El Grupo de Trabajo Pensamiento jurídico crítico y conflictos sociopolíticos, expresamos nuestra solidaridad al pueblo argentino que atraviesa momentos muy difíciles, en tanto las políticas imperantes cargan sobre trabajadores y jubilados un ajuste mayúsculo, generando retracción en los ingresos y aumento del desempleo, a la par que el gobierno nacional destina las escasas reservas para sostener la especulación financiera, para lo cual incluso pretende recurrir a un mayor endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional.
En este contexto, el pasado miércoles 14 de febrero, fue brutalmente reprimida la masiva movilización del movimiento de jubiladas y jubilados en lucha. Sus retribuciones absolutamente precarias alcanzan para satisfacer apenas una tercera parte de sus necesidades básicas. La movilización fue acompañada solidariamente por miles de manifestantes.
La represión en la Ciudad de Buenos Aires, apaleó, gaseó con gases lacrimógenos y gas pimienta y baleó con balas de goma a los manifestantes desde una hora antes de la convocatoria, intentando sembrar miedo y detener las columnas que avanzaban. Sin embargo no consiguió este objetivo, las columnas avanzaron de todas formas hasta el Congreso Nacional. Como resultado de la represión hubo decenas de heridos y particularmente dos ensañamientos: con una jubilada de 87 años que circulaba con bastón y que fue golpeada por un policía tirándola al suelo resultado de lo cual recibió una profunda herida en la cabeza; y con el reportero gráfico Pablo Grillo, al cual le dispararon una bomba de gas lacrimógeno directamente a la cabeza, dejándolo en estado de agonía, con pérdida de masa encefálica en un claro intento de asesinato por parte de las fuerzas de seguridad a las órdenes de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Frente a estos dos hechos, el gobierno intentó burdamente acusar a las víctimas de provocar los daños o atribuirlo a «accidentes», pero existen pruebas incontestables y numerosas del brutal accionar policial. Hubo también más de 130 detenidos a quienes las autoridades intentan acusar de sedición. Además, infiltrados de las fuerzas de seguridad e inteligencia causaron incendios y desmanes varios, persistiendo en un proceder que se ha convertido en habitual. Posteriormente, el miércoles 21, se realizó una nueva movilización. Esta vez no hubo una represión directa, sino que procedieron a militarizar una extensa parte de las calles que rodean el Congreso y la Casa Rosada en la Capital del país. Utilizando métodos propios de un estado de guerra interno, vallaron toda esa zona en un impresionante despliegue de elementos y personal (más de 1.600 efectivos). Los manifestantes quedaban encerrados en este operativo, pero fue tan multitudinaria la movilización que excedió todos esos límites. Hubo nuevamente provocación e infiltrados de las fuerzas de seguridad pero fueron los mismos manifestantes quienes impidieron su accionar. Nuevamente hubo detenidos producto de la caza emprendida.
El gobierno de Javier Milei intenta legitimar la violencia incluso hasta causar muertes contra todos aquellos que resistan su modelo económico social del privilegio de los grandes propietarios del campo y la ciudad, de los grupos económicos más concentrados, las transnacionales, la gran banca internacional y el FMI. Esos son los sectores a los que protege el gobierno de la ultraderecha presidido por Milei, para lo cual implementa las políticas de «ajuste y reestructuración regresiva» de modo permanente, empobreciendo cada vez más a los sectores populares, particularmente lo referido a salarios y jubilaciones, pero que incluye también la suspensión de la obra pública, la restricción absoluta de la inversión social y la paulatina liquidación de derechos conquistados a lo largo de décadas de lucha. Todo apoyado en la flagrante inconstitucionalidad de los Decretos de Necesidad y Urgencia, consolidando una autocracia retirando las funciones del Poder Legislativo y con un Poder Judicial mayormente cómplice, especialmente por el rol de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El gobierno lleva a cabo mayor represión ante el crecimiento de la conflictividad social. Es el imperio de la coerción. Al mismo tiempo, enfrenta una pérdida de legitimidad que lo lleva a justificar la salvaje represión o la alteración y supresión de derechos constitucionales como el derecho a la protesta, a la defensa y resistencia de los derechos conquistados.
El escenario argentino es un lugar más en nuestra región donde la extrema derecha proyecta su vocación imperial. Nuestra América está en peligro. Sólo el pueblo salvará al pueblo, por ello, es imprescindible la expresión solidaria de toda Nuestra América frente al avasallamiento de derechos y la represión a quien los defiende.