Hay un pasaje del Martín Fierro donde el Viejo Vizcacha aconseja hacerse amigo del juez pues siempre es bueno tener “palenque en que rascarse”. Estamos refiriéndonos a una obra literaria escrita hace algo más de 150 años. Es decir que ya en aquel entonces la llamada vulgarmente “justicia” era objeto de críticas por su arbitrario e injusto desempeño en el contexto de una sociedad extremadamente desigual donde una minoría oligárquica tenía y disponía de todo el poder político y económico en perjuicio de la mayoría de la población. Y esa “justicia” también era permeable a la corrupción.
¿Puede llamarnos la atención? Obviamente que no. La función esencial de los poderes judiciales, en tanto parte de la superestructura del sistema, es garantizar la reproducción del sistema capitalista a partir del juzgamiento de conductas individuales y colectivas respecto del cumplimiento o no de normas dictadas por una legislatura también defensora del orden capitalista. A veces van más allá y ocurre lo de 1930 donde los jueces y el Procurador le otorgaron la legalidad al golpe de Uriburu a través de la llamada “doctrina de facto”. Más acá en el tiempo podemos citar la actuación de los poderes judiciales ante la dictadura del 76/83 o la conducta de la Corte Suprema durante el gobierno de Carlos Menem o recientes fallos en causas que involucraban directa o indirectamente a personas ligadas al macrismo, incluído el ex presidente Macri entre muchos otros ejemplos.
A partir de lo anterior se puede explicar el comportamiento en general de los poderes judiciales, sean el federal o los provinciales.
El poder judicial es el poder del Estado que no ha sufrido ningún tipo de depuración, por mínima que fuera, luego de la última dictadura. Mantiene las características que siempre lo han distinguido. Elitista, corporativo, conservador, racista, antidemocrático, patriarcal, misógino. Salvo excepciones “muy excepcionales” estas cualidades se reproducen en todos los poderes judiciales constituyendo parte importante de la tan mencionada “casta” de la que el presidente no hace mención porque le resulta funcional a sus objetivos.
Precisamente en los seis meses que lleva de mandato este gobierno, el poder judicial ha venido dando muestras acabadas de su estrecha relación/dependencia del poder político oficialista.
Como ejemplo de lo expresado anteriormente podemos señalar la grosera e impúdica omisión de resolver las muchas denuncias en sede judicial efectuadas a raíz de los innumerables casos de violaciones manifiestas contra la Constitución Nacional por parte de Milei y sus funcionarios.
Pasaron más de 180 días desde que la administración Milei dictó el DNU 70/23 y aún la Corte Suprema de Justicia de la Nación no ha tratado la validez legal y constitucional del mismo.
Tampoco ha sido juzgado el Protocolo represivo de Bullrich ni el accionar ilegal de las fuerzas de seguridad federales y de la Policía de la Ciudad.
Mantiene sin resolver arbitrarias detenciones de personas que fueron privadas de su libertad “al voleo” y acusadas de numerosos delitos incluso el de sedición en oportunidad de la movilización al Congreso en oposición a la ley Bases. Mientras tanto nada intentan para avanzar en la investigación de hechos ocurridos ese mismo día y lugar donde hay pruebas evidentes de la complicidad de las fuerzas policiales (auto volcado e incendiado de Cadena 3).
En las últimas semanas se han sucedido una serie de allanamientos contra organizaciones populares tanto sociales como políticas que enfrentan las políticas reaccionarias de este gobierno. En todos los casos, o casi todos, el juez que ordena tales procedimientos es el mismo que el Ejecutivo propone para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Casualidad?
Es evidente que el poder judicial es una herramienta represiva utilizada con la finalidad de disciplinar a quienes se oponen a estas políticas antipopulares. Ya fue utilizada en otras épocas muy oscuras con la excusa de combatir “la subversión apátrida” acompañando a la dictadura genocida. Ahora lo hacen en nombre de la democracia, la república y sobre todo de la libertad, la que nos niegan.
Como sosteníamos, estas muestras de “no justicia” no son exclusivas de la justicia nacional/federal o de la Ciudad de Buenos Aires. Se replica en todo el país y en algunos casos con ribetes escandalosos. Basta analizar la respuesta judicial tanto federal como provincial en casos de narcotráfico, delitos económicos, violencia institucional, trata de personas, violencia de género (femicidios, transfemicidios), crímenes de odio, etc.
Hay un denominador común: jueces, juezas, fiscales son designados por el poder político de cada jurisdicción. Esta cuestión no es menor ya que al no ser mediante procedimientos públicos y transparentes da lugar a cualquier arbitrariedad. Nos preguntamos: ¿cómo puede ser que Rosenkrantz y Rosatti hayan sido designados jueces de la Corte nacional luego de que ambos aceptaran ingresar al máximo tribunal nacional a través de un decreto ilegal dictado por el expresidente Macri? ¿Qué autoridad moral tienen ambos que violaron la ley para exigirle su cumplimiento al resto de la población? Sin lugar a dudas también entran a jugar otros elementos, como ser el lobby del poder económico y mediático ejercido sobre “la política” para que estos personajes (en algún momento aplicados empleados de esos poderes) hayan sido designados.
En la Argentina hay sólo tres distritos donde hay participación ciudadana y de trabajadores en los ámbitos de selección de jueces, juezas y fiscales. Ellos son, Entre Ríos, Chubut y Santa Cruz. En el resto del país cada aspirante deberá aprobar alguna prueba de idoneidad técnica y luego deberá apelar a sus relaciones políticas y corporativas (colegios de abogados, colegios de magistrados) para que le ayuden en la “competencia”.
Sin lugar a dudas que convertir al poder judicial en un estamento del Estado que actúe en defensa de los derechos e intereses del pueblo y de los trabajadores no es una tarea sencilla y tampoco puede ser abordada aisladamente. Exige una tarea política integral para lo cual es imprescindible conformar una alternativa política que impulse y ponga en ejecución un proyecto popular y anticapitalista.
Argentina, 2 de julio de 2024.-
Hugo Antonio Blasco
Corriente Política de Izquierda