Estamos ante uno de esos momentos de viraje, de bifurcación de caminos que obligan al movimiento popular a reflexionar, discutir democráticamente y tomar decisiones; como ocurrió en ocasión de la resolución 125 que pretendía limitar las súper ganancias producto de las exportaciones de la soja transgénica, producto novedoso cuyas consecuencias a largo plazo están en estudio crítico por los científicos cuya expansión se dio justamente bajo el ciclo de gobierno de los Kirchner. En ese momento, casi de un modo inesperado, de un lado se agruparon los sectores más concentrados de la burguesía local y trasnacional y del otro quedó el gobierno con el apoyo de movimientos sociales y fuerzas políticas de izquierda que comprendieron que el desarrollo de las contradicciones interburguesas había vuelto a provocar, como tantas veces en la historia nacional y universal, una demarcación de campos muy clara: de un lado la derecha resistiendo la 125 y del otro el campo popular procurando afirmar mayor intervención estatal en la economía y la limitación de las súper ganancias monopolistas que tienen todos los grupos económicos trasnacionales en la Argentina: los petroleros, los comunicacionales, las automotrices, etc.
En las últimas horas, prácticamente todo el movimiento de derechos humanos denunció el carácter represivo y macartista de la nueva ley: duplica las penas de todo el Código Penal y otorga a los jueces, a estos jueces denostados por su compromiso con la impunidad y las derechas, el poder de calificar de “terrorista” a cualquier acción o protesta individual o social. La ley se inscribe en la larga tradición represora de la legislación argentina: la 4144 de 1902 conocida como de “residencia”, la de “seguridad nacional” de 1910, los decretos leyes de las dictaduras del 30, 43, 55, 62, 66 y 76 del siglo pasado, oportunamente avalados por las respectivas Cortes Supremas e igual que todas ellas pone en manos de los jueces un instrumento casi todo poderoso para perseguir, discriminar, encarcelar o hacer lo que quieran con los luchadores sociales. La supuesta clausula de garantías democráticas ha sido fulminada por los juristas por superflua y mentirosa: decir que no serán perseguidos los que ejercen derechos y garantías constitucionales es jurídicamente obvio, está inscripto en el Código Penal en el articulo 34, y prácticamente inútil: ningún Juez dirá que persigue por que defienden un derecho constitucional sino que acusará de coacción agravada, resistencia a la autoridad o delitos aún más graves.
Y por qué es un parte aguas?
Porque el gobierno se subordinó al mandato imperial ignorando la voluntad popular del Nunca Más y todo el aprendizaje que estamos haciendo en los juicios contra los genocidas que una y otra vez alegan haber actuado de acuerdo al decreto de exterminio a la subversión emanado de un gobierno constitucional.
Porque el Frente para la Victoria y el Nuevo Encuentro se subordinaron acríticamente al mandato presidencial evidenciando que no son fuerzas políticas comprometidas con el cambio sino cooperativas de oportunistas que se aferran al momento de popularidad de la presidenta para acceder a cargos que están a su servicio y no del pueblo.
Porque la sanción de la Ley Antiterrorista muestra –como ningún otro gesto presidencial- la voluntad política de construir un capitalismo serio, es decir, de no cuestionar el sistema mundial que hoy está en crisis de existencia y que por ello mismo buscará trasladar los costos de la misma a la periferia. El Poder Ejecutivo y Legislativo, el Frente para la Victoria y sus aliados progresistas, están diciendo –como Rajoy en España o Papademos en Grecia- que están dispuestos a todo para salvar el capitalismo argentino.
Pero lo fundamental es el modo en que se sancionó la Ley: de espaldas a la sociedad, ignorando al sector más mimado por el propio gobierno: los organismos de derechos humanos que apenas osaron esbozar una leve crítica han sido ignorados olímpicamente por el gobierno que en estos días no uso el pañuelo blanco, afirmando un concepto de democracia “representativa” en el sentido más burgués y reaccionario del término. Dice la Constitución Nacional que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes, el Kirchnerismo ha dado una prueba irrefutable de su concepción liberal de la democracia; pero alerta! que justamente ese costado del sistema político fue el que se puso en debate en el 2001.
Por una década, la ilusión cuasi ingenua del “que se vayan todos” fue asimilada por la burguesía transformándola en su contrario pero atención porque los pueblos aprenden de su propia experiencia, aunque tarden décadas entre un aprendizaje y el siguiente.
La sanción de la Ley Antiterrorista ha sido una lección impresionante del carácter de clase del gobierno, del sentido profundo del llamado modelo nacional y popular y de la inviabilidad de construir alternativa bajo el ala del poder.
La alternativa solo se construye desde afuera del poder, por otros medios, y ahora sabemos, con otros nombres de los que se suman a la fiesta de los que una vez más creen –como decía Marx que hacían los intelectuales de fines del siglo XIX- que “hubo historia, ya no la hay”. Que los votos son eternos y dan derecho a cualquier tropelía. Igual que Menem en su momento.
Nada más erróneo, somos lo que somos como resultado de una historia que nos marca un camino y un horizonte al que no renunciamos. La lista de los votos positivos a la Ley Antiterrorista quedará en el basurero de la historia
De tanta frustración y traición, surgirá una nueva fuerza política comprometida con sostener lo conseguido en estos años y perforar los límites que los gestores del Poder le quieren poder.
Más temprano que tarde lograremos la derogación de la nefasta Ley, y gestaremos una alternativa política que sea un firme puente entre la generación que resistió la dictadura y la impunidad con las nuevas generaciones que aprendieron que la política puede ser para defender al pueblo y no satisfacer a sus verdugos.
José Schulman