Gacetilla de prensa / 4 de abril de 2014
Desde su creación, la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM) brega contra los discursos y las políticas de mano dura, inscriptos en concepciones punitivistas y sostenidos como única respuesta ante los denominados “problemas de inseguridad” porque restringen su campo de intervención a la represión del delito. Junto con otras organizaciones hemos insistido en las consecuencias que esto conlleva: denunciamos las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad que actúan al margen de la ley y con total impunidad, amparadas por discursos que concitan el apoyo de buena parte de la sociedad, atizada por el miedo a un otro peligroso; un miedo promovido en los discursos mediáticos y de cierta dirigencia política en busca de rédito electoral.
Es necesario hacer memoria. En 1999 ganó las elecciones a gobernador el candidato que promovía las ejecuciones sumarias bajo el lema “meta bala, mate un delincuente”. El único resultado de su política fue echar por tierra una reforma policial orientada a la profesionalización de la fuerza y el control civil. En los deslucidos apenas dos años de gestión de Carlos Ruckauf no mejoraron los estándares de seguridad: sólo se incrementaron notablemente las violaciones a los derechos humanos en las cárceles hacinadas y en las dependencias policiales. En 2001, en el marco de la crisis, las ejecuciones policiales en la provincia de Buenos Aires ascendieron considerablemente.
Más de diez años después, esta situación en la provincia de Buenos Aires sigue siendo alarmante, y no lo es menos en el resto del país. Las denominadas “leyes Blumberg”, sancionadas en el año 2004 por el Congreso nacional, son otro resultado de la demagogia punitiva. Este conjunto de leyes reiteraron la fórmula fallida planteando el endurecimiento del castigo como modo de disminuir el delito.
El panorama actual demuestra una vez más que las políticas de mano dura no sólo son incorrectas, porque han demostrado su ineficacia, sino que son irresponsables y peligrosas.
Los linchamientos son la consecuencia más brutal de la mano dura en sus dimensiones discursiva y práctica, en tanto particulares se apropian de la capacidad del Estado para “violar los derechos humanos”; es decir, no sólo lo avalan y reclaman sino que lo ejecutan.
Se trata de los mismos discursos que promueven y justifican la tortura sistemática contra los sectores pobres y jóvenes que hoy pueblan los lugares de encierro. En ambos casos propiciando dos de los delitos más graves según nuestro ordenamiento legal: el homicidio y la tortura.
Los linchamientos no son “justicia por mano propia”: son homicidios calificados. La Justicia deseable en una democracia es la que protege a las víctimas y sanciona a los responsables de conductas que infringen la ley. Anhelamos que esta vez no vuelva a imperar la impunidad, como sucedió con los responsables de la muerte de Lucas Navarro, un niño de 15 años linchado, asesinado a golpes en 2010 por vecinos del barrio Los Pinos (La Matanza), luego de intentar cometer un robo con un arma de juguete. En septiembre de 2013 el tribunal de La Matanza –integrado por los jueces Javier González, Matías Deane y Gabriela Rizzuto- absolvió a los cuatro acusados por el crimen.
Es necesario hacer memoria. A treinta años de democracia, y luego de vivir la experiencia límite a la que nos condujo el terrorismo de Estado, debemos actuar con responsabilidad. Sabemos, porque lo hemos vivido, qué consecuencias provoca engendrar “el huevo de la serpiente” alentando miradas e intervenciones sobre la realidad e instigando al miedo y a políticas de depuración social. Ninguna mayoría ganará con esto, aunque algunos mejoren en las encuestas sabemos los costos que esto produce y seguirá produciendo si no se detiene a tiempo.
El siglo XX ha demostrado en demasiadas oportunidades cómo puede caerse en la barbarie. Los genocidios y masacres asolan la historia contemporánea. En todos ellos hay un patrón común: la estigmatización de otros constituidos en el “mal” a erradicar, a los que se los despoja de su condición humana como paso previo a su eliminación. Los asesinados se cuentan por millones y no cesan.
Por eso es altamente preocupante la exacerbación de la muerte y el horror sostenida y promovida por algunos grupos y voceros mediáticos, que se arrogan la representatividad social y difunden modos de leer la realidad a través del prisma del miedo y el odio, profundizando aun más la fragmentación social. Es imprescindible entonces avanzar en la formulación de políticas de seguridad democráticas y eficaces, abandonar el punitivismo como respuesta a los problemas sociales y los discursos que exaltan la vulneración de derechos como modo de resolución y, sobre todo, luchar contra la desigualdad social que provoca fuertes fracturas y lesiona la posibilidad de vivir juntos.
Debemos encontrar caminos para avanzar en la democratización de la sociedad, sin demonizar culpables ni simplificar soluciones ante problemas complejos. Así seremos esa sociedad que honra su memoria y aprende de su pasado.
Comisión Provincial por la Memoria:
Adolfo Pérez Esquivel, Hugo Cañón, Aldo Etchegoyen, Víctor Mendibil, Mauricio Tenembaum, Elisa Carca, Susana Méndez, Carlos Sánchez Viamonte, Luis Lima, Víctor De Gennaro, Martha Pelloni, Roberto Cipriano García, Dora Barrancos, Verónica Cruz.
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