Sin embargo debemos reconocer que mucho se ha avanzado en la lucha por los mismos en particular el desarrollo de causas judiciales por delitos de lesa humanidad, que permitió el juzgamiento y condena a responsables del genocidio en Argentina.
El accionar permanente de los organismos de DDHH y otras organizaciones sociales, sindicales, culturales y políticas permitieron avanzar a pesar de las leyes de la impunidad, los indultos, la indiferencia de muchos gobernantes y la actitud reaccionaria de sectores de la justicia.
El saldo es positivo pero aún insuficiente porque no nos podemos conformar como Pueblo con un número de condenados que no llega a los quinientos genocidas. Es impensable que un grupo tan reducido haya sido capaz de aterrorizar nuestro País durante tanto tiempo. En realidad debemos hablar de decenas de miles de responsables.
Por lo tanto lo que resta es INVESTIGAR y mucho. En tal sentido el Estado tiene las herramientas más idóneas para llevar adelante tan ardua tarea en carga de los organismos estatales en general, de inteligencia en particular y el Poder judicial.
Pero nada de eso es posible si no existe la voluntad política de hacerlo.
Nos preocupan algunas declaraciones de la Presidenta cuando sostiene que en el 2015 desea entregar el mando presidencial con los juicios terminados; o cuando hace una caracterización equivocada sobre las Fuerzas Armadas sosteniendo que han tenido conductas antipopulares recién a partir de 1930 y no antes; o cuando trata de sostener la propuesta de Milani como Jefe del Ejército a pesar de las denuncias que obran contra el militar desde hace años.
Las dudas y la preocupación nos asaltan de inmediato. ¿Cómo se puede hacer para cerrar todos los juicios en diciembre de 2015? ¿Acaso no se va a seguir investigando? Alemania, setenta años después del nazismo no ha cerrado el proceso.
¿El Ejército de Roca, la Semana Trágica o la Patagonia Rebelde era nacional y `popular?
La propuesta de ascenso de Milani, ¿se condice con el compromiso de respeto a los derechos humanos? Hay que tener presente que la denuncia de Olivera es de 1984.
La pregunta es ¿cuántos casos como el de Milani existen y hace que haya muchísimos personajes siniestros agazapados “protegidos” por la falta de investigación y juicio?
No alcanza con la postergación del tratamiento de su pliego hasta diciembre. Debe ser inmediatamente separado de su cargo hasta que haya una sentencia firme.
Si el Gobierno nacional o la Presidenta se equivocaron lo mejor, lo más sano es reconocerlo y rectificarse. Una sola duda los obliga a dar marcha atrás con la propuesta.
Caso contrario la apelación a la lucha por los DDHH es oportunismo, demagogia y perversidad.
Hugo Blasco – Secretario DDHH – CTA nacional