Se intenta aquí, a propósito de la conflictividad actual, una reflexión en torno al llamado poder judicial, desde un enfoque crítico y hacia una perspectiva emancipatoria.
En las últimas semanas del año 2022 y extendiéndose a este nuevo año, asistimos a una serie de hechos, de definiciones, de resoluciones, fundamentalmente provenientes de uno de los denominados poderes del Estado: el Poder Judicial. Los que dieron lugar a una profusa literatura periodística y discursiva, acerca de la existencia de una crisis institucional.
Que hay una crisis y ya de larga data es cierto, pero ¿se trata realmente de una crisis institucional? ¿Qué quiere decir crisis institucional? Bueno, la respuesta más simple es que involucra a las instituciones del Estado, que puede producirse por competencia, por enfrentamientos varios, por relaciones conflictivas de funcionarios. ¿Se trata de eso lo que está pasando?
No lo considero así y argumentaré sobre el tema.
Dijimos que el Poder Judicial es uno de los denominados poderes del Estado, y es que habitualmente se habla de la existencia de tres poderes, los otros dos obviamente son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
Hagamos un poco de historia política. Nos estamos refiriendo a la clásica clasificación del poder tripartito, axioma básico del estado liberal, propio del capitalismo. La fundamentación de su existencia consistió en el así llamado “equilibrio de poderes” o “balance de controles del republicanismo” (construcción ideológica debida al barón de Montesquieu), donde cada “Poder” cumpliría una función específica y se controlarían entre sí dentro de esa especificidad. Entonces no se trata de tres poderes, sino del PODER, estructurado en tres funciones, o sea el Poder es siempre uno.
La ficción de la existencia de tres poderes tiene que ver con la necesidad de legitimación de la burguesía como clase dominante en el capitalismo (en el feudalismo el poder del monarca y por derivación el de los señores feudales se “legitimaba” con la religión que los ungía).
A finales del siglo XX y principios del siglo XXI fuimos testigos de un período de cambios importantes en Latinoamérica que rápidamente se tradujeron en Constituciones que recogieron en más o en menos sus propósitos.
Esto sucedió en Venezuela, Ecuador y Bolivia, con sus diversidades, y de este proceso quiero señalar algo que tiene relación con lo que venimos exponiendo: el paso del conocido régimen tripartito del Poder a una nueva propuesta: cinco poderes en cambio de tres.
La cuestión no era numérica sino que esos dos nuevos poderes o funciones se relacionaban directamente con el poder popular, el poder de la ciudadanía, su participación. Y sin embargo, seguían siendo repúblicas, o sea que el carácter de republicanismo no dependía simplemente de lo numérico. Estamos hablando de un nuevo constitucionalismo.
La teoría de la representación política a través del sufragio en relación al Ejecutivo y al Legislativo y por resolución de ambos y no por el voto la estructuración del Judicial, coronó la ficción de los tres poderes.
En el constitucionalismo clásico que recogió la teoría de la representación política, el Poder Constituyente que culminó en las Constituciones en su caso, fue inmediatamente subsumido en el Poder Constituido consagrado y el sufragio pasó a ser la herramienta a la que se adjudicó encarnar la democracia, la democracia representativa, vaciada de contenido social.
Hace años que venimos hablando de la crisis de representación política como uno de los problemas a encarar y que se evidencia porque los representantes realmente no representan los intereses de los representados y los representados le siguen otorgando representación a quienes no los van a representar porque sus intereses son otros. Esto que parece un trabalenguas, es la realidad. Realidad que me lleva a pensar que la crisis a esta altura, no es de la representación política sino de la propia teoría de la representación política.
En resumen la crisis que se ha considerado simplemente como institucional es en realidad política y la crisis que se considera de la representación política es la de su propia teoría, y son parte de la profunda crisis del capitalismo, de la actual agudización de la ofensiva del capital sobre el trabajo, que también se expresa, a veces con contradicciones, en un Estado acorde que se la garantice Eso nos lleva a sostener que la crisis es política y de amplio espectro.
En este escenario, el tema de la coparticipación pasa a ser un tema más del conflicto político. La coparticipación en la distribución de los impuestos nacionales nunca ha resultado de un estudio a fondo sobre las necesidades de los pueblos a lo largo y ancho de todo el territorio de la Argentina. Las cifras otorgadas resultan de ese modo ciertamente arbitrarias, aunque se manifieste la existencia de un espíritu federal. Lo que falta es nada más ni nada menos que la construcción de un proyecto emancipatorio de cambio estructural económico, social y político que dé respuesta a las necesidades populares.
Esto no obsta a que desde lo jurídico (y lo político) califiquemos con rigor a la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se ha entronizado en ella lo más concentrado de la defensa de los intereses de las multinacionales. Sus decisiones son parciales, toman partido consecuentemente hacia la derecha en el enfrentamiento político. Nunca he creído en la posibilidad de independencia del Poder Judicial, una vez más queda demostrado. No podemos ignorar en este somero análisis que tampoco está funcionando el Poder Legislativo y con reticencias el Poder Ejecutivo. O sea, la crisis política es generalizada.
Un intento de conclusión: aunque tengamos opinión concreta sobre los avatares cotidianos, la problemática para la izquierda no pasa por las peleas puntuales a nivel del poder, sino por la construcción de subjetividad que pueda ser superadora y artífice de una alternativa política.
Fuente: https://tramas.ar/2023/01/06/poder-coparticipacion-y-crisis/
