La situación exacerba las protestas sociales y el conflicto presente y futuro, con las CTA embarcadas en definir de común acuerdo un conjunto de reivindicaciones como contenido de un plan de unidad de acción a refrendar por más de un millar de delegados de todo el país. En simultáneo, la CGT se bajó del diálogo con el gobierno y empresarios para convocar a una movilización en marzo y próximo paro general.
Precios “transparentes”
En febrero comenzó el operativo “precios transparentes” que suponía una baja de 15 a 20% en los precios de contado, según la expectativa de la Secretaría de Comercio de la Nación. La realidad está siendo muy distinta y como la historia demuestra, los precios en general no tienden a bajar una vez que alcanzan un cierto nivel.
Pocos precios disminuyeron y no en los porcentuales imaginados por los funcionarios del gobierno. La mayoría de los precios se mantuvieron e incluso se incrementaron, y ni hablar de la disparada de los precios financiados en cuotas.
Se pensó en estimular el consumo y con la decisión asumida puede afectarse aún más la retracción en el consumo. El encarecimiento del financiamiento desestimula las compras a plazo, y el mantenimiento o suba de precios al contado coexiste con el menor poder adquisitivo del ingreso popular, de hecho, la mayoría de la población.
Así, la realidad impone la continuidad de una tendencia al bajo consumo que recrea las condiciones de persistencia de la recesión en la coyuntura y afecta la perspectiva de recuperación económica para para el 2017.
Tarifas eléctricas
Se anunciaron aumentos en las tarifas eléctricas en el área metropolitana, Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, pero impactará en todo el país por los costos en origen trasladados a la cadena de generación, transporte y distribución.
Sostiene el Ministro Aranguren que aún con estas subas del 61 al 148% entre febrero y abril, no se cubre el costo y por ende, los aumentos volverán sucesivamente hasta que los precios sobrepasen el costo y aseguren niveles de ganancias que justifiquen la inversión privada.
La lógica de mercado se impone por encima de cualquier consideración al “derecho a la energía” que sustentan organizaciones sindicales como la Federación de Trabajadores de la Energía, FeTERA en la CTA Autónoma, y variadas organizaciones que promueven los derechos sociales al abastecimiento energético.
El aumento de tarifas eléctricas es parte de la asociación entre la impunidad empresarial y la lógica política del gobierno Macri.
Las empresas pretenden bajar salarios y aumentar precios y tarifas. Son medidas contra los trabajadores y los usuarios, especialmente los de menores ingresos.
Es una lógica que privilegia la ganancia de las empresas para atraer inversiones al sector energético. Es algo que queda claro en el conflicto entre la multinacional EDEA S.A. y el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata.
La organización de trabajadores objeta el accionar integral de la empresa transnacional a costa de los propios trabajadores y trabajadoras y el conjunto de usuarios del servicio de electricidad.
En rigor, desde las privatizaciones energéticas en los 90´ del siglo pasado existe una concepción de la energía como mercancía, que compran en el mercado los que tienen suficiente dinero. Por ello, hace falta instalar en el sentido común otra concepción que supone la lucha por el derecho a la energía. Resulta una premisa conceptual para impedir la agresión a los derechos laborales de las/os trabajadoras/es de la energía y al “derecho a la energía” del conjunto de la sociedad.
Actualización salarial
Aumentos de precios y tarifas explican el deterioro de la capacidad de ingresos populares y habilita expectativas por las discusiones paritarias entre trabajadores y empresarios.
Es la base para pensar todas las actualizaciones de ingresos de los sectores más empobrecidos, ya que las jubilaciones se ajustan con base a estas actualizaciones negociadas en paritarias, y los planes sociales acompañan limitadamente las actualizaciones salariales.
Como siempre ocurre, los docentes anticipan el debate y está asociado al comienzo o no de las clases, pero también en escena se presenta el conflicto con los bancarios ante el desconocimiento por parte del Ministerio de Trabajo del acuerdo suscripto entre las cámaras empresarias y los sindicatos.
El gobierno nacional pretende desentenderse de las demandas de un piso salarial nacional docente y descarga la negociación sobre las provincias. Estas requieren asistencia financiera nacional ante los límites del déficit fiscal provincial y nacional.
Todo augura conflicto, tal como se expresó en las movilizaciones docentes de este jueves 2 de febrero. En realidad, la protesta no es solo salarial, sino que apunta al derecho a la educación, afectado por el proyecto de reforma educativa de privatización de la educación en el rumbo definido por la lógica mercantilista de carácter neoliberal.
Los bancarios tienen el aval de la justicia y sostienen la reivindicación de los acuerdos suscriptos con protestas ante la restricción del Ministro de Trabajo.
Es la protesta explícita la forma que tienen las/os trabajadoras/es para defenderse de la creciente inflación de precios y tarifas. Con esa base de movilización y sensibilización a la sociedad es que ingresan a la discusión paritaria y anticipa la escalada del conflicto sindical y social.
Desde el gobierno se imaginan un límite de actualización salarial entre el 17 y 18%, cuando el propio BCRA mantiene elevadas tasas de interés (24,75%) en las licitaciones de letras, LEBAC. La entidad monetaria explica que su decisión se sustenta en la continuidad de las expectativas inflacionarias para el 2017. Estas expectativas materializadas afectan especialmente a los sectores de menores ingresos.
La respuesta es la lucha social extendida por la distribución del ingreso, máxime cuando se estima para 2016 una pérdida de los ingresos populares promedio del 10% de la capacidad de compra. Ese es el piso a adicionar a la inflación esperada del 2017, probablemente superior al 20%.
Para imaginar el piso de recomposición salarial deben adicionarse ambos valores, el 10% resignado en 2016 y el valor esperado de aumento de precios para el 2017, no menor al 20%.
De ahí surge un piso del 30% para la actualización de ingresos, que si se pretende mejorar, la demanda estará más cercana al 35% o más, según sea la correlación de fuerzas en la contradicción entre el trabajo y el capital.
Conflicto sindical y social
Claro que resulta impensable que esa lógica argumental sea aceptada por el gobierno o la impunidad empresaria, lo que aventura protestas y conflictividad creciente para intentar afirmar derechos sociales conculcados.
La tradición de movilización sindical en la Argentina con los anuncios de las CTA y ahora de la CGT, puede habilitar un escenario de mayor conflictividad en un año electoral, donde el gobierno disputa consenso a su proyecto, por lo que califica de medidas políticas a esas manifestaciones de protesta.
Es verdad, toda protesta asume carácter político, en tanto es parte de la disputa del ingreso, antesala para discutir la distribución de la riqueza, altamente concentrada en nuestro país y en el mundo.
Buenos Aires, 3 de febrero de 2017