Una multitud dio testimonio elocuente de la conjugación de la quinta marcha universitaria y el respaldo callejero a la tentativa de dar jaque al gobierno mediante una agenda legislativa de potencial revulsivo. La voz de la calle gana potencia y se hace audible.
La oposición parlamentaria se jugó una parada importante en la sesión especial de la cámara de diputados prevista para el jueves 15 de octubre.
Allí entraban en juego la invalidación del DNU 70/23; la prórroga de la ley de discapacidad y la adopción de algún proyecto que atienda la situación de millones de deudores morosos. Ese abanico de debates confluyó con la nueva marcha a favor del financiamiento universitario. Tema este último candente desde los tiempos iniciales del gobierno “libertario”.
Si la cámara hubiera dado quórum y encaminado la discusión, el gobierno de Javier Milei podría haberse encontrado en una situación muy comprometida. No hubo número suficiente, gracias al ejercicio ya habitual de intercambios financieros y políticos entre gobernadores aliados y el poder ejecutivo nacional.
La sesión frustrada constituyó otra exhibición señera del divorcio entre las inquietudes populares y las instituciones políticas nacionales. Los tres poderes del Estado, incluida la Corte Suprema de Justicia, se han confabulado una vez más para que sean obstaculizados los propósitos de promoción de una agenda contrapuesta a la del gobierno.
El objetivo conjunto fue barrer posibles límites al ataque interminable que baja desde el poder político contra los sectores más vulnerables. Inscriptos éstos en el mismo cuaderno de agravios que los atentados contra el efectivo ejercicio de la soberanía. Como la venta de tierras a extranjeros.
El peso de la multitud.
Más allá del traspié parlamentario en los propósitos de los representantes opositores, la multitudinaria presencia popular frente al Congreso alcanza para una conmoción del clima político preexistente. Tuvo fuerte peso la comunidad universitaria. Acompañada de un arco social y político muy amplio cuya sola confluencia reviste significación.
La multitud congregada fue impresionante. Una proporción significativa de ella aguantó más tarde con firmeza la represión policial. Desatada en el momento adecuado para que la presencia popular en las plazas en torno al Congreso y sobre la Avenida de Mayo no alcanzara su cenit de masividad. Luego la condena mediática a “los violentos” ofició de taparrabos frente a la magnitud de la protesta.
En este mes de octubre se ha notado una reversión del aislamiento de distintas reivindicaciones y protestas que acompañó buena parte de la trayectoria gubernamental.
Convergieron el incumplimiento de la ley universitaria, similar destrato a les discapacitades, la defensa de la soberanía territorial en materia de tierras rurales, la búsqueda de soluciones para la gran masa de endeudadas y endeudados.
Aunque todavía no aparece con fuerza en el listado de temas, la problemática de inquilinas e inquilinos desprotegidos por el derribo de la ley de alquileres es otro campo de impugnación. Una relación locativa en la que el propietario puede exigir lo que se le antoja en una situación por definición asimétrica está reñida con cualquier consideración de igualdad y justicia social.
Máxime en circunstancia que la propiedad de la vivienda se vuelve inalcanzable para un porcentaje cada vez mayor de quienes aspirarían a ser dueños si existieran posibilidades.
Todo ha confluido, junto a temas de aún más larga data como la quita de derechos y la desvalorización de los ingresos de jubiladas y jubilados.
Eso, más la defensa de los ingresos y el empleo por parte de sectores sindicales, confluyó en la marcha.
Que se haya incorporado el propósito de dar por tierra con el DNU 70/23 agrega un componente de contraofensiva. Superación de la resistencia asunto por asunto, propensa a la dispersión. La que predominó hasta hace poco.
Marca un modo de oponerse de frente al conjunto de la ofensiva del gran capital que caracteriza a la era Milei. Entronizada desde los primeros días del período presidencial por ese gigantesco atropello disfrazado de norma legal.
Un decreto “fundacional” y de alcance estratégico.
El decreto de necesidad y urgencia 70/2023, fue en su momento la entrada en liza del gobierno, el cual derogó o modificó centenares de normas. Todo con una acentuada orientación a la privatización y desregulación. Entre otras disposiciones, se incluían las que implantaban el libertinaje de los propietarios en materia de alquileres. O la que liberaba por completo las tasas de interés en los préstamos.
En el mismo texto se derribaron variadas facultades estatales para la regulación y control de ciertas actividades comerciales. En particular las que recaían sobre la venta al por menor a los consumidores.
Quedaron así sin efecto la Ley de Abastecimiento (N° 20.680), la Ley de Góndolas (N° 27.545) y la de Observatorio de Precios (N° 26.992) Se buscó de ese modo la eliminación de cualquier obstáculo al libre imperio de los proveedores más concentrados sobre los compradores individuales.
También se suprimieron “distorsiones” de tinte proteccionista como el deber de adquisición de productos e insumos de fabricación local, ley de “compre nacional”. Asimismo facultades de control de precios de los servicios de salud.
En cuanto a las empresas públicas la principal innovación consistió en su transformación en sociedades anónimas, como paso adelantado para su posterior privatización.
No faltó el capítulo de abrogación de derechos laborales. En su momento “congelado” por una actuación judicial de la CGT.
Hoy esa norma liminar está puesta en cuestión y las bancadas críticas planteaban el completamiento del rechazo que hace más de dos años se votó en el senado. La predisposición, o la mera amenaza con propósito negociador de invalidación de sus disposiciones revisten un status simbólico.
Es la norma fundante del proyecto de total desregulación y privatización del actual gobierno. Su eventual caída equivaldría a un “volver a empezar” de consecuencias quizá inmanejables para el gobierno.
El decreto no fue obra del presidente ni del reducido núcleo que lo rodeaba aún antes de las elecciones presidenciales. El autor del texto fue Federico Sturzenegger, el más “ultra” entre los numerosos fundamentalistas del “mercado” que se sumaron a la gestión “libertariana”. Luego se convirtió en el ministro del “antiestatismo” rampante.
No cumplía ningún requisito de fundamentación de la necesidad y urgencia. Tiene además una técnica legislativa disparatada que generaba la derogación en una sola norma de un gran número de leyes nacionales. Y ponía en riesgo derechos fundamentales de raigambre constitucional.
El Senado se puso de acuerdo para invalidarlo, ya en marzo de 2024. Diputados le ofrendó al gobierno la cuota de pasividad parlamentaria que se manifestó luego en otros casos similares:
Aquiescencia hacia normas que no resistían un análisis constitucional y no se ajustaban a ninguna interpretación plausible de los principios republicanos. Y a la vez contaban con elementos destructivos para sectores completos de actividad.
Al compás de las idas y vueltas con la derogación de la ley de tierras incluida en sus numerosas cláusulas, la validez del “megadecreto” volvió al tapete.
El gobierno asediado y la indefinición de alternativas.
No es poca cosa una marcha multitudinaria que cuestiona al unísono políticas educativas, de salud, laborales, previsionales y las enmarca en la brega contra una estrategia de demolición de toda acción estatal centrada en el bien público. La nómina de las organizaciones convocantes refiere a una extensa unidad en la acción. Y a la amplitud en la formulación de consignas.
La movilización en el espacio público es hoy la vía privilegiada para detenerle el paso a la experiencia “libertariana”. Al menos eso es lo que creen las multitudes que se manifiestan.
El debate en torno a la propiedad de las tierras en estos días tiene todo que ver con la multitudinaria marcha del 6 de agosto pasado. Si vamos más atrás, las afrentas a la comunidad LGBT+ tuvieron un brusco freno cuando una variopinta manifestación de decenas de miles encaró su repudio en las calles.
Con un continente de convocantes más acotado, la “marcha de la bronca” del 19 de septiembre marcó el sendero de una interpelación directa al gobierno nacional. No dirigida a reclamos sectoriales sino a la conjunción de ofensas que se le asestan a las condiciones de vida populares y a diversas dimensiones de la soberanía.
Hubiera merecido un lugar destacado en los reclamos el vergonzoso sometimiento a EE.UU e Israel que hace las veces de una política exterior. La que es inexistente en tanto que está no ya al margen sino en contra de los intereses fundamentales del país. Y abdica de una vez de cualquier perspectiva de decisiones propias.
En beneficio directo de sus dos aliados preferidos, Argentina se ha quedado ya varias veces en el terceto solitario contrario a decisiones de la ONU sustentadas por mayorías abrumadoras. O bien sigue las demandas de las empresas trasnacionales que pretenden instalarse en nuestro país o la ampliación de las operaciones ya existentes. Sin permitirse el menor reparo a la búsqueda de rentabilidad y acumulación.
El mito de la “invencibilidad” del experimento Milei se encuentra resquebrajado en estos días. En buena medida por el estancamiento de su política económica, impotente para la realización de sus promesas y predicciones. Y cada vez más sujeta a críticas.
Incluso por parte de impecables adalides del liberalismo económico que resaltan inconsistencias en la política cambiaria y crediticia. Hasta llaman la atención sobre los lacerantes efectos sociales sin salida a la vista, que son percibidos como peligrosos.
Un problema para las corrientes populares es la evitación de que, por falta de alternativas políticas visibles y viables, el debate sea encapsulado en el interior del amplio arco de las derechas. Y desde allí mismo se propongan “alternativas”. Por quienes hasta ahora si no recalaron en el oficialismo abierto lo hicieron en la sedicente “oposición amigable”. Objetora de los detalles y sancionadora del rumbo general.
No escasean los que sueñan con algún “tercerismo” que combine la orientación fundamental de alineamiento con el programa de máxima del gran capital con algún complemento “desarrollista” y de políticas sociales.
El peronismo no regresa hasta ahora de su empeño “internista” y de propensiones “moderadas”. Con el gobernador bonaerense preocupado por mostrarse “sensato” frente a los poderes fácticos. Y su último ministro de Economía que ostenta laureles bien ganados a través de su íntima relación con los grandes conglomerados empresariales.
No se avizoran hoy otras opciones “justicialistas”. Salvo que se desenvuelva la oposición activa del “cristinismo” más puro a la proscripción de su líder. La que encarnaría una toma de posición de efecto testimonial. Salvo que se encare con fuerza y ánimo en alto una impugnación de conjunto al proceso electoral de 2027.
La que por ahora no parecería contar con otro respaldo externo que el de sectores de izquierda. Los que están comprometidos en el rechazo al atropello contra la voluntad popular que siempre entraña la imposibilidad del voto a quien se desearía elegir.
No cabe descartarlo de plano. Pero no aparecen hasta ahora indicios elocuentes de que exista esa voluntad de lucha. Y no la de protesta limitada por la búsqueda de una prenda de negociación.
La izquierda es el único campo jugado a una oposición no conciliadora y sin condicionamientos. La elevada popularidad de su principal dirigente entraña una novedad significativa de estos últimos meses.
Lo que no es diáfano es cómo esa visibilidad puede proyectarse en dirección a mayores vínculos con el movimiento social real. Y la consiguiente capacidad de movilización y configuración de una nueva corriente que se proponga la efectiva disputa de poder. Una misión ardua que enfrentaría a un espectro dominante que se siente fuerte. Y parece dispuesto a jugar la carta represiva en cuanto los cuestionamientos crezcan.
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Algunos signos presentes en la movilización del jueves 15 dan margen para esperanzas bien fundadas. Hubo una gran presencia juvenil. Que no sólo esgrimió la fundamental defensa de la universidad pública sino que flameaba impugnaciones a la política general del gobierno.
Muchas y muchos jóvenes se referían durante la marcha a la necesidad de infligir una derrota en toda la línea a la gestión de La Libertad Avanza. Y mostraban entusiasmo por la brillante algarada del estudiantado francés contra la quiebra a conciencia del sistema educativo.
Desplegaron también su bronca por el desgaste frente a instituciones cuyo único elemento sólido es la pertinaz orientación antipopular. Con fuerza multiplicada cuando los gases, el agua a presión y las balas de goma intentaban en vano la imposición de un rápido desbande general.
La sensación extendida entre les manifestantes era que éste es un capítulo más de una lucha prolongada. Casi no aparecían las expectativas en las elecciones presidenciales del año próximo. Cabe la suposición de que en su momento buscarán el canal electoral más eficaz para la posición de inequívoca crítica a las políticas antipopulares y “proempresa”. Lo que puede resolverse también como abstención o voto en blanco. Espacio en tránsito.
Tal vez asignándole el rol principal no al voto sino al enfrentamiento en las calles, a la disputa radical y movilizada. Que apunte al centro del sistema social y no se restrinja a la condena a las peores demasías del experimento actual.
En aras de un frente articulado y amplio. Que no se subsuma en un “todos contra Milei” que derive en un recambio de figuras y estructuras políticas sin modificaciones a fondo en la suerte de las mayorías.
Imagen de portada: Sol Erazo
Fuente: https://huelladelsur.ar/2026/10/17/la-ira-y-la-esperanza-frente-al-congreso/