La economía popular es objeto de grandes debates en la Argentina, especialmente a partir de la fuerza desplegada por organizaciones como la UTEP y la polémica desatada por su participación en el gobierno de Alberto Fernández y su rol en la política. Ese debate incluye el enunciado, cansinamente repetido y poco profundizado desde los medios y un amplio arco de dirigentes políticos, de la necesidad de “convertir los planes en trabajo”. En esta serie de artículos de AUTOGESTION nos planteamos problematizar la noción de “economía popular” a partir del análisis de su inserción económica en la estructura y el modo de acumulación del capitalismo contemporáneo (rescatando la tradición teórica de la antropología económica), pero principalmente, desde la perspectiva política de que es necesario avanzar en la transformación de la economía popular en economía autogestionaria.
El concepto de economía popular se ha ido imponiendo tanto en el lenguaje político como en el campo académico a través de la potencia que emerge desde las organizaciones sociales que lo utilizan, en especial la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). De esta forma, ha ido suplantando en algunos casos, o complementándose en otros, a categorías precedentes como “economía social y solidaria”, aunque no necesariamente se construyó en su reemplazo un nuevo bagaje teórico. En estas perspectivas, la economía popular aparece signada al igual que la economía social por la noción de “economía alternativa” –a veces alternativa al neoliberalismo, a veces más frontalmente anticapitalista. Sin embargo, la definición surgida de las organizaciones, según la cual la economía popular está conformada por “trabajadores/as que hacen su propio salario” incluye no solo a las experiencias “solidarias” o autogestionadas, sino también, y principalmente, a grandes masas de trabajadores de lo que los economistas llaman “economía informal”. En ese sentido, la mayor parte de estos trabajadores y trabajadoras se organizan a través de los movimientos en clave territorial y a partir de la lucha por la obtención y el manejo de fondos de programas sociales (“planes”) pero no en un sentido de autogestión en el plano económico. En otros casos, las cooperativas formadas por los trabajadores de la economía popular constituyen el último tramo de cadenas productivas en cuyo centro se encuentran grandes empresas o grupos económicos concentrados, como es especialmente evidente en el ramo textil o en el reciclado.
La fuerza y la importancia de este sector en la sociedad argentina está clara desde la emergencia de los movimientos piqueteros en la década de 1990, pero recién adquirió la denominación de “economía popular” en los últimos años, a partir de la organización en movimientos directamente procedentes de aquellos pero que, en lugar de asumir la identidad de “desocupados” rescatan la de “trabajador/a” en base a sus ocupaciones por fuera de la relación salarial formal. Es en ese deslizamiento de su autodefinición donde se opera la transformación que les permite plantearse como parte de la clase trabajadora, no ya desde una condición de temporalidad a partir de la pérdida del empleo –el trabajador (momentáneamente) desocupado– sino a partir de la constatación de que esa condición de no ocupados en el empleo formal no es transitoria sino permanente. Se definen, entonces, a través del trabajo realmente existente, denominado tradicionalmente informal y, ahora, economía popular.
Un momento de inflexión en la comprensión de su importancia en el conjunto de la sociedad fue la implementación en 2020 del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) durante el momento inicial de la pandemia y de cierre casi total de la economía, que demostró que la informalidad y la economía popular abarcaban a no menos de diez millones de personas. Es decir, en la Argentina, por décadas el país con mayor porcentaje de asalariados formales de América Latina, ya hay tantos trabajadores por fuera como por dentro del sistema salarial1. Una parte significativa de este porcentaje de población responde a las características habitualmente reconocidas de la economía popular. Posteriormente, la consolidación del Renatep (el Registro de Trabajadores de la Economía Popular) en el marco del ministerio de Desarrollo Social mostró más en detalle la composición de esta franja de la población, por lo menos las más encuadrables o influenciables por las organizaciones sociales, incluyendo sus ocupaciones y su distribución geográfica.
Unos prejuicios muy convenientes
En el debate público, tanto entre los dirigentes políticos como en los medios de comunicación, sin embargo, el cuestionamiento al “gasto” y el “cobro de salarios sin trabajar (aunque sean los ‘planes’)” se ha convertido en un leimotiv de la derecha pero también del propio gobierno del Frente de Todos que las organizaciones de la UTEP integran (“convertir los planes en trabajo”). En ese sentido, las organizaciones de la economía popular heredan la hostilidad que sufrían los piqueteros por parte de las clases medias e incluso de una parte significativa de los asalariados. La réplica que esbozan las organizaciones –junto con el mundo académico afín– consiste, básicamente, en demostrar que la economía popular implica trabajo y que, en general, las personas que la integran trabajan. Tanto el Renatep como muchos investigadores han refutado esta idea de “no hacen nada” pero, como es obvio, eso no alcanza a hacer mella en el discurso mediático y los prejuicios políticamente explotados. Pero, además, si respondemos que los trabajadores de la economía popular trabajan, lo que ciertamente es así, la siguiente e inquietante pregunta es para quién trabajan. Si, al mismo tiempo, sabemos que la organización cooperativa o autogestionaria de este trabajo es la parte minoritaria, en esa pregunta de para quién trabajan está implícita la incógnita de, entonces, quién es el patrón.
La respuesta que surge de las propias organizaciones está en la misma definición de la economía popular en tanto conformada por los trabajadores que deben inventarse su propio salario. Esto implica que, si hay que inventarse el trabajo, es porque nadie está dispuesto a pagar un salario por esa actividad y menos aún a gente ya expulsada de la relación salarial. Es decir, estamos hablando de lo que en la década de 1990 se popularizó como “los excluidos”. La economía popular sería, entonces, la economía de los excluidos. Como además, el trabajo que se inventa no alcanza, el recurso que queda es el Estado, que paga o debería pagar un salario complementario (o en las mayores aspiraciones, una renta básica universal) que permita cubrir el coste de reproducción de la fuerza de trabajo. De este modo, los excluidos se convierten en trabajadores de la economía popular.
Este razonamiento lleva implícitos dos problemas fundamentales. El primero es, justamente, quién paga por el trabajo, sea cual fuera este trabajo, y el segundo es la naturaleza de la expulsión del empleo, la condición permanente o estructural de la “exclusión”. En otras palabras, la primera cuestión remite a cómo se articula la relación capital-trabajo en la economía popular y la segunda, a si esa condición de expulsión permanente implica la subordinación a la lógica de acumulación del capital o, simplemente, el descarte de esta población.
Explotación de guante blanco
En este sentido, y como forma de respuesta a ambas preguntas, podemos ver en la mayor parte de los sectores heterogéneos que se definen como economía popular una forma de articulación subordinada a las cadenas de valor ampliamente sectorizadas y fragmentadas que caracterizan el capitalismo neoliberal global o, en términos de Marx estudiados por la antropología económica, de un fenómeno extendido de subsunción formal del trabajo al capital. Esto implica que el capital explota el trabajo no a través de la extracción directa de plusvalía sino de la apropiación del producto de ese trabajo sin inmiscuirse en el proceso de trabajo ni en la organización productiva.
El concepto de subsunción4 se utilizó usualmente para los procesos de transición de economías precapitalistas al capitalismo, por ejemplo, para las economías campesinas dominadas por el colonialismo europeo que se quedaba con el producto pero dejaba que la reproducción de la fuerza de trabajo fuera garantizada por la comunidad y no por el pago de un salario. Adaptándolo a nuestra situación, encontramos que la organización del trabajo y el aseguramiento de la reproducción de la fuerza de trabajo de, por ejemplo, una cooperativa de cartoneros, no tiene ningún tipo de intervención por parte de las empresas que utilizan la materia prima reciclada: simplemente compran barato (muy barato) el producto a través de cadenas de intermediarios, es decir, pagan una fracción mínima del costo del trabajo de los recicladores sin tomarse el trabajo de la explotación directa.
Otra economía
En los casos en los que se conforman organizaciones productivas autogestionadas que consiguen relativa autonomía económica, esa subordinación logra ser superada, aun con la precariedad que conllevan por su escaso reconocimiento jurídico y acceso a financiamiento y la ausencia de formas de comercialización que escapen al mercado capitalista. La lucha por programas de financiamiento estatal es válida (incluyendo las propuestas de salario universal o complementario) pero, si no logran constituirse como apoyo a la construcción de autonomía productiva, terminan constituyendo un financiamiento estructural a la hiperexplotación que permite al capital pagar por el trabajo de amplios sectores de la población muy por debajo de su costo de reproducción.
El desafío, desde esta perspectiva, no es solo garantizar la subsistencia, sino sentar las bases de una lógica económica y productiva que a través de la autogestión se organice para disputar el conjunto de la economía y no solo sus márgenes.
1De acuerdo al informe correspondiente al año de convocatoria del IFE del ministerio de Trabajo (MTEySS 2020), el trabajo registrado –conjunto en el que incluyen a monotributistas de todas las categorías y monotributistas sociales– representa a 11,9 millones de personas. Esta cifra se superpone con las categorías de monotributo más bajas que pueden acceder al IFE. Los trabajadores asalariados (públicos y privados) en este conjunto, son unos 9,6 millones (Ruggeri, 2020).
4 Desarrollado por Marx en el capítulo VI (inédito) de El Capital.