El fenómeno de la inflación se manifiesta como incremento de los precios, y más allá del INDEC y el viejo o nuevo indicador, la propia política de gobierno reconoce la existencia del flagelo inflacionario. Se discute la magnitud del problema, pero ya no se niega su existencia. Otra discusión es la política económica para frenar o impulsar los precios.
Por ello es que hay acuerdo de precios, por ahora solo en la zona metropolitana y en grandes centros comerciales. Ahora empieza a extenderse a cadenas de comercialización de menor magnitud y progresivamente adquirirá carácter federal, llegando el acuerdo de precios al conjunto del país. En el “mientras tanto”, quien puede aumentar lo hace.
Es importante que se reconozca el problema, paso inicial y pre-condición para intentar confrontarlo. Claro que el problema esencial apunta a reconocer no solo el fenómeno, sino las causas de la inflación. En general se reconoce la complejidad de la cuestión, pero existen teorías y enfoques que privilegian ciertos elementos.
Entre otros existen los que apuntan a la política económica, especialmente la monetaria, y más precisamente la emisión. La respuesta en este caso apunta a la disminución de la emisión de moneda y con ello a la reducción del gasto público. En general, esa reducción apunta a gastos sociales y nunca a aquellos destinos que satisfacen el ingreso de sectores dominantes, por caso el pago puntual de la deuda pública.
Otros señalan la cuestión estructural de la dominación monopolista en el sistema capitalista, es decir, señalan a los fijadores de precios, que no son muchos. Solo pueden establecer precios aquellos que tienen una situación de dominación en el mercado y utilizan esa posibilidad para apropiar una parte de la renta socialmente generada a costa del ingreso de una parte sustancial de la población. La respuesta para intentar contrarrestar esta situación apunta a medidas de control del poder económico, algunas veces de carácter imperativo y otras consensuales, como los actuales “acuerdos”.
Ambos diagnósticos pueden ser compartidos, siendo discutibles las medidas que se asocian a cada diagnóstico. Puede coincidirse en que se trata de un problema de emisión y que debe reducirse el gasto. La discusión es en todo caso cual es el gasto que se debe afectar. Si se achica el gasto en salud o educación, por ejemplo, o si se asume otra política respecto al privilegio de los acreedores, entre cancelar la deuda pública con inversores locales o externos o satisfacer derechos sociales consagrados por la Constitución Nacional. En el otro sentido, el debate apunta a discutir cómo se evita el accionar de monopolio. En este caso, debe asumirse que el capitalismo hace rato abandonó una época de libre competencia para abrirle paso a la concentración y centralización del capital, habilitando la dominación monopolista de la economía contemporánea, al mismo tiempo que el carácter del Estado, más allá de contradicciones, remite a una institucionalidad gestada por el propio régimen del capital.
Vale mencionar que el acuerdo de precios en curso es voluntario y por lo tanto involucra en el debate al gobierno con grandes operadores económicos, los que consienten en la coyuntura la política de “precios cuidados”. Cada cual atenderá su juego, intentando el sector empresario corregir al alza los acuerdos transitorios en busca de rentabilidad, esencial lógica capitalista. La respuesta gubernamental amenaza con la importación y pretende involucrar a nuevos actores económicos, caso de los productores de alimentos frescos y sus propios instrumentos de comercialización, caso del Mercado Central de abastecimiento.
Queda claro que el diagnóstico necesita incluir la lógica de la ganancia, esencia del capitalismo, para poder entender que la fijación de precios al alza es uno de los mecanismos del capital para lograr su cometido. Es algo que tiene especificidad nacional, pues no ocurre del mismo modo en todos los países del mundo. EEUU es un gran emisor y sin embargo no se manifiesta en una suba descontrolada de los precios, entre otras cuestiones, por su capacidad de trasladar la inflación al resto del mundo. Existen otros países con posición hegemónica en el sistema mundial del capitalismo que actúan del mismo modo.
Por ello, no en todos los países, la respuesta del capital es la misma. En el caso de la Argentina, las restricciones estructurales evidenciadas luego del ciclo inicial de la devaluación del 2002, con efecto hacia el 2006, hizo que se defienda la rentabilidad de la inversión con aumentos de precios. En esas condiciones, los trabajadores intentan defender sus ingresos y acuden a las paritarias, un logro de estos años, aunque solo para un sector minoritario de los trabajadores. De hecho, solo los trabajadores regularizados del sector privado han podido defenderse de la evolución de los precios, algo no logrado por los estatales y ni hablar aquellos que están en situación irregular de empleo, es decir, sin seguridad social. La mayoría de los trabajadores han perdido contra la inflación, insistamos, más allá de cualquier indicador del INDEC, el viejo o el nuevo que empezó a contabilizarse desde el comienzo del 2014.
La realidad augura conflicto a varias puntas, entre fijadores de precios y sociedad; entre los actores económicos y el gobierno, para ver quién puede disciplinar a quien; y claro, entre la mayoría de la población que vive de ingresos fijos, entre ellos los trabajadores en defensa de los salarios, a quienes pretenden disciplinar los patrones y el Estado. Este conflicto tiene a los trabajadores como sujeto esencial y por eso está en la agenda de discusión en las organizaciones de trabajadores, las que preparan las formas de intervención para obtener logros en la disputa por el ingreso nacional, destacándose pese a la fragmentación sindical la unidad de acción insospechada hasta hace muy poco tiempo. Es un juego de intereses económicos que se dirime en la política, en las iniciativas políticas para defender ingresos, es decir, ganancias los propietarios y salarios los trabajadores. El Estado juega para el capital, sí, es verdad, pero es también ámbito de disputa si se pretende construir otra institucionalidad para la transformación social, anticapitalista.
Buenos Aires, 11 de enero de 2014