Introduccion
Entre marzo de 2023 y febrero de 2024, el gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.) mantuvo la política de máxima presión contra Cuba y la aplicación rigurosa del bloqueo económico, comercial y financiero como su eje fundamental.
Permanecieron invariables las medidas unilaterales con mayor impacto sobre la población y economía cubanas, lo que continuó reproduciendo y agravando los efectos demoledores de este sistema coercitivo unilateral, el más prolongado y abarcador de la historia.
La inclusión de Cuba en la lista unilateral del Departamento de Estado de los EE.UU. sobre países supuestamente patrocinadores del terrorismo; la posibilidad de tomar acción en tribunales de los EE.UU. para interponer demandas en virtud del Título III de la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democráticas Cubanas (Ley Helms-Burton); las sanciones o amenazas de sanciones contra las empresas navieras, transportistas, aseguradoras o reaseguradoras involucradas en el suministro de combustible a Cuba; la persecución intensa y minuciosa a las transacciones financieras cubanas y los consiguientes obstáculos para el suministro de recursos de primer orden; así como
la continuidad de otros listados también unilaterales, se confirmaron como las medidas de mayor severidad.
En el mes de mayo de 2024, el gobierno de los EE.UU. descontinuó la arbitraria e injustificada práctica de calificar a Cuba como Estado que no coopera plenamente con los esfuerzos antiterroristas de ese país. Dicha calificación unilateral constituía una calumnia más, pero sin impacto práctico al no conllevar medidas económicas coercitivas unilaterales. Por consiguiente, este paso no implicó la flexibilización o levantamiento de ninguna de las medidas que forman parte del bloqueo ni de las medidas coercitivas adicionales que se desatan por la presencia
de Cuba en la espuria lista unilateral de Estados supuestamente patrocinadores del terrorismo. Fue una decisión limitada, que hace aún más incongruente, confusa e injustificable la permanencia de Cuba en ese listado, en el que nunca debió figurar.
Los anuncios del gobierno de los EE.UU. del 28 de mayo de 2024 sobre algunos cambios en el marco regulatorio del bloqueo referido al sector privado, tampoco modificaron el cuerpo fundamental de esta política. No eliminan ni modifican las medidas coercitivas que más afectan hoy a la economía cubana y los servicios públicos, y que dañan duramente el bienestar de toda la población. Responden al objetivo de fragmentar la sociedad cubana, utilizar al sector privado con fines políticos contra la Revolución, en función de sus objetivos de cambio de régimen y castigar al sector estatal de la economía.
El propio entramado del bloqueo y su efecto disuasivo, permiten avizorar dificultades en la materialización práctica de estas disposiciones, máxime si se mantiene a Cuba en la lista unilateral de Estados patrocinadores del terrorismo.
El gobierno estadounidense ha mantenido en el curso del último año las leyes y disposiciones relacionadas con el bloqueo contra Cuba y las tradicionales prácticas para su implementación, sobre la base del objetivo histórico de deprimir la economía y los salarios, generar carencias materiales y daños a los servicios públicos, provocar insatisfacciones y desesperación en la población y subvertir el orden constitucional legítimamente establecido.
Se trata de un proceder asentado en documentos oficiales desclasificados del gobierno de los EE.UU., como el memorándum interno del subsecretario de Estado, Lester Mallory, del 6 de abril de 1960, en el que se apuntaba: “(…) hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba (…) una línea de acción que, siendo lo más habilidosa y discreta posible, logre los mayores avances en la privación a Cuba de dinero y suministros, para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del Gobierno”.
En el período, las acciones de los EE.UU. se encaminaron a identificar y perseguir, de manera quirúrgica, las principales fuentes de ingreso de la economía cubana, en aplicación estricta de las disposiciones de la Ley Helms-Burton,
incluyendo aquellas que estipulan su alcance extraterritorial.
La ofensiva contra el turismo, la alegación de ataques sónicos inexistentes a diplomáticos estadounidenses como justificación para calificar a Cuba como país poco seguro, la persecución de los convenios de cooperación
médica internacional, entre otros, responden a un diseño coercitivo perfeccionado, dirigido a impedir la entrada de los ingresos imprescindibles para atender las necesidades crecientes de la población.
El gobierno de los EE.UU. y los políticos anticubanos de ese país se han empeñado en vender el mito de que el bloqueo no constituye una limitación real para el desempeño de la economía cubana. De manera recurrente afirman que las dificultades que experimenta nuestra economía supuestamente son fruto de deformaciones del modelo socialista en construcción y de errores en las políticas gubernamentales.
Acompañado de operaciones sistemáticas de desinformación, el gobierno de los EE.UU. pretende responsabilizar al gobierno cubano de las consecuencias y el daño que el propio bloqueo ocasiona, lo que constituye un acto deshonesto y de extremo cinismo, más aún cuando proviene del mismo gobierno que aplica una política de asfixia premeditada de la economía cubana.
Todas las dificultades de la sociedad cubana no se deben exclusivamente al bloqueo, pero faltaría a la verdad quien no lo reconozca como el principal obstáculo para nuestro desarrollo. Ningún país, incluso con economías mucho más prósperas y robustas que la cubana, podría enfrentar una agresión tan despiadada, asimétrica y prolongada, sin un costo considerable para el nivel de vida de su población, su estabilidad y la justicia social.
Ese costo se evidencia hoy en las carencias de todo tipo que enfrentan
las cubanas y cubanos, incluyendo de alimentos, medicamentos, combustibles, medios de transporte; así como en el deterioro de otros servicios básicos.
El gobierno de los EE.UU. despejó cualquier duda respecto a la naturaleza cruel y genocida del bloqueo, cuando utilizó el peor momento de la pandemia de la COVID-19 para imponer medidas coercitivas adicionales a los cubanos. Reforzó la prohibición de importaciones por Cuba de diferente naturaleza, incluyendo ventiladores pulmonares; aplicó medidas que afectaron el escalado industrial de las vacunas cubanas contra el virus y llegó a impedir la importación
de oxígeno desde terceros países. Fue incapaz de levantar, ni siquiera temporalmente, las medidas contra Cuba para el enfrentamiento a la pandemia, como hizo con otro grupo de naciones.
Del 1º de marzo de 2023 hasta el 29 de febrero de 2024, el bloqueo causó
daños y perjuicios materiales a Cuba estimados en el orden de los 5 mil
56,8 millones de dólares, lo que representa un incremento de 189,8 millones con respecto a la cifra reportada en el informe anterior.
Lo anterior es reflejo del impacto recrudecido del bloqueo sobre las exportaciones cubanas, principalmente en el sector turístico, la despiadada persecución a las operaciones bancario-financieras del país, así como los daños integrales al sistema empresarial cubano y a la producción y los servicios que se prestan a la población.
Esto representa una afectación aproximada de más de 421 millones de dólares mensuales, más de 13,8
millones de dólares diarios, y más de 575 mil 683 dólares en daños por cada
hora de bloqueo.
A precios corrientes, los daños acumulados durante más de seis décadas de aplicación de esta política ascienden a 164 mil 141,1 millones de dólares.
Tomando en cuenta el comportamiento del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional, el bloqueo ha provocado perjuicios cuantificables por más de 1 billón 499 mil 710 millones de dólares.
Se estima que, de no existir el bloqueo, el PIB de Cuba a precios corrientes pudo haber crecido alrededor de un 8 % en 2023.
Estos datos demuestran que los retos actuales de la realidad cubana tendrían mejor y más fácil solución si
Cuba pudiera disponer de los cuantiosos recursos de los cuales el bloqueo la priva.
En los últimos años, y más agudamente en los últimos meses, se van haciendo más notorios los efectos del envejecimiento poblacional y la alta emigración que involucra a los segmentos más jóvenes de la sociedad cubana.
Esta situación sería muy diferente de no existir un bloqueo recrudecido a partir de la política de máxima presión implementada por el presidente Donald Trump, y que ha sido mantenida por el gobierno del presidente Joseph Biden. Es una verdad que las contrapartes estadounidenses no tienen argumentos para rechazar.
El bloqueo es un crimen de lesa humanidad, un acto de genocidio y una violación flagrante, masiva y sistemática de los derechos humanos de más de 11 millones de cubanas y cubanos. Es una cruel política de castigo. El presente informe aporta información factual y datos valiosos para reforzar la denuncia de esta grave injusticia.
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