Los anuncios de Massa son paliativos tardíos. Por Julio Gambina.

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El candidato ministro asumió la iniciativa política con anuncios económicos en domingo, marcando la cancha del debate político en la semana.

Obliga a la oposición derechista a criticar medidas de impacto en el ingreso de sectores desfavorecidos en la distribución del ingreso, especialmente luego de la devaluación pos PASO.

Por eso, las medidas son tardías, ya que lo primero que hizo el gobierno fue favorecer la demanda del club de la devaluación, o sea, la del poder económico concentrado.

Ahora, cuando ya los precios se dispararon anuncian el congelamiento de combustibles y medicamentos hasta comienzos de noviembre, suspensión de aumentos de las prepagas y acuerdos de precios con grandes empresas y cadenas, que solo podrán aumentar un 5% por mes. Medidas que no aseguran impacto en los comercios de cercanía.

Claro que millones de personas recibirán mejoras de ingresos en septiembre y octubre y eso genera expectativas, no soluciones a los problemas de fondo, no solo de la mayoría empobrecida, sino de la dinámica de funcionamiento económico de la Argentina.

Es más, lo más probable es que con el solo anuncio, algunos intentan cubrirse y los precios escalen estimulando la ola inflacionaria en ascenso de agosto y hasta la definición del proceso electoral y más allá.

Las soluciones de fondo no están en la discusión política electoral en curso, ya que el condicionante del endeudamiento augura salidas regresivas, matizadas con el grado de shock que proponen los candidatos con posibilidad de triunfar en octubre y noviembre próximos.

Con los anuncios actuales, el gobierno pretende conquistar votos y entrar en el balotaje para disputar con la explícita posición por la devaluación o la dolarización, pero todos en el marco del acuerdo con el FMI y los fortísimos compromisos con los acreedores externos.

Lo más probable es que el próximo gobierno, gane quien gane vuelva a negociar el acuerdo con el Fondo, e incluso reestructure la deuda en divisas y en pesos, que como hemos sostenido es imposible de cancelarse.

Es algo que el FMI y los acreedores externos sabían en el 2018 cuando Mauricio Macri acudió al FMI para el préstamo de 45.000 millones de dólares y que luego renegoció Fernández y Guzmán, con compromisos hasta el 2034.Sabía el FMI que Argentina no podía canelar el prestamos del 2018, ni la negociación del 2022 y que vamos a un ciclo de permanente renegociación, salvo que la lucha popular genere condiciones para la anulación del acuerdo y el repudio del crédito y los condicionantes de los acreedores externos, especialmente del organismo internacional.

Estos paliativos llegan tarde, aun cuando quien los reciba actualice mínimamente sus ingresos en el futuro cercano, sabiendo que la espiral de precios no se frena.

La demanda por actualización y mejoras de ingresos populares está a la cabeza de las reivindicaciones democráticas de los sectores más empobrecidos y constituyen la base de una lucha que debe extenderse y radicalizarse para hacer posible perspectivas más profundas y cambios revolucionarios que impacten en el modelo productivo y de desarrollo.

En rigor, la dinámica de lucha por reformas y revolución trascienden el momento electoral y constituyen un desafío del movimiento popular y la izquierda en su conjunto.

Buenos Aires, 28 de agosto de 2023

Julio Gambina
Julio Gambina

Doctor en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y de la FCEJYS de la Universidad Nacional de San Luis, Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP, e Integrante del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO (2006-2012). Integra la Presidencia de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico, SEPLA desde 2016. Director del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, IEF-CTA Autónoma. Miembro del Consejo Académico de ATTAC-Argentina y dirige el Centro de Estudios Formación de la Federación Judicial Argentina.


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