En la madrugada del martes 3 de noviembre las autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP) decretaron la intervención del Banco Ueno por «solvencia insuficiente». Millones de trabajadoras y trabajadores amanecieron con sus cuentas bancarias bloqueadas, sin poder disponer de sus escasos dineros o realizar sus negocios en una sociedad que se había bancarizado casi explosivamente en los últimos tres años. Más aún, en ese banco estaban depositados unos 350 millones de dólares de los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) la entidad jubilatoria de los trabajadores del sector privado, sin contar otros 500 de diversos entes estatales incluida la Caja Fiscal, la caja jubilatoria de los trabajadores del sector público.

Pero las cosas no ocurren de la noche a la mañana, como hongos después de la lluvia, tienen su historia generalmente larga y complicada.

Cómo se llegó a esta situación y sus protagonistas.

El grupo Vázquez es un conglomerado empresarial que a inicios de la década de 2020 manejaba, entre otras, una empresa financiera y de crédito. El señor Santiago Peña era accionista de ese grupo. Luego de que Peña asumiera la presidencia de la república esa empresa recibió del BCP la autorización para convertirse en banco con el nombre de Ueno Bank, en noviembre de 2023. Previamente, en setiembre de ese año el presidente Peña designó como presidente del BCP a Carlos Carvallo Spalding, quien hasta ese momento era gerente de aquella empresa de crédito.

Peña tuvo que deshacerse de sus acciones en las empresas del grupo Vázquez en marzo de 2025 debido a profusas denuncias periodísticas.

Se dice que Ueno pudo convertirse en banco gracias a algunas modificaciones en las reglas del BCP sobre ese asunto. En 2024 Ueno absorbió Visión Banco, lo que le permitió expandir fuertemente su base de clientes.

A partir de este evento Ueno, mediante osados incentivos y facilidades, promovió la bancarización de los trabajadores cuentapropistas y de todos aquellos asalariados que los bancos «tradicionales» no los consideraban dignos se incorporarlos como clientes. Se estima unos tres millones de clientes entre personas individuales y micro y pequeñas empresas.

Al principio de su presidencia Peña aconsejó a los directivos de los diversos entes estatales que depositaran en Ueno los dineros que administraban. En el caso particular del IPS el directorio, nombrado por Peña, modificó en más de una ocasión el límite de los fondos que podían ser depositados en una misma institución financiera o bancaria. Es así como Ueno recibió las cantidades señaladas anteriormente, unos 350 millones de dólares del IPS, más otros 500 de diversos entes del Estado.

Por su parte Ueno prestaba generosas sumas de dinero a empresas vinculadas al grupo Vázquez sin tener en cuenta los requisitos que establece la legislación. Se creaban empresas a cuyo frente se colocaban empleados de confianza y prontamente recibían decenas de millones de dólares. Esa dinámica sólo podría sostenerse si Ueno lograba captar fondos frescos, ya sea del Estado o de las personas, pero pronto se alcanzaron los límites estructurales de la economía paraguaya y se llegó a la situación de «solvencia insuficiente» y a la madrugada del 3 de noviembre.

Las prácticas financieras de Ueno venían siendo denunciadas por diversos medios de prensa pertenecientes a grupos empresariales rivales de quienes se agrupan alrededor del expresidente Horacio Cartes, (objeto de diversas acusaciones, investigaciones y sanciones internacionales, que lo

vinculan con lavado de dinero, contrabando y supuestas conexiones con el crimen organizado y el narcotráfico), presidente del Partido Colorado y quien impulso a Peña a la presidencia del país.

Es de destacar la cómplice actuación del BCP que hizo oídos sordos a las múltiples denuncias que se realizaban a través de la prensa, sobre todo durante el presente año. El BCP actuó sólo a último momento.

[Alhelí González Cáceres en el artículo «Crisis financiera en el gobierno de los economistas» analiza las entrañas de esta caída, el rol de los fondos previsionales del IPS y cómo la valorización del capital ficticio se sostiene a costa de las necesidades de la clase trabajadora. https://adelantenoticias.com/2026/11/03/crisis-financiera/ ]

Algunas cuestiones técnicas

En el año 1995 quebró un banco y esto arrastró a varios otros y muchísima gente perdió sus ahorros. A raíz de esta experiencia por una ley se creó a finales de 2003 un Fondo de Garantía de Depósitos para proteger parcialmente el ahorro del público en caso de resolución o disolución de una entidad bancaria o financiera.

Este fondo protege depósitos hasta 75 salarios mínimos (unos 35.000 dólares). Se estima que gran parte de los pequeños ahorristas y trabajadores serán salvados por este fondo. No así los grandes depósitos, los del IPS entre ellos.

Se ha planteado ampliar los alcances de ese fondo pero aún no hay decisión tomada.

Consecuencias

Al desatarse la crisis los trabajadores afectados por el bloqueo de sus cuentas fueron presa de la angustia, de la incertidumbre, varios expresaron que no sabían si comerían ese día.

Con el paso de las horas la angustia se fue convirtiendo en indignación.

Ese mismo día varias organizaciones sociales y sindicales clasistas convocaron a reuniones para analizar la situación y trazar planes de acción. A la tarde mucha gente auto convocada se reunía en el centro de Asunción a protestar y a ellos se unieron las organizaciones citadas. No así las centrales sindicales afines al gobierno que llamaban a un diálogo con las autoridades.

Por su parte los empresarios financieros trataban de calmar a la población diciendo que el problema era puntual, de un solo banco y que el sistema bancario y financiero nacional estaba sólido y solvente.

El grupo político parlamentario opositor echaba la culpa al poder ejecutivo y a las autoridades del Partido Colorado y planteaba un juicio político al presidente y vice presidente. Esto se convirtió en una demanda de la gente en la calle además de pedir enjuiciamiento, castigo y confiscación de bienes de los responsables: los directivos del banco, las autoridades del BCP y autoridades políticas del país.

El BCP, apoyado por una ley de urgencia, ha tomado medidas para devolver dinero de manera inmediata hasta un monto limitado a los afectados. Estas medidas se han anunciado y se implementarán a lo largo del resto de la semana.

En la Cámara de Diputados se ha presentado un pedido de juicio político que ha comenzado a tramitarse en la fecha, con fuerte posibilidad de ser aceptado y pasado al Senado para su resolución.

Asunción, 5 de noviembre de 2026.