Mientras familias campesinas, pueblos indígenas y cooperativas padecen la sequía, el Gobierno anuncia medidas para las empresas del agronegocio y las promesas del ministro Massa, anunciadas en enero, no llegan a los pequeños y medianos productores. Una cadena que une al extractivismo, la crisis climática y el alto precio de los alimentos.
“Para un productor grande, para un pool de siembra, la sequía puede representar un balance negativo de un año o la no inversión en maquinaria o la no contratación de más empleados, pero para un pequeño productor implica, probablemente, dejar de serlo”, alerta la integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena – Somos Tierra (MNCI-ST) y una de las voceras de la Mesa Agroalimentaria Argentina, Natalia Manini, sobre el impacto de la sequía —la más grande en el último siglo—. La Mesa Agroalimentaria sostiene que las medidas prometidas por el Gobierno a principio de año nunca llegaron al sector campesino y cooperativo, y que los recientes anuncios del ministro de Economía, Sergio Massa, de alivio fiscal alcanzan a una pequeña porción del sector de la agricultura familiar. Mientras tanto, en el Congreso, oficialismo y oposición debaten una Ley de Agroindustria que fortalece el modelo exportador y los alimentos siguen subiendo de precio.
“Esta campaña puede ser decisiva para muchos pequeños productores, en el sentido de que muchos quedarán en una situación extremadamente vulnerable, con rindes por debajo del 50 por ciento de los valores promedio, sin asistencia muchos se verán obligados a alquilar sus campos, aumentando así la concentración de la producción aún más: Lo mismo sucederá con productores ganaderos que sin pasto se vieron obligados a malvender su producción”, grafica Silvio Antinori, vicepresidente de Fecofe y vocero del sector chacarero de la Mesa Agroalimentaria.
Manini, con una representación de los productores hortícolas y pequeños ganaderos, completa el panorama. Afirma que sin asistencia directa del Estado en lo inmediato, frente a un modelo de concentración, muchos productores “no podrán pensar la producción del año siguiente, porque esta sequía se suma a años de una situación muy difícil para la producción”. “No representamos a un sector especulativo sino a quienes son esencialmente trabajadores de la tierra, pero necesitan condiciones para hacerlo. Para un productor caprino la imposibilidad de recuperar los vientres perdidos por la falta de pastura puede ser el fin de su actividad. De estas crisis los grandes salen más grandes y los pequeños se achican o desaparecen”.
El debate sobre la sequía, con la cosecha gruesa —de soja y maíz— ya marcada por un verano con 50 días sin lluvias y repetidas olas de calor, se refleja en la agenda del Gobierno y de los grandes medios de comunicación en el impacto que tendrá en las arcas públicas la reducción de las exportaciones de commodities. Con la cita recurrente a la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), se señala que el país perderá el equivalente a tres puntos del PBI, unos 19.000 millones de dólares; con una cosecha de maíz un 75 por ciento por debajo de lo esperado a inicio de campaña y una de soja 200 por ciento por debajo de la última temporada afectada por la sequía (la de 2017/2018). Siempre con la mirada puesta en el dólar, la devaluación y un modelo atado al agronegocio.
No es para menos en un escenario climático que, también según las estadísticas del BCR, reunió para la campaña gruesa “los dos peores aspectos de las dos peores campañas de granos gruesos de los últimos 20 años”. Un periodo de siembra más seco que el de la campaña 2008/2009 y un periodo de cosecha más seco que 2017/2018, con marcas térmicas que son récords desde 1906.
Frente a esta situación, Massa anunció ayer un paquete de medidas de alivio fiscal —plan de pagos para deudas impositivas, suspensión de intimaciones y embargos en cuentas bancarias, como también de anticipos de ganancias— y aseguró que ayudaría a 60.000 productores, como se está haciendo “desde agosto, destinando más de 40.000 millones de pesos en planes y programas”.
Sin embargo, la voz de la Mesa Agroalimentaria se plantará el miércoles en la Plaza de Mayo para representar a las voces de productores hortícolas, frutícolas, pequeñas y pequeños productores de granos y de ganado bovino, ovino y caprino, que producen alimentos para el abastecimiento local. “Luego de casi un año de emergencia productiva por una sequía histórica causada por un modelo empresario agroindustrial extractivista, concentrado y especulador, las familias campesinas y de pequeñas y medianos productores estamos al borde de desaparecer”. “¡Basta de sequías de políticas públicas para el campo que alimenta!”, exigen.
Los anuncios de Massa y las medidas que reclama la Mesa Agroalimentaria
La Mesa Agroalimentaria —que reúne al MNCI-ST, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe), la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (Fonaf) y Bases Federadas— se sentó a fin de enero junto a Massa, el subsecretario de Agricultura, Juan José Bahillo, y la Mesa de Enlace en la previa de lo que fue un primer anuncio de medidas para paliar los efectos de una sequía que ya se mostraba crítica. En aquel momento, la mayoría de las medidas fueron en el mismo tono que las anticipadas este lunes por el Ministro de Economía, a tono con los reclamos de las empresas agropecuarias representadas en las entidades de la Mesa de Enlace.
De aquella reunión se logró un punto reclamado por la Mesa Agroalimentaria: la aplicación de fondos rotatorios —con una partida prometida de 500 millones de pesos— que se ejecutaría desde las propias cooperativas, para saltar la discrecionalidad de gobiernos provinciales o municipales. Pero aún, a pesar de que existen nuevos anuncios, esa promesa no se cumplió.
“La movilización responde a la demora en poner en práctica lo acordado en su oportunidad con el ministro Massa, oportunidad en la que participó la Mesa Agroalimentaria junto a la Mesa de Enlace, por primera vez. En ese momento se acordó asistir a los productores a través de las cooperativas. La situación es realmente apremiante para todas las áreas del agro, los productores y productoras no tienen margen para estirar la agonía. Es imperioso que se pongan en práctica los compromisos asumidos sobre todo los fondos rotatorios”, señaló Antinori.
Y sobre las recientes medidas anticipadas por Massa agregó: “Las medidas suman, lo importante es que se pongan en práctica de manera inmediata. No van a solucionar las problemáticas de la sequía y de los pequeños y medianos productores, pero suman para llegar a la próxima cosecha”.
El Vicepresidente de Fecofe indica como medida positiva, para el sector ganadero, la deducción del Impuesto a la Ganancia por la venta forzosa de animales, pero insiste en que “lo que necesitan los pequeños productores es la aplicación de los fondos rotatorios, porque el sistema financiero no está apuntado a la producción y al trabajo, para los más chicos es muy difícil acceder”.
Además, agrega otro punto para los pequeños productores de granos: “Lo poco que levanten tendrá muy mala calidad, por lo que las exportadoras, como siempre, aprovecharán la ocasión para mejorar sus ganancias con los descuentos abusivos”. Según él, esto debe hacer que se tome conciencia sobre “La importancia del Estado, sobre todo en situaciones adversas y extremas como la actual que nos dejan a merced de las multinacionales”.
Por su parte, la representante del MNCI-ST destacó la participación de la Mesa Agroalimentaria en las reuniones convocadas por Massa como parte de la “tarea de proponer y promover medidas que beneficien a los pequeños productores”, pero aseguró que eso implica también “hacer sentir nuestra voz cuando hay políticas que siguen beneficiando a los mismos”.
“Hay medidas urgentes para poder sostener la actividad agropecuaria de los pequeños y pequeñas productoras, con la posibilidad de volver a producir, como créditos blandos, ayuda financiera que permite recuperar los vientres perdidos, la posibilidad de volver a cultivar para quienes no han podido cosechar o sembrar por la sequía”, enumeró y advirtió que son políticas que deberán seguir siendo debatidas porque este temporada se vivió “un fenómeno climático severo que se va a reiterar”, como hace años vienen advirtiendo los especialistas en cambio climático.
Otro modelo agropecuario o más agronegocio, sequía e inflación
La vocera de la Mesa Agroalimentaria apunta que “está a la vista que, ante episodios como los de esta sequía, es mucho mayor el daño provocado que si nosotros tuviéramos modelos amigables con el ambiente”. Y Antinori coincide: “Está sequía no es un capricho de la naturaleza, sino el fruto de un modelo productivo extractivista y concentrador que debemos cambiar, ya no solo desde nuestro país sino que tenemos que pensar a nivel regional en un modelo productivo amigable con la naturaleza y que priorice el cuidado de la casa común”.
Las organizaciones de la Mesa Agroalimentaria presentaron en septiembre pasado un paquete de cinco leyes para cambiar el modelo de concentración para la exportación de commodities, que es sinónimo de impacto ambiental, deforestación y degradación de los suelos. Esas leyes para un cambio estructural del modelo son: Ley de acceso a la tierra, Ley de arrendamientos rurales, Ley de protección y fortalecimiento de los territorios campesinos y la agricultura familiar, Ley de segmentación de las políticas impositivas agrarias, Ley de financiamiento y fomento del cooperativismo y la transición agroecológica.
“Las organizaciones de la Mesa Agroalimentaria son de productores que viven en las zonas rurales y las leyes que presentamos son las que, entendemos, estructuran un modelo agropecuario que pueda sostener a los pequeños productores y ofrecer a la población productos que sean accesibles económicamente, producidos de manera agroecológica, como la forma de poder revertir el daño que la agricultura tradicional le viene haciendo a nuestros suelos y nuestro ambiente”, sentencia Manini.
Sin embargo, el bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados inició el año con una nueva presentación de la Ley de Agroindustria —escrita por la cámaras del agronegocio— y ya consiguió que el bloque opositor de Juntos por el Cambio se siente a discutirla en la Comisión de Agricultura, presidida por el agrodiputado opositor Ricardo Buryaile. “Esto lo recibimos como una manifestación”, reconoció la integrante del MNCI-ST respecto de las intenciones del gobierno nacional.
“La Ley de agroindustria habla de que habrá mayor producción, agregado de valor, más puestos de trabajo. Nuestra percepción es que beneficia a las grandes corporaciones, que no atiende la problemática del alimento en la Argentina y no vemos donde entra el pequeño productor, habla de seguridad alimentaria y no de soberanía alimentaria”, apuntó el vicepresidente de Fecofe.
La sequía, consecuencia de la crisis climática empujando por el modelo de producción de alimentos, también trae otras discusiones dentro de este modelo de costos, oferta y demanda, que es la del impacto en los precios. La inflación de febrero (9,8 por ciento en el rubro alimentos) tuvo entre sus factores el incremento de los precios para la industria lechera y avícola. “El pueblo viene padeciendo una escalada inflacionaria que no tiene que ver sólo con la sequía de este año. Nosotros lo hemos denunciado, porque tiene que ver con la concentración, cada vez mayor, de todos los recursos para producir alimentos: la tierra, el agua, la semilla. Todo el paquete tecnológico que se termina imponiendo”, apunta Manini.
La vocera de la Mesa Agroalimentaria señala además que “dentro de la ley de oferta y demanda, los alimentos se toman como cualquier otro producto y, ante una disminución de la producción hortícola, frutícola y de animales, los alimentos suben de precio”. Y en ese contexto completa: “La concentración en la cadena de producción y comercialización se suma a esa presión sobre los precios. El Estado tiene que poder intervenir el alimento no es una mercancía, es un derecho”.