Hay nuevas medidas enunciadas hoy ante operadores del sector financiero desde el Ministerio de Economía. Es una iniciativa, como muchas otras encaradas últimamente para ganar tiempo en un año electoral.
La preocupación gubernamental que justifican los anuncios está asociada a maniobras especulativas de estos días, las que intervienen en el aumento del tipo de cambio paralelo (ilegal o blue), que inciden en los dólares financieros (MEP, CCL). Estos son demandados por las empresas para hacerse de divisas ante el control oficial respecto del comercio con divisas al tipo de cambio oficial (cepo).
Señalemos que las subas de los dólares financieros o paralelos intervienen en la suba de precios, más allá de cualquier vínculo de los costos de producción o circulación con las monedas extranjeras.
Destacamos también que la devaluación del tipo de cambio oficial se acelera al ritmo inflacionario, y ya no es ancla, tal como ocurría en tiempos de Martín Guzmán.
Sin perjuicio de ello, desde el gobierno perjuran que no tienen plan de una mega devaluación, tal como demandan desde el poder económico concentrado, especialmente los grandes productores y exportadores.
Para escaparle a la mega devaluación se vienen realizando recurrentes anuncios que, en general benefician al poder, aun cuando postergan la demanda devaluatoria de los más poderosos.
Entre esas concesiones se destacan las operatorias del “dólar-soja o malbec”; el canje de deuda de hace un par de meses, usando recursos de Reservas Internacionales, que objetó el FMI; y ahora este canje de activos dolarizados en manos de organismos públicos para atender la demanda de divisas del sector privado.
Le temen a la mega devaluación, solicitada por los grandes exportadores y el núcleo más concentrado del poder local, por el regresivo impacto social que generará, ampliando las dificultades económicas de la mayoría empobrecida, en torno al 50% de la población.
Mientras tanto satisfacen la solicitud del poder en aumento de tarifas, cotización especial de exportaciones especiales, caso de la soja o el vino, etc.; y en este caso, la demanda de divisas del sector privado.
Más aún, el temor gubernamental a la mega devaluación es que la suba del tipo de cambio (del dólar) acreciente el descontento social, que se transforme en protesta y extensión de la conflictividad, obviamente desaconsejable en tiempos electorales.
Lo que está en juego son unos 35.000 millones de dólares, que el Ministerio, en coordinación con el BCRA, pretenden gestionar para no tener que acudir al uso de reservas internacionales, afectadas además por las condiciones de merma de exportaciones derivadas de la sequía, pero también de la continua fuga de capitales del país.
No se aprecia la misma inventiva para resolver los temas del empobrecimiento, de la baja de los ingresos populares y el conjunto de reivindicaciones de los de abajo.
Las medidas
La operatoria en curso apunta a pesificar la deuda con los organismos estatales (OE), para lo cual avanza en un canje. Los OE deberán desprenderse de los bonos en dólares de legislación extranjera y local.
Así, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) o los bancos públicos entregarán sus tenencias de bonos en dólares de legislación extranjera a cambio de nuevos bonos en pesos, actualizados por inflación o tipo de cambio. Se estima una suma de 4.000 millones de dólares.
También, y por 120 días, al ritmo que dispongan el ministerio y el BCRA, los OE ofrecerán a licitación sus tenencias de bonos en dólares de legislación local. Se pretende con ello ofrecer una masa de recursos a la demanda de divisas de inversores privados. Se calcula un monto de 31.000 millones de dólares.
Entre ambas operatorias se calcula una intervención sobre 35.000 millones de dólares.
Insistamos, el objetivo apunta a bajar la crecida de la cotización de las divisas y de la inflación en general. Al no poder intervenir con reservas internacionales, virtualmente inexistentes, se acude a este mecanismo de gestión de bonos hasta ahora en manos de los OE.
Se trata de pesificar la deuda. Al entregar bonos en pesos contra los nominados en dólares en manos de OE, el ministerio destaca que los elimina de circulación, con una baja de la deuda registrada en dólares.
Así, se eliminarían unos 4.000 millones de dólares de la deuda pública y se acrecienta la deuda pública en moneda nacional, lo que genera un debate con matizados argumentos.
Hemos señalado que la deuda dolarizada complica porque la Argentina no produce los dólares o divisas, tiene que comprarlas. Al pesificar, debe utilizar recursos fiscales para cancelar intereses, impidiendo la satisfacción de derechos sociales: educación, salud, alimentación, ingresos populares, etc.
Las licitaciones de los bonos dolarizados de legislación local significarán ingresos de pesos a los OE, los que se utilizarán para comprar bonos pesificados, actualizados por tipo de cambio o inflación.
Así, el estado se hará de unos 2 billones de pesos en un cuatrimestre para atender el déficit fiscal sin emisión ni deuda para cumplir con la meta acordada con el FMI. Siempre está el condicionante del FMI.
Por un lado, avanza la pesificación de la deuda, al tiempo que orienta la deuda dolarizada de legislación local hacia los tenedores privados. El supuesto teórico detrás de la medida es que se debe reemplazar deuda en divisas, por obligaciones en moneda local.
En síntesis
Lo que está haciendo el gobierno es una iniciativa para hacerse de dinero que financie el déficit fiscal, en un momento donde está disminuyendo el ingreso de divisas por disminución de las exportaciones derivadas de la sequía.
Como siempre y tal como históricamente se actuó, se acude a los fondos de la seguridad social, especialmente en este caso al FGS.
Al mismo tiempo profundiza la lógica de pesificación de la deuda pública, disminuyendo parte de la deuda en moneda extranjera y habilita nuevos canales de oferta de títulos en divisas para intervenir en el mercado cambiario disminuyendo las presiones al alza.
De ese modo, pretende contener la potencial devaluación que demanda el poder económico y la oposición de derecha.
Se intenta ganar tiempo en momentos de gran incertidumbre mundial, ante la crisis de bancos estadounidenses y europeos, cuando la Reserva Federal de EEUU sostiene la suba de tasas de interés para contener la inflación.
La combinación de los problemas locales y los globales impacta en el deterioro de las condiciones de vida de la población empobrecida, por lo que, más que nunca se requiere la anulación del acuerdo con el FMI, la suspensión de los pagos de la deuda, su auditoría y una reorientación de la política económica.
Esa reorientación debe atender a satisfacer la demanda social de sectores de menores ingresos, empobrecidos por una dinámica que privilegia la ganancia y la inserción subordinada del país en el capitalismo global.
Buenos Aires, 22 de marzo de 2023
