El discurso oficial a favor de la “destrucción” del Estado no debe llamar a engaño, el gobierno de Javier Milei aumenta el gasto, las inversiones y la planta de personal en todos los ámbitos estatales cuya defensa y promoción resulta de su interés.
“Mi desprecio por el Estado es infinito” ha declarado el presidente Javier Milei en entrevista con el afamado periódico The Economist. Es una más de las variadas expresiones en las que ha manifestado profunda antipatía por el aparato estatal y todo lo que representa. Así vuelca en palabras sencillas esa doctrina a la que suele llamarse “anarcocapitalista” y que el actual presidente dice profesar.
Antes de entrar en la discusión acerca de si es viable una sociedad sin Estado o de señalar las funciones púbicas irrenunciables que quedarían anuladas por una reducción al mínimo, cabe al menos un interrogante:
¿El presidente y sus seguidores “libertarios”, quieren de verdad suprimir al Estado o al menos reducirlo de un modo uniforme hasta que quede limitado a funciones mínimas y a un muy bajo costo?
Si se analiza la verdadera política de la gestión presente hacia el aparato estatal la respuesta tiende a ser negativa. Lo que se reafirma si se dirige la vista a que son demasiados los casos en que los gastos y las estructuras no disminuyen sino aumentan.
Es hoy claro que no hay desaparición sino por el contrario fortalecimiento de amplias áreas del Estado nacional. Resulta también evidente que donde sí avanza la reducción o el desmantelamiento no existe nada parecido a una “extinción” más o menos “espontánea”.
Genera la ofensiva del “achicamiento” una férrea acción gubernamental para suprimir o minimizar a aquellas áreas que el gobierno “libertariano” considera no compatibles con sus objetivos. O que responden a finalidades execradas por el gobierno como la “justicia social”, la protección ambiental y los derechos humanos. También van al frente contra lo que consideran que debe ser privatizado de modo directo o indirecto.
Cabe repasar cuáles son las áreas que han decidido fortalecer, a contramano del componente “anarco” y en consonancia con la agenda ultraconservadora que el gobierno navega a diario.
A la hora de la represión. No menos sino más Estado.
Una amplia gama de organismos estatales está hoy dotada de más recursos presupuestarios que en el pasado cercano. Al mismo tiempo se pretende rescatarla del merecido desprestigio y darle una visibilidad social de signo positivo.
Lo anterior es cierto en particular para todo lo relacionado con el brazo armado del Estado. En primer lugar las fuerzas armadas. Se sale a su resguardo desde el pozo de descrédito causado por su protagonismo en la comisión de las acciones genocidas de la última dictadura.
Lo que entronca a la perfección con la política del gobierno frente a la represión dictatorial, la que no alcanza con definir como “negacionismo” ya que se desliza hacia la reivindicación expresa de los crímenes cometidos.
La acción de reposicionamiento de las instituciones militares tiene manifestaciones tangibles en términos de recursos. En medio del “no hay plata” que el gobierno predica se han importado costosos aviones y se negocian otras compras de armas. Adquisiciones en las que se asigna preferencia a las potencias que la actual gestión define como aliados estratégicos, Estados Unidos e Israel. Más gasto público, el dogma del equilibrio fiscal no pasa por acá.
También hubo incrementos salariales y reordenamientos escalafonarios. La reputación no se come.
Algo si cabe más acentuado se produce con las fuerzas de “seguridad” de jurisdicción nacional. Son la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Se agrega el Servicio Penitenciario Federal, con histórica dependencia del ministerio de Justicia.
El gobierno de Milei transfirió a Seguridad a todo el servicio de guardiacárceles, esencial para la “administración” de privilegios para el delito organizado. Y sanciones y maltratos para los pobres que se encuentran en prisión, sin condena o sentenciados por delitos menores.
Mayor presupuesto, más adiestramiento y equipamiento, mejoras salariales, todo ha sido puesto en juego. Se espera mucho de la disposición y habilidad de las fuerzas de orientación policial a la hora que el sostén del gobierno requiera apaleamientos.
Se confía en una mayor militarización de sus modalidades de funcionamiento. Al mismo tiempo se las exime del “prejuicio” de la vigencia de los derechos humanos, en búsqueda de su eximición de consecuencias judiciales por desmesuras en sus actos punitivos o “preventivos”.
La cartera a cargo de Patricia Bullrich ha visto ampliadas sus facultades, muchas veces por propia iniciativa, como con el “protocolo antipiquetes”. Utilizado para el impedimento o la disolución de manifestaciones. Sobre todo de organizaciones sociales que agrupan a pobres y precarizados.
Con esa finalidad han sido desplegadas las diversas fuerzas a favor de una “limpieza” de las calles que todo indica que buena parte de la opinión pública ha apreciado con beneplácito.
Junto al aparato de seguridad se ha producido una verdadera exaltación de las áreas de inteligencia. Así se volvió a la histórica denominación de Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), se la dotó de nuevos recursos y de facultades de supervisión sobre secciones de inteligencia dependientes de otras áreas. El Congreso invalidó un decreto de necesidad y urgencia que generaba un amplísimo incremento de recursos, lo que no afecta la sustancia de esa política.
La SIDE campa por sus fueros en un escenario en el que espiar y tender mantos de sospecha sobre los ciudadanos y ciudadanas es una función que la gestión de La Libertad Avanza quiere ejercer con fuerza y “aparato”.
Otra área susceptible de aplicarse a la persecución y castigo de acciones de oposición y resistencia es el ministerio de Justicia. No todo es allí incremento y fortalecimiento institucional. Hay un panorama mixto, que no muestra una contradicción sino el seguimiento consecuente de una línea ideológica y política.
El ministerio acciona en lo referente a estrechar vínculos con el poder judicial, para expandir el castigo de la “justicia” a las clases subalternas. La criminalización de la protesta es una vía fundamental para el ejercicio de la punición y sólo puede desenvolverse a pleno con la anuencia y en lo posible el activo compromiso de las autoridades judiciales.
No ya el ministerio sino el conjunto del gobierno (y el Congreso Nacional) están orientados a llenar vacantes en la Corte Suprema de Justicia y en las decenas de cargos no ocupados en los diferentes estamentos de la justicia federal.
Asimismo la cartera se encuentra abocada a reformas regresivas de la legislación general y penal en particular. Imputabilidad de menores, penas de prisión más duraderas, mayores dificultades para la libertad condicional, etcétera,
El conjunto forma parte del menú punitivista que tiene en esta cartera una referencia fundamental y para eso hay estudios de “expertos” pagados con fondos públicos, planes de nuevas cárceles o ampliación de las existentes y comisiones encargadas de proyectar reformas que siempre van en el mismo sentido.
No hay Estado: Derechos Humanos y políticas de género.
Aunque la orientación sea todo lo contrario al fortalecimiento, no puede abandonarse el tratamiento de lo que atañe al ministerio de Justicia sin referencia a lo que ocurre en algunos ámbitos que le dependen. Los que apuntaban no a la restricción de derechos sino a su defensa y promoción.
Los organismos vinculados con los Derechos Humanos sufren desde los albores del gobierno una ofensiva en toda la línea, como los orientados a la identificación de niños apropiados o a los sitios de memoria. Lo que condice con la política general anti-derechos humanos que la actual gestión desarrolla en todo ámbito donde puede hacerlo.
La supresión o el extremo debilitamiento se ha extendido a la rápida disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Unidad estatal orientada a la defensa de ciudadanos y ciudadanas “de a pie” frente a las acciones de menosprecios y hostigamiento por parte de individuos o grupos con recursos de poder como para ejercerlas.
En similar sentido va la transferencia a Justicia de competencias del suprimido ministerio de la Mujer. Lugar destacado en este campo ocupa la disminución de capacidad operativa y dotación de personal de los órganos vinculados a la protección frente a la violencia de género.
Como es de sobra conocido, el ministerio y el gobierno todo trabajan a favor de derribar a todas las políticas basadas en el enfoque de género, Y defienden la vuelta al modelo de familia patriarcal, de cuya exaltación el ministro del área se ha encargado más de una vez.
Más propaganda para un pensamiento único.
Si hay otro espacio en el que el gobierno ha avanzado a contramano de un criterio de reducción o retirada de la incumbencia estatal es en todo lo vinculado a acciones propagandísticas.
Pululan unidades de dependencia más o menos directa de la presidencia de la Nación. Están destinadas a promover las acciones gubernamentales y a denostar a cualquier manifestación de oposición. Lo que abarca además a disidencias puntuales dentro del propio campo del oficialismo.
Allí no importan duplicaciones, superposición de competencias, manejo poco claro o derroche de recursos. Ni nombramientos a “militantes” sin experiencia ni conocimientos específicos en sus ámbitos de desempeño. Y se trabaja en base a una circulación entre comunicadores de estructuras en apariencia privadas (sobre todo en redes sociales) y los cargos públicos.
Un ejemplo entre otros posibles es el de Juan Pablo Carreira, Director Nacional de Comunicación Digital de la Presidencia de la Nación. Carreira, conocido como “Juan Doe” viene de ser un influyente de twitter de orientación ultraderechista, además de editor de La derecha diario, un medio digital “privado” central para la estrategia comunicacional del oficialismo.
Así es que con carácter oficial, oficioso o más o menos encubierto, activistas “libertarios” llegan a cargos públicos de elevada jerarquía y bien remunerados. Lo que, al menos en el caso de “Doe”, habían prometido que nunca harían.
En una dirección semejante se produjo el ascenso y jerarquización de la “vocería” del Presidente. Quien la ejerce ha sido promovido a Secretario de Comunicación y Medios, con rango y sueldo de ministro.
Nada importó para el caso que exista en paralelo una secretaría de prensa, asimismo dependiente de la Presidencia de la Nación. Ha visto sus facultades disminuidas pero allí siguen los cargos políticos y el personal que le responde.
También en el campo presidencial ha sido engrosada en recursos y amplió sus atribuciones la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de la hermana del primer mandatario.
Entre otras funciones también anidan allí las de tinte propagandístico. Su titular tiene a su cargo la formalización y consolidación de La Libertad Avanza como partido nacional, con miras a un éxito electoral de las “fuerzas del cielo” en los próximos comicios.
Es notorio también que en el espacio de presidencia se mueve el “asesor estrella” presidencial, que concentra variadas funciones entre las que se cuenta ser un estratega protagónico de la comunicación “libertaria”.
Para ello navega entre lo público y lo privado, ya que se le atribuye más de un usuario de twitter que exalta al presidente y vilipendia a opositores y críticos bajo su directo control. Su cargo no está formalizado, no se halla nombrado en la planta de la función pública, no pone su firma en ningún expediente. La “responsabilidad por los actos de gobierno”, principio republicano, ausente por completo.
Quien piense que sí hubo reducción en el caso de la agencia oficial de noticias, Telam debe tomar conocimiento de que en lugar de su anunciado cierre se la reformula para que también se incorpore a la comunicación oficial.
Creaciones, reorganizaciones, supresiones. Esto continuará.
Hasta aquí el tratamiento de algunos campos del Estado que se agrandan o se multiplican, a despecho de la obsesión discursiva del jefe de Estado por el virtual exterminio de todo lo que huela a sector público.
Quien se ha anunciado como un “topo” que viene a destruir desde adentro al aparato estatal acciona en sentido contrario cuando los intereses de sectores del gran capital o sus preferencias ideológicas así lo sugieren. Cuando se quiere “hay plata”. Siempre que conviene se nombra personal, en obscena consonancia con el despido de millares de empleados públicos.
Tanto en la esfera de la coerción como en la dirigida a la legitimación o generación de consentimiento hacia quienes ejercen el poder, el Estado está muy activo al servicio de un proyecto que se viste con la palabra “libertad”.
Y que cuando puede esgrime la versión pura y dura del monopolio de la fuerza o de la construcción ideológica al servicio de un proyecto hegemónico. De un amenazante “nuevo orden” que aspira a contar con un “Nuevo Estado”.
El “anarcocapitalismo” sería entonces una denominación para el dominio indisputado y la promoción desde el ámbito público del máximo nivel de ganancias del capital. De ningún modo una forma de designar a la “extinción” del Estado, postergada para nunca.
En próximos escritos proseguiremos con el tratamiento de áreas estatales que sí se suprimen o debilitan. Y con otras en las que el procedimiento es selectivo, unas funciones que se expanden en detrimento de otras que se achican.
Daniel Campione en Facebook.
@DanielCampione5 en X.
Fuente: https://tramas.ar/2024/12/01/nada-de-anarquia-su-estado/