En medio de la satisfacción de “los mercados” las mayorías sociales ven empeorar su situación y los escenarios de conflicto se incrementan. Momento para preguntarse qué tipo de Estado pretende construir/destruir el actual gobierno y qué oposición podría cuestionarlo.
Hoy tenemos en marcha una reformulación del Estado tal que sostenga y expanda los aparatos represivos, con las mal llamadas “defensa”, “seguridad”, “inteligencia” y “justicia” al frente. Policía, fuerzas armadas, servicios secretos, tribunales y cárceles para perseguir, castigar, disciplinar.
También se sumarán los organismos y acciones más vinculadas a la política exterior, entendida sobre todo como captación de grandes corporaciones para que inviertan en el país. Así como a escenificar el alineamiento férreo hasta la sobreactuación con un sedicente “Occidente”.
Un lugar relevante, por supuesto, para las áreas encargadas del retiro de obstáculos a la acumulación del capital. Así como al servicio de la canalización de ganancias rápidas y fáciles a la amplia gama de capitalistas amigos. Allí encuentra lugar de privilegio el ministerio hoy llamado de Hacienda.
También requiere especial atención la organización del desmantelamiento de la vasta variedad de órganos estatales y empresas públicas que se quiere suprimir o privatizar. Se ubica en ese rol restallante el ministro Federico Sturzenegger que une a esas competencias la de eliminar o modificar normas regulatorias de la economía.
El conjunto puede ser visto como una confluencia de propensiones “ultraliberales” en lo económico con un autoritarismo político en crecimiento. Este último es el que desplaza al poder legislativo y autonomías provinciales en beneficio del poder ejecutivo nacional. Además puede (y debería) ser analizado como un experimento a escala mundial de una modalidad de gobierno al servicio directo de las grandes corporaciones.
Una distopía capitalista de autogobierno por parte de las empresas de escala global. Con las autoridades nacionales como gestoras de sus intereses a través del monopolio de la fuerza “legítima” y una voluntad inusitada de ataque sobre las condiciones de vida y de trabajo y los derechos de las clases subalternas.
¿Es todo esto legítimo? ¿Respeta lo establecido por la constitución y las leyes?
En una nota en este domingo en La Nación, el reconocido politólogo y constitucionalista Roberto Gargarella menta la posibilidad de un juicio político a Javier Milei, como freno factible a las demasías que el presidente comete contra el conjunto de la sociedad y en particular hacia otro poder del Estado, el legislativo. El escrito invoca sobre todo antecedentes estadounidenses, en particular los del siglo XIX.
Parece una mirada en exceso “institucionalista”. La conducta del actual presidente es cuestionable sobre todo por su contenido de ataque contra la ciudadanía y sus posibilidades de vida presentes y futuras. Sus formas autoritarias, desenfocadas, insultantes, son una manera de exteriorización y propagación de su proyecto económico, político y cultural, no lo constituyen.
Ha trascendido de todos modos que el oficialismo busca la consolidación de un tercio parlamentario entre propios, aliados y “opositores” benévolos, que lo pueda proteger de los dos tercios requeridos para poner en marcha un eventual juicio político. Dos terceras partes que intentara sumar una eventual entente opositora.
¿Será una prevención fidedigna del gobierno? Tal vez sólo sea una manera de agitar los fantasmas del supuesto “golpismo” de antes de fin de año que, entre otros, ha esgrimido la ministra Patricia Bullrich. El elenco gobernante como víctima de una maligna conspiración que busca derrocarlo.
El oficialismo intenta pactos selectivos (y a menudo incumplidos) con las oposiciones más o menos “moderadas”, a las que intenta enviar al cajón de los recuerdos de la política argentina. Al kirchnerismo en cambio lo procura rescatar como “cuco”, contra el cual erigirse en la representación de una idea del “bien” presentada como novedosa.
Han resaltado las “colaboraciones” parlamentarias, a regañadientes o no, para sostener los dos vetos, el universitario y el jubilatorio, pese a ataques y humillaciones reiteradas. Marcan la carencia de cualquier proyecto diferenciado; la desideologización, la reducción de la política a su dimensión de lucha descarnada por el poder, a menudo al servicio de intereses personales o de grupo que ya casi no se disimulan.
El “gran momento”.
Hay funcionarios y dirigentes libertarios que piensan que han ganado una gran batalla. Si no cultural, al menos una que gravita en esferas políticas más prosaicas. Al emerger exitosos del debate parlamentario sobre el veto a la financiación de las universidades, habrían neutralizado la principal iniciativa política opositora. Ya no tendrían los oponentes otra “causa noble” para invocar en nombre de mitos fundantes de la sociabilidad argentina.
La cuota de triunfalismo tendría avales en las variables económicas y financieras. Como la inflación mensual de septiembre que estuvo por debajo del 4%. O la baja del dólar acompasada con la suba de bonos estatales y acciones y la recomposición de reservas. Todo en medio de un blanqueo de capitales que satisfizo las expectativas, y de ciertas concesiones del Fondo Monetario Internacional.
En dirección contraria va la constatación de que la economía no levanta. Y que todo lo relacionado con ingresos, consumo e inversión sigue estancado o hacia abajo si se exceptúa lo vinculado a los combustibles y energía; la minería y el agro.
En todo caso, no escasean en el gobierno y sus cercanías quienes consideran que viven un momento auspicioso. Son pasibles del reparo de que esa evaluación favorecedora mira al “palacio” (en este caso el legislativo) y al núcleo de las clases dominantes y no a la calle en la que se acentúan los conflictos y protestas. El porvenir cercano dirá cuál de los ámbitos adquiere mayor peso o en qué combinación contribuyen a modificar las relaciones de fuerzas.
Los dos polos del extinto “bicoalicionismo”.
Mientras tanto, PRO y el kirchnerismo, las dos fuerzas políticas con mayores estructuras y votos propios que perviven en medio de su propio desconcierto y parcial disgregación, tantean su camino a través de la laboriosa reconstrucción del liderazgo de sus fundadores.
Ni Mauricio Macri ni Cristina Fernández de Kirchner tienen por el momento sucesor o sucesora. Ejercen autocríticas limitadas, control de daños por rencillas tanto añejas como nuevas, redisciplinamiento de los disidentes que aparecen como recuperables. Y baldón duradero , ya que nada es definitivo, para quienes no parecen merecer un rescate de la conducción.
Claro está que PRO se debate en torno a una fórmula para subsistir como derecha “tradicional” que se radicalice hasta un modo compatible con una alianza firme con el actual presidente. Sin convertirse por eso mismo en una superflua copia de La Libertad Avanza, con destino de absorción o extinción.
Igual de evidente es que Unión por la Patria (Uxp) procura un lugar de oposición orientado a recomponerse de a poco. Sin tener aún claridad acerca de cómo hacer para que el juego de las instituciones los coloque de regreso en el gobierno. Ese “gradualismo” no se condice con la efectiva posibilidad de asumir un rol de liderazgo opositor con despliegue en diferentes escenarios y en medio de luchas crecientes.
Menos todavía si el sostenimiento del apellido Kirchner en la cresta de la ola puede ser un prerrequisito autoimpuesto para dar el pase a cualquier proyecto dirigido al futuro cercano.
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La reformulación del aparato estatal y el desmoronamiento en marcha del sistema de partidos imperante hasta el momento marchan al unísono para resaltar el acentuado declive del régimen político que hemos conocido a partir de diciembre de 1983. El supuesto “pacto democrático” yace por el suelo. Y la violencia, por ahora sobre todo verbal, atraviesa de arriba hacia abajo a la acción del gobierno y su modo de relacionarse con la sociedad civil.
Si con ella no se come, ni se educa, ni se cura… ¿Es democracia?
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Fuente: https://tramas.ar/2024/10/14/el-estado-mileista-y-el-cambio-de-regimen/