En momentos de Mundial y fondos buitre, un debate central se suscita entre pocos actores: Nación e YPF se enfrentan a las provincias petroleras por la reforma de la Ley Nacional de Hidrocarburos. El cuestionamiento al sistema de acarreo es sólo la punta del iceberg. Al analizar los dos documentos difundidos periodísticamente, las diferencias entre los actores parecen diluirse para dar paso al consenso en la urgente necesidad de promover la inversión en nuevos proyectos (no convencionales y offshore, principalmente) con flamantes beneficios para las empresas y uniformización del marco jurídico. En definitiva, la pregunta que divide aguas es quién, dentro del ámbito público, reducirá su expectativa de renta en pos de un mejor escenario para las transnacionales.
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