Casi en simultáneo con la aprobación, la semana pasada, de la inconstitucional reforma a la legislación de riesgos del trabajo, un instrumento solicitado por la Unión Industrial Argentina (UIA) y votado por el oficialismo y la algarabía del PRO (Partido de derecha que gobierna la Ciudad de Buenos Aires) en la Cámara de diputados, el gobierno anuncia cambios en el mercado de capitales, más precisamente, una reforma de la Ley de Oferta pública, que rige desde 1968.
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