursos vuelven al circuito del consumo, producción e inversión en la economía del país”.
Según lo previsto en la Ley de Presupuesto 2015 los vencimientos de Capital de la Deuda Pública Nacional (53.600 y 10.200 millones de dólares respectivamente) se llevarán este año cerca de 590.000 millones de pesos. Por lo tanto lo asignado a pagar deuda es casi tres veces y medio más que lo asignado al aumento para los jubilados y pensionados.
¿Y el PAMI?
Esta semana, la Asociación Trabajadores del Estado dio a conocer su posición respecto a las resoluciones 559 y 560 del Director Ejecutivo de PAMI (interventor desde hace más de diez años). En el comunicado explican que “ambas normas disponen la disolución de múltiples estructuras, comprometiendo los niveles operativos en los que se realiza la atención directa de los afiliados, mientras no se tocan fastuosas estructuras supernumerarias en los niveles centralizados y entre los cargos jerárquicos del poder de turno”.
Los problemas en el PAMI no son recientes. En la nota publicada la semana pasada por Red Eco “La desinversión mata” (1) dábamos cuenta de la situación de la obra social de los Jubilados en la ciudad de Rosario. Los problemas, dicen los estatales, “afectan la fuente y las condiciones de trabajo de sus empleados y, principalmente, la de más de cuatro millones de jubilados y pensionados cubiertos a través de los servicios de la principal Obra Social de nuestro país”.
“Los trabajadores de PAMI son quienes reciben la bronca de los afiliados por la bajísima calidad de sus prestaciones y servicios, expresada a través de la imposibilidad de cumplir con cupos capitados de mil afiliados por parte de los médicos de cabecera del primer nivel de atención; las asimetrías más escandalosas registradas en la comparación con las prestaciones del interior del país; la renuncia a las funciones de auditoría por parte del Instituto de jubilados y pensionados; las penurias múltiples y cotidianas sufridas por los pacientes del PAMI en clínicas y hospitales contratados; la vejación que supone la realización de muchos trámites ante las oficinas del PAMI, empezando por la circunstancia inicial de una innecesaria afiliación en las actuales épocas que corren de digitalización y avanzadas tecnologías de la comunicación”, explica ATE, quien contrasta esta situación con el aumento exponencial de los haberes que las autoridades decidieron darse a sí mismas.
Los estatales denuncian además un desmonte progresivo y silencioso de las prestaciones sociales, arreglos y los sobreprecios en las contrataciones, la falta de idoneidad de los funcionarios ocupantes de los cargos, la sangría de los créditos brindados por el PAMI a otros destinos para enmendar los rojos de otras administraciones. Así lo confirma la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados cuando afirma que el PAMI ha sido y sigue siendo la caja de los gobiernos de turno ejercida a través de más de 20 intervenciones desde su fundación.
(1) La desinversión mata