A fines de 2016 se hizo público que la Argentina sería anfitrión de la Cumbre presidencial y de la gran mayoría de las reuniones preparatorias en 2018. El gobierno argumenta que la llegada del G20 a nuestro país será la ocasión para poner “las necesidades de la gente en primer plano”, buscar un “consenso para un desarrollo equitativo y sostenible”, discutir los modos de “liberar el potencial de las personas”, avanzar en la creación de un “sistema de provisión de alimentos más inclusivo y eficiente”, etc. Pero también ha trascendido que en el marco de un ajuste interno feroz, el gobierno ha dispuesto un fuerte operativo de seguridad con un presupuesto de más de 1.000 millones de pesos, mientras prevé la participación de las Fuerzas Armadas de Argentina y de otros países en tareas de “protección de un evento estratégico”.

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