Los precios internacionales ya no presentan la tendencia ascendente de los últimos años y en el blog del FMI sobre temas económicos de América Latina se sostiene que “Luego de una década de crecimiento excepcional, los precios de los commodities tocaron techo a mediados de 2011. Aunque siguen elevados, los precios han caído algo y esto le puede quitar brillo a las perspectivas económicas de América Latina.”[1]
En el citado artículo y para la Argentina se destacan precios a futuro entre 2014 y 2019 más parecidos a los expresados entre 1970 y 2001 que a los del 2002 a 2011. En ese marco se destaca la retención de la producción en los campos y silobolsas a la espera de nuevas devaluaciones que compensen la caída de precios de venta. Es un debate sobre el carácter privado o social del producto agrario, entre los que los mantienen con fines especulativos y el Estado necesitado del ingreso de divisas. Un debate adicional es el uso estatal de las divisas, disputadas por los acreedores de deuda, los importadores y la sociedad con diversidad de demandas socio económicas.
La desaceleración golpea en el sector industrial, especialmente en la industria del automotor, con quienes el gobierno negocia liberación de divisas para importación de partes y facilitar la producción y comercialización de automotores ante la caída del consumo y la afectación del empleo. Las automotrices denuncian deudas millonarias por importaciones de unidades terminadas, insumos y partes componentes que explicitan el carácter dependiente y subordinado del sector automotriz a la dinámica transnacional impuesta por las terminales del automotor.
Para la Argentina y según un artículo del diario Página 122 “El año pasado las terminales registraron un rojo comercial de 4 mil millones de dólares, se acumulan 33 mil millones desde 2003.” En ese contexto desde el oficialismo se impulsa el consumo individual del transporte automotor.
No solo las automotrices mantienen ese perfil subordinado de la industria local, más orientada a la armaduría con dependencia de insumos y partes que a la fabricación de los tiempos de la industrialización con sustitución de importaciones. El componente nacional de los autos armados en el país apenas alcanza el 25%, menor a lo que registra el sector automotor del Brasil. La burguesía local más que “nacional” confirma su carácter de burguesía importadora, compradora, dependiente y subordinada a la lógica de la transnacionalización de la economía, con lo cual resulta imposible asignarle ninguna posibilidad de articular un proyecto nacional y menos liderarlo con perspectiva para la emancipación. Eso impone la discusión sobre el modelo productivo en curso, la necesidad de su transformación y especialmente sobre los sujetos económicos y políticos para liderar un proceso de producción primario e industrial para la independencia y la satisfacción soberana de las necesidades populares.
Política económica en debate
En esas condiciones se transita la disputa por la orientación de la política económica y la burguesía empuja la devaluación y variadas formas de subsidios para mejorar la rentabilidad de las empresas. En ese sentido apuntan las flexibilizaciones al encaje bancario logradas por la banca para favorecer la venta con tarjetas en 12 cuotas sin intereses y sostener el alicaído consumo. Por su parte, los trabajadores desde el conflicto social intentan morigerar el impacto regresivo de las condiciones de desaceleración y recesión agravadas por una evolución de los precios que oscila entre el 30 y el 40% según sea la proyección oficial o de otras mediciones de precios. Vale considerar que no alcanza con luchas defensivas sobre reivindicaciones democráticas, especialmente el ingreso popular y se requiere constituirse como sujeto en lucha por un programa de transformaciones que alejen al país de la dependencia, y por ello, programa anti capitalista y antiimperialista.
La aprobación de un nuevo canje de deuda bajo la denominación de “pago soberano” de la nueva ley sostenida con el voto oficialista y legisladores de cercanía habilita un compás de espera en la discusión con los bonistas no ingresados a los canjes 2005 y 2010, con capítulos próximos a fines de septiembre ante un nuevo vencimiento por 200 millones de dólares; la expectativa por la decisión de la Cámara de apelaciones de Nueva York ante la restricción sobre los 539 millones de dólares depositados en junio en el Banco Mellon de Nueva York; y los avatares hasta fin de año y el vencimiento de la cláusula RUFO. La oposición sistémica delegó el costo potencial de la ley de nueva renegociación en el oficialismo, más dispuesta a facilitar el pago y la reinserción en el mercado financiero mundial, por lo que la crítica fue contenido en el seno del Parlamento y no se manifestó en movilizaciones, algo a lo que recurre el movimiento popular bajo la consigna “suspensión de pagos e investigación de la deuda”. En ese ámbito no satisface la conformación de la comisión bicameral investigadora de la deuda con 180 días de plazo para pronunciarse, pues además de las consideraciones del límite temporal para investigar, la efectividad de la medida supone la participación social más allá del parlamento y la suspensión de pagos por la totalidad de la deuda y liberar recursos para fines alternativos.
En la nueva legislación se mantiene la prórroga de jurisdicción, ahora con Francia, como si los países capitalistas desarrollados de Europa garantizaran la soberanía negada en otros tribunales extra-nacionales. En el mismo sentido, más allá de las buenas intenciones de cambios en la esfera mundial, poco se puede esperar de la ONU en materia de soberanía por la cuestión de la deuda, especialmente ante la hegemonía del capital expresado en los organismos internacionales.
No se trata de proponer inmovilidad de política exterior, sino de precisar los ámbitos de iniciativa para un cambio de la correlación de fuerzas a escala mundial y para generar nuevas relaciones internacionales, más proclives en el orden regional y con agenda precisa, especialmente en materia financiera y productiva.
Ello supone avances en la conformación de un Banco del Sur para una producción alternativa en alimentos y energía, dos sectores importantes de las condiciones productivas en América Latina. No se trata de ser pesimistas sobre el accionar de la institucionalidad mundial, sino de los límites que el poder del capital impone, más proclive a impulsar mecanismos de liberalización de la economía que un orden global favorable a los más vulnerables y necesitados.
El cambio del orden mundial requiere de proyectos que apunten a la ruptura de la dominación capitalista en el ámbito local-nacional y local-regional. Por eso es que fracasa todo intento de nueva arquitectura del poder financiero o económico y convoca a iniciativas sociales y política de confrontación con el orden establecido, que en materia de deuda pública sigue remitiendo a una renovada consigna por el No Pago y claro que no alcanza con no pagar, por eso es que se necesita superar los límites del modelo productivo que impone el capital transnacional.
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2014