Puede mencionarse a la gran masa de jubilados, que solo considerando los 6 millones de pasivos del sistema nacional, 2/3 de ellos perciben la mínima, menos del 50% de la canasta necesaria para una vida digna.
Ni hablar del 35% de trabajadores no regularizados, que adicionan al problema de la capacidad de consumo deteriorada por bajos salarios, la ausencia de seguridad social y laboral.
Interesa el tema inflacionario también a los trabajadores regularizados, ya que las patronales y el gobierno apuntan a concretar ajustes salariales en torno al 20% en el proceso de paritarias en curso.
El problema es que los precios aumentan cotidianamente, mientras que la actualización salarial, si existe, procede al momento del acuerdo paritario para ir deteriorándose con el tiempo.
Los ajustes de salarios en las convenciones colectivas son apenas un correctivo de lo perdido en el periodo anterior y ante la inflación diaria el deterioro de la capacidad de compra del salario es una constante, por eso se intentan estos congelamientos, que abarcan una parte de la canasta de consumo habitual de la población.
Insistamos, la inflación afecta a quienes perciben ingresos fijos, es decir, a la mayoría de la población. Ello implica, contrario sensu, una minoría no afectada por la aceleración de los precios. Esa población vive de rentas o de ganancias, derivados de emprendimientos o inversiones, en el área de la producción, los servicios, las finanzas, o la especulación.
Con lo cual, la mayoría de la población, unos 2/3 del total no tiene defensa ante la inflación, salvo la administración de la penuria o la escases en función de los ingresos de cada quién. La minoría enriquecida no define su gasto en función del alza de los precios. No se frena el gasto tradicional, ni el suntuario, de un tercio de la población. Este sector, minoritario, pero numeroso, unos 13 millones de personas, que pueblan los lugares turísticos en vacaciones o feriados largos (que ahora abundan en la Argentina), son el principal beneficiario del mecanismo redistributivo que supone el fenómeno de la inflación.
Se pretende señalar que no todos pierden con la inflación, al contrario, la inflación es un mecanismo redistributivo del ingreso y la riqueza socialmente creada. Es como lo hemos sostenida varias veces, un mecanismo de poder.
¿Puede la política económica frenar la inflación?
Convengamos que no es sencillo, especialmente por ser una cuestión de poder. ¿Los acuerdos de congelamiento sirven? Solo por el tiempo de vigencia del acuerdo, siendo una gran incógnita el día después, salvo nuevos y seguidos acuerdos, que como expresa el “congelamiento”, suspenden la discusión por el tema de fondo, que es el alza de precios como mecanismo de defensa de la ganancia empresaria.
Para resolver el tema de la inflación se necesita confrontar con el poder, con los fijadores de precios. Es una decisión política que va más allá de cualquier acuerdo de precios, una estrategia ya utilizada por la actual gestión y otras administraciones nacionales, no siempre con éxito.
Para tener éxito en el control de los precios y la inflación se requiere la participación popular consciente, especialmente de los trabajadores sobre el sector con capacidad de elevar preciso en el mercado, en general, los sectores económicos de mayor concentración del capital.
Ese protagonismo social es parte de la tarea de constituir un sujeto popular muy amplio que intervenga en el control de precios donde éstos se forman. Ello supone capacidad de los trabajadores para intervenir en el establecimiento de los costos y los precios, lo que implica acceso a los registros contables y a los mecanismos de la producción, el financiamiento y la comercialización de los bienes y servicios.
Es algo que seguramente no aceptará el sector empresario, acostumbrado como viene a una lógica de impunidad ante el debilitamiento sindical y político de los trabajadores.
Esto que proponemos nunca se aplicó en la Argentina, siempre se confió en acuerdos de cúpulas empresarias y gobiernos, o buena voluntad de los propietarios de empresas. En la práctica, la supervisión de esos acuerdos queda en manos de los propios actores o de una debilitada burocracia estatal, con escasa o nula capacidad para hacer efectiva la medida.
Al mismo tiempo se requiere modificar el régimen tributario y en lugar de asentar la recaudación en el IVA, reorientar la captura de fondos para el fisco sobre la base del impuesto a las ganancias, eliminando exenciones (a los jueces, por ejemplo) y gravando las rentas derivadas de las actividades bursátiles y financieras.
La inflación expresa una relación social de poder y solo puede resolverse enfrentando el poder de aquellos que tienen capacidad de incrementar los precios con impacto diferencial en diferentes capas de la inflación. A solo modo de ejemplo podemos decir que el presupuesto estatal en salarios alcanzaba al 30% del gasto público hace 40 años, y el deterioro recurrente lo deja en la actualidad en un 10%.
Nadie puede culpar al ajuste salarial como responsable de la inflación con datos como el referido, no muy distinto en el sector privado. En un largo periodo se demuestra la caída del ingreso de los trabajadores y las mejoras relativas de las ganancias del sector de la dominación.
El argumento contra la actualización salarial supone pensar que es mejor que sea amplio el fenómeno de los trabajadores no regularizados, y ni pensar en la materialización del 82% móvil para los jubilados, ya que eso sería inflacionario en el argumento hegemónico. Un disparate argumental para mantener a gran cantidad de la población con insatisfacción de sus necesidades.
En definitiva, el problema está en el modelo productivo y de distribución, que favorece a las clases dominantes en la apropiación del producto social del trabajo, y uno de los mecanismos de esa apropiación es la inflación. La inflación, o su contrario, la deflación, son mecanismos del poder que utilizan las clases dominantes para defender la rentabilidad del capital.
Como siempre decimos, el problema es quién tiene el poder, y si los trabajadores y el pueblo, la mayoría de la población pueden intervenir en frenar el alza de precios y revertir la ecuación de beneficiarios y perjudicados en la Argentina.
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2013