“Hay alguien todavía más oprimido que el obrero, y es la mujer del obrero”
Flora Tristán
Un nuevo Paro Internacional Feminista nos convoca contra la violencia machista, las desigualdades de género históricas que siguen atravesando nuestras vidas y la discriminación: brecha salarial, desmantelamiento de políticas públicas, sexismo y misoginia en estado puro desde las altas esferas del gobierno.
Por eso, este 8M nos encuentra movilizadas y juntas para enfrentar tal vez uno de los capítulos más difíciles de nuestra lucha. Desde el retorno de la democracia, la agenda feminista fue avanzando en grandes conquistas por nuestra autonomía y el derecho a decidir libremente sobre nuestros cuerpos, nuestra salud y nuestras vidas.
Hoy, la reacción conservadora de ultraderecha que gobierna pretende llevarse puestos nuestros derechos, precarizando la vida y llevándonos al límite de la supervivencia cotidiana. La crisis social y económica golpea a todos, pero más a nosotras: el 64,2% de las personas con menores ingresos son mujeres ¿Cómo impacta este contexto político en nuestra salud?
La reforma laboral recientemente aprobada en el Congreso tiene un correlato en nuestra salud. El aumento de la informalidad en sectores feminizados y la flexibilización de las condiciones que nos permiten conciliar los tiempos entre trabajo y cuidados impacta directamente en la producción de malestar físico y mental y en la posibilidad de gestionar espacios de consulta y acompañamiento.
A la vez, el desfinanciamiento de los servicios de salud pública, el arancelamiento y la pérdida de profesionales resultado de los despidos masivos configuran un escenario de encierro que termina por exponer a las mujeres en su salud. En Argentina, la prevalencia de manifestaciones como el estrés, la ansiedad y la depresión afecta principalmente a mujeres jóvenes, que sostienen trabajos precarizados y la carga de cuidados que implican el hogar y la maternidad. Si invertimos más del doble de nuestro tiempo que los varones en el trabajo doméstico no remunerado, ¿qué tiempo queda para cuidarnos y cuidar nuestra salud?
Áreas de gran sensibilidad para nosotras como las políticas públicas que garantizan los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, se vieron severamente afectadas en estos más de dos años de gobierno. Al desmantelamiento del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, conocido como ENIA, que había logrado reducir un 57% la fecundidad en niñas menores de 15 años (en muchos casos consecuencia de situaciones de abuso) se sumó la discontinuidad en la provisión de métodos anticonceptivos, en especial los de larga duración, cuya efectividad en la prevención del embarazo no intencional está fuertemente demostrada, en particular entre las más jóvenes.
A ello se suma el cese de entrega de misoprostol y mifepristona para el acceso a los abortos seguros, los insumos necesarios para garantizar lo establecido por Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Desde 2024 no se entregó ningún tratamiento.
En ese caso la caída fue del 100%. Las consecuencias que tiene en las provincias el corte del financiamiento del Estado nacional y la falta de entrega de insumos para la salud sexual y reproductiva profundizan las desigualdades estructurales entre jurisdicciones. Algunas pueden afrontar los gastos con recursos propios, pero otras no están pudiendo sostener su provisión, afectando severamente a las mujeres que no cuentan con ingresos suficientes para garantizar su compra.
La violencia de género se cobró entre enero y febrero de este año 43 víctimas, según datos de la Casa del Encuentro: 36 femicidios, un trans/travesticidio y 6 femicidios vinculados.
El vaciamiento de las políticas destinadas a su prevención y abordaje se suma al discurso negacionista y misógino que desconoce el impacto de la violencia en las vidas y la salud de las mujeres.
Argentina cuenta con un amplio marco jurídico legal nacional e internacional que obliga al Estado a cumplir con los compromisos asumidos en materia de género y derechos humanos, como la Convención de Belém so Pará y la Ley 26.485.
Sin embargo, la quita de acompañamiento estatal junto a la precarización en las condiciones de reproducción social y el ajuste económico no hacen más que condenar a miles de mujeres a la violencia machista, sin posibilidades reales de contar con ayuda para salir del círculo violento y reconstruir sus vidas, desoyendo todos dichos compromisos.
Desde una perspectiva interseccional, esta situación se agrava entre las mujeres racializadas, empobrecidas, las migrantes, trabajadoras rurales, indígenas y campesinas. Sus derechos se ven aún más vulnerados, con serias desventajas para acceder a la salud.
También hay que decir que, a pesar de los avances, el campo de la salud sigue atravesado por fuertes desigualdades de género. La feminización del ámbito sanitario no ha tenido su correlato en términos de equidad.
Mientras las mujeres trabajadoras representamos más del 60% del sistema de salud, el acceso a oportunidades laborales permanece en crisis, al igual que se perpetúa la brecha de ingresos hacia mujeres y disidencias. Las áreas de gestión en los servicios de salud y estamentos ministeriales siguen estando en manos de varones en su mayoría.
La carga de la crianza para las trabajadoras de la salud nos ubica en posición de desventaja en la medida que faltan recursos que igualen condiciones y posibilidades de cuidados para nuestros hijos e hijas en los espacios laborales, en servicios que sostienen y reproducen con frecuencia prejuicios de género sobre nuestras capacidades y condiciones de desempeño profesional.
La sobrecarga de trabajo que implica la crisis afecta la salud de las trabajadoras en mayor medida, que se traducen en enfermedad y muerte prematura para muchas compañeras.
La salud es un derecho humano. Nuestras vidas importan. Por estas y muchas otras razones este 9 de marzo paramos y nos movilizaremos en todo el país, para defender lo que tenemos y conquistar lo que nos falta. Nos queremos vivas, nos queremos libres y soberanas. Y queremos para nosotras una salud pública, gratuita, participativa, solidaria, equitativa, intercultural y feminista.
La autora es médica generalista. Coordinadora de la Diplomatura en Género, derechos humanos y violencia de la FCEyN-UNLPam. Integrante de FISyP-MSP-Red de género ALAMES.
Fuente: https://huelladelsur.ar/2026/03/09/8-m-y-la-salud-de-las-mujeres-trabajadoras/