Bajo la consigna de no emitir moneda sino emitir deuda , las nuevas autoridades están embarcadas en una verdadera carrera de re-endeudamiento y toma de deudas adicionales sin que exista la más mínima demostración de la capacidad de repago de la masa de obligaciones que se está asumiendo.
Con el agravante que la mayor parte de estas nuevas colocaciones de deuda se contrae para financiar gasto público corriente – lo que está prohibido por la Ley 24.156 de Administración Financiera del Estado – y que sucesivas decisiones del gobierno tienden a aumentar el déficit fiscal, que se cubre con más deuda.
Dentro de la actual estructura o composición de la deuda pública argentina pueden identificarse tres grandes rubros:
La deuda heredada de la administración Kirchner, que según cifras oficiales era al 31.12.2015 de 234.200 MD (Millones de Dólares): 222.700 por deuda performing o en cumplimiento del pago de intereses y 11.500 MD acumulada de los holdouts, los tenedores de bonos que no entraron en el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010.
En este total no estaban computados los cupones PBI (14.000 MD) ni el diferencial de pagos que se estima no fueron tenidos en cuenta para los holdouts (10.000 MD): en total, unos 25.000 MD.
La nueva deuda que se está tomando, que es la deuda prevista para el corriente ejercicio – según la Ley 27.198 de Presupuesto 2016 – por 23.400 MD, a la que debe sumarse los 12.500 MD de deuda para pago a los holdouts autorizados por la Ley 27.249; lo que totaliza unos 36.000 MD de nueva deuda.
A lo que debe agregarse la deuda adicional para cubrir los déficits fiscales del año 2015 y del corriente, que no se sabe a cuanto llegan en conjunto pero se estima un mínimo de 15.000 MD, lo que elevaría el monto del endeudamiento a más de 50.000 MD en el año: todo un récord histórico en materia de toma de deuda del Estado.
Sin contar la deuda que paralelamente están tomando las provincias – a tasas carísimas que oscilan entre 7.70 y más de 9 % anual en dólares (que son las más elevadas del mundo) – cuyo monto consolidado no bajaría este año de 6-7.000 MD.
El mayor desembolso de nuevos préstamos provenientes de Organismos Multilaterales de Crédito (OMC) – fundamentalmente Banco Mundial, BID y CAF – que se conceden en dólares pero se usan en su mayoría para pagar obras públicas y de infra-estructura en pesos lo que implica que, en la práctica, las divisas producto de estas nuevas deudas se ingresan a las reservas del Banco Central (BCRA), que los convierte en pesos que aumentan así la Base Monetaria y se esterilizan en gran medida con Lebacs que pagan más del 30 % anual de intereses.
La deuda cuasi-fiscal del BCRA crece de este modo en forma paralela al aumento de la deuda de la Tesorería.
A lo que se añade ahora la retoma de la política K de pago de deuda externa con reservas internacionales – Decreto 834/2016, para pago de 4.000 MD a los OMC y al Club de París – lo que disminuye obviamente el stock de divisas y se compensa con más empapelamiento del banco a través de letras intransferibles del Tesoro.
Una característica esencial que toca a estas tres fuentes de endeudamiento es que el Estado Argentino no tiene, por definición, capacidad demostrada alguna de repago porque la deuda heredada es una carga o peso muerto sobre la economía nacional, porque la nueva deuda para cubrir déficits fiscales tampoco tiene garantía de pago ya que se deriva precisamente – lo mismo que en el caso de las provincias – de los desequilibrios financieros del Estado y porque los préstamos de los OMC son tradicionalmente compensados con el otorgamiento de nuevos créditos mientras aumenta el stock total de los mismos y sus servicios de pago.
Esto significa que la administración Macri no sólo sostiene la política de Estado de endeudamiento público sin capacidad de pago o política de Deuda Perpetua sino que está agravando aceleradamente sus condiciones (tasas de interés altísimas en moneda extranjera) y sus plazos (empeoramiento del perfil de vencimientos, debido a que gran parte de las nuevas deudas está contraída en Letras del Tesoro – Letes – y/o Bonos de corto y mediano término).
Se reitera – y esto es muy importante – que estas deudas no se pueden pagar por definición , porque no solamente no están acompañadas por demostración alguna de su capacidad de repago (ni siquiera un intento de hacerlo, como tampoco ocurrió en el caso de los holdouts) sino que no pueden tenerla ya que los fondos se usan para pagar vencimientos de deudas con nuevas deudas, cubrir déficits fiscales del Estado y mantener una ambigua e innecesaria toma de deudas en moneda extranjera para pagar gastos en pesos (con el agravante que gran parte de esos préstamos de los OMC son para sufragar gastos de planes sociales o asistenciales).
No se cumple así con la ecuación elemental de tomar préstamos que tengan destino productivo y que sean aplicables al desarrollo económico ni deudas cuyas tasas de interés sean inferiores a las tasas internas de retorno (TIR) de proyectos útiles y necesarios de financiamiento en dólares para el país.
Por el contrario, la masa de obligaciones está creciendo en forma descontrolada – Estado Central, BCRA, Provincias/Municipios, Empresas Públicas, Organismos Nacionales, Fondos Fiduciarios y financiamiento adicional para pago de juicios/reclamos contra el Estado – sin garantías mínimas de repago, como no sea contrayendo futuras deudas a medida que van cayendo los vencimientos de capital y pagando cada vez más intereses.
Estos intereses, que sí se pagan – salvo una parte menor que se capitaliza por anatocismo – aumentan el Gasto Público y, consecuentemente, el Déficit Fiscal; y ese déficit se cubre con más deuda.
Se cumple así la regla del endeudamiento perpetuo – sostenida por el establishment financiero como premisa ideológica – que parte de la base que la Deuda Pública tiene que constituir una fuente permanente y no excepcional de financiamiento del Estado y que no hay problema en tomar y seguir tomando deuda sin capacidad de pago refinanciando continuamente los vencimientos de capital mientras haya fondos para poder pagar los intereses (intereses crecientes que presionan sobre el gasto público y determinan aumentos adicionales del déficit fiscal que son cubiertos con más re-endeudamiento).
Es la política institucional financieramente irresponsable de fabricar deuda y déficits fiscales que se cubren sistemáticamente con nuevas deudas: una política que agrava la hipoteca presente y futura de las cuentas nacionales; y que es ejecutada por un gobierno cuyo funcionariado superior está actuando bajo conflicto de intereses con los bancos prestamistas y colocadores de deuda en detrimento del Estado.
Lic. Héctor L. GIULIANO
Asesor del
FORO ARGENTINO de la DEUDA EXTERNA
Foro Regional La Plata, Berisso y Ensenada