Llama la atención la preocupación por la actualización tarifaria contra la mezquindad relativa al debate con los docentes y otros trabajadores.
Con el gas hay acuerdo con las empresas, interesadas en transformar subsidios en precios y, que hace años demandan al Estado por su reivindicación asentada en la rentabilidad de las inversiones. Con los docentes, la no apertura de la paritaria nacional y los acuerdos provinciales con mínimos ajustes marcan el rumbo general de la política económica.
Así, con los empresarios más concentrados, todas las concesiones: a acreedores externos, grandes productores y exportadores agrarios, mineros e industriales, privatizadas de servicios públicos, petroleras, mientras que a los trabajadores y las trabajadores se les restringe la posibilidad de negociación colectiva y se les impone la amenaza y el castigo de la pérdida de ingresos, la suspensión o el despido, todo en un marco de flexibilización salarial y laboral extendida.
Preocupa la evolución económica
Los datos oficiales que se difunden no avalan el discurso esperanzador del gobierno sobre el fin de la recesión económica.
El INDEC acaba de informar una caída de 6% en febrero del 2017 con respecto al mismo mes del año 2016 para el estimador mensual industrial.[1] La caída respecto del primer bimestre del 2016 es del 3,5% y da cuenta de los problemas de la producción industrial para dinamizar el empleo del sector privado.
Una buena noticia que enarbola el gobierno proviene del cierre del blanqueo de capitales, que en torno a los 120/130.000 millones de dólares, que le acerca recursos fiscales, unos 130.000 millones de pesos, que ayudan a paliar la menor recaudación de una actividad económica débil, con elevado déficit fiscal y comercial sostenido con endeudamiento público.
El perdón fiscal para evasores y los que fugan capitales del país, no niega la continuidad del fenómeno vía cancelaciones de deuda, remesas de utilidades al exterior y saldo negativo del turismo internacional.
Hay que reconocer que el debate es político en la Argentina y el sentido de las masivas movilizaciones de marzo y la perspectiva del paro general son la voluntad crítica de millones afectados por la política económica.
Por eso, el planteo sustentado por sindicatos y centrales sindicales de “continuar luchando hasta cambiar la política económica” que tanto preocupa al gobierno y al poder mediático afín.
La política económica se define en la ortodoxia del ajuste y el monetarismo empujado por el BCRA, asentado en mayor deuda pública y estimulando la especulación financiera con tasas de interés elevadas.
En ese marco, se contiene la evolución del tipo de cambio para frenar la inflación a un costo financiero elevado para las finanzas públicas, por lo que el dólar planchado, incluso a la baja, estimula opciones por el plazo fijo u otras colocaciones financieras recreando una economía especulativa.
Al mismo tiempo, recibe presiones de grandes productores y exportadores para nuevas devaluaciones que se descargarán vía precios sobre la mayoría empobrecida de la población.
Se intenta maquillar la orientación general con estímulos al consumo, hasta ahora fallidos, y que extienden la sensación de malestar.
El impacto de la situación económica en la mayoría social genera el malestar que sustenta la protesta y movilización extendida, que en el gobierno y el poder se siente como desafío político e incluso amenaza desestabilizante.
Opciones de rumbo económico y político
Lo que se discute es el rumbo de la economía en un marco de ofensiva capitalista más allá de la Argentina.
Con las elecciones de renovación parlamentaria de medio turno en octubre próximo se pretende sostener un rumbo para adecuar al país a las necesidades de la ofensiva reaccionaria que supone la presencia de Trump en el gobierno de EEUU; las presiones sobre Venezuela que animan, desde Washington a los cancilleres del Mercosur y el bloque de aliados de la posición estadounidense en la OEA o la campaña a favor del cambio de gobierno de Ecuador en las elecciones del 2/4.
Más allá de alguna consideración actual sobre Venezuela, Ecuador, o cualquiera de los gobiernos que definieron el cambio político en el comienzo del Siglo XXI, queda claro que las clases dominantes en la región pretenden coherencia política de los gobiernos de nuestros países, en el sentido de insertar a éstos en la lógica del capital para restablecer la rentabilidad empresarial y la “normalidad” del orden capitalista.
Eso define la necesidad de estimular un bloque social y político para otro rumbo de la economía y la política. El nuevo “accidente” de la Barrick en San Juan exige la discusión sobre el modelo extractivo, expresión del orden capitalista concreto en el país y en el mundo, para optar por otro rumbo sustentado en la soberanía alimentaria, energética, financiera, para satisfacer necesidades y resguardar la naturaleza.
No alcanza con la protesta y la conflictividad, y mucho menos con opciones que se contengan en mejorar el capitalismo, haciendo lo posible para lograr algunas reformas. Es tiempo de discutir el modelo productivo en su conjunto para atender necesidades sociales insatisfechas, retomando el impulso de las experiencias de integración regional alternativa.
El interrogante necesario apunta a discutir lo que viene luego del paro general.
La densidad social masiva movilizada es indispensable para habilitar una discusión sobre propuesta política popular, en el sentido asambleario de un congreso popular para discutir el país actual y aquel al que se aspira, como renovada expectativa de la liberación nacional y social.
Buenos Aires, 1 de abril de 2017
[1] INDEC. Informes Técnicos. Industria manufacturera vol. 1 nº 7. Estimador Mensual Industrial, Febrero de 2017. En: http://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/emi_03_17.pdf