En estos días hay una disputa por la renta petrolera entre al Gobierno Nacional y las provincias petroleras del país organizadas en la OFEPHI (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos). El proyecto de reforma a la Ley de Hidrocarburos (Ley 17.319 de la época de Ongania y su Ministro de Economía, Krieger Vasena) que impulsa el Gobierno es resistido principalmente por Neuquén, Chubut, Río Negro y Mendoza. Provincias de peso en materia de hidrocarburos.
Lo que creemos es que esta pelea es por la renta petrolera en el estado, ya sea Nacional o de las provinciales. No está en discusión el sector privado, fuertemente extranjerizado, porque ambos actores (las provincias y el Gobierno Nacional junto a la YPF de Galuccio) intentan seducir a las grandes petroleras mundiales para que inviertan en el país con condiciones favorables aprovechando el viento a favor de los no convencionales y el furor por Vaca Muerta.
Las condiciones que plantea el borrador del Gobierno (el proyecto aún no fue presentado en el Congreso Nacional) beneficia al sector privado, pero son justamente esas condiciones las que no se discuten públicamente. Sólo emerge en la agenda pública la disputa entre Nación y las provincias.
En los últimos días se conoció una encuesta de la Consultora Poliarquía donde se preguntaba sobre el desarrollo de Vaca Muerta y el resultado era que seis de cada diez argentinos quieren que se desarrolle dicha cuenca neuquina. Esto es importante porque los primero que nos dice es que hay un altísimo nivel de conocimiento sobre Vaca Muerta. Pero más importante es que, si los resultados son ciertos, es una muy buena oportunidad para que este gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ponga en marcha la democracia participativa y convoque a un plebiscito.
Creemos que es importante impulsar un debate nacional (como ya se hicieron con otras leyes) y consultarle al pueblo sobre Vaca Muerta, que en definitiva será el pueblo el que va a sufrir las consecuencias o gozar los beneficios de esta explotación no convencional que tenemos en la cuenca neuquina.
No impulsarán un plebiscito popular sobre la política hidrocarburífera porque necesitan avanzar de espaldas al pueblo. Quieren que esta reforma solo sea discutida por dos sectores: por un lado el Gobierno Nacional y la Empresa YPF, que si bien tiene el 51% el Estado, es una Sociedad Anónima y no tiene carácter estratégico de empresa de bandera nacional, ni es 100% estatal, ni es pública. Y, por el otro lado, los jeques de las provincias petroleras. En ambos proyectos, las grandes petroleras se relamen porque obtendrán grandes beneficios.
El tema de la técnica del fracking (fractura hidráulica) y los posibles riesgos de contaminación del agua y la tierra, los riesgos de sismos provocados, los químicos utilizados, entre otras cosas, no está en debate en las reformas de la ley de hidrocarburos.
Hay versiones que dicen que este nuevo proyecto de ley le pondrá límites a los municipios que se declaren libres de fracking. Hoy en Argentina hay unos 30 municipios que se han declarado libres de esta técnica en el país.
Creemos que es urgente y necesario que este tema sea también de debate nacional junto con la amplia cuestión medioambiental que el país necesita. Esta ley no lo incluiría.
Las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos
El proyecto del gobierno acorta la renta de las provincias petroleras bajo una política hidrocarburífera un poco más federal de la que existe. Esto en un principio es bueno porque se necesita una política unificada en materia energética. Pero el objetivo sigue siendo seducir al capital privado, principalmente extranjero, para explotar Vaca Muerta y desarrollar los no convencionales en el país. Y para que esto suceda necesitan de un nuevo marco legal que favorezca y otorgue “garantías” a las grandes corporaciones mundiales de la energía.
Se elimina el “acarreo”, que es un mecanismo donde las provincias pueden participar con sus compañías provinciales y así captan porciones adicionales de renta ya que actúan como pequeños socios tanto de YPF como de los grupos multinacionales, sin invertir un solo peso. Esto genera una fuerte resistencia de los jeques provinciales que actúan como si fuesen los dueños del petróleo y el gas de las provincias.
Otro de los principales punto del proyecto de ley tiene que ver con el otorgamiento de las concesiones de las áreas de exploración y explotación, donde se incluyen los yacimientos no convencionales. Habrá nuevas condiciones para los contratos petroleros, buscando unificar criterios en todo el territorio para organizar el remate del subsuelo nacional.
Se establecen plazos más extensos en los contratos, que pasan a ser 30 años con posibilidad de 10 de prorroga en los yacimientos convencionales y de 35 más 10 de prorroga en lo no convencionales y la explotación off shore (plataformas marítimas). Al mismo tiempo, las concesiones ya entregadas para pozos convencionales pueden ser reconvertidas a pozos no convencionales. Es decir, que si hay una empresa con 15 años de concesión convencional operando, puede reconvertir su actividad en no convencional por 45 años más, con un total de 60 años aproximadamente.
Otro punto tiene que ver con las exigencias en las inversiones. En 2013 el Estado Nacional firmó un contrato (fuertemente criticado por la FeTERA-CTA) donde se le “exigía” una inversión (en una primera etapa) de 1.000 millones de dólares para poder desarrollar las áreas concesionadas de Vaca Muerta. Ahora la exigencia como pauta mínima de inversión será de 250 millones de dólares.
También se dan garantías para que las petroleras tengan libre disponibilidad (como se hizo con Chevron) del crudo que saquen del subsuelo argentino o del mar. En el caso del off shore y los no convencionales (como Vaca Muerta) llega al 60% de disposición libre del recurso obtenido y también el 60% para las divisas obtenidas en la exportación o en el mercado interno. Al mismo tiempo, se dan garantías impositivas para que el sector privado pueda eludir impuestos e importar bienes de capital.
En definitiva, esta ley o reformas de la ley de hidrocarburos es un marco legal que beneficia a las grandes petroleras. Es un marco legal típico de los años neoliberales clásicos de los 90s, tan criticado por el Gobierno nacional pero tan impulsado en sus políticas concretas. Esta ley representa un fuerte retroceso en cuestiones de Soberanía Nacional.
Creemos que para poder modificar esta situación lo que necesitamos es cambiar el modelo energético y para eso hay que recuperar el patrimonio energético argentino a manos del pueblo. Necesitamos una política nacional en materia energética, pero que beneficia a los sectores populares y el desarrollo de la patria, no de las empresas privadas. Necesitamos una YPF que sea 100% estatal, pública y eficiente. Controlada por el Estado, los trabajadores, organizaciones sociales como usuarios y ambientalistas. Si queremos la Soberanía Nacional no podemos seguir con una YPF que sea Sociedad Anónima.
A partir de esta definición, lo primero que hay que hacer es no permitir más la exportación de crudo del país. Estamos exportando petróleo sin valor agregado, cuando nuestras reservas se han achicado enormemente producto del despilfarro que se viene haciendo desde la década del ´90 y que continúa hoy.
Necesitamos una nueva ley, pero que tenga como objetivo central resolver los problemas de los argentinos; necesitamos volver a establecer la energía como un bien social y desarrollar una política energética que tenga como rol fundamentalmente la soberanía nacional y la emancipación del conjunto del pueblo argentino. Necesitamos pensar los objetivos: para qué producimos petróleo, con quién vamos a producirlo y qué vamos a hacer con ese petróleo.
25 de agosto de 2014