Las grandes empresas del agro impulsan leyes “que privatizan las semillas” y “judicializan a los productores”. Es una de las afirmaciones de la investigación realizada por las organizaciones internacionales Vía Campesina (reúne a movimientos rurales de todo el mundo) y Grain, que analizaron las legislaciones y políticas públicas de más de treinta países de cuatro continentes. “Las semillas campesinas, uno de los pilares de la producción de alimentos, están sometidas a un ataque de corporaciones y gobiernos”, advierte el informe. Las principales empresas del mercado son Monsanto, Dupont Pionner, Syngenta, Bayer y Dow.
“La criminalización de las semillas campesinas. Resistencias y luchas”, es el nombre de informe publicado por la Vía Campesina (VC) y Grain. Analiza la situación de América, Asia, Africa y Europa. Recuerda que el intercambio libre de semillas, entre comunidades y pueblos, fue lo que permitió que los cultivos se adapten a diferentes condiciones, climas y topografías. “Es lo que ha permitido que la agricultura se extienda, crezca y alimente al mundo”, remarca. Y precisa que desde la llamada “revolución verde” (década del ’60), cuando las empresas comenzaron a tener mayor injerencia, se inició un proceso de apropiación de las semillas, el primer eslabón de la alimentación.
Tres empresas controlan más de la mitad (53 por ciento) del mercado mundial de semillas. Monsanto (26 por ciento), DuPont Pioneer (18,2) y Syngenta (9,2). Entre el cuarto y décimo lugar aparecen la compañía Vilmorin (del francés Grupo Limagrain), WinField, la alemana KWS, Bayer Cropscience, Dow AgroSciences y las japonesas Sakata y Takii. Entre las diez empresas dominan el 75 por ciento del mercado mundial de semillas.
El informe señala que en América se desarrollan resistencias contra las “leyes Monsanto”. Describe el caso de Chile, donde tras cuatro años de movilizaciones lograron en 2014 que se retirara un proyecto de ley que privatizaba las semillas.
También resalta el caso de Colombia, en 2013, cuando las organizaciones campesinas iniciaron una huelga masiva en todo el país. Bloquearon rutas y paralizaron la producción de alimentos. El gobierno intentó que el intercambio de semillas indígenas enfrentara multas o incluso prisión. “En 2011, las autoridades del gobierno colombiano irrumpieron en los almacenes y camiones de los agricultores de arroz (en la provincia de Huila), y destrozaron de manera violenta 70 toneladas de arroz que según ellos no se habían procesado de acuerdo a la ley”, recuerda el informe. Las organizaciones sociales insisten en la derogación de la ley.
De Brasil, que es el segundo productor mundial de transgénicos y el gobierno habilitó nuevas semillas, describe el proyecto de gran escala para el desarrollo de semillas criollas, en el marco de la Política Nacional para la Agroecología y la Producción Orgánica, adoptada en 2012. Y remarcaron la importancia, desde 2003, del Programa de Adquisición de Alimentos, en el que el Estado adquiere las cosechas de los campesinos. En octubre de 2013, 5000 agricultores brasileños ocuparon unas instalaciones de producción de semillas pertenecientes a Monsanto en el estado de Pernambuco.
En Costa Rica, en 1999, el gobierno intentó modificar sus leyes para cumplir con los requisitos de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La movilización de las organizaciones sociales impidió la nueva legislación y se avanzó en el camino contrario, por la prohibición de los transgénicos. En la actualidad, el 80 por ciento del territorio se declaró libre de transgénicos.
En El Salvador se avanzó en un plan agricultura familiar que incluye la distribución de semillas a los pequeños agricultores. “La iniciativa se enfrentó a problemas con el gobierno estadounidense, al considerar que infringía tratados de libre comercio y exigieron el fin de la distribución de semillas y que se las compren a Monsanto”, explica el informe.
El trabajo de VC y Grain detalla el papel de Venezuela, donde se impulsa un proyecto de ley que limita la entrada de transgénicos y defiende las semillas campesinas, como parte de un modelo productivo basado en la agricultura sostenible y la soberanía alimentaria. Resultado de una serie de consultas nacionales en distintos puntos del país, define las semillas como un bien público, “herencia colectiva que no puede ser privatizada”.
México mantiene desde hace más de una década una lucha masiva en defensa del maíz, el cultivo más importante del país. Mediante el Tratado de Libre Comercio del Norte se intenta la introducción masiva de transgénicos. En 2005 fue aprobada una legislación (llamada ley Monsanto) que abrió paso a los transgénicos. “Le siguió una Ley Federal de Producción, que criminalizaba el libre intercambio de semillas nativas. Y le siguió el decreto presidencial para nuevos permisos de transgénicos”, afirman la Vía Campesina y Grain.
Con esa ingeniería legal, las multinacionales Monsanto y Dow recibieron 156 permisos para el cultivo experimental de maíz.
El informe recuerda que existen pruebas concluyentes de que el maíz transgénico de Estados Unidos ya contaminó el maíz nativo de México. Dato positivo, los agricultores mexicanos siguen optando por las semillas campesinas: el 80 por ciento del maíz de México sigue siendo el criollo.