La deuda pública se paga rigurosamente, y ni hablar de auditar o investigar las legitimidades, de una deuda que históricamente acredita un fallo judicial de junio del 2000, con evidencias de múltiples ilegalidades e irregularidades, con responsables identificados fehacientemente. El fallo del Juez Ballesteros duerme en algún lugar del Congreso Nacional, el poder encargado de “resolver” los problemas de la deuda externa.
Un problema adicional es el uso de las reservas internacionales para cancelar deuda. Con datos del BCRA, verificados en la fecha en el sitio en internet, el 2011 mostró una pérdida de reservas de 5.814 millones de dólares, y hasta el 7/12/2012 eran 979 millones los dólares resignados en este periodo, sin contar la cancelación del viernes 14/12 por 3.502 millones de dólares, que deja la reservas en un nivel escasamente encima de los 43.000 millones de dólares.
Son más de 10.000 millones de dólares perdidos en dos años y asignados preferencialmente a los acreedores de la deuda pública, cuando se mantienen las restricciones al acceso de divisas para el público en general.
Muchos argumentan: “¿y qué pretenden, acaso no pagar como sostenía la izquierda a la salida de la dictadura, hace 30 años?”
A propósito del embargo de la Fragata Libertad y el fallo reciente del juez estadounidense, ahora en suspenso, un conjunto de personalidades y organizaciones, que encabeza Adolfo Pérez Esquivel, el Nobel de la Paz 1980, insisten con la denuncia y la necesidad de investigar, auditar la deuda, y juzgar a los responsables, y mientras tanto, suspender los pagos.
Es que bien vale señalar que es mucho el esfuerzo social por pagar a los acreedores de la deuda pública y postergar derechos previsionales o sociales, educativos o de salud, entre otros muchos que demandan los sectores más desfavorecidos de la sociedad argentina.
Además, el llamado desendeudamiento oculta la continuidad de un problema estructural y condicionante de la política económica, que la justicia extranjera trajo a la realidad de la consideración política por estas horas. Como si fuera poco, la presión del Club de París y de los Organismos internacionales no afloja, reavivando la hipoteca sobre el trabajo social en el país.
Aunque se insista en cancelar sin investigar, el problema persistirá y condicionará a cualquier gobierno, presente o futuro, profundizando las penurias sociales y postergando derechos socioeconómicos largamente escamoteados.
Endeudar a YPF
Más del doble de ofertas realizaron inversores entre 1.000 pesos a 250.000 pesos, en pocos días de oferta de una colocación de bonos de YPF que ofrecían una renta de 19%, entre 5 ó 6 puntos más que un plazo fijo en la banca.
Consignemos primero que hace muy poco, Bolivia se endeudó en el sistema financiero mundial a tasas menores al 5%, e incluso fue criticado por los cuantiosos recursos ociosos en reservas internacionales y aún en liquidez bancaria de fondos públicos no utilizados.
Pero aún con las críticas al gobierno boliviano, el costo del dinero en préstamo es de un cuarto del que expresa el financiamiento a la primera empresa en la Argentina, en un momento de valorización de sus activos, sea por la rentabilidad presente o las expectativas que genera la potencial explotación de los hidrocarburos no convencionales.
Existen quienes argumentan que YPF ofrece una salida a pequeños inversores con liquidez y con escasa oferta financiera atractiva, pues la tasa de interés pasiva está alejada del movimiento de los precios. Claro que ese atractivo para los inversores es un costo de financiamiento para la empresa parcialmente expropiada por el Estado.
¿Si ese es el costo de la gran empresa petrolera, cuál es el que deben soportar las pequeñas y medianas, aún las grandes?
La política financiera de la petrolera, es cierto que en magnitudes pequeñas (unos 30 millones de dólares al cambio oficial), induce una pauta elevada de tasas activas para el resto del sector productivo, cuando el diagnóstico generalizado apunta a reclamar financiamiento para la inversión productiva de los más chicos del aparto productivo local.
Son reflexiones válidas para lo que se viene en materia de endeudamiento de YPF, pues desde la próxima semana se licitarán bonos por 4.500 millones pesos (unos 920 millones de dólares al cambio oficial) en diferentes modalidades. Unos estarán atados a la cotización del dólar (que viene duplicando el ritmo de devaluación respecto al año anterior) y con una tasa de 6,25%, es decir, se ajusta por tipo de cambio más esa tasa, con lo cual, la variabilidad se define por la evolución de la divisa estadounidense por la vigencia del título en los próximos 4 años. Otros bonos en pesos y por 6 años, pagarán intereses ajustables por la tasa BADLAR, que viene en alza según informa el BCRA, y que en la actualidad cotiza por encima del 15%.
Se trata de crédito caro, en un plan de endeudamiento de la petrolera por 3.000 millones de dólares en títulos en el marco de inversiones a lograr por 37.000 millones de dólares hacia el 2017, y poder materializar en sociedad la explotación de los hidrocarburos no convencionales.
Entre esos socios inversores, además de los minoristas de esta semana, se sumarán los mayoristas a captar desde el lunes 17/12, y la confirmación de inversores de capital, entre los que despuntan la familia Bulgheroni asociado a los capitales chinos, y la estadounidense Chevron, demandada en la justicia argentina por 19.000 millones de dólares por daño ambiental en Ecuador, derivado de explotación petrolera entre 1965 y 1990 por la Texaco, adquirida por la transnacional estadounidense.
Como siempre insistimos, además de la cuestión financiera, bien vale la pena discutir el destino de los hidrocarburos en cuestión, pero eso es otra discusión.
La hipoteca
En años de la dictadura, YPF fue la empresa estatal más endeudada, algo increíble en momentos de alza de los precios internacionales del petróleo. La explicación está en el papel del Estado al servicio de los intereses de las clases dominantes, lo que definió la política económica desde 1975/76, con el endeudamiento como mecanismo privilegiado para consolidar la dependencia argentina al capitalismo mundial.
En los 90 no solo se privatizó a YPF, sino que la deuda profundizó las reformas estructurales diseñadas para la extranjerización en tiempos de terrorismo de Estado. Esa es la hipoteca que pende sobre nuestra sociedad y que condiciona el desarrollo.
Ahora YPF es de gestión estatal por la expropiación parcial, apenas administrando el 30% de la actividad hidrocarburífera, y configura aún una asignatura pendiente para revertir la situación gestada en los 70´ y en los 90´.
La petrolera totalmente estatal y la investigación de la deuda pública continúan siendo una asignatura pendiente para el programa de independencia necesario para discutir modelo productivo y de desarrollo para satisfacer necesidades insatisfechas del pueblo argentino.
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2012