La inflación de enero según el INDEC alcanzó al 1,3% y en línea con las proyecciones anuales del Gobierno Macri. Sin embargo, las estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires remiten a un crecimiento de precios del 1,9% para el mismo periodo y el sindicalismo con investigadores del CONICET remite a una expansión del 1,6%, que anualizado supera largamente el 30% de inflación.
Más allá de la credibilidad de los indicadores, las carencias se sienten en las familias de menores ingresos que involucra a más de la mitad de la población, alcanzando a los denominados sectores medios. Por eso preocupan las negociaciones salariales, que en el caso de los bancarios no fueron homologadas por el ministerio de Trabajo, aun cuando acordaron patronales bancarias y el sindicato de los trabajadores de los bancos.
Vale considerar que en la medición del INDEC aparecen especificidades que dan cuenta del impacto diferencial de la carestía,
Por un lado se menciona que el 1,3% se divide en un alza del 1% en bienes y un 1,7% en servicios. Es consecuencia del tarifazo, que como sabemos continuará con incrementos cuatrimestrales. Además, por otro lado, en materia de bienes se destaca que los precios de los alimentos tienen un mayor crecimiento, 1,6%, respecto del promedio de enero.
Los empobrecidos no pueden escapar a los aumentos de tarifas de servicios públicos, ni evitar el gasto de consumo de alimentos diario, por lo que sufren el impacto más allá del promedio benigno de las cuentas públicas del INDEC.
El impacto de la inflación es resultado de la política de precios que sustenta los intereses de las patronales, ya que mientras los trabajadores son impedidos u obstaculizados de defender el precio de la fuerza de trabajo, los fijadores de precios cuentan con el aval de la política de Estado (tarifas) o la ausencia de control, caso de la impunidad de grandes cadenas de comercialización.
Desde el gobierno se obstaculiza la negociación de los trabajadores de bancos o la docencia, y la Secretaría de Comercio establece normas de precios transparentes que pensadas para bajar precios termina legitimando nuevas subas de los valores en cuotas o al contado.
Más allá de la evolución de los precios, importa destacar la inequidad del papel del Estado, ya que no es solo una estadística los subsidios estatales a las empresas, ahora bajo la figura del “perdón” por impagos de contratos incumplidos.
Remito al canon adeudado por el grupo Macri a propósito de la privatización del Correo en 1997 y su re-estatización en 2003. El monto del escándalo está en discusión, pero la magnitud de mínima por 4.800 millones de pesos pone en evidencia el carácter clasista de las políticas de Estado. La cifra se extiende a más de 70.000 millones de pesos hacia 2033. Además, la empresa demanda al Estado por otra vía para hacerse de fondos estatales que compensen la demanda por el impago empresario. Un escándalo con abuso agravado.
No hay novedad en el proceder del grupo empresario, ya que la fortuna de la familia Macri se asocia en el tiempo a contratos con el Estado, con la precisión que ahora, además de mantener el mando de los intereses empresarios tradicionales, el primogénito del clan familiar se encuentra a la cabeza del gobierno de la Argentina.
Mientras el Estado discrimina beneficios y perjuicios, la mayoría social aparece afectada por la inflación y la política estatal.
Movilizaciones, unidad de acción y Paro Nacional
Los docentes amenazan con el no inicio de clases a comienzo de marzo si no se habilita la paritaria nacional. El Estado nacional delega en las provincias la negociación salarial en un marco de restricciones fiscales cubiertas con creciente endeudamiento y alusiones a la disminución del gasto.
Mientras los sindicatos demandan actualización del 35%, la orientación oficial ofrece un 18% y en cuotas. Por ello, más que comienzo de clases, lo que es seguro es la movilización de todos los gremios docentes y la evidencia del conflicto que anima el Paro más allá de las aulas. La CGT y las CTA, éstas en unidad de acción, convocan por separado al Paro para marzo.
La medida de fuerza emblemática del movimiento obrero fue anunciada varias veces durante el 2016 y postergada por variadas razones, desde la defección sindical hasta el accionar gubernamental lubricado con recursos de obras sociales y negociación, demandando tiempo de espera ante el primer año de gobierno.
Enero y Febrero se despliegan con el conflicto extendido con base en recreación de suspensiones y despidos, alza de precios y continuidad de las dificultades económicas expresadas en la recesión subsistente. Es la antesala de un marzo con extensión del conflicto y con la novedad del Paro internacional de las mujeres del 8 de marzo.
La dilación del conflicto encuentra el límite de las afectadas condiciones de vida de la sociedad y por eso la convocatoria a la movilización el 7 de marzo.
Son razones de la movilización en general el crecimiento del costo de vida y la baja de los ingresos populares. De tal magnitud que se impone la unidad de lo diverso.
Ese es el marco que motiva a las tres centrales sindicales a converger en iniciativas más allá de afinidades de modelo sindical y político. Todo apunta al paro general y a la unidad de acción para frenar el ajuste, más allá de específicos objetivos de proyecto político de las cúpulas sindicales.
Desde el gobierno se destaca el interés político de la dirigencia sindical en un año electoral. Es una lectura adecuada, pero escamotea la realidad del ajuste, condición de posibilidad de la protesta extendida de la sociedad de abajo. La lucha de los docentes por sus ingresos anticipa y devela el conflicto por la distribución del ingreso y la riqueza en un tiempo de disputas de consensos electorales y políticos de más largo alcance, como parte de la discusión de proyectos políticos de país.
Entre estos se encuentra la voluntad de modificaciones reaccionarias a las relaciones entre el capital y el trabajo. El gobierno acaba de dar, relativa marcha atrás con el proyecto de reforma de la legislación sobre ART, convocando a extraordinarias para que no le cuestionen el DNU, pero lo de fondo es profundizar una línea de modificación del marco jurídico laboral para mejorar la rentabilidad de las empresas y en contra de los ingresos de los trabajadores.
Todo está en movimiento y pueden agudizarse los problemas sociales y políticos. Algunos cuestionan las unidades de acción desde la pureza de proyectos propios y descalifican conductas previas de quienes invocan en estos tiempos la protesta. Los invalidan por silencios en el ciclo previo de gobierno, despreciando la impronta de la dinámica popular más allá de las circunstanciales dirigencias sindicales y sociales.
La masividad que pueden adquirir los acontecimientos de la movilización popular ante la protesta social, como enseña la historia, habilita las construcciones de nuevas realidades en la cotidianeidad de la organización política popular.
Es por eso que se impone la más amplia unidad contra el ajuste, como rumbo para construir alternativa, el principal desafío del momento, con aspiración por la emergencia de renovación de una hegemonía de derecha en la política de la Argentina.
Buenos Aires, 11 de febrero de 2017