Los “terroristas” de ayer, los “encapuchados” de hoy

Fabiana Arencibia

Red Eco Alternativo

Argentina- “Proyecto de ley de reforma al Código Penal de la Nación contra agresiones en piquetes e intimidación pública” es el nombre que puede leerse en el facsímil que se hizo público a través del portal Infonews. Sin firma alguna, su texto estaría circulando entre los diputados de Cambiemos.

El mismo modifica los artículos que tipifican los delitos de abuso de armas (art. 104), la coacción (art. 149 bis), la coacción agravada (art. 149 ter) y la interrupción del tránsito (art. 194). También el que regula las penas por daños (art.184).

En todos estos delitos se incorpora una nueva circunstancia: “la participación en una manifestación pública mediante el uso o exhibición de elementos contundentes, proyectiles, elementos inflamables y objetos capaces de dañar la integridad de personas o bienes, o con la cara cubierta, de modo de impedir la identificación del agresor”.

Para el caso de impedir, estorbar o entorpecer el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad y de sustancias energéticas (art. 194) en el marco de una manifestación como la descripta, las penas se incrementan pasando de los 3 meses a los dos años actual a los 2 a 6 años según el texto del proyecto.

El objetivo de estas reformas vincula con claridad el momento político en que la represión necesita de marco legal. Por eso en sus fundamentos se plantea: “Podría no ser necesaria una reforma normativa (…). El Código Penal en sus artículos 104, 149 bis, 149 ter, 184 y 194 (entre otros) debería ser suficiente para dar por tierra con estos desatinos. Pero a la luz de los hechos recientes esto parece requerir de una enérgica reafirmación legislativa. Si las normas vigentes no son eficaces, su evolución debe nutrirse de la necesidad de que la vida en sociedad funcione de manera fluida y armoniosa, en base a la observación de la experiencia histórica y de cara a la realidad política y social en un momento dado”.

Cuando dicen “hechos recientes”, ¿estarán pensando en las marchas que llenaron las calles durante marzo repudiando el golpe cívico militar de 1976? ¿O en las convocadas durante estas últimas semanas por trabajadores y centrales sindicales para exigir que se termine con este modelo económico pensado para los ricos? ¿En los cientos de miles que se movilizaron por mejores salarios, contra los despidos, el ajuste y contra la violencia patriarcal? ¿O quizás en la de los docentes reclamando por su salario y por la defensa de la educación pública? Y cuando hablan de “desatinos”, ¿lo pensarán como sinónimo de salir a la calle, cortar avenidas y puentes porque el estómago no puede esperar más?

También sus fundamentos definen como un avance la aprobación del “Protocolo de actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en manifestaciones públicas” aprobado en 2016 por el Ministerio de Seguridad (leer El derecho supremo: la libre circulación). Pero afirma que el mismo “debe apuntalarse desde la legislación penal para no dejar las decisiones finales en manos de autoridades inermes, fiscales temerosos y jueces politizados”.

Como cierre de los motivos para pedir a los legisladores que conviertan este proyecto en ley, expresan: “Frente al debate de legos y de expertos, que parece no encontrar consenso en calificar a esos palos amenazantes y las caras cubiertas en los piquetes como armas de intimidación, amenaza, extorsión, vemos necesario introducir la tipificación específica y el agravamiento de las penas en los delitos así perpetrados, dando a las autoridades policiales y a los jueces y fiscales intervinientes la facultad indubitable de disuadir, impedir, detener, reprimir y arrestar y procesar penalmente a las personas implicadas en tales ilícitos”.

“En términos jurídicos, la reforma introduce por primera vez en el Código Penal el concepto de ‘manifestación pública’, convirtiéndola en un delito específico y en un agravante para determinadas conductas penales. De esta manera, los jueces podrán aplicar penas más duras contra quienes participen en medidas de fuerza y de acción directa. La decisión sobre quiénes y cuándo aplicar estos delitos es una decisión política y responde a los intereses del Estado, encargado de fijar la política de persecución penal´”, afirmó Eric Soñis, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), en una nota publicada en La Izquierda Diario.

“Tenemos malas noticias para el gobierno: las ‘personas implicadas en tales ilícitos’, es decir, los trabajadores y trabajadoras que venimos saliendo a las calles para reclamar contra los despidos y suspensiones, para exigir reincorporaciones o el pago de sueldos atrasados, para frenar el vaciamiento y cierre de fábricas, para defender y garantizar el derecho de huelga, para denunciar el gatillo fácil, la tortura y las detenciones arbitrarias, para decir basta a la criminalización de los pibes y pibas, vamos a seguir estando, y, como pintan las cosas, vamos a ser más cada día”, expresó la Correpi en un comunicado.

A principios de julio de 2007 el Parlamento sancionó modificaciones al Código Penal. La llamada “Ley Antiterrorista” incorporó a nuestra legislación, bajo la presión y exigencia del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), la confusa figura de “asociación ilícita terrorista”. A partir de su sanción se habilitó al Estado a perseguir y procesar, con ley en mano, a cualquier organización política o social que se manifieste en contra de las acciones del gobierno o que pretenda ejercer presión sobre sus organismos.

El nuevo proyecto de ley de Cambiemos, de ser tratado y aprobado, vendría a complementar la ley antiterrorista enviada al Parlamento el entonces presidente Néstor Kirchner. Ambas normas son instrumentos estratégicos para el control de la protesta social.

Proyecto Modificación Código Penal

Sobre luchas, iniciativas y alternativas

Daniel Campione

Se ha vivido un mes entero de movilizaciones, desde el seis de marzo al seis de abril. Multitudes apreciables, fuerte presencia obrera y sindical, incluso en la movilización del Día de la Mujer, que tuvo destacada participación de mujeres trabajadoras. La multitud impuso sus propias consignas, como el 7 de marzo, cuando se arremetió contra la cúpula de la C.G.T. en la exigencia de que fijara la fecha para un paro general.

Las dos CTA apoyaron las movilizaciones lanzadas por la conducción cegetista, pero generaron su propia movilización el 30 de marzo, también con una convocatoria muy numerosa. Los docentes, enfrentados a una táctica de desgaste del gobierno, estuvieron una y otra vez en la calle, sosteniendo la exigencia de una paritaria nacional, contra los intentos del gobierno de negociar los salarios con cifras que no toman en cuenta el poder adquisitivo perdido por la fuerte inflación del año pasado.

Hay que valorar la capacidad de lucha demostrada, la firmeza para enfrentar la política social y económica del gobierno, el rol jugado por sectores gremiales enfrentados a las conducciones burocráticas. También se necesita visualizar sus límites y evaluar la capacidad de respuesta del gobierno y las apuestas tácticas que éste realiza.

Pese a toda la disconformidad con su política, la CGT tuvo margen para declarar un paro “dominguero”, sin movilización. Los cortes de calles llamados por corrientes sindicales combativas y partidos de izquierda fueron significativos, al límite de desatar una respuesta represiva del gobierno en la Panamericana, que en cierto modo contribuyó a realzar aún más esa medida de protesta. Sin embargo todo ello no iguala el peso que hubiera tenido una gran movilización unitaria, si la CGT hubiera convocado a un paro activo.

Aún entre vacilaciones y desacuerdos tuvo lugar una respuesta a favor del gobierno, la marcha del 1 de abril. No fue la grandiosa manifestación que predicó el gobierno y el periodismo adicto, pero tampoco la desvaída reunión de unos pocos miles de personas, como la presentaron algunos medios opositores. El hecho de que haya sido importante, con cánticos de “apoyo a la democracia” y llamados a evitar por todos los medios el retorno del kirchnerismo (y del peronismo en su conjunto),llama a la reflexión sobre que no estamos frente a un gobierno totalmente desprestigiado y sin capacidad de respuesta. Después de esa marcha el presidente y sus colaboradores directos se propusieron pasar a la contraofensiva, en base a los resultados de la manifestación, logrados sin asumir a pleno la convocatoria ni empeñarse a fondo para garantizar su éxito. Entonado por ese apoyo, el gobierno se dispuso a hacer efectivo el protocolo antipiquetes, a profundizar las acciones de desgaste de la huelga docente y de desprestigio de su principal dirigente, hasta culminar en las acciones violentas que impidieron la primer tentativa de instalar la “escuela itinerante.”

Quizás la actitud más significativa del gobierno es desechar actitudes conciliadoras y empeñarse a fondo en su propia política. El Foro Económico Internacional celebrado el mismo día del paro, fue toda una reafirmación de una política de dureza, y del propósito de impulsar un “cambio cultural” en pos de una mayor expansión del individualismo en la sociedad, de una cultura de “emprendedores” que desdeñe la organización y la acción colectiva. Chile y Perú son modelos de “revolución cultural” bajo el signo de la libertad de mercado, aquí se busca un “país normal”, a costa de niveles de pobreza y desigualdad aún más escandalosos que los actuales.

Además de los objetivos de mediano y largo plazo, centrados en generar condiciones aún más favorables para que el capital expanda sus ganancias, el gobierno actúa mirando el escenario electoral. Temeroso de terminar en una derrota pese a dejar los aspectos más regresivos de su política para después de las elecciones, parece orientado a asumir a pleno sus objetivos, al tiempo que se presenta como la garantía de la superación del “populismo”. Convencidos que los más influidos por el kirchnerismo y la izquierda no lo votarán nunca, apunta retener a quienes ya lo votaron. A falta de aumento de las inversiones, reactivación económica y rápido descenso de la inflación, la apuesta es a concentrarse en la “herencia recibida” y en el amplio porcentaje de la población que piensa que nada podría ser peor que un retorno del kirchnerismo al gobierno. Desde el 1 de abril se han esforzado por transmitir la sensación de que el elenco gobernante ha retomado la iniciativa, en el discurso, en las acciones represivas, en la promoción de causas contra CFK.

Es seguro que Cambiemos apostará a activar los componentes más conservadores del sentido común, el prejuicio clasista hacia los “negros” que anida en buena parte de los sectores medios e incluso en algunos miembros de la clase obrera. Intentará extender el paradigma de un país “normal”, entendido como una sociedad en la que no se cuestionan las jerarquías de la riqueza y el poder, y se asuma a las inversiones del gran capital como único camino hacia el crecimiento económico y la hipotética mejora de las condiciones de vida. Hoy asistimos a un replanteo de la nostalgia de “aquella” Argentina que era la quinta potencia mundial, la de Roca, Pellegrini y más tarde Agustín P. Justo, ajena a tentaciones populistas, basada en el predominio más o menos indisputado de los propietarios terratenientes y las grandes empresas urbanas.

Cuenta para ello con el respaldo del gran capital ligado a las finanzas, a las actividades exportadoras, a las grandes empresas que dan prioridad a romper el poderío de los sindicatos y a imponer una “nueva cultura” en materia de salarios y condiciones de trabajo. Lo resisten las ramas de “baja competitividad”, como la textil, la indumentaria, el calzado, entre otras que podrían no resistir la “apertura comercial.

Aspira también al respaldo de los grandes sindicatos. Los días previos al paro, que se resignó a no poder evitar, parte del gabinete estuvo activo en lograr acuerdos con los grandes gremios, lograr convenios a la baja y cláusulas de “productividad”, a cambio de las consabidas concesiones a la “caja” sindical y de las obras sociales.
Hoy corremos el riesgo de que se diluyan las luchas y su masividad. Ese peligro lo marcan la política sindical acomodaticia, el pacifismo papal que apunta a aplacar a los movimientos piqueteros, el vuelco del kirchnerismo y el PJ al ámbito electoral…

Tampoco puede descartarse que los hasta ahora fallidos “brotes verdes” comiencen a percibirse más allá del “campo” y la obra pública. No hay por qué pensar que la recesión actual persista y aún se profundice durante un lapso prolongado.
Para que el panorama combativo no se desdibuje, las CTA en unidad de acción pueden jugar un gran papel, sustentado sobre todo por la CTA autónoma, inclinada a posiciones más claras y exenta de lazos partidarios. Sus acciones pueden instalar una posición diferente en el interior del movimiento obrero, que incluya al creciente númerode gremios disidentes en la CGT y a las muchas comisiones internas y cuerpos de delegados con conducciones combativas. Para eso es sustantiva la profundización de la lucha, sobre todo en lo inmediato, antes que la coyuntura electoral cobre máximo protagonismo.

El gobierno responderá con todo el arsenal de la manipulación electoral, basado hoy en una apuesta a la dicotomía excluyente macrismo-kirchnerismo, para lo que recurre a la demonización del gobierno anterior y al ninguneo de cualquier opción diferente, desde la izquierda al complaciente Frente Renovador.

El escapar a esa polarización exige el trabajo que llame la atención sobre la necesidad de una alternativa nueva, que se proponga luchar contra el sistema capitalista , sin limitarse a la “resistencia” contra las políticas en curso, a la búsqueda del regreso de un pasado venturoso. La propuesta no puede ser un capitalismo “serio”, “nacional” o “humanizado”, que, en el mejor de los casos, puede proporcionar a los trabajadores unos años de relativa “prosperidad”, en la medida que los precios de los bienes exportables se mantengan favorables y habiliten un incremento del gasto estatal en sentido redistributivo. No necesitamos ningún regreso, sino la apuesta audaz al futuro. Convencer de la viabilidad de un porvenir diferente conlleva la necesidad de mostrar que los sufrimientos de las clases populares no devienen de las políticas regresivas de un gobierno antipopular, sino del núcleo mismo del sistema. En el mismo sentido, se requiere señalar de modo incansable que el problema no es el “neoliberalismo”, ni esta o aquella doctrina dentro del marco de la sociedad burguesa, sino el imperio del capital como un todo.

También se requiere la reivindicación de la iniciativa popular. No se trata de seguir liderazgos indiscutibles, supuestamente clarividentes, sino de construir un auténtico poder popular, de masas, contrario a todo verticalismo, rebelde frente a cualquier burocracia enquistada en posiciones de poder. La contracara indispensable es la denuncia de cómo los mecanismos de la democracia representativa son penetrados por el poder del capital, y la demostración de que el sentido del voto cada vez dispone menos sobre las verdaderas políticas que seguirán sus elegidos.

A medida que se acerquen las elecciones, los partidos hegemónicos tratarán de convencernos de que, pese a no elegirse cargos ejecutivos, estas elecciones son decisivas, que grandes cambios en un sentido o en otro ocurrirán según quienes sean sus triunfadores. Frente a eso sólo cabe retomar la idea clásica de que las elecciones, desde una perspectiva socialista, sirven ante todo para denunciar los atropellos del capital. Y para ubicar en el parlamento mujeres y hombres que puedan llevar allí la crítica al gran capital, la defensa consecuente de los intereses de los trabajadores, la diferenciación frente a la política sistémica.

Más allá de lo electoral, sin duda se avecinan nuevas luchas, renovados episodios represivos, distintas tentativas de promover el desaliento y el conformismo. Hoy no hay una alternativa definida, que conjugue un programa de transformaciones radicales con modos creativos de construcción social y política, eso es una dificultad objetiva. La construcción de esa alternativa es una tarea de mediano plazo.
Hoy mismo es el momento indicado para comenzarla.

Libro: LA IZQUIERDA EN LOS TIEMPOS DE LAS CÓLERAS

José Francisco Puello-Socarrás

Con la apertura de algunos espacios dirigidos a la ampliación de la democracia a partir de la aprobación del Acuerdo de la Habana y con el inicio de la mesa de conversaciones entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, sin duda se empieza a gestar un escenario propicio que ha llevado a que las discusiones de las organizaciones sociales estén proponiendo un fuerte énfasis sobre el diálogo entre lo social y lo político que apunta a revisar sus opciones de poder en los territorios y regiones.

En efecto, como lo muestran algunos de los ejes estratégicos construidos entre las organizaciones de algunas regiones y en perspectiva nacional, la Agenda Común para la Paz desde los Territorios, entendida como un proceso en curso, revela cómo la construcción de poder es un asunto que cobra mayor relevancia en la dinámica y horizontes de sentido en algunas regiones y organizaciones, desde donde se empieza a indagar sobre el significado, ventajas y riesgos de esta posibilidad.

Esta inquietud frente a la acción organizativa desde la institucionalidad como un campo más hacia el cual avanzar para promover las transformaciones sociales por las que tanto trabajan las organizaciones y comunidades, motivó una indagación sobre los aprendizajes, aportes y asuntos a revisar, que dejan las experiencias de gobierno que podrían llegar a denominarse “alternativas” en el país. Es por esto que este estudio técnico propone una caracterización y estudio de los procesos sociopolíticos, nuevos gobiernos y políticas publicas que se posicionaron desde una mirada “alternativa” al ejercicio político tradicional, en los casos de la ciudad de Bogotá y en los departamentos de Cauca y Nariño.

Es así como este estudio se concentra en una exposición analítica de los gobiernos en la ciudad de Bogotá desde la propuesta del Polo Democrático Alternativo con la llegada de Luis Eduardo Garzón a la alcaldía hasta el gobierno de Gustavo Petro. Por otra parte, esboza la experiencia de la Gobernación de Floro Tunubalá y el Bloque Social Alternativo en Cauca y las experiencias de gobierno que empezaron con Antonio Navarro Wolff hasta Raúl Delgado en el Departamento de Nariño. Así mismo, se presenta un breve recuento de lo que significó el proyecto de la Surcolombianidad con la construcción de un Plan Alterno por parte de los gobiernos de Floro Tunubalá, Parmenio Cuéllar y Guillermo Alfonso Jaramillo en el Cauca, Nariño y Tolima a inicios de siglo, como oportunidad estratégica de acción en perspectiva de región, que se gestó ante la coincidencia temporal y cercanías políticas de estos tres gobiernos.

Desde una mirada de las perspectivas políticas de campaña y ejercicios de administración, así como de los respectivos planes de gobierno y sus resultados, este estudio muestra el panorama general sobre las bases de acción en las que se sustentaron estas experiencias y sus indiscutibles avances e innovaciones con respecto a ejercicios de gobierno que les antecedieron. De igual modo, destaca
tensiones, contradicciones y dificultades que se presentan a la hora de definir un modelo “alternativo” de gobierno, con la doble transición que este propósito implica desde el punto de vista del autor: por un lado, la desinstitucionalización (en términos de políticas) y la destitución (en la perspectiva del horizonte político) de las estructuras antes vigentes; y, por el otro, la definición de un proyecto
político propio.

Frente a las inquietudes políticas de las organizaciones sociales populares como una posibilidad de avanzar en la construcción de la paz en este ambiente político de cierre del conflicto armado nunca antes dado en el país, revisar las experiencias de gobierno que se han posicionado desde un lugar diferente, se convierte en un aporte para orientar el qué hacer y cómo hacer cuando el reto se encamina, más allá del planteamiento de propuestas, a una opción de poder institucional y hacia el asumir el papel de construcción y definición de políticas púbicas como un escenario más hacia el cual avanzar para la construcción de un país más equitativo y justo.

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Precios al alza, salarios a la baja, protestas y represión

Julio Gambina

Según el INDEC, la inflación minorista en el mes de marzo para Ciudad de Buenos Aires y los partidos del Gran Buenos aires alcanzó el 2,4%, acumulando 6,3 en el primer trimestre y un registro del último año del 33%, con una proyección para todo el 2017, siempre y cuando baje en los próximos meses, de un 25%.

Para eso, desde el Banco Central se impulsa una política monetarista ortodoxa de suba de las tasas de interés. Colocó en estos días la tasa de interés para colocaciones financieras en 26,25%, y puede seguir subiendo, favoreciendo así la especulación financiera.

Entre otros, la banca prefiere invertir en Letras y activos financieros con esas tasas antes que prestar al sector privado en un marco de baja del consumo y las expectativas por el crecimiento económico.

Resulta rentable ingresar divisas del exterior, con tipo de cambio congelado o en baja desde hace un año, cambiar a pesos, invertir especulativamente y el capital acrecentado con intereses volver a cambiarlo en divisas abaratadas y ganar cifras importantes en moneda extranjera.

Lo que se pretende es combatir la inflación quitando dinero del mercado y evitando el estímulo en la adquisición de moneda extranjera. Una vieja receta que no da resultados y enfría la economía, reduce el consumo y afecta la calidad de vida de la mayoría empobrecida de la sociedad. La estrategia hace ruido dentro del propio gobierno, que ven que así no avanza el consenso social electoral y pueden perder las elecciones de medio turno.

Para peor, los alimentos crecen por encima de la media, y para marzo fue de 3%, con picos entre el 4 y el 8% para distintos cortes de carne de consumo regular; del 10,8% el pollo entero y verduras que alcanzaron del 10 al 15% de incremento. Las mediciones de la Ciudad de Buenos Aires son peores y marcan una evolución del 2,9% de los precios en la Ciudad Capital de la Argentina.

En ese marco de alza de los precios, resalta el empecinamiento gubernamental contra la actualización salarial y aparece en el centro de la estrategia oficial la batalla contra los docentes. No solo se niega la paritaria nacional, establecida por la Ley de financiamiento educativo, sino que a la represión directa se la acompaña con una fuerte iniciativa ideológica para condenar la protesta docente y con ello estigmatizar la lucha sindical en su conjunto.

Todos los pronósticos de evolución económica marcan guarismos a la baja del valor originario del 3,5% gubernamental y es una incógnita la perspectiva real del crecimiento para el 2017. Mientras, el empleo no crece, más allá de los indicadores del Ministerio de Trabajo, que confirman una expansión de empleo de baja calidad y sin seguridad social.

Situación mundial según informes de la OIT

En rigor, la situación nacional no es distinta de la global, ya que la OIT informa en sus Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo que la economía mundial mantiene un bajo nivel de crecimiento, del 3,1% para el 2016 y apenas imagina un 3,4% para el 2017, lejos de los guarismos necesarios para contener en el empleo el crecimiento vegetativo de la población.

Por ello, esperan 3,4 millones de nuevos desempleados en 2017 y una suba del desempleo del 5,7% al 5,8% entre 2016 y 2017. Los desempleados del mundo totalizan así 201 millones de trabajadores. El pronóstico para el 2018 sumaría 2,7 millones de nuevos desempleados.

En América Latina y el Caribe el desempleo sube del 8,1% en 2016 a 8,4% en 2017 y es Brasil uno de los países de mayor incidencia en la referencia. Un problema para la Argentina es que Brasil es el principal destino de las exportaciones argentinas y el no crecimiento de Brasil agudiza los problemas de la producción y el consumo para la economía de la Argentina.

La vulnerabilidad del empleo mundial es un dato relevante y la OIT confirma que el 42% de la fuerza de trabajo se encuentra en esa situación. Son 1.400 millones de trabajadoras y trabajadores. El problema se agudiza con cada año y se espera que en 2017 sean nuevos 11 millones de trabajadoras y trabajadores los que adquieran el carácter de vulnerables o carentes de seguridad social.

No debe sorprender en ese plano la identidad entre trabajadores empobrecidos y pobres con ingresos menores a 3,10 dólares diarios, que para los países en desarrollo alcanza la cifra del 30% promedio. El empobrecimiento de los trabajadores y su vulnerabilidad es una constante.

Todas las estadísticas de la OIT muestran resultados más negativos para mujeres y jóvenes, alentando un clima de malestar social que entre otras cuestiones explica el fenómeno recurrente de las migraciones.

Con relación a las expectativas de la economía mundial, la OIT señala que desde el 2012 existe un fenómeno de desaceleración, especialmente en aquellos países que explicaban el crecimiento de la economía mundial luego de la gran crisis recesiva del 2009. China bajó sus tasas de crecimiento del 9/10% a 6/6,5% privilegiando su mercado interno más que la expansión de su comercio mundial.

Según la OIT existe una menor participación del salario sobre la renta generada socialmente, lo que expresa la ofensiva del capital sobre el trabajo en esta etapa del desarrollo capitalista.

Iniciativas confrontadas

Puede verificarse en Argentina un recrudecimiento de la lucha de clases, con un sujeto popular que ganó las calles entre el 6/3 y el 6/4; desde la movilización docente al Paro General; lo que motivó la respuesta de las clases dominantes, con la movilización del 1 de abril y la represión a los piquetes durante el paro y luego a los docentes, utilizando el protocolo anti piquetes.

La escalada represiva es parte de la nueva ofensiva gubernamental ante los límites de la disputa del consenso vía resultados económicos. Las dificultades en el ingreso insuficiente de inversiones externas, en los límites para contener la inflación y la imposibilidad que arranque el consumo; el gobierno privilegia las respuestas ideológicas, políticas y represivas.

En el primer plano insiste con lo innecesario de la protesta y la organización social; en el segundo insiste en el imaginario contra el gobierno anterior y tercero, ya no duda en hacer explícita la represión.

Así, el gobierno pretende disputar el consenso social y su expresión electoral, cabalgando en la ausencia de alternativa más allá de la opción macrismo o kirchnerismo.

Eso lleva a desafiar la construcción de una o varias opciones que expresen la diversidad de un búsqueda democrática y que supere los límites de la gestión del orden actual.

La densidad social movilizada de estos días puede ser base material para construir programa de alternativa, por la reindustrialización de la Argentina desde otra lógica de modelo productivo, construyendo una transición desde el agro negocio y la sojización a la soberanía alimentaria; de la mega minería a cielo abierto a la minería responsable con el cuidado de la naturaleza y los pueblos allí asentados; de la industria de armaduría o una inserción complementaria con otros países dispuestos a construir una industrialización no dependiente y orientada a satisfacer necesidades sociales; contra el endeudamiento deliberado y por la soberanía financiera.

Existen posibilidades para pensar en una economía alternativa, lo que requiere de una definición política por un sujeto colectivo consciente y mayoritario dispuesto a intervenir en la transformación social. La convocatoria a un Congreso del Pueblo para discutir el presente del país y los caminos de una transición hacia otro proyecto económico y social es posible. La unidad de acción en la protesta sindical y social puede ser la base de un acuerdo para transitar un proceso de cambio, no a favor de la ganancia, sino a favor de la mayoría de la población.

Buenos Aires, 14 de abril de 2017

La OEA vs. Venezuela. Se separó el “trigo” de la “paja”: ¿por cuál opta Ud.?

Roberto Regalado

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Casi sin dormir y habiéndole dedicado solo el tiempo imprescindible a atender otros asuntos impostergables, termino de hacerlo más de 48 horas después. En la sesión mencionada se explicitó la intención de escalar la injerencia en los asuntos internos de esa hermana nación mediante la apertura de una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, el máximo órgano inquisidor del Ministerio de Colonias de los Estados Unidos, según la precisa caracterización de la OEA hecha hace 55 años por el Canciller de la Dignidad de Cuba, Raúl Roa García.

La sesión del Consejo fue transmitida en vivo por CNN en Español, cadena transnacional que pareció asumir la función de los canales de televisión creados por las legislaturas de muchos países para dar a conocer sus debates de modo abierto y transparente. Por supuesto que el objetivo de CNNE no era rendir culto a la transparencia, sino divulgar en tiempo real, por todo el continente y por todo el mundo, un espectáculo reminiscente de los escenificados contra Cuba en las V, VII, VIII y IX Reuniones de Consulta de la OEA, de 1959, 1960, 1962 y 1964 respectivamente: en la V y la VII, Cuba fue estigmatizada y aislada; en la VIII se le expulsó de la OEA; y en la IX se les prohibió a sus miembros mantener relaciones diplomáticas, consulares y comerciales con ella. En esa última reunión, alcanzó su mayor intensidad la política imperialista de agresión, bloqueo y aislamiento contra la Revolución Cubana. Entonces no había una CNN en Español que transmitiera los debates…

La sanción contra Cuba adoptada en 1962 fue levantada por la OEA en 2009, es decir, 47 años después, ante lo cual el Gobierno Revolucionario cubano ratificó su histórica posición de jamás volver a esa desprestigiada institución. Ello ocurrió en un momento en que la correlación regional de fuerzas era favorable a los gobiernos de izquierda y progresistas. Fue en una reunión efectuada en San Pedro Sula, Honduras, cuando Manuel Zelaya era presidente de ese país. Aquel mismo año se intensificó la campaña desestabilizadora dirigida a derrocar o derrotar electoralmente a esos gobiernos. Ese propio año el presidente Zelaya sufrió un golpe de Estado. Luego le seguirían el golpe contra Lugo en Paraguay, la derrota del candidato presidencial del Frente para la Victoria en Argentina, el revés en el referendo convocado para habilitar una nueva candidatura presidencial de Evo Morales en Bolivia, y el impeachment de Dilma en Brasil. Sin bajar la presión en ningún país gobernado por fuerzas de izquierda y progresistas, esa campaña hoy se enfoca con particular intensidad contra Venezuela.

La Carta Democrática Interamericana

Los antecedentes más lejanos de esa Carta Democrática Interamericana que en la actualidad se intenta aplicar contra el gobierno de Venezuela, datan de la época inicial de la Guerra Fría, en medio de la cual los países del continente suscriben en Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR, 1947) y fundan la OEA (1948). Le antecede la creación de la Junta Interamericana de Defensa (JID, 1943) y le sigue el establecimiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 1959). Fue una etapa llena de derrocamiento de gobiernos constitucionales en nombre del combate a la “amenaza del comunismo” y la “defensa de la democracia representativa”.

La primera legitimación de una intervención militar directa del imperialismo norteamericano hecha por la OEA fue la que encubrió el derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala, en 1954, organización que también amparó la invasión norteamericana a la República Dominicana en 1965, y fue cómplice del golpe de Estado contra el gobierno constitucional del presidente Allende en Chile. Todo ello se hizo “en defensa de la democracia”. En esencia, los escaños que hoy ocupan en la OEA los embajadores y embajadoras que acusan al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de “ruptura del orden constitucional”, durante las décadas de 1960 a 1980 “cobijaron las posaderas” de los embajadores y embajadoras de las dictaduras militares y demás Estados de “seguridad nacional”. Sus espectros no los abandonan.

El antecedente directo de la Carta Democrática Interamericana fue la reestructuración del sistema de dominación del imperialismo norteamericano emprendida por la administración de George H. Bush (1989 1993), sustentada en tres pilares: político, la implantación de Estados neoliberales en todos los países de la región (excepto en Cuba), sujetos a mecanismos transnacionales de imposición, verificación, control y sanción de infracciones radicados en la OEA; económico, el fracasado intento de imponer un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y los tratados bilaterales y subregionales de “libre comercio” que en la actualidad el gobierno de Donald Trump se propone descartar o convertir en aún más abusivos; y militar, el incremento de la presencia directa de las fuerzas armadas de los Estados Unidos en la región.

Una piedra angular de ese proceso fue la aprobación, en la Asamblea General de la OEA realizada en Chile en 1991, del llamado Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovación del Sistema Interamericano. Le siguió la legitimación ulterior de la injerencia en los asuntos internos de los Estados refrendada en el XVI Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, realizado en Washington D. C. en diciembre de 1992, en el cual se aprobó el Protocolo de Washington, el cual estableció que un miembro cuyo gobierno democráticamente constituido sea derrocado por la fuerza podrá ser suspendido del derecho de participación en todas las instancias del Sistema Interamericano.

Las nuevas medidas constituyeron un escalón superior con respecto al Compromiso de Santiago porque establecieron sanciones concretas contra quienes “violasen el compromiso indeclinable con la defensa y la promoción de la democracia representativa y de los derechos humanos en la región” y eliminaron la condición de que la defensa de la democracia representativa se mantuviera dentro del respeto a los principios de libre determinación y no intervención. Como parte de ese proceso, en todos los subsiguientes foros, acuerdos y mecanismos regionales y subregionales latinoamericanos se procedió a especificar y detallar, con creciente minuciosidad, qué es lo que el Sistema Interamericano entiende por democracia representativa, y ello resultó en lo que Zemelman caracterizó como alternancia dentro del proyecto, es decir, un esquema de alternancia “democrática” entre las personas y los partidos que ocupan el gobierno, pero todos ellos sometidos a un proyecto neoliberal único, que no pueden sustituir ni modificar más allá de muy estrechos márgenes.

No estaba concebido ni previsto que, con las propias reglas de la democracia representativa consagradas por el Sistema Interamericano, fuesen electos gobiernos de izquierda y progresistas. Ese fue el resultado de una combinación de factores que he abordado en trabajos anteriores, entre los que resaltan el acumulado histórico de las luchas populares, los niveles de organización y combatividad alcanzados por los movimientos sociales en la lucha contra el neoliberalismo, y el rechazo concitado en amplios sectores de la población por parte de los gobiernos de derecha que impusieron tal doctrina. En esas condiciones, fue imposible evitar que las fuerzas de izquierda y progresistas ocuparan espacios institucionales de los cuales habían sido históricamente excluidas, entre ellos, el Poder Ejecutivo. Se imponía la necesidad de encontrar las formas de volverlas a excluir.

Tras aproximadamente ocho años de estancamiento del despliegue del nuevo sistema de dominación continental, años que se corresponden con la presidencia de William Clinton (1993 2001), apenas horas después de los ataques contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Departamento de Defensa en Virginia del 11 de septiembre de 2001, la OEA aprobó en Lima la Carta Democrática Interamericana, que dotó a esa organización de mayores facultades de fiscalización, injerencia y sanción, como escalón superior del entramado de acuerdos construido a partir del Compromiso de Santiago de 1991. Acto seguido, se intentó darle continuidad a la secuencia de modificaciones y especificaciones de qué clasifica y qué no clasifica como democracia representativa, para excluir de ella al entonces recién electo gobierno de Hugo Chávez Frías, pero esa maniobra fracasó. Desde entonces se busca invocar la Carta Democrática Interamericana contra Venezuela. Esta es una historia resumida de ese instrumento que, desde entonces, se usa o no, según las conveniencias del gobierno de los Estados y sus aliados.

La separación del “trigo” y la “paja”

Lo ocurrido en la reunión del Consejo Permanente de la OEA del 3 de abril recién pasado separó el “trigo” de la “paja”, no solo con relación a lo que está sucediendo en Venezuela, sino en toda América Latina, en particular, en lo referente a cuál es la esencia del conflicto y cuáles son los actores alineados en cada uno de las partes en disputa. Esto le permite, con mayor claridad y facilidad, a toda fuerza política, social política o social, y a toda persona progresista o de izquierda, reafirmar o replantearse en qué lado del conflicto se encuentra, no a partir de los parámetros y argumentos formales en torno a los cuales se desarrolla el debate público, sino respecto al tema de fondo, que en este caso no es si en Venezuela hay o no democracia, ni cuánta democracia, ni qué tipo de democracia, sino en torno a si los pueblos latinoamericanos nos quedaremos inertes ante una arremetida imperial, que no es solo contra el gobierno de la República Bolivariana y el Gran Polo Patriótico de Venezuela, sino que es una arremetida contra todos los gobiernos y las fuerzas de izquierda y progresistas de la región, es decir, no solo contra aquellos que se proponen una transformación social revolucionaria, sino también contra aquellos cuyo objetivo final es realizar una reforma social progresista dentro del propio sistema social imperante. Aquejado por la agudización de sus contradicciones antagónicas, el capitalismo de nuestros días no puede permitir ni lo uno ni lo otro.

A todos los gobiernos de izquierda y progresistas, sean reformadores o sean revolucionarios, les viene “llegando el turno”: ya les llegó a los gobiernos progresistas de Honduras, Paraguay, Argentina y Brasil, cuyos líderes nunca pensaron una ruptura sistémica. Hoy “está en punta” Venezuela; Ecuador “se salió de la fila” por el momento; y todos los demás países gobernados por fuerzas de izquierda y progresista ocupan un lugar en ella, créanlo o no, sépanlo o no. Y dice el refrán que cuando veas las barbas de tu vecino arder pongas las tuyas en remojo.

Por supuesto que la democracia en Venezuela constituye una tema fundamental, imposible de soslayar. Está claro que el Gobierno bolivariano y el Gran Polo Patriótico deben analizar a fondo esta problemática, pues el hecho de haber perdido la mayoría en la Asamblea Nacional luego de casi veinte años de revolución política y reforma social profundas revela deficiencias en la construcción de la democracia popular que, a su vez, son las que repercutan en el cambio en la correlación de fuerzas reflejado en el ejercicio de la democracia representativa. Tanto en Venezuela como en el resto de la región urge desarrollar nuevos contenidos y nuevas formas democráticas que vayan ocupando, crecientemente, el espacio de la actual democracia representativa, hasta llegar a trascenderla y sustituirla. Pero, ese análisis y las rectificaciones que del mismo se deriven serían imposibles de hacer si las fuerzas bolivarianas se dejasen arrebatar el poder político conquistado partir de la primera elección presidencial de Hugo Chávez.

¿Es que alguien cree que esta arremetida general del imperialismo norteamericano y las oligarquías contra los gobiernos y las fuerzas de izquierda y progresistas es para proteger a la democracia?

¿Es que alguien no se da cuenta de que esa arremetida general adoptó la forma de golpes de Estado “de nuevo tipo” en Honduras, Paraguay y Brasil, mientras que en Venezuela, como parte de la estrategia multiforme de desestabilización política, económica y social en curso desde hace años, adopta la forma de supuesta defensa de la democracia?

¿Acaso el imperialismo y las oligarquías quieren que impere la democracia en nuestros países o quieren restablecer el monopolio del poder político y económico que históricamente ejercieron en ellos?

¿Son Honduras, Paraguay, Argentina y Brasil más democráticos desde que sus respectivos gobiernos progresistas fueron derrocados o derrotados electoralmente, según el caso?

A esa identificación y separación entre el objetivo real de la política y los argumentos retóricos utilizados para justificarla y legitimarla es a lo que llamo separar el “trigo” de la “paja”. En la reunión del Consejo Permanente de la OEA del 3 de marzo recién pasado se separó el “trigo” de la “paja”. Con otras palabras, salieron a relucir, con total crudeza, las luchas y los alineamientos políticos e ideológicos que usualmente se esconden detrás– y se dirimen por medio – de debates normas y procedimientos. ¿Qué pasó ese día?

– Primero, que el Embajador del Estado Plurinacional de Bolivia – a quien aprovecho para felicitar de corazón, porque yo hubiese hecho lo mismo –, digno representante de la Revolución Democrática y Cultural liderada por el presidente Evo Morales, hizo uso de su condición de presidente pro tempore del Consejo Permanente para cancelar la reunión de ese órgano que había sido programada para cerrar aún más el cerco contra Venezuela, máxime porque ya en ese país se había producido un cambio con relación a la llamada ruptura constitucional.
¿Fue una maniobra de procedimientos del compañero Embajador? Seguro que sí: fue una maniobra legítima de procedimientos, y se la aplaudo… ¡Lástima que no hubo un diplomático corajudo, como él, en la reunión de la OEA en Punta del Este que en 1962 expulsó a Cuba!

– Segundo, que el bloque de derecha organizado y liderado por el gobierno de los Estados Unidos, el cual, con su “paja”, logró atraer a gobiernos que NO forman parte de él, “armó un circo” para que la reunión del Consejo se realizara de todas formas. Ante la ausencia del Presidente (Bolivia) y del Vicepresidente (Haití), y también del embajador con mayor antigüedad en la OEA, por ser este el propio Representante Permanente de Bolivia, no les quedó más remedio que acudir al Embajador de Honduras (sic!), en cuyo país se ejecutó un golpe de Estado contra el presidente Zelaya con el alegato de que se proponía introducir una “cuarta urna” electoral, en la que se consultaba a la ciudadanía si apoyaría o no una reforma constitucional (¡vaya crimen!). Se acusó entonces a Zelaya de tener intenciones de reelegirse, lo cual se calificó de ilegal e inconstitucional en Honduras y, sin embargo, el actual presidente de este país, Juan Orlando Hernández, jefe máximo del Embajador hondureño en la OEA, está buscando su reelección. ¿Es “trigo” o “paja”?
Pasaron por alto también que, aunque tras el golpe de Estado contra Zelaya, Honduras resultó temporalmente separada de la OEA, esta organización no enfrentó el tema en su seno de la forma que en la actualidad lo hace contra Venezuela. Como entonces la correlación de fuerzas era favorable a los gobiernos de izquierda y progresistas, se “delegó” la solución del problema aun mediador supuestamente neutral, el expresidente de Costa Rica Oscar Arias, el mismo que, por encargo de la administración de Ronald Reagan, descarriló el proceso de negociaciones centroamericanas en la década de 1980. Arias le dio “atol con el dedo” al diálogo hasta que el mandato constitucional de Zelaya expiró.

¿Fue una maniobra de procedimientos lo que hizo el bloque proimperialista en el Consejo Permanente de la OEA? Seguro que sí, y eso es lo que siempre han hecho. Lo nuevo, y muy meritorio, es que alguien de nuestra parte, les haya tomado la delantera. Así que, de nuevo, felicidades compañero Embajador.

¿Cuál es el “trigo”?

Más allá de lo obvio, es decir, de que el imperialismo norteamericano y sus aliados buscan cerrar el cerco contra Venezuela y profundizar su injerencia en esa nación con el objetivo de aniquilar a la Revolución Bolivariana, lo ocurrido en la OEA tiene múltiples aristas. Bien pudiera ser el catalizador, o quizás un resultado, de lo que se ha dado en llamar fin del ciclo progresista. Ello me compulsa a atropellar la socialización de algunas ideas, aún inmaduras y dispersas, cuyo debate fraternal y crítica constructiva serán bienvenidos, sobre el movimiento en la correlación regional de fuerzas ocurrido en los últimos años que, en sentido general, ha sido favorable a la derecha y desfavorable a la izquierda, pero no de modo absoluto, ni uniforme en toda la región, pues esta última también defiende posiciones y cosecha victorias. Por ser el más reciente ejemplo de ello, baste mencionar la elección de Lenin Moreno como nuevo presidente de Ecuador.

Con esas ideas, una vez maduras y sistematizadas, pretendo actualizar las reflexiones plasmadas en 2012 en un libro titulado La izquierda latinoamericana en el gobierno: ¿alternativa o reciclaje? En las conclusiones de aquel libro, ambas posibilidades quedaban abiertas. Hoy lo siguen estando: los actuales gobiernos de izquierda pueden ser simientes de alternativas a la dominación capitalista, o pueden terminar siendo válvulas de alivio de la presión social acumulada por el neoliberalismo puro y duro de las décadas de 1980 y 1990, que desemboquen en el reciclaje de la dominación del capital monopolista transnacional. Sobre este tema, recomiendo el estudio de la obra El misterio del posneoliberalismo, tomo II, volúmenes 1 y 2, de la investigadora y profesora Beatriz Stolowicz. El desenlace depende mucho de los objetivos, la estrategia, la táctica, y la unidad de las fuerzas políticas y social-políticas, y de los movimientos sociales populares.

Si fuera cierto que asistimos a la crisis terminal del llamado ciclo progresista, ello no sería debido a la supuesta causa enarbolada por los ideólogos imperialistas y proimperialistas, a saber, que la “bonanza coyuntural” derivada de los altos precios de los productos primarios exportados por América Latina abrió en algunos países espacios a la gestión de “gobiernos populistas”, y que la reversión de esa “bonanza” determina el cierre de esos espacios y la desaparición de tales gobiernos.

Esto es una mera reformulación de la desacreditada tesis del fin de la historia.
La agudización de la crisis sistémica del capitalismo golpeó y golpea con fuerza a los gobiernos de izquierda y progresistas. Eso lo ha venido analizando el Foro de São Paulo en todos sus encuentros celebrados desde 2008. El Foro instó trazar y emprender el curso de acción que en cada país fuese necesario para disminuir los impactos negativos de la crisis y aprovechar sus potencialidades revolucionarias. Lamentablemente, esto no ocurrió, o no se hizo en el tiempo y con la energía y la eficacia requeridas.

Si, en efecto, el “ciclo progresista” o el “progresismo” se agotó, o se estuviese agotando, sería porque ya las fuerzas políticas, social políticas y sociales del campo popular han llegado, o estarían llegando, al tope de lo que podían conquistar dentro de los estrechos límites de la democracia representativa, democracia liberal o democracia burguesa, como se prefiera llamarla, tal como está definida en todo el andamiaje conceptual del Sistema Interamericano, reconstruido y relanzado por la administración de George H. Bush entre 1989 y 1993, cuya expresión más acabada es precisamente la Carta Democrática Interamericana.

Si el “ciclo progresista” se cerró o se está cerrando es porque ya resulta imperativo abrir un “ciclo revolucionario”, lo que, por supuesto, no presupone un retorno a la lucha armada, pero sí la necesidad de trascender la democracia burguesa y construir una nueva democracia política, económica, social y cultural, de signo popular. Ello obedece a dos factores complementarios:

– Uno es que, en la medida en que avanza la verdadera democratización política, social y cultural, la democracia representativa, con sus instituciones, normas, principios y valores destinados a preservar la dominación imperialista y oligárquica se ratifica como una camisa de fuerza.

– El otro es que, por si lo anterior fuera poco, la democracia representativa no permanece inmutable mientras los pueblos construyen dentro de ella nuevas formas y contenidos democráticos. A semejanza de los anticuerpos del ser humano, la democracia representativa tiene anticuerpos que detectan, cercan, repelen e intentan destruir el “virus” de la construcción de democracia popular, comunitaria, participativa, protagónica.

Está demostrado que la democracia representativa está siendo manipulada, modificada, vulnerada y violada por el imperialismo y las oligarquías criollas con el propósito de expulsar a las fuerzas de izquierda y progresistas de los espacios que han conquistado dentro de ella. Al utilizar el término expulsar, establezco una diferencia con el concepto de alternancia. Lo que se busca no es “alternar” con la izquierda que hoy gobierna, sino expulsarla del Estado, “cerrar las puertas y las ventanas” y “botar la llave” para que nunca más puedan acceder a él.

Como todo lo que toca el Rey Midas del imperio, la democracia se vuelve fango, se corrompe, en ella prevalece la doble moral, la ley del embudo (lo ancho para mí y lo estrecho para ti). Los corifeos de la OEA gritan que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela actúa a favor del gobierno, que no hay independencia de poderes, que quebró el hilo constitucional y que ello es un pecado imperdonable e irreversible que debe ser condenado. ¿Acaso no se quebró en Honduras, en Paraguay y en Brasil?
¿Acaso los poderes legislativos y judiciales controlados por la derecha en países en que el Poder Ejecutivo lo ejerce la izquierda no manipulan, quebrantan, tuercen, violan, desnaturalizan y hacen muchas otras cosas, día a día, contra la Constitución y las leyes vigentes? Lo dicho: la ley del embudo.

Es más que importante, es esencial, vital, que todos los gobiernos y las fuerzas de izquierda y progresistas de América Latina y el mundo concentren su atención en el “trigo”, y lo utilicen como brújula para ubicarse y para decidir en qué dirección se mueven y cómo lo hacen. Insisto en que no es solo al Gran Polo Patriótico de Venezuela al que el imperialismo y las oligarquías latinoamericanas están tratando de expulsar, de manera definitiva, del Estado, sino a todas y cada una de nuestras fuerzas políticas.

Dos elementos fundamentales nos compelen a unirnos y a luchar juntos: uno es la hermandad, fraternidad y solidaridad mutuas que, no sin dificultades, hemos logrado construir durante más de un cuarto de siglo en el Foro de São Paulo, en los Seminarios Internacionales “Los Partidos y una Nueva Sociedad”, y en otros agrupamientos y espacios continentales de signo popular sobre la base del principio de unidad dentro de la diversidad; el otro es que la arremetida imperialista y oligárquica está dirigida contra todas las fuerzas de izquierda y progresista.

Es conocido que el tema de la democracia es objeto de un debate abierto desde hace siglos, sobre el cual hay un amplísimo abanico de posiciones dentro de la izquierda o las izquierdas – como muchos prefieren decir. Dentro de este contexto, no es igual la historia, la cultura política, la tradición de respeto a la institucionalidad y la situación concreta de Uruguay, que la de Venezuela. A ello se añade que el gobierno del Gran Polo Patriótico, como ya se señaló, ocupa el primer lugar “en la fila” para ser expulsado del Estado y que, probablemente, el gobierno del Frente Amplio ocupe el último lugar en dicha fila, y eso los coloca en circunstancias distintas. Aún más, puede que algunos de sus dirigentes y algunas de sus fuerzas políticas no se hayan percatado de que también están “en la fila” de los “expulsables”. A ninguno de esos dos gobiernos y esa fuerzas políticas hermanas, ni al conjunto de los gobiernos y las fuerzas de izquierda y progresistas de América Latina, les beneficia proseguir con el distanciamiento y los choques que se vienen produciendo entre ellos a raíz de los intentos de excluir a Venezuela del MERCOSUR, de la OEA y de otros espacios internacionales.

Solo en democracia podrán los pueblos latinoamericanos construir su futuro. El debate sobre cómo, cuándo y cuánto peca cada uno de nosotros con la democracia, ya bien sea por exceso o por defecto, es bueno, pertinente y necesario, pero con dos premisas:

– La base de ese debate ha de ser el “trigo”, es decir, la democracia misma, tal como la conciban y la edifiquen las y los latinoamericanos, y no la “paja”, es decir, no la Carta Democrática Interamericana, ni las mal llamadas clausulas democráticas del MERCOSUR y otros organismos regionales, impuestas en la década de 1990 como parte de la reestructuración, entonces realizada, del sistema de dominación continental del imperialismo norteamericano.

– El escenario natural para el debate multilateral entre nosotros sobre la democracia, no es la OEA, ni el actual MERCOSUR, ni ningún otro organismo regional o mundial con “clausulas democráticas”, sino el Foro São Paulo, cuyo XXIII Encuentro se efectuará en Managua, Nicaragua, del 16 al 18 de julio de este año. Constituye un reto y una necesidad que ese debate sea alturado y constructivo, y que restaure y cimente nuestra unidad en la diversidad.
Roberto Regalado Álvarez (La Habana, 1953) es Politólogo, Doctor en Ciencias Filosóficas y Licenciado en Periodismo, miembro de la Sección de Literatura Socio histórica de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC).

«Por primera vez en la historia política de la Argentina gana la presidencia alguien que no es radical ni peronista»

Mario Hernández

Mario Hernandez
Rebelión

M.H.: En la movilización del 24 de marzo escuchábamos entre otras consignas una que vinculaba al Presidente Mauricio Macri con la dictadura. Quiero preguntarte sobre las rupturas y continuidades respecto del 24 de marzo de 1976.
J.G.: Es interesante y en muchos ámbitos del debate militante en general se discute esta consigna de “Macri vos sos la dictadura” que a veces se puede entender como muchas de las continuidades que hay entre muchos personajes.

Los beneficiarios de la política del 24 de marzo de 1976 son los mismos beneficiarios de la política actual. Empresas que estuvieron detrás del golpe, son empresas que están siendo claramente beneficiadas con esta política. Pero en algunos otros casos la consigna sirve para ocultar por qué ganó Macri, porque no llegó por un golpe de Estado, sino con la votación mayoritaria de la sociedad argentina, ni siquiera con un voto propio, no solo es una conclusión mía sino que muchos hablan del voto prestado. Macri por sí mismo no sacó más del 25% en primera vuelta, fue completado por el radicalismo y en la segunda vuelta sumó más votos negativos que positivos.

Entonces, cuando se afirma “vos sos la dictadura”, se omiten las causas que habilitaron el ingreso de Macri al gobierno. Y si retrocedés en el tiempo, también hay que discutir los 8 años de la gestión de Macri en la Ciudad de Buenos Aires, no fueron 8 años de dictadura, fueron dos gobiernos legitimados con el voto popular y el primero de los gobiernos de Macri en la Ciudad tuvo que ver con una política de presentación de dos listas por parte del kirchnerismo que ya era oficialismo nacional, porque la hipótesis era que Macri tenía una consideración tan negativa de la población que cualquiera que llegara al balotaje le ganaba, y no fue así. Además, no perdió más en la Ciudad de Buenos Aires donde tuvo dos períodos, más éste como presidente, que es el tercero. Con lo cual para el análisis político es tremendamente inadecuado pensar en términos de dictadura.

La dictadura fue el terrorismo de Estado y en todo caso lo que hicieron los gobiernos constitucionales fueron leyes de impunidad, obediencia debida y punto final, luego indultos presidenciales y más tarde dos leyes anti terroristas. Entonces, el terrorismo de Estado es una política clara de la dictadura militar y en todo caso podemos discutir cuánto se combatió el terrorismo de Estado en los gobiernos constitucionales.

Es un dato muy importante los juicios a las Juntas militares en el gobierno de Alfonsín y también la anulación del Punto Final y la Obediencia Debida en 2003, lo que rehabilitó la reapertura de los juicios a los represores. Entre esos juicios está el juicio a César Milani.

El 24 me tocó estar en Neuquén y allí la movilización se hace en torno al boulevard con lo cual desde cualquier punto se puede ver en su totalidad. Se estima que unas 20.000 personas marchamos en Neuquén y me sorprendió una columna que tenía un cartel con letras luminosas que decía “Perpetua a Milani” y eso se hacía en el marco de una movilización que tenía múltiples proyectos políticos, salvo el gobierno, todos los demás estaban marchando, ni el Pro ni el radicalismo estaban allí, los demás estaban todos y esa columna marchaba con esa consigna contra Milani. Yo agrego, contra Milani y contra todos aquéllos a los que todavía hay que enjuiciar y que no son todos militares, sino civiles que siguen planteando algunas consignas de aquellos años. Sin ir más lejos, y no solo vinculado a la cuestión argentina, las declaraciones del Ministro de Educación respecto a la falta de unidad del proyecto hegemónico en tiempos de Hitler es un tema que no podemos permitir, no solo por ser Ministro de Educación, sino a cualquier Ministro en Argentina, América Latina, en la sociedad contemporánea, que tenga alguna orientación de viabilizar proyectos autoritarios, terroristas, genocidas como es el caso de Hitler.

Yo creo que hay continuidades, pero que atraviesan a todos los gobiernos constitucionales, por ejemplo, se han cumplido 40 años de la Ley de Entidades Financieras en la Argentina, esa es una continuidad histórica. Otra continuidad política es la deuda externa como condicionante. Más de uno me podrá decir que en el último período hubo desendeudamiento, lo cual es cierto, pero habilitó el re-endeudamiento en la última parte del gobierno anterior y es la gran excusa, la baja proporción de la deuda pública respecto del PBI, para que el gobierno de Macri se lanzara en 2016 a un endeudamiento público espeluznante.

Por supuesto que hay muchas continuidades, pero también hay rupturas, que nos tenemos que animar a discutir, y me parece muy interesante que provoques con la pregunta, lo cual no quiere decir que estés de acuerdo con lo que estoy diciendo, porque por primera vez en la historia política constitucional de la Argentina gana la presidencia alguien que no es radical ni peronista, fuera de los golpes militares que pusieron a cualquiera a fuerza de violencia explícita de golpe de Estado, de terrorismo de Estado, de no vigencia de la Constitución. Pero ahora con elecciones ganó Macri y ganó Vidal en la Provincia de Buenos Aires y Larreta en Capital Federal, por no hablar de otros proyectos de derecha explícita que ganaron en las provincias.

También hay que hacerse cargo de que éste es un tiempo en el que gana Donald Trump en EE. UU., hay una derecha explícita. No es el caso de Paraguay, ni Brasil, ni Honduras donde los proyectos que gobiernan han llegado por maniobras que algunos consideran golpes blandos, golpes legislativos, maniobras políticas, etc. En el caso de Argentina, como en el caso de EE. UU., con las diferencias y matices que hay, fue por votación popular. Entonces eso no es una dictadura, es democracia. Si le querés poner un adjetivo, es la democracia burguesa, el sistema político en condiciones de dominación de la burguesía, en asociación con los medios de comunicación, pero son las clases dominantes en actividad que han generado condiciones políticas para que uno de ellos, un representante directo de la clase dominante, sea Presidente de la Argentina.

Más allá de cómo termine la historia, si puede completar el mandato, si puede disputar exitosamente las elecciones de medio turno, si le da el cuero para un segundo mandato si pasa las elecciones de octubre, eso ya es hipótesis de futuro. Pero creo que flaco favor nos hacemos desde la izquierda, desde el movimiento popular pensando que el triunfo de Macri fue dictatorial. No lo ha sido, ha sido a través de mecanismos electorales. No me consta que haya habido denuncias de fraude electoral, y es más, ya pasó su primer año de gobierno y el año pasado aun con minoría parlamentaria ha tenido complicidades varias para aprobar leyes que son estratégicas en el proyecto de las clases dominantes más allá del PRO y, al mismo tiempo, nosotros, el movimiento popular, militantes de organizaciones sindicales, no pudimos instalar el paro nacional, algo que ahora con las movilizaciones de marzo y la fuerte presión del movimiento popular al triunvirato de la CGT empujó a la determinación del paro del 6 de abril y las CTA que habían planteado en un plenario de delegados el pasado 14 de marzo en Avellaneda, paro para el 30 de marzo con movilización, reformularon y establecieron paro el 6 y movilización el 30. Sin perjuicio de que muchísimas organizaciones van a movilizarse también el 6 de abril. Pero hay que hacerse cargo de que el movimiento popular no logró hacerlo durante el 2016, ahora sí lo estamos haciendo y para mí esa es la novedad política.

Volviendo al tema de la dictadura y la democracia, hay que hacer un balance aunque nunca se terminan los balances históricos, pero el 2001 es la movilización de masas más importante de la sociedad de abajo en la Argentina y de ahí no pudo salir un proyecto político revolucionario, de transformaciones profundas. Pero había algunas condiciones desde el asambleísmo de base, la ocupación de fábricas, el fuerte activismo social, popular y obrero que hubo en esos años y que puso a la Argentina ante el mundo entero en la lupa de la investigación para analizar cómo se salía de la crisis del 2001 con una perspectiva emancipadora, pero no fue lo que ocurrió. Entonces hay que pensar también en los límites de construcción de alternativas políticas, no calificar y poner que el gobierno de Macri es un símil de dictadura. No quiere decir que no quieran aplicar su protocolo de represión, si la dejamos Patricia Bullrich aplicaría su plan, pero hagámonos cargo de que en el proceso de lucha de clases intervienen las clases dominantes y también los sectores populares, y hemos tenido muchos límites en Argentina y podríamos ampliarlo a América Latina para hacer valer lo que hemos llamado el proceso de cambio político en nuestro continente.

Si miramos para atrás en el 2010 era el momento de mayor expectativa de construcción de una propuesta de cambio político en toda la región, habían surgido nuevos mecanismos de integración alternativa, se hablaba de una nueva arquitectura financiera, un Banco del Sur para canalizar recursos para un proyecto productivo alternativo y eso no ocurrió, cuando pensamos por qué, los más responsables fueron Brasil y Argentina. La Argentina tampoco contribuyó a desarrollar mecanismos alternativos cuando Chávez propuso la soberanía energética para toda la región, Argentina no avanzó en un proceso de socialización de YPF, que no es lo mismo que una estatización parcial para una empresa privada de gestión estatal.

Hace falta ser mucho más serenos, hacer análisis más profundos y polemizar incluso con estas cuestiones, porque lo que estoy diciendo no es la verdad revelada, hay que ser muy crítico. Se puede entender la consigna rápida “Macri vos sos la dictadura” por los objetivos, por las continuidades del objetivo de reestructuración regresiva de la economía, la política, el Estado y la sociedad en la Argentina, pero el método de acceso al poder fue legítimo y la verdad que con minoría parlamentaria lleva un año en el gobierno y propuestas estratégicas como la legislación para renegociar con los fondos buitre y seguir poniendo la deuda como gran condicionante. Y no fueron solo el Pro y los radicales, fue un proceso mucho más amplio, y sigue con la adecuación de la Corte Suprema de Justicia y con las legislaciones principales y su política económica, que no pudimos frenar con rápidas movilizaciones y manifestaciones callejeras desde diciembre de 2015 ni bien asumido Macri. Hubo paros planteados a comienzos de 2016, gran movilización el 29 de abril, pero el gobierno tuvo capacidad de maniobra política, con complicidad en ámbitos de las centrales sindicales para dividir al movimiento obrero y popular, y favorecer la iniciativa del gobierno.

Si logran torcerle el brazo a los docentes se van a animar a hacerlo con el conjunto del movimiento obrero

M.H.: ¿Por qué razón adquiere centralidad el conflicto docente?

J.G.: Creo que la centralidad la pone por un lado la iniciativa política del gobierno que tiene uno de sus principales objetivos económicos, sociales, políticos y culturales en disciplinar al movimiento social. Estamos hablando del movimiento social argentino, el del 2001, el de los paros generales al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, de una tradición cultural histórica del movimiento obrero organizado.

Argentina es uno de los países del mundo con mayor nivel de sindicalización. Esto no es nada nuevo, son datos estadísticos y es la realidad, la centralidad que tiene el movimiento obrero en la Argentina es un tema muy importante. No es un país capitalista desarrollado, no es EE. UU. ni Alemania, pero es un país de temprano desarrollo capitalista con una fuerte tradición de un movimiento obrero que se organizó tempranamente con inmigrantes europeos que venían con fuerte tradición de organización en el movimiento obrero y del internacionalismo proletario. Ese es el origen del peso combativo de los sindicatos y el movimiento obrero en nuestro país.

Hay un objetivo que la dictadura se propuso y fue continuidad matizada en todos los años de gobiernos constitucionales, que es el intento de generar reformas laborales en Argentina, lo más grosero fue la famosa Ley Banelco, pero desde la dictadura a la actualidad ha habido diferentes procesos de reformas laborales, más o menos exitosas, pero con una continuidad en estos 41 años de la ofensiva del capital contra el trabajo.

Podemos agregar otras ofensivas del capital contra la naturaleza, contra la sociedad, no es la única, pero la esencial es ésa. En el gobierno de Macri una de las grandes preocupaciones son las inversiones externas y los inversores internacionales plantean en Argentina y en cualquier país del mundo que ellos invierten si tienen rentabilidad asegurada, si tienen asegurado el retorno, la tasa de ganancia, si pueden disminuir el costo de producción y uno de sus elementos es el costo laboral, por lo tanto, el objetivo explícito de las clases dominantes en Argentina es bajarlo y por eso quieren ir a una reforma laboral.

Creo que en la coyuntura el caso testigo asumido por el presidente y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires es tratar de lograr el disciplinamiento de los docentes. Los docentes están en una dinámica de organización, de lucha y de masividad de la protesta como a finales de la década de los ´80 que es el máximo nivel de la lucha docente en Argentina. El tema es que aparece muy en discusión el salarial, pero no solamente se discute el salario sino también una naturalización que se viene haciendo de la mercantilización de la educación.

Cuando al Presidente le sale de muy adentro que lo “normal” es la educación privada y en todo caso los que no pueden “caen” en la escuela pública, está mostrando lo que opinan las clases dominantes en Argentina desde hace años. Que la mercantilización de la sociedad, la privatización, no es solo de las empresas públicas, sino también la salud, la educación, la justicia, el sistema carcelario, la seguridad en su conjunto, cada vez hay más seguridad privada por donde mires, entonces disciplinar a los docentes que han mostrado en este año un nivel de movilización como hace mucho no se veía, es un tema estratégico. Por eso están queriendo disciplinar incluso a un gremio docente más chico en cantidad como es el de los docentes universitarios, porque la medida va contra los docentes primarios, secundarios, universitarios, porque si logran torcerle el brazo a los docentes se van a animar a torcerle el brazo al conjunto del sector obrero, por eso se entusiasman con el acuerdo que tuvieron con los estatales por el 18% con actualización, con los empleados de comercio y el 20% logrado, aunque aparezca la cláusula gatillo por la inflación y estimulan muchos otros acuerdos para que vayan en torno del 20/25% y que finalmente por decreto aparezca el aumento para los docentes y los puedan disciplinar. Incluso lo están intentando con una forma represiva muy fuerte que es el descuento salarial por los días de paro.

Creo que es una prueba piloto que están haciendo, por eso la lucha docente goza de mucha solidaridad. Cuando empezó el anuncio del no inicio de clases la respuesta del gobierno fue intentar inscribir voluntarios y empezó a generarse un clima a favor de esos voluntarios. Ahora no se habla más de ese tema, porque fue totalmente descalificada la iniciativa de los voluntarios para dar clases en las escuelas, es como si los médicos, enfermeros y trabajadores de la salud hicieran paro y nos ofreciéramos de voluntarios para ser cirujanos, pediatras, anestesistas, cardiólogos; es un disparate. O si los trabajadores de la energía decidieran parar y saliéramos en brigadas a atender el mantenimiento de la red eléctrica, es una irresponsabilidad gubernamental total, pero una maniobra ideológica que se frustró porque en el fondo ganó la solidaridad social de apoyo a los docentes, aun cuando una parte de la sociedad sigue prendida en ese chantaje ideológico y político de que los docentes trabajan pocas horas, cosa que decía Cristina Fernández de Kirchner también, no es una novedad de este gobierno; o que lo que importa es la educación de los chicos, cuando la educación de los chicos es una combinación de iniciativas que van mucho más allá del aula, tiene que ver con lo que pasa en la casa, con lo que viene de la tele, de los medios de comunicación, con el clima social que se vive; porque si vivimos en un clima donde la sociedad empuja la cultura individualista, la formación se genera en nuestros niños con un clima de “sálvese quien pueda”, de aliento al consumismo, al individualismo.

No se puede pensar que la educación remite solamente a lo que pase en el aula, si encima cuando vamos al aula, a los responsables de la formación de las camadas de niños, adolescentes, jóvenes y adultos se les paga una miseria como a los docentes. Convengamos que rayan en el límite de la pobreza gran parte de los trabajadores de la docencia en la Argentina. Entonces, el tema de los docentes es muy importante porque afecta a otro tema clave como es la educación, y en el plano salarial hay un consenso cada vez más generalizado que la mayoría de la población está sufriendo las consecuencias de esta política económica, lo que no quiere decir una errónea conclusión que sacan muchos, que insisten que como se sufren las consecuencias del ajuste económico, rápidamente el gobierno de Macri va a perder elecciones o van a ganar rápidamente proyectos de carácter alternativo en la orientación económica.

Puede ocurrir que el macrismo no gane las elecciones e incluso las pierda, pero van a aparecer opciones diciendo que Macri no lo sabe hacer pero “yo sí lo voy a saber hacer mejor para beneficio de la sociedad”. Esto ya ha pasado y por eso el desafío es pensar todos estos temas para contribuir a construir un proyecto político alternativo que luche por reivindicaciones inmediatas pero que sea capaz de construir un proyecto político, iniciativas políticas donde discutamos el tipo de sociedad que tenemos y el que queremos, donde sea la cultura solidaria, la cultura del vivir bien, en el sentido de que la mayoría de la población disfrute de los derechos históricamente conquistados por el pueblo argentino. La lucha de los docentes en estos momentos resume muchas de estas cuestiones que estamos planteando, y no es solo su lucha sino que tiene que ver con las reivindicaciones del movimiento obrero de conjunto.

M.H.: En los últimos días se habla mucho de la recuperación económica, se vuelven a mencionar los “brotes verdes”, en un relato que me recuerda a aquél que escuchaba de niño “ahí viene el lobo” ¿qué hay de esto?

J.G.: La Argentina no va a vivir en recesión toda la vida, ningún país vive en recesión toda la vida, la Argentina va a salir, va a rebotar del proceso de recesión, lo que no sabemos es cuándo, pero lo hará sobre un millón y medio de nuevos pobres en esta gestión. Lo hará con salarios perdidos en 2016 que van del 6 al 12% en la pérdida de capacidad de compra. El ajuste es una realidad política.