La salud es mucho más que la atención médica: es el derecho a la vivienda digna, al ambiente sano, a la educación, la alimentación, la cultura, y todas las necesidades que sostienen nuestras vidas. Pero el acceso a los servicios y los medicamentos son factores ineludibles de cualquier proceso de cuidado de la salud, que determinan los perfiles de desigualdad del vivir, el enfermar y el morir.
En menos de una semana, pilares fundamentales del derecho a la salud se vieron arrasados por la política de la motosierra. La Salud Pública, tanto de gestión estatal como privada, ha sido esta vez el blanco directo del desguace del Estado bajo la gestión del gobierno nacional, con la misma crueldad que se ha avanzado sobre las/los trabajadores, jubilados, personas con discapacidad y muchos otros sectores vulnerados de nuestra sociedad. Casi de un plumazo y sin aviso, se pretende abandonar a su suerte a millones de personas en su derecho primordial a tener salud.
El programa Remediar, creado en 2002, brindaba desde entonces acceso gratuito a medicamentos esenciales para el tratamiento de patologías prevalentes en todos los rincones de nuestro país. Esa particularidad de garantizar tratamientos accesibles desde los primeros niveles de atención, es decir, centros de atención primaria en salud, hospitales rurales o postas sanitarias alejadas, se convirtió en una política que nació en la emergencia pero que se mantuvo como la principal fuente de provisión de insumos para millones de personas sin recursos económicos para su compra. A través de botiquines de distribución federal, garantizaba la llegada de medicamentos para enfermedades crónicas, como la diabetes, la hipertensión o el asma, y afecciones agudas frecuentes, tanto en adultos como infancias, dando respuesta a más del 80% de los problemas de salud de la comunidad. Su eliminación, por lo tanto, no hace más que agravar y profundizar las inequidades en salud y las disparidades entre provincias, dejando sin tratamiento a quienes no cuentan con otros seguros y dependen del Estado para su continuidad.
Al mismo tiempo, se anuncia el recorte presupuestario de las prestaciones del PAMI, que significa para los y las profesionales de salud una reducción del 50% de sus ingresos, volviendo insostenible la continuidad de la atención. Trabajadores y trabajadoras han decidido realizar un paro por 72 horas y movilizarse en contra de la medida, que tendrá un impacto directo en la salud de las y los jubilados, tanto en el acceso a consultas médicas, derivaciones, cirugías u otras intervenciones y recetas.
Sin vacunas, sin medicamentos y sin atención los ya enflaquecidos bolsillos de las y los adultos mayores se verán imposibilitados de afrontar gastos personales para sostener tratamientos, que en muchos casos incluyen la utilización de varios fármacos y apoyo de cuidados en un contexto de crisis social.
También esta semana se conoció la gravedad del estado de desfinanciamiento de las obras sociales sindicales, muchas de las cuales se encuentran al borde del colapso y la discontinuidad de prestación de servicios. Vale recordar que el sistema de seguridad social en Argentina brinda cobertura a más del 60% de la población, basada en los aportes salariales. En un escenario de ajuste y despidos masivos, el corte de atención médica provista por este sector se traslada al subsector público de salud y en forma directa a los usuarios y usuarias que se quedan sin cobertura.
El DNU 70 de 2023 que desreguló el sistema de salud bajo la idea de “libre elección” de sus afiliados/as con respecto a continuar en sus obras sociales o derivar los recursos a las prepagas va mostrando que más que un ejercicio soberano de la libertad forma parte de las estrategias empresariales para quedarse con el dinero de los/as aportantes y romper con el principio de solidaridad de la seguridad social.
Nada de esto puede traer algo bueno para nuestro pueblo. El desfinanciamiento nacional se traslada a las provincias y municipios para que afronten con recursos propios la salud de la población, con ingresos disminuidos de los fondos coparticipables, lo cual ha llevado en muchos casos al arancelamiento de servicios y prestaciones y el cese de distribución gratuita de medicamentos.
Inevitablemente los costos se trasladarán directamente a las personas y familias, que empiezan a elegir entre qué remedio costear y cuál dejar de tomar, postergar consultas o intervenciones. Se abre o más bien se retoma un debate profundo en torno a la aprobación social de la ciudadanía argentina acerca de la gratuidad de la Salud Pública. ¿Hay acuerdo en que la salud es un derecho y no un bien de mercado? ¿Existe un consenso acerca de que todos y todas por igual tenemos derecho a recibir atención oportuna y tratamiento adecuado cuando nos enfermamos? ¿O consideramos aceptable el privilegio de no morir frente a un daño prevenible o reparable de nuestra salud?
Lo que pasó esta semana no son hechos aislados. Responde a una decisión política de privatizar el sistema de salud de las corporaciones financieras que conforman el complejo médico industria desde que el neoliberalismo se instaló en Argentina. Casi en espejo con los años noventa cuando el Banco Mundial a través de su informe “Invertir en Salud” afirmaba que la gente está dispuesta a pagar por la salud y recomendaba a los Estados privatizar los servicios y costear con recursos mínimos a grupos de riesgo social, volvemos a afrontar con total crudeza la necropolítica del “sálvese quien pueda”.
Vivimos momentos de gran tensión pero también de oportunidad: sostener en un gran acuerdo de trabajadores/as, usuarios/as y toda la comunidad en defender que la salud además de pública sea gratuita, de calidad, participativa, solidaria y equitativa.
Fuente: https://huelladelsur.ar/2026/04/17/salud-publica-y-gratuita/