I. La resistencia como una constante en la práctica política
La tradición de organización y lucha del pueblo argentino tiene una importante historia, y es visible en la coyuntura contra la política de la ultraderecha, especialmente en las grandes ciudades del país y en los nuevos territorios de la acumulación capitalista, asociados al desarrollo minero, de la energía y las nuevas tecnologías. Los espacios de la concentración urbana sufren las consecuencias de la ofensiva por el ajuste fiscal y la reaccionaria reestructuración del capitalismo local, convocando a desconformidades, protestas y resistencias varias. Al mismo tiempo, crecen las confrontaciones a las políticas públicas en localidades de menor peso relativo de asentamiento poblacional, pero de enorme significado en la ampliación de la explotación de la fuerza de trabajo y el saqueo de los bienes comunes. Este es un tema asociado a las protestas en defensa del medio ambiente y en contra del extractivismo exacerbado que promueve el saqueo y la destrucción del hábitat. El problema es quién representa políticamente esta resistencia.
Cualquier visitante extranjero que ingrese por Buenos Aires al país se encontrará todos los miércoles con la “marchas de las jubiladas y los jubilados”, que hace más de tres décadas pueblan la geografía a las puertas del Congreso de la Nación, una dinámica exacerbada desde la asunción de Milei en diciembre de 2023 y que se generaliza federalmente en todo el territorio nacional. En simultáneo, podrán observarse fortísimos operativos de seguridad que, al reprimir, son destacados por el morbo de los medios de comunicación. La represión incluyó la agresión a un fotoperiodista, quien recibió un impacto directo en la cabeza que lo mantuvo durante meses en terapia intensiva. Aún hoy, más de un año después del episodio, continúa en proceso de recuperación, mientras avanzan las investigaciones judiciales sobre las responsabilidades derivadas del operativo. Vale mencionar que se trató de un episodio que convocó la más amplia solidaridad social en repudio al accionar represivo de la política oficial de la ultraderecha. Interesa más el “desorden” que la difusión de los reclamos de las y los movilizados.
En el mismo sentido que el movimiento de jubiladas y jubilados ‒de hecho, el sector social más afectado por las políticas de ajuste y reducción del déficit fiscal, que impactan a cerca de ocho millones de argentinas y argentinos‒, son diversas las movilizaciones que expresan la protesta y el conflicto social en el país.
Un caso especial, que acontece desde hace ya medio siglo y mantiene una notable visibilidad, es el de las “rondas de los jueves” de las Madres de Plaza de Mayo, movilizadas en torno a la Pirámide de Mayo, en un espacio emblemático de la política argentina.
De lucha especifica se transformó en la bandera por los derechos humanos y la memoria contra el terrorismo de Estado, ejemplo que potencia las luchas feministas y por las diversidades, contra la discriminación y el racismo. La lucha de las madres y de jubiladas y jubilados expresa la universalidad del conflicto social en el país.
No se agota la presencia recurrente de movilizados en las demandas de las Madres o de jubiladas y jubilados. Destaca el movimiento obrero organizado en sindicatos y en el territorio, con paros generales y movilizaciones sociales en demandas por históricos derechos laborales, educativos, sanitarios, por la energía o la vivienda, contra la carestía de la vida y la inflación, por diversas demandas sociales, afectados por la ofensiva capitalista desde la emergencia de la dictadura genocida, incluso desde antes. Remito a la ofensiva del capital y de la derecha argentina desde 1975/761. hasta el presente. Un proceso acelerado en tramos especiales bajo gestión cívico militar entre 1976 y fines de 1983; potenciado bajo gobiernos constitucionales en la década del 90 y más recientemente en la gestión de Mauricio Macri (2015/19) y ahora bajo presidencia de Javier Milei y cómplices desde 2023.
Claro que esa lucha popular acontece en simultáneo con una desazón social ampliada ante el descrédito del régimen político luego de décadas de gobiernos constitucionales (1983-2026) que no resolvieron las urgentes necesidades y expectativas de la sociedad, especialmente de los jóvenes. Al mismo tiempo, la ausencia de alternativa política puede explicar que, pese a la tremenda agresión del ajuste y la regresiva reestructuración tras dos años del gobierno Milei, aún no haya un levantamiento popular tal como aconteció en otros momentos, por caso, en 2001. La movilización y lucha actual recorre una experiencia que supone un debate con los afectados por la política pública, al mismo tiempo que acumula en la perspectiva de construir una alternativa política que genere entusiasmo y perspectiva de triunfo para una transformación social que apunte a satisfacer las necesidades populares.
I. 1 Hay historia de la resistencia
No es sorpresa que exista resistencia organizada en la Argentina. La resistencia popular tiene una larga historia que se remonta a la confrontación contra el proceso de conquista y colonización de los pueblos originarios. No todo fue aceptación ni adecuación a la violencia colonial. En esa tradición se inscribe la lucha por la “independencia”, que supuso la confrontación entre proyectos políticos distintos. Uno, minoritario y aún en búsqueda de su materialización, orientado hacia la emancipación y asociado a una perspectiva similar a la de la “Patria Grande” imaginada por los libertadores. Se trata de una asignatura todavía pendiente. El otro, hegemónico, buscó y busca un lugar dentro del orden capitalista mundial: un lugar dependiente y subordinado, especialmente en el contexto del desarrollo monopolista del régimen del capital y de la expansión imperialista del capitalismo.
Esta lógica de inserción subordinada en el capitalismo mundial explica la tradición de lucha y resistencia anticolonial, antiimperialista y anticapitalista. Una tradición que convive con proyectos políticos sustentados en la “conciliación de clases”, hegemónicos durante períodos de “defensiva capitalista”, especialmente entre 1930 y 1980.
El origen del sindicalismo argentino tiene antecedentes en la inmigración, principalmente europea, de finales del siglo XIX y comienzos del XX, que incorporó ideas y prácticas de organización y lucha provenientes del anarquismo, el socialismo y el comunismo. Se trata de una impronta de confrontación con el poder oligárquico e imperialista, asociado al gran capital de origen local, particularmente al de la clase terrateniente.
Luego de la segunda posguerra mundial y la dinámica de industrialización impulsada para toda la región latinoamericana y caribeña, se impone una cultura por el desarrollo del “capitalismo nacional”, lo que supone acuerdos estratégicos que sustentan la conciliación social en la mejora de ingresos de las y los trabajadores y las patronales. Es la era de las políticas keynesianas en todo el mundo, matizada según las especificidades nacionales en cada país, que en la Argentina suponía la emergencia de una “burguesía nacional”.
Remito a dos momentos en la organización y la lucha del movimiento obrero y sindical argentino. El primero, de tradición clasista, se extendió hasta mediados de la década de 1940. El segundo, hegemónico desde entonces hasta el presente, corresponde a una perspectiva asociada a la conciliación de clases, aunque no exenta de disputas internas sobre quién debe hegemonizar ese proyecto: las patronales o la clase trabajadora.
El terrorismo de Estado, iniciado en 1975 y profundizado con la dictadura genocida instaurada en 1976, se ensañó con ambas tradiciones de organización y lucha del movimiento obrero argentino. Desde entonces, la organización económico-social del capitalismo local se ha afirmado sobre un deterioro de la distribución del ingreso en favor del capital y en detrimento del trabajo, así como sobre la persistencia y recurrencia de condiciones laborales y salariales precarias en la explotación de la fuerza de trabajo.
La ofensiva del capital contra el trabajo solo fue amortiguada por algunas experiencias de gobierno que asumieron una posición crítica frente al rumbo neoliberal durante este medio siglo. Sin embargo, la esencia del proceso histórico ha sido la ofensiva capitalista contra el trabajo, lo que incluye la profundización de un modelo productivo y de desarrollo orientado a la precarización de las condiciones de producción y exportación, junto con la persistencia de una relación de dependencia respecto del orden transnacional del régimen del capital.
II. ¿Quién representa políticamente a la resistencia?
La tradición de organización y lucha se mantuvo, al mismo tiempo que se deterioró la representación política del movimiento obrero y popular, lo que posibilitó el ascenso electoral de las derechas.
En 2015 asumió por primera vez la presidencia, mediante el voto popular, un candidato que no provenía de ninguno de los dos partidos políticos tradicionales: el radicalismo y el peronismo. Desde 1916 y hasta 2015, los presidentes constitucionales surgieron de estas dos fuerzas políticas, que expresaron durante un siglo la principal representación política del movimiento sindical y social argentino.
En la actualidad se observa un quiebre entre la legitimidad del movimiento sindical y social, por un lado, y la representación política electoral, por el otro, situación que ha favorecido la emergencia de presidentes de derecha con respaldo electoral durante la última década.
Lo que pretendo enfatizar es la importancia de la resistencia obrera y popular, al mismo tiempo que se manifiesta una crisis de la representación política, dando lugar a un proceso de reconversión de la política en la Argentina. Este es el principal dilema de la lucha de clases local. La dominación avanza con un plan histórico de reconversión regresiva del capitalismo, iniciado hace medio siglo y que se encuentra con la posibilidad de consolidar la reversión de derechos conquistados por la lucha obrera y popular durante un siglo y medio, entre 18752 y 2026.
No es falta de lucha y resistencia el problema en la Argentina, sino la ausencia de un proyecto político y de una estrategia de las organizaciones populares que asumen la perspectiva de la revolución contra el régimen del capital y por la emancipación.
Desde que asumió la presidencia, Milei ha encabezado un gobierno de minoría, sin mayorías en las Cámaras de Diputados y Senadores, sin gobernadores propios en las provincias ni intendentes en los municipios. Desde el inicio de su gestión, el gobierno ha enfrentado innumerables protestas y acciones de confrontación social. Sin embargo, ha avanzado en diversas reformas estructurales regresivas, entre ellas, especialmente en la reaccionaria reforma laboral contra los derechos sindicales, laborales, sociales, individuales y colectivos aprobada en febrero de 2026.
Eso fue posible por la complicidad del poder político, legislativo, judicial y el que se ejerce desde las provincias argentinas. Ahí aparece la contradicción entre la movilización popular, su representación política y la institucionalidad que otorga cobertura y “legalidad” a las acciones del gobierno de Milei. Toda una contradicción entre la “identidad” de la mayoría de los sujetos que protagonizan las protestas y la de quienes representan a la sociedad en los poderes del Estado. El radicalismo y el peronismo, como identidades mayoritarias de la tradición “democrática” en la Argentina y con expresión institucional en el régimen político, avalaron mayoritariamente las reaccionarias políticas de Milei, por lo que son cómplices y contradicen la identidad política mayoritaria entre quienes protagonizan la resistencia popular.
No es falta de lucha y resistencia el problema en la Argentina, sino la ausencia de un proyecto político y de una estrategia de las organizaciones populares que asumen la perspectiva de la revolución contra el régimen del capital y por la emancipación.
Desde que asumió la presidencia, Milei ha encabezado un gobierno de minoría, sin mayorías en las Cámaras de Diputados y Senadores, sin gobernadores propios en las provincias ni intendentes en los municipios. Desde el inicio de su gestión, el gobierno ha enfrentado innumerables protestas y acciones de confrontación social. Sin embargo, ha avanzado en diversas reformas estructurales regresivas, entre ellas, especialmente en la reaccionaria reforma laboral contra los derechos sindicales, laborales, sociales, individuales y colectivos aprobada en febrero de 2026.
Eso fue posible por la complicidad del poder político, legislativo, judicial y el que se ejerce desde las provincias argentinas. Ahí aparece la contradicción entre la movilización popular, su representación política y la institucionalidad que otorga cobertura y “legalidad” a las acciones del gobierno de Milei. Toda una contradicción entre la “identidad” de la mayoría de los sujetos que protagonizan las protestas y la de quienes representan a la sociedad en los poderes del Estado. El radicalismo y el peronismo, como identidades mayoritarias de la tradición “democrática” en la Argentina y con expresión institucional en el régimen político, avalaron mayoritariamente las reaccionarias políticas de Milei, por lo que son cómplices y contradicen la identidad política mayoritaria entre quienes protagonizan la resistencia popular.
De ahí nuestro interrogante sobre la representación política de la protesta y la resistencia popular. Esa contradicción es expresión de la derrota de una estrategia histórica del movimiento obrero y popular, con reivindicaciones clasistas hasta los inicios de la década del 40 del siglo pasado y luego y, especialmente, en los 60 y 70 bajo las consignas antiimperialistas por la liberación contra la dependencia. En este sentido fue emblemático el debate televisivo en febrero de 1973 entre el dirigente clasista Agustín Tosco y el representante oficialista de la CGT, José Ignacio Rucci. La esencia de la polémica se daba entre el proyecto socialista sustentado por Tosco y el del peronismo defendido por Rucci. La liberación contra la dependencia fue la consigna que hegemonizó a la diversidad de la identidad peronista, mayoritaria en el movimiento obrero y popular.
III. Principales resistencias y los debates estratégicos
A la cabeza de la resistencia se encuentran los paros generales nacionales, impulsados por las centrales sindicales: la Confederación General del Trabajo (CGT), mayoritaria, y las dos CTA (Central de Trabajadores de la Argentina): la Autónoma (CTAA) y la de los Trabajadores (CTAT), junto con sus respectivas organizaciones afiliadas en todo el territorio nacional. Destacamos la figura del “paro nacional” porque constituye una medida que arrastra al conjunto de la conflictividad social, paralizando en buena medida la actividad económico-social y expresando una posición de confrontación política frente al rumbo impulsado desde el poder político. Más aún, ante la reticencia de las centrales sindicales, en especial de la CGT, a convocar paros y movilizaciones, esa demanda se ha convertido en la principal consigna de los sujetos que protagonizan la resistencia cotidiana frente a la política de ajuste y de regresiva reestructuración promovida por Milei y sus aliados en el poder del Estado.
La política pública ha generado desde diciembre del 2023, entre otras consecuencias, el cierre de más de 25.000 empresas y la pérdida de más de 300.000 empleos formales: más de 200.000 del sector privado, unos 80.000 del sector estatal y el resto de casas particulares. El desempleo se atempera por el impacto del crecimiento del trabajo informal en la economía de plataforma, repartidores, choferes, etc., engordando la irregularidad en el empleo, que involucra a más del 50 % de la población trabajadora. Todo abonado por la condicionalidad del endeudamiento externo ratificado en renegociaciones bajo la sumisión al FMI y a grandes acreedores externos hegemonizados por el capital financiero mundial.
En ese contexto es que crece la conflictividad, con acciones desarrolladas en empresas y ramas de actividad, especialmente en los sectores más afectados: el comercio, la industria y la construcción, actividades económicas que explican la mayor parte del empleo en el país y también el renovado fenómeno del desempleo. Los datos de crecimiento económico de Argentina, del 4,4 % para 2025, se explican por el impacto generado en la producción y las exportaciones tanto por la minería como por el sector energético, especialmente los hidrocarburos no convencionales ‒petróleo y gas‒, junto con las expectativas de radicación, mediante inversión externa, de “centros de datos” y empresas vinculadas a la digitalización y la innovación tecnológica.
Un dato curioso es que el impacto regresivo de la política económica aún no genera una respuesta corporativa por parte de las principales cámaras empresariales ni de las expresiones más representativas del poder económico tradicional. Esto se explica por el acuerdo ideológico y político que mantienen con el rumbo del gobierno de Milei, en torno al objetivo común de reducir los ingresos populares, los salarios y las jubilaciones, con la perspectiva de recomponer la tasa de ganancia. Una parte del poder económico tradicional padece las consecuencias de la política oficial impulsada por la derecha en el gobierno, pero mantiene la expectativa de que los cambios estructurales en la relación entre capital y trabajo habiliten un período de recomposición de los intereses del capital.
Las pérdidas de ingresos son cuantiosas entre jubiladas/os y trabajadoras/es y, como ya se señaló, también afectan a pequeños y medianos sectores de la economía. Este fenómeno extendido de sectores perjudicados por el programa de Milei, pese a la amplitud de la protesta y la resistencia social, aún no encuentra una respuesta de síntesis política alternativa.
En ese marco, en el ámbito político, hay quienes impulsan la construcción de un “frente político” contra Milei. Otros sostienen que esa puede ser una estrategia limitada, ya que, al no confrontar la dinámica histórica de reconversión regresiva de la estructura económico-social de la Argentina, podría reiterar experiencias recientes de gobiernos que asumieron bajo rótulos “progresistas” y que, sin modificar sustancialmente el modelo productivo y de desarrollo, habilitaron el retorno de programas de derecha y ultraderecha, siendo el gobierno de Milei un caso paradigmático.
La realidad de la resistencia se amplía con las masivas protestas de la comunidad educativa, especialmente en defensa de la universidad pública y del ámbito de la salud. Son protestas dinamizadas por las organizaciones sindicales de la educación y la salud, pero que involucran al amplio espectro de la sociedad en defensa de la educación y la salud pública. La ofensiva capitalista contra los derechos a la educación o la salud tiene historia y se agravan en el presente con las privatizaciones que se arrastran desde los 90 y las políticas de ajuste fiscal gubernamental, incluso a contramano de legislaciones específicas que se dictaron en este tiempo para el financiamiento educativo y del ámbito de la salud.
El discurso oficial ataca consensos históricos construidos a través de luchas centenarias, entre las que destacan, en los últimos años, las impulsadas por los feminismos populares y el ambientalismo. En efecto, la prédica contra la cultura “woke” encontró una respuesta masiva del movimiento LGBT+, expresada en marchas contra el fascismo que tuvieron lugar en 2024 y 2025, con una masiva participación social en rechazo al discurso oficialista de carácter racista y discriminatorio.
En las luchas ambientales destaca la defensa del agua, especialmente a través de la organización popular contra la minería en la provincia de Mendoza, así como frente a las concesiones vinculadas a la circulación por el río Paraná y otros territorios donde la contaminación aparece como una consecuencia previsible de un modelo productivo que exacerba el productivismo y el saqueo de los bienes comunes.
IV. Una asignatura pendiente
Interesa resaltar que las movilizaciones masivas tienen como horizonte la crítica a las políticas oficialistas y pese a la masividad y consenso socio-político logrado, no expresan aun una síntesis política para una nueva representación popular que levante el programa de esas múltiples protestas y movilizaciones.
Entre las principales gestas de movilización popular se encuentran las reiteradas de los “24 de marzo” en memoria y rechazo al golpe de 1976, hace 50 años. Del mismo modo se pueden citar las grandes concentraciones por el 8M que dan cuenta del aporte de las luchas feministas y de las diversidades sexuales al proyecto emancipador en su conjunto.
La ausencia de una alternativa política constituye el principal límite de la importante resistencia al programa de la derecha en el gobierno, que expresa la demanda del gran capital de disciplinar al movimiento popular para avanzar en un proyecto de reconfiguración reaccionaria del capitalismo local. En ese sentido, Milei representa una continuidad del proyecto impulsado por la dictadura genocida (1976-1983), del programa de corte neoliberal desarrollado por Menem (1989-1999) y De la Rúa (1999-2001), seguido por la presidencia de Macri (2015-2019), y ahora por el propio Milei, con la pretensión de extender su proyecto mediante un segundo período de gobierno entre 2027 y 2031.
El proyecto de la ultraderecha en el gobierno se propone cerrar el ciclo iniciado en 1975-1976 para reestructurar el capitalismo local en sintonía con las búsquedas de las clases dominantes a escala mundial. En plena crisis pandémica, el Foro Económico Mundial (FEM) convocó a “resetear” un capitalismo en crisis. Expresión de ello es la disputa por la hegemonía sobre las innovaciones tecnológicas, los mercados y la reestructuración regresiva de las relaciones laborales y previsionales en favor del capital. De ahí el desorden mundial, las sanciones unilaterales de Estados Unidos y la complicidad de sus socios globales, la creciente militarización y la expansión del gasto militar y del capitalismo delictivo, con la ampliación del comercio de drogas, de armas y de la trata de personas, agravando, además, mediante el productivismo, la dimensión ambiental de la crisis.
Milei no solo forma parte de este programa, sino que también ensaya modalidades propias con pretensión de proyectarlas al capitalismo global. Por ello, su política no puede caracterizarse estrictamente como “nacionalista”, a diferencia de lo que suele afirmarse respecto de otros gobiernos de derecha, como los de Trump, Bolsonaro, Kast o Bukele, por mencionar algunos liderazgos regionales; aunque, desde luego, también resulta discutible el supuesto “nacionalismo” de estos dirigentes.
El proyecto de liberalización pretende alcanzar una dimensión universal y se sustenta en la crítica al socialismo y al reformismo, a Marx y su tradición, así como a Keynes e incluso a la tradición neoclásica, corrientes que, según el cultor de la escuela austríaca, privilegian la intervención directa del Estado en la vida económica y social. Milei se define como liberal libertario y anarco-capitalista, lo que supone una orientación liberalizadora extrema como vía para reimpulsar el régimen del capital a escala global.
La resistencia popular en la Argentina constituye, por lo tanto, una búsqueda de estrategias para confrontar el proyecto más reaccionario de la ofensiva capitalista global. Forma parte de una perspectiva que la izquierda y el movimiento revolucionario mundial necesitan reinstalar en el imaginario social contemporáneo. Ello supone la reorganización del movimiento obrero y popular.
El proyecto revolucionario, así como la estrategia orientada a la revolución, encontró límites en la ofensiva capitalista desplegada tras la crisis de las décadas de 1960 y 1970. A ese proceso se lo ha denominado “neoliberalismo”, aunque no se trata de un fenómeno nuevo ni estrictamente liberal, pues se sustenta en una fuerte intervención estatal que potencia el gasto y la acción militar, de seguridad y defensa ‒es decir, la guerra‒, al tiempo que estimula la especulación basada en el capital ficticio.
Por ello es que las clases subalternas y la potencia del proyecto revolucionario requieren de nuevas experiencias que habiliten la emergencia de una estrategia con posibilidad de triunfo, en contra del capitalismo y por el socialismo.
La experiencia de la lucha en la Argentina es parte de las búsquedas en el ámbito mundial por recrear una teoría y práctica de la revolución. Una búsqueda que tiene historia en las expectativas dc cambio político en la primera década de este siglo en la región latinoamericana y caribeña, en el empecinamiento cubano pese a la profundización del bloqueo; en las luchas anticoloniales africanas o las expectativas de sostener un proyecto socialista en el mundo para la preservación del medio ambiente y de la humanidad.
Por eso, los límites de la resistencia en Argentina o en otros territorios pasa por su alcance nacional. Requieren de una mirada más amplia, regional y mundial, en el horizonte imaginado por Martí de un territorio de Nuestra América, a contramano de la concentración hemisférica que propone Donald Trump en su disputa por sostener la hegemonía estadounidense.
La inestabilidad constituye una característica central del orden económico y político en la Argentina, marcada por una ofensiva del gran capital contra la mayoría de la población, especialmente contra la masa trabajadora. El proyecto de reconversión lleva ya cincuenta años y aspira a restaurar una hegemonía anterior a la consolidación de los gobiernos constitucionales, a un orden retrógrado y conservador, caracterizado por la impunidad del capital en los procesos de explotación y saqueo. Se trata de un proyecto autoritario que, mediante el consenso construido por los medios de comunicación y las redes sociales, así como a través de mecanismos ideológicos y culturales, logra obtener votaciones suficientes ‒más allá del descreimiento ciudadano y del ausentismo electoral‒ para otorgar legitimidad a un rumbo reaccionario y antipopular.
Frente a esa perspectiva se sitúan las experiencias actuales de lucha y resistencia, junto con el desafío de renovar en el imaginario mayoritario el sueño eterno de la emancipación y la revolución.