En estos días se habla mucho de “la justicia”, “la familia judicial”, el lawfare, a raíz de los alegatos de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, en los que piden una condena severa contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a la que acusan de haber cometido graves actos de corrupción.
Sin lugar a dudas se trata de un hecho judicial de enorme relevancia política. Dicho proceso está calificado desde muchos sectores, incluso jurídicos, como notablemente irregular, que merece la nulidad. Mientras que otros elevan a Luciani a la altura del fiscal Julio Strassera, el del juicio a las Juntas militares genocidas.
Las repercusiones son muchísimas y muy variadas y abarcan a todo el arco político, destacándose por su número aquellas expresadas por integrantes de ambos lados de la “grieta”.
Están quienes sostienen que se trata de una clara persecución política y judicial contra CFK y quienes reiteran, como lo vienen haciendo desde hace tiempo, que la vicepresidenta es culpable. Llegando algún diputado nacional a plantear que debería aplicársele (aunque no exista en la ley argentina) la pena de muerte por traición a la Patria.
En definitiva se trata de un juicio de altísimo voltaje político que pone en evidencia la calidad de la llamada “justicia” de nuestro país independientemente de la responsabilidad de CFK en los delitos que se le imputan.
Planteamos esto último porque los poderes judiciales en general y particularmente el federal merecen la peor opinión de la sociedad.
Podemos remontarnos al siglo XIX y citar al Viejo Vizcacha:” Hacete amigo del juez / no le des de qué quejarse/ que siempre es bueno tener/ palenque ande ir a rascarse” (Martín Fierro, José Hernández).
Lo que Vizcacha aconseja es “hacerse amigo del juez” pero en estos tiempos parece que se viene imponiendo “hacer jueces a los amigos”.
Prueba de ello es el escandaloso intento de Mauricio Macri de sumar a la Corte Suprema de la Nación a dos nuevos integrantes a través de un decreto presidencial en enero 2016 (Carlos Rosenkratz y Horacio Rosatti) y luego convalidado por parte de algunos opositores de entonces y hoy oficialistas. O los jueces “de la servilleta” y la Corte de mayoría automática del presidente Carlos Menem, por mencionar algunos.
Estas situaciones se replican con mayor o menor frecuencia en los poderes judiciales provinciales.
El denominador común es que “la política” es quien decide en última instancia las designaciones. Por lo tanto y salvo honrosas excepciones, es en el ámbito político institucional y no institucional donde se resuelven las mismas. No debe llamar la atención que muchas juezas y jueces se constituyan en apéndices del poder político y por extensión, del poder económico al que aquél representa.
Una característica común de los poderes judiciales es que constituyen el sector más conservador del Estado. En pocas palabras lo definiríamos como elitista, jerárquico, machista, patriarcal y profundamente antidemocrático tanto en su relación con la comunidad como internamente con sus trabajadoras y trabajadores.
El quid de la cuestión es qué hacer entonces.
Una primera respuesta es encarar una reforma judicial que no sea una reorganización burocrática sumando más juzgados, fiscalías o defensorías sin debatir qué organismos nuevos crear y de qué fueros y por qué.
Otro tema fundamental es el sistema de selección y designación de magistradas y magistrados con la participación de la comunidad y de una manera pública y transparente.
Hay otras cuestiones a tratar pero estas dos son quizás prioritarias.
Ese debate debe ser abierto a la comunidad (sectores académicos, políticos, sindicales, sociales, culturales, profesionales) donde cada uno de esos espacios pueda plantear su mirada y sus propuestas sobre el poder judicial que pretenden y capaz de dar las respuestas positivas a la demanda de justicia que el pueblo demanda.
El poder judicial debe ser parte del necesario proceso de transformación social camino a la construcción de una sociedad de pares sin explotadores ni explotados.
Hugo Antonio Blasco
Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados
Corriente Política de Izquierda
Fuente: https://tramas.ar/2022/08/24/justicia/